18-06-15 | En una audiencia especial el fiscal general Dante Vega dio a conocer una ampliación de la calificación de distintos delitos atribuidos al conjunto de los acusados. Lo expuesto incluyó a los cuatro exjueces comprometidos en esta megacausa. El abogado Juan Day, defensor de Luis Miret, esgrimió la inadmisibilidad del planteo. Por su parte, el tribunal dispuso posponer para más adelante la resolución.
En día y horario inusual, jueves por la tarde, y con la presencia de todos los abogados defensores, se desarrolló la audiencia que solicitara el fiscal Dante Vega la semana pasada. El sentido de la misma fue realizar una ampliación de la calificación de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, robos, encubrimientos, asociación ilícita, homicidios y delitos sexuales atribuidos a los acusados. En todos los casos se consideraron los agravantes que le caben a cada ilícito basándose en las nuevas pruebas aportadas por los testimonios de las víctimas, escuchados a lo largo de un año y cuatro meses de debate.
El fiscal aclaró que tomó la decisión de realizar la ampliación de las acusaciones en este momento del Juicio para evitar sorpresas y para que los abogados de los imputados puedan organizar su defensa adecuadamente.
El carácter de la exposición del fiscal Vega sólo es posible significarla cabalmente para quienes dominan los temas jurídico-legales. Sin embargo, fue entendible para el público en general la fundamentación de buena parte de los agravantes que alcanzaron al conjunto de policías, penitenciarios, militares y jueces.
Así, al revisar la acusación por detenciones realizadas en virtud la Ley de 20840, consideradas lícitas por provenir de una norma dictada por el Congreso Nacional, en 1974, la Fiscalía puso de relieve que fueron realizadas mediante procedimientos vejatorios, por personas no identificadas y que no fueron registradas, siendo de este modo, procedimientos carentes de licitud. También insistió, el caso de las desapariciones (consideradas privaciones agravadas de la libertad) en recalificarlas, para encuadrarlas como delito de homicidio, planteo ya realizado al iniciarse esta Megacausa. En esa misma línea, Vega fue fundamentando las ampliaciones de todos los crímenes arriba mencionados.
En un tramo del planteo puso énfasis al abordar los delitos contra la integridad sexual de las personas, abordó las distintas formas de abuso sexual e hizo una particular consideración en torno a dos temas: el antes denominado abuso deshonesto y las violaciones. Estos ataques, recordó, estuvieron subsumidos bajo la figura de tormentos, en la actualidad tipificados correctamente. Además, las prácticas vejatorias a la integridad sexual, aplicadas por el terrorismo de estado, son consideradas delitos de lesa humanidad lo que posibilita aplicar la figura de autoría mediata en lugar de ser consideradas de mano propia. Dicho de otra manera, la responsabilidad no recae sólo en el violador que materializó el acto sino a otros miembros de la fuerza implicados. Asimismo, describió las variantes, al considerar los abusos y violaciones, así como los nombres de los policías sobre los que recaería la acusación.
Con todo el rigor
Los relatos escuchados, a la largo de este IV Juicio, referidos a los exjueces, en más de una ocasión, dejaron consternados a los y las presentes en la Sala, por escandalosos, tratándose de miembros del Poder Judicial. Todo indica que los exmagistrados tomaron a pie juntillas y pusieron empeño en la política de “aniquilamiento” dispuesta por el Ejército en 1975.
El fiscal Dante Vega, en el último fragmento de su planteo rememoró los hechos delictivos presenciados por los exjueces. Su concurrencia a Centro Clandestinos de Detención, las declaraciones tomadas con indolencia frente a víctimas con signos de graves torturas, los gritos, las amenazas, la animosidad contra las víctimas y demás malos tratos sirvieron de base para señalar que la imputación por infracción al deber de funcionario es insuficiente. Sostuvo, además, que tuvieron una conducta funcional a los delitos de homicidio frente a los innumerables Habeas Corpus presentados por los familiares de las y los desaparecidos y les reprochó haber sido garantía de la impunidad que asoló nuestro país. En virtud de estos antecedentes concluyó en que sean considerados partícipes primarios o necesarios de gravísimos delitos que los involucran. Esta nueva figura implicaría mayores penas a la hora de la sentencia.
El abogado querellante por el MEDH, Pablo Salinas y por la Secretaría de DDHH de la Nación, Fernando Peñaloza adhirieron al pedido de la Fiscalía. Asimismo, el Subsecretario de Justicia, Sergio Bonsangue, presente en la audiencia, sumó su adhesión en nombre del gobierno de la Provincia.
Por su parte, el Presidente, Alejandro Piña, dispuso hacer una sistematización de las ampliaciones de calificación para darlas a conocer, tanto a los acusados como a sus defensores, quienes se mostraron visiblemente inquietos.
Juan Day, abogado particular de Luis Miret, esgrimió la inadmisibilidad del planteo, pidió no se le dé curso y advirtió que recusaría a uno de los jueces que integran el Tribunal. Por su parte, Salinas intervino para pedir que la solicitud del defensor sea rechazada por improcedente.
Después de un breve cuarto intermedio, el juez Piña, comunicó que el debate se retomará el lunes, a las 9.30 hs. para recibir los testimonios previstos, de tal modo que aún no se conoce el criterio que adoptará el Tribunal frente al diferendo.
