25-03-14 | El Ministerio Fiscal dio cuenta del último grupo de denuncias descripto en el Requerimiento de Elevación a Juicio. Después, reveló de qué manera los acusados se insertaron en el aparato represivo y cuáles eran sus funciones. Finalmente, se leyeron las acusaciones que deberán afrontar los militares, policías y penitenciarios involucrados en este IV Juicio.
En la voz de la fiscal, Patricia Santoni, se cerró la seguidilla de detenciones ilegales y torturas soportadas en distintas dependencias que se sumaron a las detalladas en audiencias anteriores. En esta ocasión, el D2 fue la referencia casi constante donde, además, se denunciaron ataques sexuales. Entre sus paredes aguantaron el matrimonio Ivonne Lorrieu – Alberto Muñoz y su hijita María Antonia; Haydee Fernández; Eduardo Hanono, Daniel Ponce y Roberto Azcárate; Carlos Cangemi; Nilo Torrejón junto a Santiago Illa, aún desaparecido; Oscar Pérez Fernández; Jorge Reynaldo Puebla; Francisco Robledo y Alberto Scafatti; Eugenio Paris; Raúl Acquaviva, su hermana Vivian y su primo Carlos Roca; Miguel Ángel Rodríguez y Alicia Graciela Peña. En la misma dependencia policial, Nélida Correa, penitenciaria detenida por ser de la JP, escuchó que un guardia del D2, pedía a su jefe “que le permitiera llevársela a Las Lajas”, en clara referencia a su condición de centro de exterminio, del que poco se sabe.
Dentro del listado de víctimas se tocó el caso de Santiago Illa, periodista próximo al PRT/ERP, que cayó en San Rafael antes del golpe militar y fue a parar a la Penitenciaría. El 12 de mayo de 1976 le comunicaron que alistara sus pertenencias porque saldría en libertad pero, en realidad, fue retirado por el suboficial Fuertes con destino al Liceo Militar y allí se perdió su rastro. Otra variante, en este grupo de causas, fue la denuncia de Ana Florencia Aramburo que, si bien hace referencia a su paso por el D2, la detención respondió a una orden del Comando del Ejército ejecutada por la Policía Federal. Dado los apremios e irregularidades vividos por Aramburo en la Delegación, el entonces Jefe de la Federal, Marchelli, quedó imputado en este juicio.
Finalmente, se conocieron los cuantiosos robos de electrodomésticos, muebles, ropa y cuanto objeto de valor encontraban a su paso, sufridos por varias víctimas; entre ellas el matrimonio Guillermo Salatti y Ana María Montenegro quienes, si bien eludieron la detención, padecieron el saqueo de su domicilio.
Currículum vergonzoso
En la segunda parte de la audiencia, el Fiscal Dante Vega tomó la palabra para detallar de qué manera los militares, policías y penitenciarios acusados se insertaban en el esquema represivo. Examinó, por orden alfabético, la trayectoria de cada uno, empezando por Félix Andrada, miembro del D2, hasta el director del Liceo Militar “Gral. Espejo”, Carlos Tragant. Abordó, no sólo el grado o función que tenían adentro de su fuerza, sino los cursos “contrasubversivos” tomados para especializarse, las congratulaciones recibidas por sus superiores y pedidos de ascensos con el argumento del ahínco puesto en la lucha contra la “delincuencia subversiva”. Algunos antecedentes develan, claramente, el compromiso y empeño con que los acusados servían al terrorismo de Estado. Por otro lado, Vega detalló las acusaciones que recaen sobre ellos. En las causas Fiscal c/ Roque Luna y Rabanal, que reúne a 24 imputados de distintas fuerzas, diez pertenecen al centro clandestino D2 de la Policía mendocina. Los guardias Andrada, Miranda, Morales, Moroy, Rodríguez y Tello, deberán responder por los cargos de privación abusiva de la libertad agravada, tormentos y asociación ilícita; el cabo Gutiérrez enfrenta, además, la imputación de homicidio como autor material. Por su mayor jerarquía y responsabilidad, Juan Oyarzabal junto a los agentes de inteligencia Smaha y Fernández, suman el cargo de homicidio y violación, en varios hechos.
Por su parte, los oficiales de la Comisaría 7ma., Garro y Lorenzo al igual que el subcomisario de la 13°de Rivadavia, Guevara, están acusados por privación abusiva de libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita. La famosa golpiza aplicada a presos políticos en la Penitenciaría, el 24 de julio del ’76, junto a las reiterados testimonios de las torturas aplicadas en la “peluquería” del penal recibieron la calificación de privación abusiva de libertad, tormentos agravados y asociación ilícita que recayeron sobre Bianchi y Linares, con el aditamento de encubrimiento por omisión. Para el último, La Fuerza Aérea nos legó, entre el ’76 y el ’79, dos jefes de policía de la provincia: Laporta acusado de privación abusiva de libertad, tormentos agravados y asociación ilícita y el Vice comodoro Francisca, con idénticos cargos, más los delitos de homicidio y robo agravado. Del Ejército Argentino están implicados los miembros de Compañía de Comunicaciones, Migno y Puebla. A las autoridades del Liceo Militar, Tragant y Tradi responsables por privación abusiva de libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita, se les suma homicidio. Igual que para el Jefe de la VIII Brigada, Paulino Furió.
Finalmente, al Jefe de la Policía Federal-Delegación Mendoza, Jorge Marchelli, se lo imputa por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita.
En medio de la audiencia, el Fiscal Dante Vega dio cuenta de un hecho insultante. Sobre las placas en la que están grabados los nombres de los/as Desaparecidos/as, manos anónimas dejaron un afiche con la cara de Jorge Rafael Videla, que decía: ¡Gracias Comandante! El gráfico fue entregado al Tribunal.
