05-05-14 | Terminó el interrogatorio a Luis Miret, quien nuevamente incurrió en contradicciones y en referencia a sus intervenciones dejó una frase lapidaria: “No se podía hacer nada y yo no hice nada”. Además reconoció errores, como el de archivar en 1987 la causa por apropiación de una menor.
El final del interrogatorio al ex juez Luis Miret resultó de un gran valor testimonial ya que el acusado expresó conceptos contundentes que, a simple vista, lo dejaron mal parado. Como en las tres jornadas anteriores, hizo gala de una verborragia que lo llevó a caer en contradicciones y a permitir inferir que, ciertamente, tenía conocimiento tanto de desapariciones de personas como de detenciones ilegales y torturas.
La audiencia arrancó con una respuesta que había quedado pendiente la semana pasada cuando el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, inquirió por el valor que Miret le daba a las confesiones de detenidos/as, obtenidas bajo apremio. El imputado señaló primero que “hoy, creo que es una barbaridad” y de inmediato consideró que admitir esas actuaciones policiales como prueba “fue jurídicamente un error”, para continuar declarando: “cometí un error, no eludo la responsabilidad”. Luego, intentó justificarse nuevamente diciendo que él “era el camarista más joven y estaba en minoría”.
Peñaloza le hizo conocer una resolución similar, de 1981, contra David Blanco, quien estuvo detenido en el D2. Sorprendió la respuesta de Miret refutando lo que había dicho minutos antes: “son argumentos similares pero no los mismos, la actuación policial algún valor tiene y los datos no son despreciables. En todo caso, mi voto fue un error”. Enseguida tomó la palabra Pablo Salinas, querellante por el MEDH, para mostrar un recorte de diario, de 1976, en el que aparece el exmagistrado prestando juramento ante el gobernador de facto, el brigadier Jorge Sixto Fernández y otros funcionarios de la dictadura. La pregunta a Miret fue si para él, ese acontecimiento fue, o no, un ascenso. Esta vez la respuesta concreta no se hizo esperar: “Fue una circunstancia de gran emoción. Toqué el cielo con las manos”. Además, le restó importancia al hecho de que a la jura asistiesen autoridades de las fuerzas de seguridad, hecho que adjudicó “al protocolo” y dio una lista de nombres de abogados que juraron durante la dictadura militar, entre quienes citó a León Arslanián, Eugenio Zaffaroni y Alicia Kirchner. También aseguró que no conocía al general Juan Gómez Saá, quien aparece a su lado en la foto del diario, aunque después terminó admitiendo que había una amistad por la que se excusó de investigarlo, ya en democracia.
En representación de la Fiscalía, Patricia Santoni, inquirió al exhombre fuerte de la Justicia Federal si no le inquietaba saber el destino de las personas por las que recibía denuncias y concretamente se refirió a Carolina Abrales, detenida en diciembre de 1975 por quien Miret no hizo lugar a un Habeas Corpus que reclamaba que le levantara la incomunicación que pesaba sobre ella. “Estaba vigente la 20.840 (Ley de Seguridad Nacional). Yo revisaba el decreto para entender la razonabilidad de la detención. Y la razonabilidad era que por algo sería”.
A continuación, Daniel Rodríguez Infante, miembro del equipo de la Fiscalía, lo interrogó acerca de la ilegalidad de los allanamientos. Miret volvió a referirse a una reunión que mantuvo con el General Santiago, en octubre de 1975, en la que fue anoticiado de órdenes secretas que luego serían los decretos de legalización de la lucha contra la subversión: “me entero de los Habeas Corpus de golpe y porrazo. Cuando vi los decretos dije ‘bueno, ellos se hacen responsables de los allanamientos. La jurisdicción para investigar era militar y después de aquella reunión no me pidieron más órdenes de allanamiento”. La fiscalía le señaló que tras el referido encuentro con Santiago, hubo 13 pedidos de allanamiento firmados por Miret, quien sorprendido ante la evidencia respondió con ironía que “sólo dos allanamientos son de noviembre de 1975 y los demás son de octubre cuando no se conocían los decretos. De esos dos, la verdad, no sé por qué los firmé…, fue por el marco de la confusión que se vivía en el país”. “Lo cierto es que no hicimos nada. No hice nada yo, ni hacía nada nadie en el resto del país frente a la ilicitud de los decretos”. Junto a la indignación que recorrió la sala ante la respuesta del exfiscal, la querella reclamó que “conste en acta” para dejar sentadas sus palabras indubitables.
Luego fue interrogado por los Habeas Corpus presentados en favor de Blanca Graciela Santamaría, en mayo de 1976 y de Lidia Beatriz De Marinis, de junio del mismo año, ambos rechazados por Miret sin mediar ninguna investigación. Titubeante, el hombre indicó que “teníamos dudas, no evidencias. No sabíamos si se trataba de un secuestro extorsivo, un enfrentamiento entre grupos, un ajusticiamiento por infidelidades o traiciones o estaban escondidas. Cuarenta años después me preguntan por qué no investigué, ¿qué podía hacer yo? Rechacé los Habeas Corpus porque no tenía ninguna evidencia, no sabía cómo, no tenía imaginación, no se me ocurrió”. Frente a semejante respuesta, de inmediato hubo un nuevo pedido de que “conste en acta”.
A renglón seguido el exmagistrado se molestó visiblemente con Pablo Salinas “por su insistencia en hacerme aparecer como amigo del general Juan Gómez Saá, cuando mi amistad íntima era con su hermano Hipólito. Concretamente el doctor Salinas busca torcer lo que digo. Se hizo el descubierto y fui yo quien le dijo cómo eran las cosas”. No obstante, el abogado del MEDH presentó el expediente en el que se acusa al general Juan Gómez Saá por delitos de lesa humanidad y en él, Miret se excusa precisamente por amistad.
Un error que costó 20 años de impunidad
Viviana Beigel, también representante del MEDH, puso en aprietos a Luis Miret al preguntarle por el caso de Celina Manrique, apropiada –sus padres están desaparecidos- cuando tenía dos años. La causa fue archivada precisamente por Miret en 1987, cuando la niña era buscada por sus familiares y Organismos de Derechos Humanos.
La contestación fue que “se trató de un error. Fue un error de la Secretaría, un error de los jueces. Firmamos el archivo erróneamente con el doctor Mestre Brizuela. Pero ese error no impidió que esa personita recuperara su identidad, por su propia instancia. En el 87 a mí me tocó investigar y hablé con uno de los abuelos, el cual me dijo que recibió una carta de la madre de Celina que le decía que se iban a reencontrar. No había indicios. Pensé que había pasado a la clandestinidad o que estaba en Europa y dije: ‘este caso hay que seguirlo’. Pero, cayó (el expediente) con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final cuando, en realidad, no le cabían dichas leyes porque no incluían la apropiación de menores. Fue un error por haber puesto un cliché jurídico. Después fue mérito de Abuelas y del MEDH. Sobre la recuperación de la niña no tuve intervención”.
Declaran dos imputados
Para este martes 06 de mayo, en la jornada número 17 del juicio, está previsto que declaren José Lorenzo y Rubén Darío González Camargo, ambos ex policías detenidos en la Penitenciaría Provincial.
