10-02-2014 | El IV Juicio en Mendoza tendrá entre los acusados a cinco Jueces en funciones durante la Dictadura, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret, y al entonces fiscal Otilio Romano, enquistados durante décadas en la Justicia Federal. Se los acusa por facilitar el plan de silenciamiento y exterminio ejecutado por las FFAA al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados.
El debate permitirá evidenciar la complicidad del Poder Judicial que se adecuó al “plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión “diseñado por la FFAA, ignorando su deber de custodio de la leyes más elementales que garantizan la vida y la integridad de la personas. El pedido de enjuiciamiento presentado por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad y los querellantes fue plasmado en dos documentos; en el primero están contenidos los cargos contra Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Petra, el segundo involucra solo al ex camarista Gabriel Guzzo, quien afronta el mayor número de ilícitos: 109, seguido por Otilio Romano con 98 casos. Estas causas se iniciaron a partir de las exposiciones, ya en democracia, de ex detenidos a las que se agregó el análisis de aproximadamente 350 Habeas Corpus- H.C.- presentados en tiempos de represión y otra documentación de archivo; así fue posible reconstruir el comportamiento de los jueces frente a las denuncias de las víctimas del genocidio e inferir que los habeas corpus, el recurso más usado para lograr la libertad, eran absolutamente ineficaces, se rechazaban y se evitaba investigar. Simultáneamente, a pesar de los claros indicios de asesinatos, robos, violaciones, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad ejecutadas por policías y militares, nunca tomaron medidas para sancionarlos faltando a sus esenciales deberes.
Miret y Petra serán juzgados a partir del 17 de febrero en la llamada Causa de los Jueces
Nuestros seres queridos
A lo largo del debate será posible conocer qué hicieron los magistrados frente a 42 casos que reúnen a más de 50 desaparecidos de nuestra provincia. Llegarán por primera vez a los estrados federales los nombres de Luis Rodolfo Moriña, Francisco Escamez, José Luis Herrero; Héctor Pablo Granic, Virginia Adela Suárez, José Antonio Rossi, Mario Luis Santini, Zulma Zingaretti, Rosa Sonia Luna, Mercedes Vega de Espeche y Olga Inés Roncelli de Saieg. También se retomarán hechos ventilados en el primer juicio en la ciudad capital y segundo en la Provincia con motivo de los secuestros de Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca, Rubén Bravo, Adriana Bonoldi y Marcelo Carrera, Juan Antonio Gutiérrez y María Alvarado; Lidia De Marinis, María Leonor Mercuri; María Inés Correa Llano y Carlos Jacowczik; todas causas que se cayeron en el curso del juicio porque los imputados fueron apartado por razones de salud. Por otro lado, la causa abarca a las víctimas del operativo “Escoba”, ya conocidas: Nélida Tissone de Carzolio y Néstor Rubén Carzolio, Rodolfo Osvaldo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Domínguez y su esposa Gladys Castro; Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz. A estas causa se suman el análisis de cómo procedieron los jueces frente a los secuestros de Salvador Moyano, Miguel Poinsteau, Roberto Blanco, Ángeles Gutiérrez de Moyano, Raúl Gómez, Daniel Romero y Víctor Hugo Herrera, casos ya tratados en el anterior debate y que merecieron la condena a cadena perpetua de los miembros de las fuerzas imputados. Por otro lado, tendremos la novedad de conocer, en forma paralela, el proceder de la patota y sus mandos junto a la de los jueces, ya que en este IV Juicio están imputadas fuerzas armadas y de seguridad, y también, los jueces que recibieron las denuncias en los casos de las y los desaparecidos Santiago Illa, Edesio Villegas, Aldo Patroni, Mauricio López, María del C. Marín y Carlos Marín; Emiliano Pérez, Pedro Ponce, Jorge Pérez, Gloria Fonseca, Miguel Pacheco, Luis López Muntaner, Elvira Orfila, Manuel Gutiérrez y María Eva Fernández. Un capítulo especial merecerá la apropiación de Celina Rebeca Manrique Terrera, única nieta recuperada de Mendoza, y la desaparición de su madre Laura Terrera y de su padre Alfredo Manrique. El peregrinar de los familiares de las personas desaparecidas arriba mencionadas, fue constante. Por cada una de ellas se presentaron HC ni bien fueron detenidas, procedimiento que se repetía en meses o al año, una y otra vez. Así, es posible hacer el seguimiento de qué pasos dio el magistrado de turno en el que recayó la demanda. En general, se podría afirmar que se libraban oficios para llenar formalidades, pero se ignoraban los antecedentes para dar con el paradero del desaparecido. Finalmente, serán tomados en cuenta 55 casos referidos a denuncias de las y los secuestrados en Centros Clandestinos de Detención, que luego fueron blanqueados en distintas cárceles del país. En un apartado se tratará el caso de la detención de una adolescente de 17 años, menor de edad, torturada y violada en el D2, caso que recayó en manos el ex juez Miret y el entonces fiscal Romano, a los que se los acusa por no aplicar las disposiciones del Patronato de la Infancia, entonces vigente.
Los ex jueces
Los militares golpistas, el 24 de marzo de 1976, asaltaron las instituciones del Estado, tomaron el Poder Ejecutivo, clausuraron el Congreso y toda forma Legislativa, y mantuvieron al Poder Judicial tal cual estaba, salvo algunos retoques en los más altos niveles. Las FFAA no necesitaban intervenir ese poder del estado porque lo sabían afín a su ideología y el Poder Judicial cumplió, le fue fiel a la Dictadura. Esto sucedió a lo largo del país y también en Mendoza. Unos años atrás, los organismos de DDHH, representados por los abogados del MEDH, pidieron el jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura para Luis Miret y Otilio Romano, quienes incumplieron sus funciones durante el Terrorismo de Estado y seguían teniendo una fuerte influencia en Tribunales Federales; el resultado fue su destitución y la posibilidad de tenerlos en condición de acusados en este IV Juicio. Junto a ellos estarán Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, también procesados por incumplimiento de sus deberes al omitir investigar las detenciones y no actuar frente a los delitos cometidos por las FFAA y de seguridad. Asimismo, se los acusa de abuso de autoridad y prevaricato Luis Francisco Miret se desempeñaba como profesor de Filosofía y Ética en la Facultad de Derecho de la UNCuyo y era camarista a la hora de ser denunciado. En 2012 previendo su destitución se adelantó presentando su renuncia ante el Poder Ejecutivo, pero le fue rechazada. Poco después un jury de enjuiciamiento lo destituyó por mal desempeño frente a la denuncia de torturas. En tanto, Otilio Ireneo Roque Romano presidía la Cámara de Apelaciones; con actitud de patrón de estancia, se enseñoreó en Tribunales Federales durante décadas; denunciado ante el Consejo de la Magistratura, en agosto de 2011, un día antes que ésta se reuniera para resolver su suspensión, huyó a Chile y pidió asilo político. Ante la solicitud de extradición interpuesta por la Argentina, la Corte Suprema de Justicia chilena falló positivamente y lo despachó de regreso; llegó en condición de detenido en setiembre de 2013 y actualmente se encuentra alojado en la cárcel provincial junto a policías y militares, suerte de fraternidad que atraviesa los tiempos. Tras su extradición desde Chile, Romano se suma al IV Juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Mendoza.
Tras su extradición desde Chile, Romano se suma al IV Juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en Mendoza
