02-02-22 | Al reiniciarse las audiencias del 11.° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza, pudo verse la declaración de Armando Ignacio Dauverné. El testigo se refirió a las detenciones de su madre, padre, hermana y cuñado, a quienes tuvo que asistir en medio de agresiones y amenazas hacia él y su entorno. La próxima audiencia será el 16 de febrero a las 9:30.
Finalizada la feria judicial, el TOF N.°2 de San Rafael retomó la actividad con la retransmisión de las testimoniales solicitadas por la defensa. En esta oportunidad se pudo ver la grabación de la declaración de Armando Ignacio Dauverné, conocido médico de San Rafael que se desempenó como director del Hospital Schetakow durante dieciséis años. Cuatro integrantes de su familia, detenidos en 1976, fueron objeto de análisis durante el juicio celebrado entre 2014 y 2017.
Con gran aplomo y sin dramatismo Armando Dauverné —fallecido dos años atrás— recorrió las difíciles circunstancias que le tocó vivir a causa de la persecución a su familia. Las detenciones de su madre y padre fueron alrededor del 4 de abril. El operativo comenzó con un allanamiento cuando la pareja estaba en el cine y estuvo a cargo de comisario Mussere —alguien a quien caracterizó como “muy sanguinario”— junto a personal policial y del Ejército.
Su madre quedó en condición de “presa domiciliaria” bajo la responsabilidad del testigo. En cambio, a su padre se lo llevaron a la Casa Departamental y fue alojado en esa dependencia hasta julio del año 76.
Armando rememoró que, en cierta ocasión, dos médicos de la Policía lo llamaron porque su padre había tenido una crisis a causa de un ataque de epilepsia. Por ese motivo, pudo entrar al sector de calabozos de la Departamental para atenderlo; allí vio a Roberto Flores, a Barahona y a otros detenidos después desaparecidos. Evocó a Hugo Montenegro, un pintor de cuadros traído desde La Plata por encargo de una familia del lugar, aclaró. Dijo haberlo visto muy golpeado, casi irreconocible, moribundo.
Dauverné padre, un hombre mayor, era sometido reiteradamente a castigos físicos y en una ocasión terminó hospitalizado. Armando lo encontró deshidratado, el cuerpo con edemas y trastornos cardíacos. Sin autorización lo sacó del hospital para llevárselo a su casa mediante una estratagema. Inmediatamente después apareció la Policía a buscarlo, pero a raíz algunas consideraciones sanitarias aceptaron dejarlo “internado” en el domicilio, con custodia.
El testigo rememoró que debió asistir con la alimentación diaria a toda su familia, durante la detención en la Departamental. Con motivo de lo acontecido con su padre, su hermana María Esther se trasladó desde Malargüe junto a su esposo Hugo Riera y su pequeño hijo. Las tres personas fueron inmediatamente detenidas al llegar al domicilio materno. Armando debió recoger al niñito por pedido de la Policía y quedó a su cuidado.
Esther se desempeñaba como maestra en la mina Huemul, mientras que Riera era delegado sindical de la mina, ambos peronistas. Ella fue llevada a la cárcel de Encausados de San Rafael junto a otras mujeres, pero salió en libertad unos 40 días después de su detención. El sindicalista permaneció alrededor de ocho meses. En los dos casos le comunicaron el día y hora de la liberación y pudo apersonarse para acompañarlos.
El testigo resaltó la presión psicológica que recibió durante toda la etapa represiva y las golpizas que padeció cada vez que iba a preguntar pos los suyos. Aseguró que su familia tenía militancia peronista pero nunca portaron armas.
Cuando le consultaron si sufrió algún procedimiento personal, recordó que el domicilio que compartía con su esposa e hijo fue varias veces allanado. En el último procedimiento realizado a fines del 76 o principios del 77, el hijo del dictador Rafael Videla —oficial del Ejército destinado en San Carlos— participó de una requisa en su casa. Después de golpearlo en la frente, entró a su domicilio, lo empujó sobre un sillón y le exigió: “Si no me decís donde está Susana Sanz te pego un tiro”, dijo. La mencionada era “la persona más buscada de San Rafael”, según la apreciación del testigo.
Asimismo, resaltó que, en la peor etapa, todos los días a las 11 de la mañana debía presentarse en la Municipalidad para ser interrogado en medio de maltratos. Coincidía en el mismo espacio con el Ingeniero Alberto Llorente, a ambos le preguntaban dónde estaba Susana Sanz de Llorente debido a su cercano parentesco. La situación la caracterizó como “una tortura psicológica permanente”.
A pedido del fiscal, Dauverné aclaró que Susana Sanz de Llorente era una abogada laboralista acusada de ser montonera a la que hicieron el único atentado con bombas que se conoció en San Rafael. Debió irse de su cuidad y partir al exilio con sus dos hijas.
Por otro lado, en relación al hostigamiento que recibió personalmente, recordó que por esos años se desempeñaba como médico de la UOCRA —Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina—. El sindicato fue intervenido por un coronel que le pidió se presentara en la SIDE local para responder a la acusación de “terrorista”. Dauverné cumplió el encargo y fue nuevamente golpeado sin explicaciones, pero despejó la acusación que pesaba sobre él.
Aunque el testigo trató de minimizar los castigos recibidos, el fiscal Pablo Garciarena resaltó: “Le pegaron en Inteligencia, le pegaron en la VIII, le pegaron en la Departamental, cada vez que lo veían le pegaban”. Armando hizo una reflexión sobre la omnipotencia que caracterizaba a quienes implementaron el terrorismo de Estado para concluir en que “se sentían dueños de la vida y la muerte” de la población.
El testigo recordó escasos nombres de los represores y optó por la descripción física. Ubicó a Labarta como interrogador, a Mussere como sanguinario y posible responsable de los asesinatos, al teniente Guevara —a quien caracterizó como una persona educada— y a Oscar Pérez, este último como jefe con mando con quien no tuvo trato directo.
Después de terminar la exposición guiada por la fiscalía, las partes solicitaron algunas aclaraciones y el testigo insistió sobre los agravios recibido por las familias de las personas detenidas. Recordó que la hermana de un preso le confió que fue violada por tres uniformados. Armando le aconsejó que denunciara el abuso ante la justicia y la acompañó a realizar la exposición.
También hizo referencia al pedido de las historias clínicas de las víctimas de la represión por parte de Abuelas y otros organismos, que supuestamente se encontraban en el hospital que dirigió. Al respecto recibió tres versiones diferentes, la más creíble dice que un destacamento del Ejército las retiró del archivo con destino incierto y no pudieron recuperarse.
La próxima audiencia será el 16 de febrero a las 9:30.
