14-04-14 | Uno de los exjueces dijo que recibía amenazas aunque también negó haber sido advertido. El otro exmagistrado culpó al deficiente sistema de subrogancia de la imposibilidad de investigar.
La primera parte de la undécima audiencia permitió culminar con la lectura de la declaración indagatoria realizada al exjuez Guillermo Max Petra Recabarren. Como en la semana anterior, los conceptos se repitieron una y otra vez en cuanto al pretexto de las limitaciones que los magistrados tenían para investigar. Y fue recurrente Petra al insistir con el “deficiente sistema de subrogancia” y advertir que durante los años en que ocurrieron los hechos que se le imputan él actuó más como defensor que como juez. Y añadió que cuando ejerció este último cargo lo hizo, en la mayoría de las oportunidades, como subrogante y por tiempos mínimos que “podían ser uno o dos días, o una semana”.
También se repitió la conducta discriminatoria de Petra cuando hizo referencia a la enfermedad del hijo de una de las denunciantes de desapariciones. Otra particularidad de la declaración del ex juez fue cuando dijo que tomó conocimiento de las desapariciones de personas recién en 1978, a pesar de que por sus manos pasaron muchos Habeas Corpus, presentados por familiares que intentaban saber el paradero de sus seres queridos.
Ante la pregunta de por qué en 7 años nunca había dispuesto una medida probatoria en los 101 casos en que intervino, adujo que al hecho de que no había rastros de las aprehensiones denunciadas y de que los organismos de seguridad –policía o ejército- negaban conocer los paraderos requeridos, se sumaba que, como subrogante, no tenía tiempo de disponer otras medidas.
En otro tramo de su declaración Petra consideró “injusto atribuir el delito de omisión a los jueces de esa época cuando se vivía una situación bélica en el país. Yo no era militante, era abogado y juez y tenía el deseo de que hubiera instituciones estables y no estar habituado a ver como normal lo que era anormal”.
El turno de Romano
La declaración del ex juez Otilio Roque Romano, actualmente detenido en el penal de San Felipe, fue retomada de la realizada por éste el 26 de agosto de 2010, casi un año antes de ser destituido por el Consejo de la Magistratura. Es decir que cuando fue indagado, aún estaba en funciones como juez federal.
En la extensa declaración ante la Fiscalía, Romano sobreabundó en expresiones acerca de la “precaria” naturaleza institucional de lo que era un fiscalía en 1976, lo cual reiteró ante cada causa en la que está involucrado. Vale recordar que en este juicio debe responder por 97 hechos. De manera que aludió permanentemente a los escasos recursos con que contaban en la Justicia Federal en los años de la dictadura, a “los sueldos miserables que me impedían llegar a fin de mes” e incluso calificó como “marginal” al barrio en el que vivía, el Fuchs.
Para el ex fiscal “la historia de lo que sucedió durante la dictadura ha sido tergiversada por las ideologías y la justicia estuvo en el medio del terror que generaron la extrema derecha y la extrema izquierda. “Yo recibí muchas amenazas de comunistas y de jóvenes. Se vivía en un estado de cuasi guerra y por eso Miret y yo andábamos armados”. Luego contó que a “Oscar Ignacio Agüero, que era juez, le pusieron una bomba y ahora con el tiempo, estoy seguro que lo hizo alguno de los organismos del Estado de entonces”.
Curiosamente, más adelante, cuando le preguntaron si para tomar decisiones recibía amenazas, contestó que no y hasta se consideró “no un valiente pero sí alguien que cumplía con su deber, con algo de irresponsabilidad juvenil, producto del desconocimiento de lo que verdaderamente pasaba”.
En un momento señaló que ni él ni ninguno de sus colegas renunciaron porque estimaban que algo se podía hacer, pero al defender su gestión se contradijo una vez más, por cuanto aseveró que “no podíamos hacer nada”.
Otra curiosidad de los dichos de Romano fue cuando calificó a “la policía de Mendoza como una de las mejores del país: “ Por eso –dijo- cuando recibíamos informes para responder a los habeas corpus, ¿por qué íbamos a desconfiar si no sabíamos lo que pasaba?”.
Romano habló también de una “historia jurídica ignorada, del Estado de Sitio decretado en 1975 y de que todos días explotaban bombas, había atentados y amenazas, y tanto los mandos militares como los terroristas tenían estructuras similares”.
“Me acusan de asegurarles la impunidad a quienes secuestraban a personas y las torturaban y las eliminaban y no entienden que, deliberadamente, los que actuaban así ocultaban su accionar a todos, al Estado, al Poder Judicial, a la Iglesia, a organizaciones internacionales…”, fue otra de las reflexiones del ex juez tratando de desvincularse de haber tomado conocimiento de qué sucedía aunque luego admitió que “a mí me respetaban mi carrera y así fui ascendiendo, por mi carrera. Y mi función era defender los decretos que ponían los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”.
Al hacer un nuevo repaso por su tarea, Romano aseguró que ninguno de los detenidos que él interrogó le dijo haber sido torturado, pero nada contó de las condiciones de salud en que las personas privadas de su libertad llegaban a hablar con él. Se quejó de que Mendoza sea el único caso en que son “acusados jueces cuando en el país se presentaron más de 8 mil habeas corpus y ninguno tuvo resultado positivo” y seguidamente habló de persecución hacia su persona, y luego, cuando la lectura de la declaración hizo alusión a las horas de trabajo y a sus hijos, aparentemente Romano tuvo un pico de emoción y lloró por lo que la audiencia se interrumpió unos minutos.
En esta jornada se trataron los casos de desaparecidos en los que intervino Romano rechazando sucesivamente los habeas corpus presentados por Santiago Illa, Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca, Luis Rodolfo y Rodolfo Daniel Moriña, Héctor Pablo Granic, Blanca Graciela Santamaría, Lidia Beatriz De Marinis, Virginia Adela Suárez, Mario Luis Santini, Rosa Sonia Luna, María Silvia Campos, Zulma Pura Zingaretti, María Leonor Mércuri, Salvador Alberto Moyano, Marcelo Guillermo Carrera, Adriana Irene Bonoldi y Francisco Alberto Escamez.
La lectura de la declaración de Romano continuará este martes a las 9.30.
