22-03-2023 | Luego de presentar a las partes, la secretaria del Tribunal Oral Federal 2 dio inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra Mario Guillermo Ocampo por 14 hechos ocurridos en San Rafael mientras se desempeñó en la Compañía de Ingenieros de Montaña 8 del Ejército. Ya pesan sobre él dos condenas a prisión perpetua. La próxima audiencia será el miércoles 29 de marzo a las 9:30.
La jornada comenzó con la presentación de las partes que intervendrán en el juicio. El tribunal está compuesto por Héctor Cortés, Paula Marisi y Alberto Carelli. Cortés presidirá las audiencias. La defensa oficial está representada por Andrea Duranti y Gabriel Sánchez. Por el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal auxiliar Daniel Rodríguez Infante.
El único imputado, Mario Guillermo Ocampo, presenció la audiencia por videollamada desde su domicilio en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. Entre 2012 y 2019 Ocampo estuvo prófugo. En septiembre de 2021 recibió su primera condena a reclusión perpetua en el marco del juicio por los delitos de la “contraofensiva montonera”, por haber sido jefe de la Segunda Sección de Ejecución en el Destacamento de Inteligencia 201 con asiento en Campo de Mayo. Un año más tarde, noviembre de 2022, volvió a sumar la pena máxima por la desaparición, en 1976, del soldado Félix Órdenes Velázquez, hecho investigado en el décimo primer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza.
Ocampo informó datos personales a pedido del presidente del tribunal. Entre ellos, que alcanzó el título de oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra y que se retiró del Ejército con el grado de coronel. El nuevo proceso investiga el rol de Ocampo en las detenciones ilegales y tormentos sufridos por 13 víctimas como integrante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Ellos son Sergio Chaki, Roberto Rolando Flores, Hugo Riera, Mario Héctor Bracamonte, Luis Enrique Barahona, Pedro Ítalo Carrozo, Rodolfo Ibáñez, Héctor Masini, Germán Ríos, Humberto Ramón Roca, Héctor Ramón Ortiz Bellene, Diego Pousadela y Miguel Luis Sabez. Salvo este último caso, todos fueron abordaros anteriormente en los juicios de San Rafael. Además, el militar deberá responder por la desaparición de José Guillermo Berón, hecho por el cual ya se dictaron condenas.
La represión en el sur provincial
Luego de esta identificación, la secretaria procedió a leer el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la justicia en 2015. El texto reconstruye el marco en el cual sucedieron los delitos que aquí se investigan, las principales estructuras del accionar represivo en la zona sur de Mendoza y las circunstancias de las detenciones imputadas a Ocampo.
Como se ha explicado a lo largo numerosos procesos previos, en la cuadriculación del territorio nacional Mendoza integró la Zona 3 —junto a Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, y Jujuy— correspondiente al Comando del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez. A su vez, Mendoza, San Luis y San Juan constituyeron la Subzona 33 dependiente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña con asiento nuestra provincia. Mendoza constituyó el Área de Operaciones número 331, dividida a su vez en siete subáreas, de la 3310 a la 3316. La subárea operacional 3315 incluía a los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear.
La lucha contra la “subversión” en la 3315 estaba a cargo de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII (CIM 8), cuyo jefes eran el mayor Luis Faustino Suárez y el capitán Luis Alberto Stuhldreher —segundo jefe—. Si bien la CIM tenía su asiento permanente en Campo Los Andes, Tunuyán, se había montado una base operativa en la ciudad de San Rafael, en Cuadro Nacional. Luego del golpe de Estado se trasladó al edificio de la municipalidad.
En cuanto a la inteligencia, existió en San Rafael una sección del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. La zona sur de la provincia quedó bajo la jurisdicción de la Unidad Regional II de la Policía, a cargo de Raúl Alberto Ruiz Soppe. Por último, el requerimiento enumeró los diversos Centros Clandestinos de Detención (CCD) que se han identificado hasta el momento: la Casa Departamental –en el subsuelo de Tribunales–, las instalaciones de Infantería, la Municipalidad, Cuadro Nacional y la Bodega Garbín, además, del destacamento de Bowen y la Seccional 14 de General Alvear.
Los hechos
Para la época de los hechos, Sergio Segundo Chaki trabajaba en la Fiscalía Correccional 2, estaba casado con Marta Susana Agazzini –también víctima– y tenían cuatro hijas. Sergio era militante peronista.
Fue detenido el día 29 de marzo de 1976 en su lugar de trabajo por el policía Hugo Trentini y otros dos uniformados. Lo trasladaron a los calabozos de la Casa Departamental donde permaneció hasta el día 4 de agosto. En ese CCD fue sometido a torturas y a un simulacro de fusilamiento.
Durante los interrogatorios de la Departamental vio al cura Franco Revérberi, quien se fugó a Italia luego de ser identificado por testigos en juicios previos –la justicia argentina espera novedades sobre su extradición–. A lo largo de los cuatro meses de detención no se presentó ninguna autoridad judicial. Su esposa le llevaba comida y pudieron verse solo en una sola oportunidad. Fue liberado desde la Municipalidad el 4 de agosto de 1976. Los hechos padecidos por Chaki han sido corroborados por numerosa prueba testimonial y documental. Existen constancias de su paso por la Departamental en los libros de novedades y un decreto posterior al arresto sobre su detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Roberto Rolando Flores era simpatizante de la Juventud Peronista, al igual que su núcleo familiar: su padre, su padre, sus hermanas Alicia, Mariluz y Estela y sus hermanos Orlando y Pedro. Mario Héctor Bracamonte manifestó que la actividad política que él y los Flores realizaban consistía en trabajo social: “Lo que aprendimos de Eva Perón, ser solidarios y teníamos una unidad básica donde estaban Ortemberg, Berohiza, Rosales, Flores, Porras”.
Roberto Flores relató que la persecución hacia su familia comenzó antes de 1976. Personal de la Brigada de Investigaciones y de la Seccional 8 hostigaba y detenía a sus integrantes por cualquier motivo, pero “después del golpe fue mucho más duro”, declaró.
El hombre fue detenido junto a Vitalio Acuña la madrugada del 6 de abril de 1976 en su domicilio particular y posteriormente alojado en un calabozo con chapas que se montó en Infantería. El operativo estuvo a cargo de un grupo de militares y policías que irrumpió violentamente en el domicilio en el ambos se encontraban. Reconoció a los policías Labarta, Daniel López y Mussere. Aseguró que ya conocían la habitación donde lo detuvieron porque en febrero de ese mismo año habían detenido a su hermano Orlando, a su padre y a su madre. Flores y Acuña fueron retirados con los ojos vendados. En Infantería permaneció quince días recibiendo todo tipo de golpes y malos tratos. Lo llevaron varias veces a un caserón viejo donde lo interrogaban por sus compañeros de militancia. En el calabozo no tenían dónde dormir, hacía mucho frío e inicialmente no recibieron comida.
Desde allí fue trasladado a la Departamental. Relató que durante su cautiverio para una fecha patria obligaron a los detenidos a con su cuerpo. Recuperó la libertad el 28 de octubre de 1976 desde la Bodega Fradeva (actualmente perteneciente a la familia Garbín) junto a Hugo Adelmo Riera, previo firmar un papel que le extendió el médico Ruiz. A la salida se encontró con Armando Dauverné, que había ido a buscar a Riera, su cuñado. Flores subió a ese mismo vehículo a fin de alejarse del lugar.
Hugo Adelmo Riera fue detenido el 12 de abril de 1976. Trabajaba en la mina Huemul de Malargüe, perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde era jefe de personal y delegado gremial de ATE. Presidía además la Juventud Peronista de Malargüe. Según su relato, el día de su detención retornó del trabajo a la casa de su suegro y suegra. Al arribar le informaron que Fierro y Labarta se habían la llevado detenida a su esposa, María Esther Dauverné, junto a su hijo. Le indicaron que el Luis Faustino Suárez quería hablar con él.
Riera se dirigió a la sede del Correo, donde fue privado de su libertad. Lo trasladaron a Infantería y lo arrojaron a los calabozos de chapa. En ese lugar vio a Dauverné y a su hijo, pero no le permitieron entablar contacto. Permaneció casi 12 días en Infantería, durante los cuales fue interrogado varias veces por personal del Ejército. Le preguntaban por su actividad gremial y por su relación con Susana Sanz. Compartió cautiverio con otros presos políticos.
De Infantería fue trasladado a la Casa Departamental y estuvo allí hasta fines de octubre de 1976. Padeció malos tratos y tormentos y relató numerosos episodios que involucran a al teniente Aníbal Alberto Guevara y José Martín Mussere. El día 28 de octubre de 1976 fue trasladado junto con Roberto Flores a la Bodega Fradeva. Luego de ser revisados por el doctor Cristóbal Ruiz se les concedió la libertad con la condición de no salir de la provincia sin autorización de la Policía.
Mario Héctor Bracamonte era militante de la Juventud Peronista. Como se dijo, realizaba junto a Flores, Porras y Berohiza trabajo social en el barrio, donde tenían una unidad básica. El día de su detención, 14 de abril de 1976, se encontraba de licencia en el trabajo. Al regresar, advirtió que su casa había sido allanada por personal militar y que habían detenido a su esposa, Epifanía Torres. Según declaró el propio Bracamonte, se dirigió entonces a la sede de la Municipalidad a presentarse ante el capitán Stuhldreher y quedó detenido.
Desde allí fue trasladado por militares a la sede de Infantería. Refirió que el traslado lo realizaban militares pero que luego lo custodiaban policías, cuyo jefe era David Masaccesi. Pasó luego a la Casa Departamental, lugar en el que permaneció por un período de cinco meses. El 26 de septiembre de 1976 fue trasladado a Mendoza y luego a la Penitenciaría de la ciudad de La Plata, sitio en el que permaneció detenido hasta el día 4 de marzo de 1977, cuando hizo uso de la opción de salir del país.
Luis Barahona vivía en Malargüe, era delegado gremial en la siderúrgica Grassi y afiliado al Partido Peronista. Fue detenido el 28 de abril por personal de la Policía en su lugar de trabajo. Lo trasladaron entonces a la Seccional 24 de Malargüe y, tres horas más tarde, a la sede de Infantería de San Rafael.
El 29 o 30 de abril por la noche el oficial José Mussere, junto a otros efectivos, lo condujeron a la Municipalidad de San Rafael, donde le hicieron subir las escaleras haciendo saltos de rana al tiempo que lo golpeaban. Allí fue vendado, desnudado, torturado con picana eléctrica y golpeado. Reconoció al oficial Alonso y al mayor Suárez. Luego de la tortura, lo trasladaron nuevamente a Infantería y llegó en muy mal estado de salud. Permaneció en Infantería una semana. Posteriormente pasó a la Casa Departamental, por casi ocho meses. El 26 de noviembre fue conducido a la Penitenciaría de Mendoza y el 6 de diciembre fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, desde donde recuperó su libertad el 12 de junio de 1977.
Pedro Ítalo Carrozo se desempeñaba como tesorero del gremio de correos, A.T.R.A.A. y era secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas. Fue detenido el 14 de junio de 1976 al mediodía, luego de un operativo realizado en el gremio, ubicado para esa fecha en la calle Buenos Aires de San Rafael. En el allanamiento los militares le preguntaban por los libros de contabilidad del sindicato. Según su relato, en su detención participaron Suárez, un policía de apellido Díaz y el doctor Cuervo. Fue conducido en una camioneta azul de la Policía hasta Infantería, previo paso por la Municipalidad: allí lo vio su esposa, Bárbara Sessa, también detenida ese día. Al día siguiente de llegar a Infantería fue trasladado a una casa de adobe que se encontraba a unos metros de la celda y permaneció cerca de un mes y medio cautivo. Posteriormente pasó a la Casa Departamental, también por el lapso de un mes y medio. Ingresó entonces a un CCD de la Ciudad de Mendoza y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata. Recuperó la libertad el 17 de junio de 1977.
Rodolfo Ibáñez fue detenido por las fuerzas militares el día 14 de junio de 1976 en la sucursal del Correo de San Rafael. Era delegado gremial. Lo condujeron a Infantería, donde permaneció alojado cincuenta y seis días. Antes de su detención lo había llamado el oficial Labarta, a quien mencionó como parte del servicio de inteligencia de la Policía junto con Fierro, para advertirle de su posible detención. Finalmente lo trasladaron a la Municipalidad, desde donde fue liberado.
Héctor Masini fue secuestrado el 2 de agosto de 1976 en su estudio jurídico luego de un operativo policial y militar. El mismo día allanaron ilegalmente su vivienda. Masini fue conducido a la Municipalidad donde fue interrogado, golpeado y torturado, entre otros, por Guevara, Daniel López y Mussere. La víctima estuvo cautiva en la sede de Infantería y más tarde fue alojada en la Casa Departamental. Allí permaneció dos o tres meses. Luego de su paso por los distintos CCD de San Rafael, fue trasladado a la Ciudad de Mendoza, detenido en la Compañía de Comunicaciones y finalmente en la Penitenciaría provincial hasta el 25 de marzo del año 1977. Ese día lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata. Recuperó la libertad el 17 de junio de 1977.
Con anterioridad a su detención, Masini se había entrevistado con el general Támer Yapur con el objeto de solicitarle la libertad de los presos políticos. Cuando estaba redactando dicha nota fue detenido por efectivos del Ejército. Tiempo después de salir en libertad, el propio Támer Yapur le comentó que lo habían estado investigando durante su detención y que no habían encontrado nada en su contra.
Germán Ríos era empleado de la firma constructora FGH y militaba en el Partido Justicialista, específicamente en una Unidad Básica del barrio Constitución. Fue detenido durante los primeros días de agosto del año 1976 por efectivos de la Policía. En el allanamiento también detuvieron a su esposa, embarazada de 8 meses, su hermano y su cuñado. Lo trasladaron en un camión azul a un lugar desconocido donde fue interrogado y torturado. Posteriormente, fue llevado a Infantería por medio día y a continuación a la sede de la Casa Departamental. En septiembre u octubre fue trasladado a la Bodega Garbín, donde fue nuevamente interrogado y torturado. Indicó que le preguntaban por Irma Berterré, una chica que curso el secundario nocturno con él. De allí fue conducido nuevamente a Tribunales hasta el 26 de noviembre del año 1976, momento en que pasó a la Penitenciaría de Mendoza. El 6 de diciembre lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata, donde recuperó la libertad en septiembre de 1977.
José Guillermo Berón se encuentra desaparecido. El terrorismo de Estado fue especialmente despiadado con la familia Berón. En febrero de 1976 fueron detenidos ilegalmente sus tres hermanos: Luis Abelardo, Juan Carlos y Jorge Valentín, este último de apenas 17 años de edad. “Los cuatro militábamos en la Juventud Peronista. El más chico iba de vez en cuando, no tenía el convencimiento (…) La militancia consistía en concientizar a la juventud, se hacía teatro en los barrios representando lo mal que hace el capitalismo. Nunca tuvimos una actividad armada”, declaró Juan Carlos.
José Guillermo, también conocido como “Pepe”, fue detenido junto con Daniel Navarro el 28 de agosto de 1976 en una fiesta de cumpleaños llevada a cabo una vivienda ubicada en la intersección de las calles Comodoro Py y Paula Albarracín de esta ciudad. Luego de su detención, fue trasladado a la Comisaría 8 de la Policía. El 30 de agosto lo condujeron desde esa comisaría a la sede de Infantería, para luego ser trasladado a la Casa Departamental. Su padre le llevó comida hasta que el 8 de octubre le informaron que José Guillermo había sido trasladado en un camión al comando. Junto a su hija Matilde Berón, el hombre se dirigió al Comando Militar ubicado en las calles Castelli y Urquiza y se entrevistó con el teniente Aníbal Guevara. Mussere les informó que en dos horas sería puesto en libertad. No obstante, no se tuvo más noticias sobre su paradero.
Existe un acta de reconocimiento médico y de la supuesta libertad de José Guillermo. El documento indica que a las 20:00 del 8 de octubre de 1976 Berón compareció al puesto comando de la Municipalidad en presencia del médico de la Policía y del asesor letrado Raúl Egea Bernal de acuerdo a lo ordenado por el jefe del área 3315, Luis Suárez, momento en que le habría sido otorgada la libertad. Tal como ocurrió en otros casos del sur provincial, se comprobó la falsedad de las “actas” que pretendían desligarse de la responsabilidad sobre la suerte del detenido. “Una verdadera puesta en escena con médico, abogado, militares, incluso haciendo firmar a la propia víctima”, sostiene el requerimiento.
La lectura del requerimiento de elevación a juicio continuará la próxima audiencia, prevista para el miércoles 29 de marzo a las 9:30.
