14-09-22 | El fiscal Garciarena concretó el pedido de penas para los seis expolicías y exmilitares juzgados. Ariel Civil pidió la absolución lisa y llana para Oscar Pérez Fernández y la nulidad de la acusación contra su defendido. La próxima audiencia será el 21 de septiembre a las 9:30.
En la última jornada de su alegato ante el tribunal, el fiscal Pablo Garciarena solicitó la imposición de penas de prisión perpetua y de hasta quince años de prisión para seis integrantes de la Policía provincial y del Ejército por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios en el marco del decimo primer juicio por delitos de lesa humanidad. Este proceso, que unificó tres causas, abordó los crímenes en perjuicio de 23 personas.
Garciarena explicó que el pedido de penas tiene que ver con «la extensión del daño, las circunstancias del hecho, la intensidad del daño, la cantidad de personas y los motivos de la comisión del delito». Además, hizo foco en los agravantes: la modalidad de comisión de los hechos de acuerdo a la cual se infringía a las víctimas el mayor sufrimiento físico y psicológico posible, valiéndose para ello de los recursos del Estado; el hecho de haber movilizado en grupos organizados; el daño causado a familiares y círculos cercanos de las víctimas; el prolongado tiempo de privación de la libertad y las condiciones de encierro infrahumanas a las que se sometió a las víctimas y, por último, su pertenencia al Ejército y a la Policía.
También consideró agravantes las posiciones en las cuales ejecutaron los hechos que se les atribuyen. Se explayó: «Si bien es cierto que se llevaron adelante por autoridades militares, no todos participaron como integrantes en las condiciones que aquí son juzgadas, las conductas de los imputados requirieron un aporte real de voluntad expresa, lo que exhibe un grado mayor de culpabilidad». Además, Garciarena remarcó como agravante las conductas posteriores de los imputados. «No se observaron signos de arrepentimiento alguno, en este sentido, el reconocimiento de los hechos resulta un criterio gravitante para definir la pena».
Pedidos de perpetua
Garciarena pidió que se impusieran penas de prisión perpetua al exjefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, Oscar Raúl Pérez, y al exsubjefe de la División Cuerpos y exjefe de Motorizada y Vigilancia, Norberto Ernesto Mercado. También para Ocampo, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y luego jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo.
Norberto Mercado fue acusado como autor mediato de homicidio doblemente agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas por cuatro hechos en perjuicio de Aldo Fagetti, Francisco Tripiana, Roberto Osorio y Pascual Sandoval; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes por 10 hechos, en perjuicio de Alfredo Porras, Nilo Torrejón, Ramón y Roberto Rosales, Orlando Flores, Jorge Valentín Berón, Luis Abelardo Berón, Juan Carlos Berón, Hugo Adelmo Riera e Isidro Calívar —primera detención—; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 8 hechos en perjuicio de Aldo Fagetti, Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval, Josefina González, Ricardo Ríos, Héctor Chavez y Hugo Magallanes; y, por último, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 18 hechos en perjuicio de Aldo Fagetti, Juan Carlos Berón, Luis Abelardo Berón, Jorge Valentín Berón, Ramón y Roberto Rosales, Orlando Flores, Nilo Torrejón, Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval, Isidro Calívar, Alfredo Porras, Josefina González, Hugo Riera, Hugo Magallanes, Ricardo Ríos y Héctor Chaves.
La fiscalía acusóa Oscar Pérez como autor mediato de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y tormentos agravados en perjuicio de Hugo Dardo Montenegro. En tanto,a Mario Guillermo Ocampo se lo consideró autor mediato de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso de dos o más personas y privación abusiva de la libertad agravada por mediar amenazas en perjuicio de Félix Órdenes Velázquez.
Penas temporales
A Luis Di Filippo,oficial ayudante del D2,se lo acusó como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenazas por haber durado más de un mes por cinco hechos, en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosales —segunda detención—, Hugo Adelmo Riera, Humberto Roca e Isidro Calívar —respecto de su primera detención—; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por cinco hechos en perjuicio de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval, Josefina González y Hugo Magallanes —segunda detención—; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 10 hechos en perjuicio de Roberto Rosales, Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval, Isidro Calívar, Alfredo Porras, Josefina González, Humberto Roca, Hugo Magallanes —segunda detención— y Hugo Riera. Además, se lo consideró responsable de asociación ilícita en calidad de integrante. Por todo esto, el fiscal solicitó 15 años de prisión.
Luis Rizzo Avellaneda, jefe de Sección de Inteligencia de “San Rafael”, fue acusado como autor mediato de la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 3 hechos en perjuicio de Delfo Rodríguez, Néstor de la Barba y Carlos Arrigosi, además de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por las mismas víctimas. Para él, Garciarena pidió 8 años de prisión
Aníbal Guevara, exteniente del Ejército, fue acusado autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima, en perjuicio de Héctor Ramón Ortiz Bellene durante su segunda detención. El Ministerio Público Fiscal requirió 6 años de prisión.
Civit defendió a Oscar Pérez y atacó al fiscal
Tras al alegato de Garciarena se inició el turno de las defensas, con Ariel Civit en primer término.
Civit alegó en favor del expolicía Oscar Pérez Fernández y en los días posteriores lo hará por Norberto Mercado. Para Civit, la acusación del Ministerio Público constituye un mero «relato» sesgado y sin pruebas.
«En todos estos juicios hay una equiparación en los posicionamientos más que tratar un aparato organizado de poder o una estructura jerarquizada como puede ser un cuerpo policial», comenzó Civit. «El Ministerio Público trata de formular con fórceps una equiparación de personas. Un oficial ayudante de la Policía de Mendoza carece de la condición de mando. Es importante destacarlo. Era un subordinado sin capacidad de generar comando y sin posibilidad de tener funciones estratégicas en cuanto a ordenar operativos, dirigir los mismos y ordenar detención de personas, todos los motivos de la acusación».
«En esta audiencia en que acabamos de recibir el pedido de pena se habla de que un agravante es que no se ha arrepentido. Pregunto, ¿de qué tendría que arrepentirse Pérez? La tragedia que sucedió en la dictadura es una real desgracia, pero una cosa es el dolor que puede generar la empatía por padecimientos ajenos y otra cosa arrepentirse de algo que él haya hecho. No existiría de qué arrepentirse en el caso de Oscar Pérez», argumentó.
Civit buscó deslegitimar el alegato de la fiscalía que apuntó a Pérez como uno de los responsables del D2 y de haber replicado en San Rafael las condiciones de detención de ese centro clandestino. «Está tratando de equiparar una estructura acotada con una estructura absolutamente amplia. El D2 tenía calabozos amplios y acondicionados para torturar personas y mantenerlas detenidas mucho tiempo. Esa estructura no existía en San Rafael nada de eso ha podido demostrar el fiscal».
Luego negó que Oscar Pérez Fernández hubiera desarrollado tareas de inteligencia en San Rafael, dado que en el juicio se habría probado que su misión era ampliamente conocida. Incluso se mostraba en público con su uniforme, agregó Civit, y aseguró que estaba completamente subordinado a las autoridades.
Además, apuntó a las pruebas documentales aportadas por la fiscalía: un libro de novedades que lo registra en el D2 en 1975 y otro de Infantería de San Rafael. Dijo que Pérez Fernández ingresó en el D2 en octubre del 76 y no del 75, es decir, habría un error en los registros. También cuestionó por difusa la descripción que hizo «un escribiente» en Infantería, cuando anotó que el acusado había ingresado con Dardo Montenegro a cargo.
Civit acusó a Garciarena de ejercer «derecho penal de autor» al asociar a Pérez con el D2 y con tareas de inteligencia ilegales. El defensor del expolicía sostuvo que «el posicionamiento en un cargo no puede ser el baremo para vincular a la persona con un hecho antijurídico. Esto en los juicios de lesa humanidad no ha sido respetado. Pérez estaba sometido a una jerarquía, sometida al Código de Justicia Militar, por lo cual si se desobedecía una orden merecía la pena de fusilamiento».
Civit remarcó que no se podía ignorar la presencia del mayor Suárez: “Cuando Pérez ingresó al D2 no tenía posibilidad de secundar o auxiliar a las tareas represivas de los militares. Lo que ha hecho el fiscal para posicionar a Oscar Pérez en el D2 es usar una sola actuación que por error de tipeo lo consigna en octubre del 75 como integrando el D2″.
Sobre el libro de novedades de Infantería que menciona a Pérez con el detenido Dardo Montenegro, Civit señaló: «El libro tiene una anotación bastante vaga, no se registra que personal acompañaba a Pérez, qué móvil se usó para trasladar a Montenegro, y es un dato que al no constar va a ser relevante cuando uno lo vincule a la declaración de Pérez, porque él dijo que hubo un inconveniente porque fue trasladado desde Alvear y que llegó sin ningún tipo de documentación».
Aseguró sobre la acusación de autoría mediata: «No se entiende a partir de qué orden de Pérez se pueda generar la autoría mediata. La autoría se da hacia abajo, si subalternos de Pérez hubieran matado a Montenegro. No aparece la línea de la orden directa. La autoría mediata es de arriba hacia abajo (…) no se da del inferior al superior. Y la teoría del dominio del hecho es usada como comodín. Están usando una herramienta jurídica para lo que no se puede usar».
Ya en el cierre, Civit subrayó: «¿Cuáles elementos objetivos refutan la versión de Oscar Pérez? Ninguno. Con mucha liviandad se trata de condenar a las personas. Pérez tiene que responder por hechos ocurridos hace 46 años, las posibilidades de conseguir pruebas de su versión no existen. Esto es un mundo del revés». Pidió entonces la absolución lisa y llana de Oscar Pérez y la nulidad de la acusación del fiscal Garciarena.
El abogado cuestionó la labor del fiscal porque, habiendo estado Pérez Fernández en el banquillo de los acusados en juicios por lesa humanidad anteriores, no se le endilgaron los delitos por los que ahora se lo juzga: «Estamos sometiendo a Pérez a un doble juzgamiento, y la garantía non bis in idem es la que lo protege. Es una cláusula de un tratado internacional que trata de evitar el doble juzgamiento, sometemos a una persona a un mismo proceso con la misma base argumental mediante argucias. Es una calesita diabólica, volvemos a someter a Pérez con el mismo relato. Mi cliente lleva 12 años juzgado por los mismos hechos. Escucho a defensores de los Derechos Humanos hablar como un santuario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ellos la destrozan, todos estos juicios la destrozan».
La próxima audiencia será el miércoles 21 de septiembre a las 9:30.
