05-05-21 | Se completó la lectura de la requisitoria que involucra a los policías Oscar Pérez, Norberto Mercado y Luis Eduardo Di Filippo iniciada la audiencia anterior. Luego se desarrollaron los requerimientos de elevación a juicio por las causas correspondientes a los militares Luis Rizo Avellaneda, Aníbal Guevara y Mario Ocampo. Así, se conocieron las calificaciones específicas que corresponden a cada uno de los imputados y sus fundamentos. La próxima audiencia será el 19 de mayo a las 9:30.
Con dificultades de conectividad, se realizó este miércoles la segunda audiencia del 11.° juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, el cuarto llevado adelante en San Rafael, resultado de la acumulación de las causas denominadas “Ocampo”, “Mercado” y “Rizo Avellaneda” —por los apellidos de tres de los acusados—. En la lectura de los requerimientos se obviaron aspectos abordados con anterioridad, como el análisis del contexto o los fundamentos comunes a todas las causas.
Los seis imputados cumplían tareas en la región de Cuyo, denominada “subzona 33”. Aquí la tarea de represión fue comandada desde la VIII Brigada de Montaña con asiento en Mendoza y comprendía, a su vez, a la subárea operacional N.º 3315 correspondiente a los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Los documentos obrantes en la Policía y el Ejército compilados por la fiscalía, así como los numerosos testimonios recibidos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en los dos juicios anteriores, permitieron el cúmulo de pruebas que sustentan el presente debate contra los acusados.
Norberto Mercado
Norberto Mercado era una de las máximas autoridades policiales destinadas en la División Cuerpos de la Unidad Regional II y, desde ese puesto, se le atribuye haber tomado parte de la ejecución de los hechos, con poder de emitir y retransmitir órdenes para que el aparato criminal lograra secuestrar personas, mantenerlas cautivas e interrogarlas bajo tormentos. Estuvo comprometido en los más importantes operativos realizados en San Rafael durante 1976.
Fue acusado como autor mediato de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes por diez hechos, en perjuicio de Alfredo Porras, Nilo Torrejón, Ramón Emilio Rosales, Roberto Rosales, Orlando Flores, Jorge Valentín Berón, Luis Alberto Berón, Juan Carlos Berón, Hugo Adelmo Riera e Isidro Calívar.
También se le atribuyó privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas por ocho hechos en perjuicio de los desaparecidos Héctor Aldo Fagetti, Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandoval, y otras cuatro personas detenidas: Josefina Margarita González, Ricardo Demetrio Ríos, Héctor Rosendo Chávez y Hugo Magallanes.
Se lo acusó, además, por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por dieciocho hechos en perjuicio de Héctor Aldo Fagetti, Jorge Valentín Berón, Luis Alberto Berón, Juan Carlos Berón, Ramón Emilio Rosales, Roberto Rosales, Orlando Flores, Nilo Torrejón, Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandoval, Isidro Calívar, Alfredo Porras, Josefina González, Hugo Riera, Hugo Magallanes, Ricardo Ríos y Héctor Chávez.
Oscar Raúl Pérez Fernández
Entre octubre de 1975 y noviembre de 1978, Oscar Pérez cumplió funciones como miembro del Departamento de Informaciones 2 de la Policía de San Rafael. A Pérez se lo acusa de homicidio doblemente agravado por alevosía por premeditación de una o más personas en perjuicio del desaparecido Hugo Dardo Montenegro.
También se lo responsabiliza penalmente de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, y tormentos agravados por la condición de perseguido político, en perjuicio de Hugo Dardo Montenegro.
Luis Eduardo Di Filippo
Se desempeñó como oficial subayudante del Departamento de Informaciones 2 —D2— de Mendoza desde el 6 de marzo de 1976 hasta el 25 de octubre del 76, cuando es trasladado al D4 de la Unidad Regional II, hasta octubre del 78. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 32. Di Filippo se encargaba de hacer inteligencia e identificar personas detenidas por su pertenencia política, a sus familias o agrupaciones específicas.
Fue acusado de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes por cinco hechos, en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosales, Hugo Riera, Humberto Ramón Roca, Isidro Calívar. También se lo responsabiliza de la privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenazas por cinco hechos, en perjuicio de Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal, Josefina González y Hugo Magallanes.
Finalmente, debe responder por tormentos agravados por la condición de perseguido político de las víctimas por diez hechos, en perjuicio de Roberto Rosales, Francisco Tripiana, Pascual Sandoval, Isidro Calívar, Alfredo Porras, Josefina González, Hugo Riera, Humberto Ramón Roca y Hugo Magallanes.
Luis Ricardo Rizo Avellaneda
Se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia de San Rafael desde el 17 de noviembre de 1975 hasta el 4 de diciembre del año 1977. Tuvo un rol fundamental en la implementación del plan represivo. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la de ejecutar rutinas técnicas: reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión y actividades psicológicas secretas.
Se lo acusa de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de los trabajadores de Carbometal Delfo Rodríguez, Néstor de la Barba y Carlos Arrigosi.
Aníbal Alberto Guevara
Se desempeñó primero como jefe de la Seccional y luego como teniente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, roles que le atribuían un numeroso personal a su cargo, al que dirigía y con el que participó personalmente en operativos de secuestro en febrero y marzo de 1976.
Está acusado por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Héctor Ramón Ortiz Bellene, dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Mario Guillermo Ocampo
Finalmente, en esta audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio por los delitos que se le endilgan a Mario Guillermo Ocampo, tercero en la cadena de mando de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII de Campo Los Andes, Tunuyán.
Al exmilitar se lo acusa como partícipe primario del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Félix Órdenes Velázquez, desaparecido durante 1976 cuando se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la dependencia militar antes mencionada.
Órdenes Velázquez era un joven de veinte años que no sabía leer ni escribir —según declarara su hermana—, perteneciente a una familia numerosa de Pueblo Usina, una zona popular reconocida por su combatividad en pos de mejoras en las condiciones de vida como el agua potable y la urbanización. Asimismo, concentraba a un núcleo de jóvenes peronistas que fueron perseguidos tenazmente. Los hermanos Berón, Rosales y Flores pertenecían al vecindario.
El soldado Órdenes, proveniente de ese barrio, realizaba el servicio militar en Campo Los Andes. En esa circunstancia, su cuñado, su madre —Rosario Del Carmen Velázquez— y una hermana fueron detenidas. El conscripto las visitó durante una licencia ordinaria y volvió al cuartel. Días después llegó un supuesto telegrama que avisaba que su madre estaba enferma, por lo cual —según los militares— se retiró a verla el 8 de agosto de 1976 y nunca más volvió. Tampoco arribó a San Rafael
A los quince días se presentaron en su domicilio y lo declararon desertor. Una estratagema frecuentemente utilizada para encubrir los casos de los 135 soldados conscriptos desaparecidos en el país.
La próxima audiencia será el 19 de mayo a las 9:30.
