AUDIENCIA 30 / GUEVARA SE DEFENDIÓ CON UN ATAQUE CONTRA EL TRIBUNAL Y LOS FISCALES

29-06-22 | El exteniente Aníbal Guevara concretó la ampliación de su declaración indagatoria. Negó responsabilidad en las imputaciones que se le atribuyen y acusó al tribunal de tener vínculos de parentesco con la “subversión”. La próxima audiencia será el 27 de julio a las 9:30, pasada la feria judicial.

Acusación y autodefensa de Guevara

Aníbal Guevara está imputado en este juicio por la segunda detención de Héctor Ortiz Bellene, exsecretario de la Juventud Peronista y exdelegado del SUTE. «Estoy acá por mi condición de teniente, en este momento en condición de retiro”, comenzó. Argumentó que la fiscalía lo imputó por su condición de segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII, pero al momento de los hechos solo era “un jefe de sección integrante de la compañía». También acusó al Ministerio Público de usar escritos con errores y contradicciones como prueba de delito.

Aníbal Guevara

Guevara se refirió a una testigo que declaró haber sido visitada durante su detención en Tribunales: “Este no era un lugar clandestino de detención, las personas estaban allí y sus familias sabían que estaban allí”, sostuvo. La testigo aseguró haberlo visto en el edificio, razón por la cual el exmilitar buscó ahondar en lo que consideró datos falsos de los testimonios: «Dice esta persona que estaba mi nombre en el bolsillo del uniforme, cuando eso se empezó a usar en el 78 en la previa del conflicto con Chile. Lo más llamativo es que me describe como una persona rubia, alta. Con todo esto, fueron transformándome en distintas cosas… en la mano derecha de Suárez y  Stuhldreher, en especialista en inteligencia, en encargado de lugares de reunión de detenidos”, reclamó. Según Guevara, son muchas las declaraciones brindadas por imputados que «demostraron con claridad los errores de apreciación de los antecedentes, como libros, actas, etc.».

Acusaciones al tribunal y negacionismo

En un tramo de su intervención, Guevara recordó sus objeciones a los tribunales que lo han juzgado porque «tenían alguna relación con algún integrante de las asociaciones subversivas”. En este caso, se focalizó en la jueza Gretel Diamante, presente en esta audiencia vía Zoom desde San Luis: “Varias veces manifesté su condición de pariente de una persona desaparecida», sostuvo.

Se refirió concretamente a la “causa 13”, que juzgó a los comandantes de las Fuerzas Armadas y rangos similares, debido a supuestos errores de interpretación de la magistrada sobre la hipótesis de conflicto: «La doctora Diamante hace una serie de consideraciones cuando emite su voto. La primera de ellas hace alusión a la ‘causa 13’ del 84 diciendo que (…) las operaciones que se llevaron adelante fueron porque se instauró un ataque generalizado a la población civil. No lo dice la causa en ningún momento (…) la causa 13 [sostiene] que esto se trató de una guerra revolucionaria”.

En síntesis, Guevara negó el ataque sistemático contra la población en el marco del terrorismo de Estado: “No creo que sea correcto que la integrante de un tribunal anterior y este diga que se trató de un sistema de persecución a la población civil». 

También reprochó el proceder de la justicia respecto a la prueba: «Dice la causa [13] que resulta dificultosa la tarea de hallar orden directa y acabada de los hechos denunciados. Esa fue la directriz que orientó el análisis, (…) que a pesar de las dificultades no puede ser un obstáculo para avanzar (…) que todas estas causas de lesa humanidad se pueden apartar de las pruebas».

Contra los fiscales 

Tras cuestionar a la jueza Diamante, Guevara siguió con acusaciones contra los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena. En primer lugar, por las fechas de su designación en la VIII Brigada. El acusado sostuvo que su ingreso a la Compañía de Ingenieros de Montaña se produjo el 10 de diciembre de 1975, como indica su legajo. La fiscalía había referido que la designación en la VIII Brigada ocurrió el 31 de diciembre de ese año: “Es falso lo que dice el Ministerio». 

A la derecha, el fiscal Pablo Garciarena

Siguió: «Dicen que yo regreso a San Rafael del 27 de febrero del 76 a septiembre del 76. El legajo dice que voy en comisión a San Rafael entre el 24 y 27 de febrero a hacer reconocimiento de objetivos estratégicos, como eran la planta potabilizadora de agua, las usinas de El Nihuil, la central telefónica. De todo eso debía hacer el reconocimiento porque se suponía que podían ser atacados por las organizaciones». Según Guevara, tampoco es cierto que desde el 2 de noviembre del 76 realizó un curso de capacitación en inteligencia en Buenos Aires. «Yo exhibí copias donde dice que el curso al que asistí era de seguridad», indicó. 

Cuestionó asimismo el rango por el que lo imputaron y la idea de detenciones ilegales: «Dice el Ministerio que era teniente y jefe de sección (…) ladero incondicional en los operativos de secuestros. Todos los que declararon ser detenidos dijeron que se mostró la orden que impartía el allanamiento y que en todos ellos di mi nombre, mi grado y el lugar donde iba a quedar detenido. No eran secuestros (…) el lugar donde quedaron detenidos fue el palacio de Tribunales». 

Sobre la imputación por el secuestro de Ortiz Bellene, Guevara remarcó: «Nunca me mencionó el señor Ortiz Bellene como una de las personas que ocasionó su detención. Lo único que dice es que me vio en la bodega Garbín, cuando yo no estuve allí». Al finalizar su declaración, Garciarena pidió hacer una aclaración sobre los cargos que pesan contra Guevara, referidos a la segunda detención de Ortiz Bellene: «Se lo juzga no por asociación ilícita, sino por los tormentos que se hicieron en la mecánica de la detención». No hubo preguntas de las partes.

La próxima audiencia será el miércoles 27 de julio a las 9:30, tras la feria judicial.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.