04-08-2023 | Con la presentación de las partes y la identificación de los imputados, comenzó el décimo tercer proceso judicial por crímenes cometidos antes y durante la dictadura. Se trata del mayor juicio de este tipo en Mendoza, con 28 imputados y 334 víctimas, e investiga al D2, el centro clandestino más grande de la provincia. La próxima audiencia será el 18 de agosto a las 9:30.
El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza (TOF 1), integrado por los jueces Alberto Carelli y Alejandro Waldo Piña, y las juezas Paula Marisi y Eliana Rattá (como cuarta jueza), dio inicio al décimo tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Mendoza. Con la sala de audiencias repleta, los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares, sobrevivientes, medios de comunicación y público en general presenciaron la primera audiencia de este debate. La preocupante anécdota de la jornada es que salió a la luz que uno de los imputados que debería estar en prisión domiciliaria trabaja diariamente en una playa de estacionamiento de la capital mendocina.
La acusación está integrada por la fiscalía, que estará a cargo de Daniel Rodríguez Infante, y las querellas: Viviana Beigel por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fernando Peñaloza por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Natalia Cecilia Liz Lorenzo por la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La defensa oficial, en los nombres de Alejo Amuchástegui y Leonardo Pérez Videla, representa a 27 de los 28 imputados. El abogado Fernando Lúquez y la abogada Agustina Rogé defienden al expolicía Eduardo Germán Cía.
Este juicio es, hasta el momento, el más grande de Mendoza de todos los que han investigado delitos de lesa humanidad. Tiene 28 expolicías procesados y 334 víctimas, 71 de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas. El proceso se propone investigar lo sucedido en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza, el D2, que fue el mayor centro clandestino de detención de la provincia de Mendoza. En sus oficinas se reunió, recopiló y organizó información sobre las personas y organizaciones que fueron blanco de la represión. La inteligencia desplegada por los integrantes de esta dependencia, además del trabajo activo de los grupos de tareas, facilitaron no solo la investigación sino los allanamientos, secuestros, cautiverios, desapariciones y asesinatos.
El presidente del tribunal, Alberto Carelli, fue nombrando uno a uno a los imputados para su identificación. La mayoría estuvo de manera presencial en la sala: Carlos Faustino Álvarez, Armando Osvaldo Fernández, Abelardo Santiago Garay, Pablo José Gutiérrez, Julio Héctor La Paz, José Esteban Roccato, Miguel Ángel Tello, Rubén Oscar Blanco, Carlos Plácido Escobar, Gerónimo Antonio Mateo, Oscar Alfredo Maturano, Antonio Marcos Ochoa, Omar Pedro Reta, Adolfo José Siniscalchi, Juan Hipólito Tello, Jacinto Salvador Olmedo, José Lellis Sosa y Teodoro Alejo Galigniana.
Mientras que otros participaron de la audiencia de manera remota, por videollamanda: Mario Alfredo Laporta, Miguel Ángel Salinas, Marcelo Rolando Moroy, Celustiano Lucero, Lucas Marcelo Garay, Rubén Darío González, Armando Oscar Quintero, Ricardo Benjamín Miranda y Eduardo Germán Cía. El imputado Omar Pedro Venturino está internado y no pudo participar de la audiencia.
La identificación transcurrió con normalidad hasta que, en un momento, intervino estupefacto el fiscal Daniel Rodríguez Infante. Advirtió al presidente del tribunal que uno de los imputados, Antonio Marcos Ochoa, debería estar en prisión preventiva en su domicilio, pero lo ve diariamente en la playa de estacionamiento donde deja el auto para ir a su oficina, ubicada frente al Colegio Universitario Central, en calle San Martín de la Ciudad de Mendoza. Según lo que tenían registrado, hacía trabajos administrativos desde su casa para esa empresa, pero tanto el fiscal como compañeras de la fiscalía, dan cuenta de lo contrario. Pidió que Ochoa fuera detenido y que se controlara con mayor rigurosidad las prisiones domiciliarias de todos los procesados.
Hacia el final, la fiscalía citó la acordada 1/12 para prescindir de la lectura íntegra de los requerimientos y hacer una exposición oral más sintética. Puso a disposición de los imputados y sus representantes los requerimientos que, entendió, podían ser revisados antes de la próxima audiencia.
La próxima audiencia será el viernes 18 de agosto a las 9:30.
