AUDIENCIA 1 / IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS EN EL INICIO DEL IV JUICIO

17-02-14 | En breve audiencia, 30 de los 37 imputados proporcionaron sus datos personales en la apertura del IV juicio. La fiscalía y la querella reclamaron que se acelere la dinámica del juicio. Sin embargo, el tribunal dispuso retomar el debate una semana después. 

A las 10 hs. dio comienzo el anunciado acto en la explanada de Tribunales  Provinciales donde primó un clima de  emoción para las y los miembros de los organismos de DDHH y el público que acompañaba. Estuvieron presentes,  varios ministros del gobierno provincial y autoridades de la Secretaría de DDHH de Nación, así como Susana Trimarco y Miriam Medina, ambas luchadoras sociales comprometidas con la vigencia de la Justicia.
El Presidente del Tribunal, Alejando Piña, abrió la jornada con la enumeración de las causas; luego  procedió a la identificación de los acusados. Para poder completar esta instancia fue necesario recurrir al sistema de teleconferencia por cuanto algunos imputados no residen en la Provincia o están cumpliendo condenas en servicios penitenciarios de distintas ciudades.
Quienes estuvieron en la sala de Tribunales Provinciales, acondicionada para la ocasión, fueron los ex miembros de la Justicia Federal, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret; los policías retirados Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce, Héctor Rubén Camargo, Pablo José Gutiérrez, Rubén Darío González, Julio Lapaz, Oscar Alberto Bianchi, Armando Guevara, Pedro Linares, Marcelo Rolando Moroy Suárez y Miguel Ángel Tello. De ellos, Gutiérrez, González, Bianchi, Guevara, Linares, Moroy y Tello están detenidos en el penal de San Felipe junto al ex juez Romano.
Juan Agustín Oyarzábal, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua, no estuvo presente por razones de salud pero envió sus datos personales en un escrito.
Desde Tucumán fue identificado el militar retirado Pablo Antonio Tradi y desde Rosario, los también militares, Alcides París Francisca y Dardo Migno. En la misma situación respondieron desde la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en Buenos Aires, los militares retirados Paulino Furió, Ramón Puebla y Carlos Tragant, éste último detenido en Marcos Paz. Por teleconferencia, desde  el Complejo Penitenciario de Ezeiza, dieron sus datos los policías retirados, Eduardo Smaha y Antonio Garro, el ex policía federal Jorge Marchelli y el ex militar Mario Laporta.
Finalmente, ubicados en la Cámara Federal de Apelaciones en Mendoza, se corroboró las identidades del ex juez Rolando Evaristo Carrizo, los policías retirados Ricardo Miranda, Félix Andrada y Diego Morales, y el ex militar José Fuertes.
Durante la sesión, el fiscal federal Dante Vega interpuso un recurso de reposición para que el Tribunal reviera su decisión de reanudar las audiencias el lunes 24 y solicitó que se continuara este martes (por hoy); criterio al que adhirió el Dr. Pablo Salinas, representante del MEDH (Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos). El tribunal no hizo lugar al pedido argumentando la imposibilidad de reunirse esta semana ya que algunos de sus integrantes tienen su agenda completa en otros juzgados del país.
Otro hecho sobresaliente fue la denuncia realizada por el representante de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad,  Jorge Auat, quien advirtió que, en plena audiencia, el  destituido juez Luis Miret, lo enfocó y fotografió, lo que fue  interpretado como un gesto intimidatorio.

Quedan pendientes 7 identificaciones para que se inicie la lectura del Acta de elevación a juicio que contiene los cargos por los deberán responder los procesados.  Esto será el  lunes 24 cuando se reinicie la audiencia 

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.