27-07-22 | En la jornada de este miércoles se leyó la prueba documental incorporada al juicio. El fiscal Pablo Garciarena comenzó luego con la primera etapa de los alegatos, donde desplegó el contexto histórico del terrorismo de Estado en Mendoza y, en particular, de San Rafael. La próxima audiencia será el 3 de agosto a las 9:30.
Registros documentales
Tras la feria judicial se retomaron las audiencias del décimo primer juicio de lesa humanidad con la lectura de pruebas documentales incorporadas a la causa. En ese sentido, se detalló una larga lista de legajos de los imputados, constancias de ausencias de antecedentes de quienes fueron sus víctimas, papeles que corroboran las distintas detenciones que padecieron, declaraciones indagatorias, entre otros documentos.
Algunas de estas pruebas ya fueron incorporadas en juicios anteriores y otras se refirieron específicamente a las imputaciones nuevas de este proceso. Se incluyó, entre otros documentos, un habeas corpus a favor de Aldo Fagetti, el legajo CONADEP de Francisco Tripiana, el acta de libertad —a veces simulada— de varias de las personas detenidas, la foja de servicios de Isidro Calívar y la constancia de su detención.
Además, se sumaron libros de novedades de varias dependencias policiales por las que pasaron los presos políticos en el Sur, como la Seccional 14 de General Alvear, el destacamento de Rama Caída y la Seccional 32 de San Rafael. También se incorporaron los libros de la guardia de Infantería, de la guardia armada de la Penitenciaría de San Rafael, de la alcaldía de la Penitenciaría y de la Comisaría 8, del cuerpo de Bomberos y de la Departamental, todos sitios clave en el despliegue del plan represivo. Por último, se propusieron sentencias anteriores e informes médicos de los imputados.
Una «exhortación desesperanzada»
Antes del inicio de los alegatos, el fiscal Pablo Garciarena remarcó la importancia de haber desarrollado en los últimos doce años estos juicios para poder establecer «una verdad histórica, es decir establecer quiénes, cómo y por qué cometieron estos delitos y cuál fue la responsabilidad estatal». Garciarena sostuvo que desde 2010 y a lo largo de los juicios «se pudo desandar progresivamente» cómo fue el accionar represivo al tiempo que se iban obteniendo responsabilidades y condenas, entre ellas la del máximo responsable militar de la Subzona 33, Luciano Benjamín Menéndez.
En ese contexto se arribó a este juicio, donde hay ocho imputados y veintitrés víctimas. El caso de Hugo Montenegro, secuestrado y desaparecido, nunca había sido juzgado previamente. Señaló Garciarena la existencia prolongada de un pacto de silencio entre los acusados y exhortó a que «rompan ese pacto de silencio para poder conocer el destino de los desaparecidos en esta provincia», aunque admitió que se trata de «una exhortación desesperanzada» teniendo en cuenta que no se ha roto jamás.
Contexto histórico
Los alegatos, anticipó el fiscal, se dividirán en tres partes. La primera tiene que ver con el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos. Luego se repasará cada hecho en el orden cronológico de las audiencias, se evaluarán las pruebas relevantes y, finalmente, se determinarán las posiciones de derecho procesal y penal y el análisis de cada uno de los imputados.
Garciarena hizo un repaso de la estructura legal que sostuvo la represión estatal desde el plan CONINTES —Conmoción Interna del Estado— a fines de los 50, bajo el gobierno de Arturo Frondizi, hasta los decretos de “aniquilamiento de la subversión” de 1975, por los que se instrumentó el empleo de Fuerzas Armadas para la lucha contra la población civil. Luego describió las cinco zonas en las que se dividió el país para ubicar la Subzona 33, donde se encontraba Mendoza, y destacó el carácter secreto que tuvo el plan de exterminio sistemático ejecutado contra la militancia política. Puntualizó que «debe descartarse el concepto de exceso por la cantidad de delitos cometidos» investigados en los juicios de lesa humanidad.
Garciarena alegó también que «en San Rafael la situación fue parecida y diferente a lo que pasó en Mendoza». Fue similar en cuanto se atacó objetivos que tenían que ver con protestas en los barrios populares, «pero fue diferente porque fue contra la militancia de base, que peleaba por cuestiones concretas barriales, una labor política y social que desarrollaron víctimas de este juicio», indicó. La persecución recayó sobre personas jóvenes, muchas de extracción peronista, sobre militantes sindicales, profesionales y “peronistas históricos”. «En San Rafael, además de este compromiso político, también había relaciones personales», ilustró.
Recordó el accionar del Comando Pio XII, que implementó el «terrorismo de calle, que pretendía sembrar pánico en la población», y la aparición de los centros clandestinos de detención (CCD). En San Rafael el primero fue Infantería. Luego se sumó la Departamental. En toda la provincia de Mendoza fueron más de veinte CCD, explicó el fiscal. Apuntó también a los protagonistas del dispositivo represivo en el sur, es decir, la Policía —incluido el Departamento de Informaciones (D2)— y el Ejército, aunque existió colaboración entre las distintas fuerzas dentro de la Comunidad Informativa. Este espacio tenía entre sus actividades espiar a las y los militantes, hacer tareas de inteligencia o liberar zonas para realizar secuestros.
Se refirió también al destino de las personas detenidas: «En San Rafael, después de pasar por Infantería o la Departamental iban al D2», señaló. En muchas ocasiones se fingía la libertad de las víctimas, como sucedió con Fagetti, Tripiana y Sandoval, entre otras. Mencionó la organización de la Policía de Mendoza en cuatro unidades, de las cuales la segunda correspondía al Sur. En el marco del aparato represivo, señaló, «fueron muy importantes la Comisaria 8 y la 32». «En cuanto a lo militar de la Subzona 33 la tarea estaba comandada desde la VIII Brigada. Desde allí se organizaba el despliegue represivo que abarcaba San Juan y San Luis», indicó.
Los alegatos de la fiscalía continuarán en la próxima audiencia, que será el miércoles 3 de agosto a las 9:30.
