17-08-22 | El fiscal Pablo Garciarena continuó la lectura de los casos de víctimas que se juzgan en este juicio con testimonios en primera persona, repaso de pruebas documentales y referencias a anteriores procesos. La próxima audiencia será el 31 de agosto a las 9:30.
Persecución a militantes
Garciarena retomó la lectura de los casos de víctimas que se analizan en este juicio. Siguió con los hechos padecidos por Roberto Osorio, quien al momento de su detención, el 23 de marzo de 1976, atendía la farmacia de Alberto Martínez Baca. Osorio fue apresado con su esposa en su domicilio y fue visto en Infantería, según el relato aportado por varios testigos, entre ellos, Alfredo Porras. Falsearon su libertad con un acta firmada por Alberto Ruiz Soppe, Raúl Egea y un tercer policía. Osorio continúa desaparecido. Además de prueba documental y testimonios en este juicio, en declaraciones de los juicios de 2015 y 2010 Horacio Martínez Baca, Isidro Calívar, Roberto Flores, Susana Sanz, Alfredo Porras y Pedro Sandoval en los juicios de 2010 y 2015 reconocieron a Osorio en los calabozos.
Repasó también el fiscal los hechos padecidos por la esposa de Osorio, Josefina Margarita Rosales, quien fue detenida y prestó declaración testimonial en el juicio de 2010. Al respecto, además de testimonios, hay prueba documental de su detención en los libros de la casa Departamental, donde Osorio ingresó junto a Dardo Montenegro, Alberto Martínez Baca, Alfredo Porras y Francisco Tripiana, entre otros.
Por su parte, Isidro Calívar fue detenido la noche del 23 de marzo del 76 y liberado el 10 de mayo con un acta falseada. Fue nuevamente apresado y alojaron en una sala de calderas por dos meses más. Recuperó la libertad el 20 de julio del 76.
Alfredo Porras fue detenido a los 26 años, era abogado y había presentado varios habeas corpus por militantes políticos. Fue detenido el 23 de marzo del 76 en su casa de calle Tirasso y llevado a Infantería. La persecución contra Porras había empezado antes, recordó Garciarena. En el 74, por ejemplo, ocurrió la incursión de uniformados en su domicilio por un arma de su suegro.
Garciarena se refirió luego al caso de Pascual Armando Sandoval. Para ello citó testimonios de sus hermanos y su esposa en el juicio de 2015. Fue detenido el 24 de marzo del 76 en una quinta en Colonia Elena en la que su tío era contratista. Él había ido a ayudarlo en la cosecha. Lo llevaron a Infantería, también estuvo en la Departamental. Allí permaneció cuatro días, su familia le llevó comida pero no pudieron verlo. Le dieron acta de libertad pero a la fecha permanece desaparecido.
El fiscal mencionó los testimonios de personas que vieron a la víctima y declararon en el juicio de 2015, entre ellas Zapata, Isidro Calívar, Alfredo Porras, Nilo Torrejón, Susana Sanz y Roberto Flores. En cuanto a la prueba documental, el fiscal citó el libro de la Departamental donde se le dio ingreso, y se asentó también a los demás oficiales que entraban y salían de servicio.
Hugo Antonio Magallanes era empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica e integraba el sindicato. Un comando conjunto se presentó en su casa, en el departamento de Malargüe. Estuvo detenido 11 días en San Rafael y regresó a Malargüe, se presentó a trabajar en la CNEA pero le dijeron que volviera a su casa. Lo detuvieron en Gendarmería. Fue torturado y golpeado, lo sacaban afuera con temperaturas bajo cero. El fiscal citó testimonios de Marcos Valdez en ese juicio, también de Roberto Rosales, Roberto Flores, Sergio Chaki, Mario Bracamonte y Esther Dauverné. Todas estas personas mencionaron que estuvieron en la departamental con Magallanes.
Hugo Riera fue detenido el 2 de abril del 76, era delegado gremial de ATE. Regresó de trabajar y se habían llevado a su esposa y a su hijo. Lo detuvieron cuando realizaba la búsqueda y lo llevaron a Infantería por doce días. Allí lo interrogaron por Susana Sanz y por su militancia gremial. De Infantería lo llevaron a la Departamental hasta octubre del 76. También fue llevado a la bodega Garbín, desde donde lo liberaron. Todo esto, señaló el fiscal, fue corroborado por testimonios como el de Esther Dauverné, Roberto Rosales, Roberto Flores, Isidro Calívar y Mario Bracamonte.
Ricardo Ríos era pintor de obra y vivía en la calle Castelli junto a su esposa y sus tres hijos. Era militante peronista pero pasó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 9 de marzo del 76 tuvo una detención de 24 horas y luego el 29 de julio un grupo de tareas se lo llevó semivestido y descalzo, con seis grados bajo cero. Resistió la captura hasta que consiguieron reducirlo y cargarlo en el baúl de un coche particular que salió con rumbo desconocido. Permanece desaparecido.
Humberto Roca militaba en la Juventud Peronista (JP) y estaba estudiando Abogacía. Fue detenido y llevado primero a Garbín y luego a la Departamental. Allí fue encapuchado y sometido a interrogatorio. En noviembre del 76 fue llevado a Mendoza y estuvo en la Penitenciaría y posteriormente en la Unidad 9 de La Plata. A fines del 76 recuperó la libertad. El fiscal citó aquí testimonios y prueba documental sobre este caso específico.
Montenegro y el soldado Félix Órdenes
Hugo dardo Montenegro vivía en Alvear en el momento de ser detenido. «No sabemos nada de su vida personal ni familiar —apuntó la Fiscalía—. Declaraciones testimoniales lo ubican en la Departamental con otros presos políticos, que indican que a Montenegro lo traían de Alvear en muy malas condiciones y entre todos lo curaron porque no había médico». Supuestamente en octubre del 76 lo liberaron. Bracamonte relató los golpes que había recibido Montenegro en el segundo juicio: «Lo tenían que agarrar entre cuatro porque el cuerpo era como un bofe al sol, cuando respiraba le sonaba el pecho».
Citó el fiscal los testimonios de Hugo Riera, quien también declaró haber estado detenido con ellos, y Rosendo Chávez. El abogado relató que conocía a Montenegro y que le dio alojamiento en la JP de Alvear, ya que participaba de las actividades de la agrupación. Daniel Domínguez también lo mencionó en un juicio anterior. Roberto Flores y Germán Ríos lo ubicaron en la Departamental durante las testimoniales de este juicio. Esther Dauverné dijo que lo conoció y que había pintado carteles y un cuadro para su padre.
Sobre la prueba documental mencionó que el 15 de septiembre del 76 en el libro de Infantería consta que no se requisó a Montenegro porque no tenía elementos personales y quedó alojado allí. Luego, el 16 de septiembre del 76 se deja constancia de que Montenegro fue llevado a una sede policial.
Félix Órdenes Velázquez tenía veinte años y realizaba el servicio militar en Campo Los Andes. Salió de franco y unos días después de reincorporarse, el 15 de agosto del 76 le concedieron una licencia especial para ir a ver a su madre porque supuestamente había recibido un telegrama indicando que estaba enferma. Desde aquella salida simulada el soldado permanece desaparecido.
A los quince días de su ausencia, recordó el fiscal, las autoridades militares iniciaron un procedimiento por presunta deserción. En ese sumario intervinieron Ochoa y también uno de los imputados de este juicio, Mario Ocampo, el tercero al mando de la Compañía de Ingenieros. Luego Ocampo elevó las actuaciones informando que Félix Órdenes estaba prófugo y suscribió un acta donde se decía que el desertor no se había llevado ningún efecto de la dependencia. Para el fiscal, es claro que la detención tiene que ver con la actividad política de su familia, que ya había sufrido detenciones en marzo del 76.
Aquí Garciarena se detuvo en dos testimonios de los hermanos del soldado desaparecido.
Uno de los hermanos de Félix, Juan Antonio Pedroza Velázquez, dijo en el juicio del 2010 que conoció a «dos chicas que ayudaban a su madre con las gestiones del gas y el agua” y que su detención tuvo que ver con la detención de ellas. “Lo usaron porque él sabía dónde estaban (…) lo llevaron al domicilio de ellas”, leyó el fiscal. Félix se lo dijo a un militar en la Municipalidad: “lo llevaron camuflado porque las chicas lo conocían».
Se detuvo también la fiscalía en el testimonio de Blanca del Carmen Nievas durante este juicio, hermana del soldado que vivía con él, su madre y sus hermanos en la calle Telles Meneses, de lo que se conoce en San Rafael como Pueblo Usina. La mujer declaró que su familia, junto a los Berón y los Rosales, trabajaban para llevar el agua al barrio y organizaban bailes, rifas y demás para pagar el servicio. Ella recordó: «Había dos maestras que iban al barrio Pueblo Usina para ayudar a leer y escribir. Se llamaban Clara y Perla. Félix fue a la Municipalidad y dijo algo. En la Municipalidad lo hicieron vestir de camuflado para ir a buscar a esas chicas. Y luego la llevaron a mi mamá a la Municipalidad para ver si conocía a esas chicas y mi mama les dijo que sí. Esto me lo contó mi hermano en uno de sus viajes».
Tramo final de casos
Ramón Ortiz Bellene relató en este juicio que fue detenido dos veces a los treinta años. La primera detención, el 25 de marzo del 76, ocurrió tras una reunión en la casa de Sergio Chaki. En esa oportunidad un policía que él conocía de la primaria, Daniel López, le dijo que tenía que cuidarse. Relató que habían allanado su casa con el argumento de que usaba equipos de telecomunicaciones. La segunda detención fue el 17 de septiembre del 76. Lo llevaron a la bodega Garbín, después a Infantería y más tarde a La Pampa. En diciembre del 78 recuperó la libertad pero tenía que firmar dos veces por semana en oficinas de inteligencia. Relató que sufrió tormentos psicológicos.
Por último, Garciarena se refirió a los casos de Delfo Rodríguez, Néstor de la Barba y Carlos Arrigosi, extrabajadores de Carbometal, en El Nihuil. Los tres fueron detenidos y conducidos al destacamento de El Nihuil y luego a San Rafael. Trabajaban juntos en la fábrica y les atribuían el sabotaje de un horno. Según se ha dicho en este juicio, Luis Rizo Avellaneda los interrogó con un revólver y una cadena forrada con la que golpeaba un escritorio. Como prueba testimonial citó a Rodríguez y De la Barba, quienes declararon en juicios anteriores. Entre la prueba documental el fiscal mencionó libros de novedades del destacamento de El Nihuil.
La próxima audiencia será el miércoles 31 de agosto a las 9:30.
