25-02-14 | En la fecha, la fiscalía comenzó la lectura de las acusaciones contra los cuatro exjueces federales que va develando la efectiva complicidad de la Justicia Federal con el terrorismo de Estado. Fue novedad el procesamiento de dos policías del D2 por violación agravada y continuó la lectura de nuevas causas que tienen como imputados a miembros de las Fuerzas Armadas.
La decisión de archivar todas las denuncias por apremios, que incluían los ataques sexuales a las mujeres detenidas por razones políticas, fue uno de los datos salientes de la lectura de las acusaciones contra el ex juez Otilio Romano durante la tercera jornada del juicio. El ex magistrado, actualmente detenido en el penal de San Felipe, era fiscal federal cuando tomó conocimiento de los padecimientos sufridos por quienes fueron detenidos en operativos irregulares. Junto a Romano están imputados otros tres ex miembros de la Justicia Federal: el destituido Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo. Los ex jueces cuentan con sus abogados particulares, pero además la Defensoría General de la Nación les asignó dos letrados, Graciela Bresca y Nicolás Portabella, para que los asistan, en el desarrollo del Juicio.
La complicidad de la Justicia Federal
Algunos de los hechos conocidos en la fecha, fueron anteriores al golpe de estado del 24 de marzo; por entonces Romano ya era fiscal y Miret, Guzzo y Carrizo se alternaban como jueces. Desde la primera citada, la causa Mocchi, se repetía el mismo procedimiento; las víctimas eran interrogadas bajo tortura en el D2 y firmaban, siempre con los ojos vendados, un acta cuyo contenido desconocían. Luego eran presentadas al juez de turno; a pesar del evidente estado de deterioro físico y la queja por los tormentos, los magistrados se limitaban a preguntar si podían identificar a quienes denunciaban por los apremios; ante la negativa daban por terminado el asunto. Fue escandaloso el proceder de Otilio Romano en relación al grupo de sindicalistas detenidos en febrero del ’76 para quienes pidió la prisión preventiva. Sin embargo, el juez Guzzo sobreseyó a algunos por falta de mérito. El mismo Romano apeló el fallo, dando por ciertas las declaraciones tomadas en la policía bajo evidente tortura. Un integrante de este grupo de detenidos, Miguel Ángel Gil, murió a consecuencias de los golpes y picana sufridos en el D2.
En algún momento del proceso judicial, todos denunciaron las lesiones, torturas, ataques sexuales, robos de bienes y la obligación de firmar actas auto incriminatorias; los hechos llegaron a conocimiento de Carrizo, Miret y Romano quienes cumplían con la formalidad de pedir informes a la policía que, en general, nunca llegaban y jamás reclamaron.
Las violaciones a Juicio
Empiezan a concretarse en el país las imputaciones por violación, separada del delito de tormento; un reiterado pedido para que se haga justicia por la valentía demostrada por las mujeres al relatar las humillaciones y sometimiento sexual sufridos en los centros de detención. En este juicio, el Tribunal Oral inaugura el procesamiento por delitos contra la integridad sexual de la personas en el marco de los crímenes de Lesa Humanidad.
Rosa del Carmen Gómez, pareja del sindicalista desaparecido, Ricardo Sánchez Coronel, fue detenida el 1 de junio de 1976 cuando tenía 27 años, a pesar de que no se le conocía militancia alguna. El caso se transformó en emblemático en Mendoza por su conmovedor relato, en un juicio anterior, en el que contó detalles de las permanentes violaciones a las que fue sometida en el D2. Ya en libertad reconoció a dos de sus verdugos, Héctor Lapaz y Rubén Darío González, quienes actualmente se encuentran imputados y detenidos en el penal de San Felipe. Los policías son acusados por los consabidos delitos; lo destacable es que se los imputa por violación agravada en el marco de los crímenes de Lesa Humanidad, toda vez que los ataques sexuales contra hombres y mujeres eran prácticas sistemáticas durante el terrorismo de estado.
Más causas comprometen a militares
Se dio a lectura a la causa que tiene como víctima a Valentín Montemayor, simpatizante del Partido Comunista, apresado el 13 de agosto de 1976 y alojado en la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada. Por su detención ilegal deberán responder Ramón Puebla y Dardo Migno.
Por otro lado, se conocieron los hechos que rodean las desapariciones de Horacio Ernesto Bissone, militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 25 de enero de 1978; de Aldo Enrique Patroni empleado de Cimalco, detenido el 17 de mayo de 1978 y las de los estudiantes Víctor Manuel Vargas y Juan Omar Solís, producidas el 16 de abril de 1978. Además de revisaron otros causas, ampliamente conocidas, que tuvieron como víctimas a Ángeles Gutiérrez de Moyano y a los apresados en el Operativo de mayo del ’78, con motivo del mundial de futbol. En estas causas el único procesado es Alsides Paris Francisca, entonces Jefe de la Policía de Mendoza.
Enfermos en duda
La Subsecretaría de Justicia de la Provincia, constituida en querellante, advirtió al Tribunal que Roberto Masmud, que emite los certificados de salud presentados por el imputado Luis Rodríguez, es médico de la Policía. El Tribunal Oral Federal se comprometió a hacer gestiones para constatar el real estado de salud de los imputados que no han asistido a las audiencias presentando constancias médicos.
La próxima audiencia será el 10 de marzo
