31-03-14 | La fiscalía y la querella modificaron la imputación a los exmagistrados, que antes era solo de omisión de investigación, por la de homicidio agravado; se trata de aquellas causas que contienen desapariciones forzadas. Asimismo, al abrirse el debate, la parte acusadora aplicó calificaciones más gravosas a los otros delitos por los que se los juzga. El tribunal rechazó los planteos de la defensa y el pedido de detención de los jueces.
Con argumentos que remiten a la doctrina y a otros aspectos jurídico legales, el Fiscal Dante Vega acompañado por el Procurador General para delitos de Lesa Humanidad, Jorge Auat, echaron mano del “principio de congruencia” para fundamentar los agravantes solicitados en los casos de detención y torturas. Así, los imputados quedaron encuadrados en privación abusiva de la libertad, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos, allanamiento ilegal de morada y asociación ilícita. Además, abundaron sobre su decisión de imputar por homicidio a los acusados que intervinieron en los causas de las y los desaparecidos.
Escuchá la exposición del procurador Jorge Auat
Antes y después de la apertura del Debate
En la fecha concluyó la lectura del Requerimiento de Elevación a Juicio del último grupo de causas incluidas en el IV Juicio por delitos de Lesa Humanidad. Para el caso se conocieron las privaciones de la libertad y tormentos perpetrados en la 8va.Compañía de Comunicaciones y el Liceo Militar Gral. Espejo, dependientes del Ejército, contra Alberto Martínez Vaca, Pedro Tránsito Lucero; Carlos Abihagle; Carlos Fiorentini; Carmelo Duran; Rafael Morán; Carlos Venier; José Vicente Nardi y varios miembros de su familia, entre otros Francisco Giménez, Osvaldo Aberastain e Itamar Castro. Las imputaciones recayeron sobre los directivos del Liceo Militar, Tradi y Tragant y contra los responsables de la Compañía de Comunicaciones Migno y Puebla. El punto final de éste escrito dio paso al debate de la Megacausa.
La apertura estuvo a cargo de la Fiscalía, en palabras de Dante Vega y Patricia Santoni, con el respaldo de Jorge Auat. Tras el despliegue de argumentos, Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo quedaron formalmente acusados de homicidio agravado, imputación en la que coincidieron el Ministerio Público Fiscal y los querellantes del MEDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal Dante Vega explicó claramente que en todos los casos de privación abusiva de la libertad, seguidos de desaparición forzosa es obvio que debe considerarse homicidio; mientras que el funcionario nacional, Auat, expresó que aquí se habla de números, porque cada causa tiene un número, pero detrás de cada número hay un grito desgarrador. Los ex magistrados llegaron hasta aquí acusados de omisión lo que es una banalización del rol que cumplían. ¿Prescindían los autores de la barbarie, de la estructura judicial?, ¿qué hacían y dónde estaban los jueces? Surge claramente que formaron parte de un plan sistemático y colaboraron con él. De ningún modo pudieron estar ausentes” – dijo-.
El ajuste jurídico
La Fiscalía aclaró que la modificación de la imputación se hace ahora, en la apertura, como un acto de buena fe para con las partes defensoras y los imputados de modo de evitarles sorpresas; también detalló los casos en los que están involucrados los ex jueces.
Romano debe responder por 33 casos de homicidio agravado, 26 de privación abusiva de la libertad, 36 de tormentos agravados, 1 omisión de investigación, 1 allanamiento ilegal y asociación ilícita. Son en total 97 hechos.
Miret está acusado de 7 casos de homicidio calificado, 18 de privaciones abusivas de la libertad, 6 de tormentos, 1 allanamiento ilegal, 3 casos de robo agravado y asociación ilícita. Son 35 hechos.
Carrizo tiene 2 casos de homicidio, 14 de privación abusiva de la libertad, 2 de tormentos, 1 allanamiento ilegal y asociación ilícita. Son 19 casos.
Petra quedó con 17 casos de homicidio, 5 de privación de la libertad y asociación ilícita.
Además de los ajustes en la causa de los ex jueces, en todas las otras, excepto la de los ex policías del D 2 Lapaz y González, hubo ampliaciones. Reiteradamente se expuso que privación abusiva de la libertad seguida de la desaparición forzada es homicidio; que los tormentos privación abusiva de la libertad y el robo simple, es agravado.
Todos de acuerdo
Los querellantes adhirieron a las modificaciones realizadas por el equipo fiscal aunque con algunos otros aportes. Por el MEDH, Pablo Salinas, agregó en el caso de los ex magistrados dos acusaciones más: “promesas de recompensas remuneratorias” para omitir investigar y ocultamiento de pruebas. Por el Gobierno Provincial, Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, sumó la acusación de “violación seguida por el uso de la fuerza” contra los imputados Oyarzábal, Moroy, Smaha y Armando Fernández, sumando otras tres víctimas de ataques sexuales. Carlos Varela, representante particular, aportó jurisprudencia nacional e internacional. Por último, Fernando Peñaloza, de la Secretaría de DDHH de 
Nación, ponderó las calificaciones hechas por la Fiscalía en el sentido de que “son una garantía para abogados e imputados para su defensa por cuanto ya conocen todas las cartas que hay sobre la mesa”.
Todas las partes acusadoras solicitaron, dada la gravedad de los hechos, que los ex jueces Petra, Miret y Carrizo quedaran inmediatamente detenidos como también el ex agente penitencario, Pedro Linares, quien goza del beneficio de la ex carcelación.
Tribunal unámime frente a nulidades y objeciones
Algunos de los abogados defensores hicieron uso de la palabra para expresar cuestionamientos. Así lo hicieron los defensores oficiales Pérez Curci y Portabella y los particulares Pedro Carreño (defensor de Petra), Juan Horacio Day (Miret), Ariel Civit (Oscar Bianchi y eventualmente Romano), Reig (Antonio Garro) y Carlos Venier (José Lorenzo). Hubo pedido de reposiciones, de suspensión de audiencia y de nulidades. Todos los planteamientos fueron respondidos por la Fiscalía.
Tras 8 horas de audiencia, el Tribunal Oral Federal dio lectura a cuatro resoluciones a las que llegó por unanimidad de todos sus miembros. En primer lugar decidió aceptar, o tener presentes, las nuevas calificaciones legales contra los acusados. En segundo término dispuso rechazar todos los cuestionamientos presentados por la defensa. En tercer lugar no dio lugar al pedido de revocación de la excarcelación que beneficia a Pedro Linares. Y por último, también rechazó los pedidos de detención inmediata contra Miret, Petra y Carrizo; asimismo, se reservó para cuando lo considere oportuno presentar la argumentación de sus resoluciones.
En la última parte de la larga audiencia de este lunes, comenzó la instancia en que los imputados son preguntados si desean decir algo. El primero y único fue el policía José Lorenzo, quien se abstuvo de declarar. Inmediatamente se pasó a cuarto intermedio hasta este martes, 1ero de abril, a las 9.30.
