23-06-15 | Juan Day, abogado particular de Luis Miret, recusó a Juan Antonio González Macías, miembro del Tribunal Oral Federal Nº1, por no contar con la necesaria imparcialidad ya que fue designado cuando la dictadura estaba en retirada. La postura concitó la adhesión del abogado de Otilio Romano —Ariel Civit—, la de Carlos Reig —patrocinante de policías— y la de la defensora oficial de los jueces.
Los exmagistrados Miret, Romano, Carrizo y Petra, originalmente imputados por omitir investigar, pasarían a ser juzgados por integrar una asociación ilícita y ser partícipes primarios de varios delitos, de acuerdo con la recalificación planteada, recientemente, por la Fiscalía.
Este nuevo hecho dio pie a Juan Day para recusar a un miembro del Tribunal, Juan Antonio González Macías, con el argumento de que el juez fue designado en dictadura y habría jurado por los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Además, trajo a colación el fragmento de un documento de confuso contenido, sobre la autoamnistía dispuesta por los militares al final de su mandato, que habría suscripto González.
El abogado Day, se valió de los dichos de varios testigos víctimas que señalaban la complicidad de la Justicia Federal y dio por descontado que González formaría parte del “aparato judicial cómplice”.
En ese sentido, insistió con su apartamiento de la actual Megacausa por tener “interés en este proceso”. Según el letrado se presentan dos alternativas: podría quedar imputado u oficiar de testigo. En una insidiosa pirueta argumental Day dijo que González Macías serviría de testigo para desentrañar cómo eran designados los jueces penales durante la Dictadura.
La fundamentación jurídica la contextualizó en el actual proceso histórico donde, según él, impera la arbitrariedad, el temor y la discrecionalidad por lo que no está garantizada la necesaria imparcialidad.
Así planteado, el abogado de Romano, Ariel Civit, se prendió de la argumentación de Day para adherir al pedido de recusación y argumentó cuán condicionado estaba González Macías frente al temor y la situación de debilidad en la que había quedado. Luego, quejumbroso, ya que él mismo se considera intachable, trajo a cuento que el magistrado lo había acusado por prácticas violentas, ante el Colegio de Abogados. Quienes presenciaron el III Juicio por Delitos de Lesa Humanidad en el que Civit patrocinó al policía Femando Morelato, dan fe de los agraviantes interrogatorios a los que sometía a los y las testigos. Aguijoneaba y menoscababa a las víctimas, cuando no trataba de confundirlas.
También adhirieron al planteo de Day, la Defensora Oficial de los Jueces y Carlos Reig, que si bien no patrocina a ningún juez, se sintió involucrado.
Juan Antonio González Macías
El juez González Macías fue sistemáticamente recusado por defensores particulares y oficiales de condenados e imputados por delitos de lesa humanidad en Mendoza.
Desde el postergado primer juicio en 2010, que resolvió la Corte Suprema, hasta este IV juicio, que arrancó con la fallida recusación del exjuez Miret, resuelta por la Cámara de Casación Penal, en octubre de 2013, las embestidas han sido permanentes.
González Macías recibió el Acuerdo del Honorable Senado de la Nación para ser designado Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, función que asumió desde el 8 de octubre de 1984 hasta el 21 de septiembre de 1992. En esta fecha pasó a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, cargo en el que se desempeña en la actualidad.
Lo cierto es que, el ahora cuestionado juez, cayó en desgracia en los ‘80, cuando en disidencia con sus colegas, decidió dictaminar la inconstitucionalidad de la ley 23.521 de Obediencia Debida que justificaba los crímenes cometidos por subalternos de los altos mandos militares. De allí en más sostuvo la necesidad de juzgar los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. En esa tesitura, casi en soledad, debió convivir con los camaristas Romano y Miret, quienes obstaculizaban la concreción de estos juicios, hasta que finalmente, fueron destituidos.
Con una estrategia recurrente los exjueces intentan arrastrar en la caída a uno de los pocos magistrados que desde 1986 ha sostenido la pertinencia de juicios penales por las tremendas aberraciones cometidas durante la Dictadura.
Por más que los defensores intenten las mejores estrategias serán victorias pírricas. Las personas vejadas, humilladas, torturadas, los desaparecidos arrojados a muerte de la peor manera cuando los exjueces estaban en plenas potestades, siguen siendo una realidad aunque quieran tapar el sol con un dedo. En la sociedad mendocina se sabe quién es quién.
Al finalizar la audiencia, Juan González Macías intentó tomar la palabra para argumentar en su favor pero el presidente del Tribunal se lo impidió decidiendo pasar a cuarto intermedio.
Por secretaría se citó para el próximo lunes a las 9.30 hs. para conocer el alejamiento o continuidad del juez cuestionado y seguir adelante con esta Megacausa.
