31-05-2023 | Amplió su declaración indagatoria el único imputado del juicio, Mario Guillermo Ocampo. Insistió en los errores de confección de su legajo y en la completa autonomía de la Compañía de Ingenieros de Montaña 8 respecto a la subárea operacional 3315 de San Rafael. Luego se leyó la lista con los elementos de prueba incorporados en la causa. La próxima audiencia, en la cual alegarán la fiscalía y la defensa, será el 12 de junio a las 14:00.
Concluida la reproducción de testimonios, el tribunal le dio la posibilidad de ampliar su declaración a Mario Ocampo. El acusado se expresó por videoconferenciadesde Buenos Aires, donde transita la prisión preventiva.
Los “innumerables defectos de confección” del legajo de Mario Ocampo
El coronel retirado comenzó su intervención negando haber cumplido funciones en la subárea 3315, correspondiente a San Rafael. Explicó que la Compañía de Ingenieros de Montaña 8 –ubicada en Campo Los Andes, Tunuyán– donde él se desempeñó era una delegación del Ejército Argentino y respondía al “despliegue territorial” de esta fuerza, establecido por Boletín Confidencial.
Sostuvo que esta unidad no tuvo responsabilidad en San Rafael ya que la subárea 3315 había sido creada por una Orden de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército “para un fin específico”, “la lucha contra la subversión”, con personal y medios cercanos a la zona donde actuaría. Según Ocampo, la autoridad de esta subárea era la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza y no la Compañía de Ingenieros. Tenían misiones y funciones distintas, argumentó.
Esto no significaba, según Ocampo, que la Compañía de Ingenieros de Montaña 8 quedara sin efecto: “Por el contrario, continuó con su misión, funciones y personal disminuido que le quedó”. Se excusó luego en la distancia entre ambas “organizaciones”, como las nombró. “No pasó jamás por mis manos ni por mi conocimiento nada vinculado con el área de San Rafael”, declaró. Las autoridades de la subárea San Rafael no le comunicaban cuando se presentaban en la guarnición Campo Los Andes, relató. Ocampo lo infería al ver los vehículos en sus respectivas viviendas.
“Como jefe accidental, desde el 23 de marzo del 76 quedé a cargo de lo que quedaba de la Compañía como único oficial y, además de mi rol dentro de la Compañía como oficial de Arsenales, con mi escasa experiencia asumí lo mejor que pude las tareas que debían continuar desarrollándose”. Insistió en su falta de trayectoria previa porque llevaba “solo seis años” como oficial del Ejército al ser nombrado en dicho rol.
Una de sus actividades, refirió, era recibir la documentación que ingresaba diariamente “de los elementos superiores” y distribuirla a quien correspondiera. Esta documentación concernía “pura y exclusivamente” a la Compañía de Ingenieros de Montaña, destacó. Todo lo correspondiente a la subárea de San Rafael se manejaba desde el puesto de Comando del jefe de esta jurisdicción.
Respecto a su legajo personal, “como todos los legajos, constituye un documento cuya clasificación de seguridad es estrictamente secreta y confidencial” y se guardaba en caja fuerte en la oficina de Personal. Para consultarlo había que solicitar autorización y no podía salir de esa dependencia. De este documento, lo único que Ocampo habría conocido durante su servicio fueron las hojas de calificación que debía rubricar, confeccionadas anualmente en el mes de octubre. No obstante, sostuvo, en algunos casos falta su firma.
Ocampo aseguró que recién accedió al archivo completo cuando lo imputaron por delitos de lesa humanidad, momento en que constató los “innumerables defectos de confección” que tendría, específicamente aquello que lo compromete en esta y otras investigaciones: “Comisiones que no existieron, licencias especiales no asentadas, licencias ordinarias que no coinciden con la realidad”, detalló. Señaló que no estaría consignada una licencia que tomó para asistir al bautismo de su tercera hija en Buenos Aires, en agosto de 1976. Tampoco una licencia especial por el fallecimiento de su suegra en octubre de ese año. “Estos hechos demuestran que la información del legajo no resulta fidedigna”, postuló. “Si nos guiamos por lo que surge del legajo, podría afirmarse que estuve en San Rafael, no obstante estuve en Buenos Aires”.
Las más de siete salidas en comisión a San Rafael a lo largo de 1976 que informan su legajo se deben, según el acusado, a errores de quien las asentaba en el documento. Incluso explicó que puede haber sido una estrategia de las autoridades para gestionar un suplemento salarial mensual para el personal en unidades de montaña. Agregó que el jefe de la Compañía y el encargado de Personal hacían una lista de salidas en comisión de oficiales y suboficiales cuyos nombres rotaban de modo que no figurasen siempre los mismos: “Para que en definitiva todos se beneficiaran con ello”.
Argumentó también que ningún testimonio lo nombró y que no fue visto en los lugares por donde transitaron las personas detenidas. “Por lo expuesto, solicito que el tribunal valore lo manifestado declarando mi total inocencia de los cargos que se me imputan”, concluyó, y se negó a responder preguntas de la fiscalía y las defensas.
Incorporación de prueba
El tramo restante de la audiencia se oyó a la secretaria del tribunal leer una extensa lista con elementos de prueba requeridos. Por incorporación directa, sin reproducción, las partes aceptaron incluir los testimonios –en instrucción o debate oral– de Sergio Chaki, Roberto Flores, Luis Barahona, Mario Bracamonte, Hugo Adelmo Riera, Pedro Ítalo Carrozo, Alberto Rodolfo Ibáñez, Humberto Roca, Héctor Masini, Germán Ríos, Diego Pousadela, Héctor Ortil Bellene, Miguel Luis Sabez, Oscar Isaac Juri, entre otros.
Enumeró luego la prueba documental: informes del Ministerio de Defensa sobre unidades militares; decretos del Poder Ejecutivo Nacional; prontuarios penitenciarios y certificados de libertad de las víctimas; declaración indagatoria de Ocampo y otros imputados de San Rafael; libros de novedades, de guardia y registro de detenidos correspondientes a dependencias militares, policiales y penitenciarias de San Rafael.
El lunes 12 de junio a las 14:00 tendrán lugar los alegatos de las partes.
