05-05-15 | La audiencia se inició con el testimonio de Juan Carlos Astudillo, quien dio cuenta de su detención en octubre del 75. Por su parte, María del Rosario Gutiérrez declaró por el secuestro y desaparición de su hermano Juan e implicó al personal de la Comisaría Séptima. Finalmente, el valioso testimonio de Walter Hoffman dejó en evidencia que el exjuez Miret gozaba de la mayor confianza del Ejército. Él mismo admitió que tuvo acceso a Hoffman en los barracones del 8vo. de Comunicaciones, un Centro Clandestino de Detención previo al Golpe, donde se alojaban torturados.
Juan Carlos Astudillo tenía 18 años cuando fue detenido en la puerta de la fábrica Carbometal donde se encontraba distribuyendo material del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) junto a sus compañeros Armando Bustamante y Víctor Rodríguez, ya fallecidos. El joven pertenecía al área de propaganda de la organización. En el momento de su aprehensión estaba armado y respondió con disparos al producirse la irrupción de la Policía en el lugar. Explicó que portaba el arma para repeler un eventual ataque del CAM (Comando Anticomunista Mendoza) que por esos tiempos operaba en la ciudad. Como resultado de la escaramuza, Bustamante fue herido por dos disparos y los tres militantes terminaron detenidos.
Mientras allanaban su casa, sita en la calle Santa Fe de Las Heras, era alojado en el D2, donde le esposaron las piernas y lo colgaron. De allí pasó a la Comisaría 10 de Maipú, donde recibió torturas, al igual que Bustamante, quien fue retirado del Central “con el pijama blanco del hospital”, para picanearlo mientras los interrogaban.
Antes de ser trasladado a la Penitenciaría Provincial, Astudillo junto a sus compañeros desembarcaron en Tribunales Federales en “condiciones calamitosas”, dijo. Se recordó barbudo, con muchos kilos menos, a tal punto que se le caían los pantalones. En esa situación no pudo rememorar quién le tomo declaración ni qué dijo. Solo aclaró que no tuvo abogado defensor. Por su parte, Bustamante intentó, sin éxito, denunciar las torturas ante el estrado judicial, afirmó el testigo.
En el penal provincial pudo verificar el endurecimiento de las condiciones según avanzaban los meses, desde la posibilidad de trabajar al aislamiento. Preguntado por el trato al interior de la penitenciaría, respondió que algunos guardiacárceles cumplían con su tarea, mientras otros disfrutaban con provocaciones y maltrato a los presos, hechos que asoció con los nombres de Bonafede y Bianchi. En septiembre de 1976 formó parte del traslado masivo de presos políticos con destino a la U9 de La Plata. De allí paso a la Unidad 1 de Buenos Aires y salió en libertad en 1982.
Indagado por la Fiscalía sobre la causa judicial, Astudillo dijo no contar con recuerdos nítidos sobre sus sucesivas declaraciones. Sintetizó diciendo: “Te cagaban a trompadas y te decían firmá acá”, graficando la falta de garantías que caracterizó la época.
38 años con la misma verdad
María del Rosario Gutiérrez ofreció testimonio por el secuestro de su hermano Juan Antonio Gutiérrez Sazú y la estudiante peruana María Luisa Alvarado, ambos desaparecidos.
Los jóvenes se conocieron en la Universidad de San Juan. Ella estudiaba Sociología mientras que él participaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y cursaba ingeniería. En condición de Presidente del Comedor Universitario fue detenido en 1975. Tiempo después, debido a la persecución que comenzaba a perfilarse, ambos decidieron radicarse en Mendoza.
El 29 de septiembre de 1976, al enterarse Juan de que su compañera María Luisa Alvarado Cruz no había vuelto a la casa de su tío, donde se alojaba, salió a buscarla. Minutos después, un vecino le avisó que habían interceptado el rastrojero de Juan Antonio a pocas cuadras de su casa, y que lo habían detenido. Rosario Gutiérrez se dirigió al lugar y al oponerse a que el personal de la Comisaría 7ma. se llevara el rastrojero, ella también fue detenida e incomunicada.
Horas más tarde, en la misma sede policial, coincidió con su padre y su madre, quienes se encontraban denunciando el secuestro de su hermano. Según la reconstrucción que pudo realizar la familia, Juan estuvo en el patio trasero de la Comisaría 7ma. hasta la tarde y de ahí fue trasladado con destino, posiblemente, al D2.
Rosario identificó, ante el Tribunal, al policía de la 7ma., Ramón Amaya Arce, quien dirigió el operativo que concluyó en su detención y dijo, intervino en el secuestro de su hermano. Con esta persona se encontró en tres ocasiones luego de los hechos: una vez en 1982, cuando fue a comprar a un kiosco de su propiedad, y dos veces en 1984, cuando ella concurrió al Banco Mendoza, donde el policía trabajaba como custodio. Cada vez que lo encontraba lo increpaba públicamente, relató.
La familia Gutiérrez realizó el conocido circuito en la búsqueda de Juan. Cuando vio todos los medios agotados en la Provincia, se trasladó a San Juan para entrevistarse con el cura de la cárcel de Chimbas, quien le confirmó haber visto al desaparecido en el pabellón 6, donde no lo dejaban acercarse. Sin embargo, al desplazarse al penal recibieron como respuesta “no hay nadie con ese nombre acá”.
Las peripecias que debió afrontar la familia fueron múltiples. Por una parte, la extorsión de dos cocineros del Liceo Militar General Espejo, que les pedían plata, una importante suma de dinero, porque supuestamente tenían la pista sobre su hermano. Tiempo después, le robaron el camión recién comprado ante los ojos de una testigo que les informó que unos militares se habían subido y se lo habían llevado. Hasta ella y su madre viajaron a Buenos Aires citadas por el Ministerio del Interior, un 28 de diciembre, para decirles que habían recibido su carta y que estaban investigando. Una verdadera burla, reflexionó la testigo.
Conseguir datos sobre el paradero de Juan se convirtió en una auténtica odisea, desde recorrer distintas comisarías y dependencias militares hasta el rechazo de numerosos Habeas Corpus, individuales y colectivos, que habían presentado. En el camino, la testigo destacó haber encontrado “una familia en el dolor” al referirse a los familiares de los desaparecidos. Con respecto a los miembros de la Justicia, dijo: “Nunca nos contestaron nada, fueron todos cómplices”, y lanzo dardos contra el exjuez Romano.
Cerró su declaración solicitando al juez Piña que de curso a su acusación contra el policía de la 7ma. Ramón Amaya.
Miret en otro CCD
Walter Bernardo Hoffman fue detenido el 22 de noviembre de 1975, pasó por la Unidad Regional Primera, la Compañía 8va. de Comunicaciones, la Penitenciaría Provincial y un lugar que no pudo identificar, hasta su liberación el 2 de diciembre del mismo año. El joven de 23 años era estudiante de medicina y no tenía militancia política.
Walter relató que la noche del 22 de noviembre de 1975 estaba en la casa de su novia cuando recibió una llamada de su abuela, avisándole que una patota había ingresado a su casa, golpeado y secuestrado a su padre. Inmediatamente, Walter tomó un taxi hacia su casa y al llegar se encontró con un grupo de personas que lo golpeó y lo subió a una camioneta policial encapuchado. Luego de permanecer unas horas en la Unidad Regional Primera fue trasladado a un lugar desconocido por el testigo donde fue sometido a golpes y tortura con picana eléctrica.
A los dos días fue llevado a la Compañía de Comunicaciones donde permaneció tres días. En dicho lugar compartió cautiverio y conversó con un compañero de la facultad, Rodolfo Moriña, quien se encuentra desaparecido. También recibió la visita del exjuez Miret, quien le dijo “quedate tranquilo pibe, vos vas a salir de acá”. El testigo describió que el lugar en el que estuvo el exjuez era un recinto en el que, al igual que él, se encontraban unas 30 personas en deplorables condiciones, encapuchadas y atadas a la cama. Hoffman supo que ese hombre “de zapatos lustrados” era Miret porque el mismo exmagistrado se sinceró tiempo después, a raíz de un episodio familiar en el que le solicitaba un favor.
A continuación fue trasladado junto a otras personas a la Penitenciaría. “Desnudos, muertos de frío” fueron colocados en el pabellón de presos políticos. A los tres o cuatro días le hicieron firmar una nota que señalaba que él no había sufrido ningún maltrato y luego fue sometido a una “parodia” de juzgamiento cuando fue llevado a declarar en medio de un enorme operativo policial, al Juzgado de calle Las Heras. En ese lugar, su abogado, Juan Carlos Molina, le notificó para su sorpresa que el juez Miret no le iba a tomar declaración pero le otorgaba el sobreseimiento de su causa penal. Con angustia, Walter recordó que al salir en libertad se reencontró con su padre, quien luego del secuestro había sido brutalmente golpeado. Con traumatismo de cráneo y una mano fracturada había sido abandonado en Papagallos por sus captores, creyendo que estaba muerto.
El testigo entiende que la razón de su rápido sobreseimiento radica en un intercambio de favores ya que su abogado Molina era el “mentor” de Miret.
Indefendibles
La posibilidad de invocar inocencia en los cargos de complicidad atribuidos a los exmagistrados se estrecha, y los defensores particulares de Miret y Romano manifiestan incomodidad con personas que atestiguan, y ensayan manotazos de ahogado.
Los exjueces vistos en lugares de tortura, a través de sus abogados, están empeñados en arrastrar en su caída a cuanto funcionario judicial rozó los expedientes que los involucran. No pierden la ocasión en salpicar apellidos conocidos, vinculándolos a las causas en las que están procesados.
En la fecha, el defensor de Miret, Juan Day, pidió al Tribunal que no se mencionen los nombres de los exmagistrados al indagar a los testigos. A raíz de ello, la querella del MEDH a través de Pablo Salinas, aprovechó para recordar que la presente causa se circunscribe a los jueces Miret, Romano, Petra y Carrizo y solicitó las preguntas se restrinjan a la actuación de los cuatro jueces.
Así planteado por las partes, el Presidente del Tribunal se inclinó por un “depende de las circunstancias”, una postura que se podrá dilucidar más adelante.
