AUDIENCIA 26 / DECLARÓ MERCADO Y NEGÓ RESPONSABILIDADES

04-05-22 | Comenzó su declaración Norberto Mercado, quien da nombre a la causa con mayor cantidad de imputados y víctimas involucradas en este juicio. Mercado ejerció la jefatura en áreas de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza y fue señalado por María Esther Dauverné como responsable de operativos de detención y tortura a presos políticos. El imputado negó las acusaciones ante el tribunal alegando no haber tenido responsabilidad en las órdenes, que estaban a cargo del Ejército. La próxima audiencia será el lunes 16 de mayo a las 9:30. 

«Yo obedecía órdenes del Ejército»

Norberto Mercado —subjefe de la División Cuerpos y jefe del Cuerpo Motorizado y Vigilancia de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza— cumplía tareas en la región de Cuyo, denominada “subzona 33”, junto a los expolicías Oscar Pérez y Luis Di Filippo, también acusados en este juicio. Mercado era una de las máximas autoridades de la regional en 1976 y desde ese puesto se le atribuye haber tomado parte de la ejecución de los hechos, con poder de emitir y retransmitir órdenes para que el aparato criminal lograra secuestrar personas, mantenerlas cautivas e interrogarlas bajo tormentos. En ese sentido, se le imputan los cargos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado, en algunos casos, más un mes; y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 18 hechos.

Mercado negó todas las acusaciones sobre «estos delitos de lesa humanidad ocurridos hace 46 años ya investigados en los juicios en 2010 y en 2015 en San Rafael». Y agregó: «Ya resultaron con condenas la mayoría de los imputados del segundo juicio. La señora Esther Dauverné es la única que se refirió a mí en el segundo juicio y agregó detalles que no había mencionado en otras declaraciones».

Declara Norberto Mercado

El imputado se desligó de haber detenido a 18 personas: «Ni estuve en el lugar, no ordené la detención de ninguno de ellos. Jamás interrogué ni torturé a nadie. Todos los involucrados en estos hechos fueron condenados en el primero y segundo juicio». Aseguró que no estuvo a cargo de los detenidos porque las únicas personas de las que sí fue responsable “constan en el registro y en el libro de novedades». «Todo esto fue investigado por el doctor juez federal Acosta y en constancia de registros y dichos de víctimas se señala que eran Musere y López los enlaces de la Policía. Además integraban el área operacional con el área militar, por eso resultan nombrados por la mayoría de las víctimas», señaló. 

Mercado aseguró que su jefe, David Masachesi, le prohibió acercarse a los detenidos, «que estaban bajo el mando de un suboficial del Ejército”. “Masachesi buscaba permanentemente datos de los privados de la libertad. Recién el 5 de marzo consiguió que un agente de Canes le diera de forma confidencial un papel con el nombre de los detenidos. Así se supo que eran Torrejón, Rosales, Berón, Fagetti y otros a quienes yo no conocía», continuó el imputado.

Agregó que «la Policía estaba bajo control operacional militar en la lucha contra la subversión establecido por decreto del 75. Por añadidura se dictó la ley del 24 de marzo del 76, que dispuso que las Policías, bajo control de las Fuerzas Armadas, quedaban sujetas al código de justicia militar. Se buscaba y trataba de localizar Montoneros infiltrados en las fuerzas, lo que se agudizó con el atentado al comedor de la Policía Federal en Buenos Aires, adjudicado a un miembro del ERP infiltrado en la policía».

Luego refutó la acusación que lo señala como jefe de la División Cuerpo: “Era el subcomisario David Massachesi, a quien quedé subordinado el 28 de febrero del 76″. Sobre él, refirió que en la indagatoria ante este tribunal, “Massachesi olvido que la responsabilidad de un área policial no se delega ni se comparte”. “Este señor, por ser subcomisario, ejercía comando, que es la función y responsabilidad asignada a un jefe policial», aclaró.

También puso en duda la veracidad de la declaración de Dauverné. «¿Por qué es propuesta María Esther Dauverné como testigo? Yo jamás le dije que podía ayudarla y menos aún que primero me dijera dónde estaba Susana Sanz. La División Cuerpo no tenía camionetas como la que ella señala y yo no estaba autorizado a conducir ese tipo de vehículos. Dijo otras barbaridades también. Mi defensor hizo el reclamo de que eso ya había sido juzgado, pero el fiscal dijo que había que escuchar lo que tenía que decir», sostuvo.

Tribunal

Mercado acusó a Dauverné de decir en este juicio cosas que en los anteriores no declaró e indicó que su abogado pidió compulsa por falso testimonio. «Qué raro que su esposo no dijera cuando declaró que yo obligue a su esposa a decirme dónde estaba Susana Sanz. Yo jamás amenacé a nadie a disposición del Ejército para obtener información». 

Agregó que los libros no señalan que saliera en operativos. “Dice ‘sale en comisión’, que es una palabra o una modalidad que se puso para ahorrar páginas y tiempo. Eso significaba que salía quizás a comprar cigarrillos a un jefe”. También rechazó la acusación del fiscal, que lo ubica como una de las máximas autoridades de los operativos represivos en el Sur. “Yo no podía oponerme al poder militar”, explicó.

«Se dice que quedó comprobada mi participación en el terrorismo de Estado. ¿En qué libro, en qué lugar, con qué testimonios se da cuenta de mi participación? Yo no tenía nada que ver. Estas aseveraciones son simples apreciaciones subjetivas de la fiscalía, porque no hay nada que pueda corroborar». Por último, negó haber participado en la detención de Chávez, Rosales, Fagetti, Ríos, Acuña, Tapia, Vargas, Calderón, Calívar, Porras y las demás víctimas por las cuales se lo acusa en este proceso. 

La próxima audiencia será el lunes 16 de mayo a las 9.30

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.