25-09-2020| A través de la plataforma virtual Zoom, estuvieron presentes quince de los dieciséis imputados cuyas sentencias fueron reenviadas por Casación al Tribunal Oral Federal 1. Según la Cámara resolvió en 2019, deben ser revisadas algunas absoluciones, anulaciones de condena y omisiones en el tratamiento de planteos durante el debate oral del “juicio a los jueces”.
El proceso que comenzó tiene por objetivo cumplir con la revisión que ordenó la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) sobre la sentencia de la megacausa conocida como “juicio a los jueces”, emitida en 2017. El tribunal está presidido por el juez Alberto Carelli e integrado por la jueza Gretel Diamante y el juez Daniel Doffo.
En la sala estuvieron presentes el fiscal general Dante Vega y el fiscal auxiliar Daniel Rodríguez Infante. De manera remota participaron los defensores oficiales Leonardo Pérez Videla y Ramiro Dillon, como también Ariel Civit en representación de Otilio Romano; de la parte querellante, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado representaron al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y Fernando Peñaloza a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los imputados que asistieron de manera virtual son Ricardo Benjamín Miranda, Otilio Romano, Antonio Indalesio Garro (desde la Unidad 34), Miguel Ángel Tello, Rubén Camargo, Pedro Linares, Oscar Bianchi, Miguel Ángel Ponce, Mario Laporta, Marcelo Moroy, Juan Carlos Ponce, José Lorenzo, Rubén Darío González, Armando Fernández Miranda y Héctor Lapaz (desde la Unidad 6). Luis Alberto Rodríguez no participó por razones de salud.
El pedido de Oscar Bianchi
En la audiencia debían actualizarse los datos personales de los imputados por los cuales se ordenó el reenvío de la Cámara de Casación. Sin embargo, al inicio el defensor oficial Pérez Videla solicitó la palabra para formular una recusación contra el fiscal Vega, según “expresas y precisas instrucciones” del imputado Bianchi.
El planteo estuvo basado en “la creencia de la pérdida de objetividad en el desempeño”. Según explicó el abogado, su defendido le expresó sentir cierto ensañamiento contra su persona para mantenerlo en prisión, ya que a pesar de los pedidos nunca consiguió el beneficio de la domiciliaria para cuidar a su esposa enferma. Sus hijas interpusieron denuncias penales en contra del representante del Ministerio Público y de la Cámara de Casación Penal.
Bianchi fue condenado a la pena de seis años de prisión en 2017. Estuvo detenido preventivamente desde 2014, cuando comenzó el debate de la megacausa. En 2018 recibió el beneficio de la libertad condicional y en noviembre de 2019 fue detenido nuevamente cuando se revisaron las causas en segunda instancia: “Pudiéndose fugar no se fugó”, sostuvo el defensor para argumentar su voluntad de comparecer.
Descargo de Dante Vega del Ministerio Público Fiscal
A modo de respuesta, el fiscal general Dante Vega manifestó “preocupación respecto de la actuación de la defensa oficial en estos juicios”. Y explicó que la recusación no puede proceder desde el punto de vista formal porque no encuadra en las causales previstas en el Código Procesal Penal: “El defensor oficial ha hecho un esfuerzo por encuadrar en las normas legales el motivo de recusación, pero no encuadra”, advirtió el fiscal. Recordó que esta instancia es parte del mismo proceso que llegó a juicio en 2014 y que el pedido debería haberse formulado al comienzo, no a esta altura.
Dante Vega se refirió también al rechazo de la recusación desde una perspectiva “material” de los hechos. Hizo mención de las detenciones de Bianchi, solicitadas por el Ministerio Público Fiscal pero ordenadas por los distintos tribunales y la cámara: “El imputado, con la mala asistencia del defensor oficial, pone el blanco en mí y me responsabiliza por estas detenciones cuando lo que yo he hecho no es otra cosa que cumplir con la ley y con las obligaciones funcionales que están a mi cargo”.
Según explicó Vega, cuando el procesado pidió la domiciliaria por la salud de su esposa, la fiscalía solicitó la intervención del cuerpo médico forense, algo que hacen en todas las causas. En paralelo, el TOF permanentemente formuló pedidos a la defensa oficial para que se involucrara en el procedimiento y aportara la historia clínica en cuestión. “La defensa oficial no hizo nada, no tomó ni una sola medida (…) El temor del señor Bianchi no tiene que ser dirigido a mí, tiene que ser dirigido a sus defensores oficiales”, apuntó.
En este contexto, Dante Vega aprovechó para señalar “la preocupación que me genera la actividad de la defensa pública en general” e hizo mención a tres actitudes particulares: el negacionismo, la revictimización y el engaño a los imputados.
Sobre el primero, remarcó la postura de defensores oficiales que en alegatos, “sueltos de cuerpos y sin control alguno de la autoridad superior”, usan términos como el de “guerra antisubversiva” que atentan contra el Estado de derecho. Le preocupa, asegura, que estos discursos “que ya fueron descartados en la década del 80 por un tribunal federal, hoy vuelven a aparecer de la mano de los defensores oficiales, que son funcionarios públicos y deben también velar por el sistema de administración de justicia. Enuncian los discursos más incendiarios en materia de lesa humanidad”.
En segundo lugar, remarcó el hostigamiento a testigos de parte de la defensa pública. En San Luis, San Juan y Mendoza “los protagonistas de las revictimizaciones son los defensores oficiales”, sostuvo Vega.
En tercer lugar, hizo referencia al “engaño de los imputados”. Argumentó que es entendible el sentimiento del imputado Bianchi pero es inadmisible que el defensor no cumpla con su deber de explicarle claramente la situación: “El defensor oficial, que debió poner en claro blanco sobre negro, no solamente se suma a los argumentos de Bianchi, sino que los trata de recubrir con ropaje jurídico y los trae acá pretendiendo mi recusación”.
Para concluir, el fiscal general aseguró que iba a evaluar “la actitud institucional” que tomaría con respecto a la defensa oficial: “Negacionismo, revictimización y ahora se suma incumplimiento de los deberos de funcionario público, derivados de la ley 26149”.
Actualización de datos de los imputados
La defensa relató que Luis Alberto Rodríguez sufrió un accidente cerebral y no pudo estar presente en la audiencia por problemas de visión. Carelli requirió la documentación correspondiente.
El presidente del tribunal solicitó a cada acusado información detallada de domicilio, formación, ingresos, salud y estado civil. También interrogó sobre las condenas recibidas durante el proceso que se revisa.
Antonio Indalesio Garro, detenido en la Unidad 34, expresó temor ante la situación de la pandemia en el complejo penitenciario en el que se encuentra y aprovechó para hacer reclamos sobre su situación carcelaria. José Lorenzo, Juan Carlos Ponce (absuelto), Héctor Rubén Camargo, Miguel Ángel Ponce (absuelto), Armando Fernández y Marcelo Moroy respondieron desde sus domicilios, algunos beneficiados con prisión domiciliaria.
El debate continuará con la corroboración de datos de Ricardo Benjamín Miranda, Otilio Romano, Miguel Ángel Tello, Pedro Linares, Oscar Bianchi, Mario Laporta, Rubén Darío González y Héctor Lapaz.
La próxima audiencia será el viernes 9 de octubre a las 9:30
