23-02-2024 | Declararon Julia Fernández, docente de la facultad de Antropología Escolar detenida en el D2, y Pedro Torres, detenido en el 75 e interrogado en otra comisaría por personal de esa dependencia. La próxima audiencia será el 8 de marzo en el ex-D2, donde el tribunal y las partes harán una nueva inspección ocular.
Al comenzar la audiencia, se acordó coordinar una nueva inspección ocular en el D2, con Irene Reyes como testigo del recorrido. Aún no se conoce si la investigadora Laura Rodríguez Agüero acompañará también la medida dispuesta por el tribunal para el 8 de marzo. Continuaron las declaraciones testimoniales.
Persecución en la Facultad de Antropología Escolar
Julia Rosa Fernández trabajaba como administrativa en la Escuela Normal —todavía bajo órbita de la Nación—, era psicóloga y docente en la Facultad de Antropología Escolar, cerrada en la dictadura. El 9 de mayo de 1976, alrededor de las 14:00, le avisaron en el Normal que había un grupo que preguntaba por “la profesora Julia Fernández”. Ella supo que estaba en peligro, conocía que había operativos clandestinos y gente a la que se llevaban y mataban en Papagayos. Les pidió a unas amigas que no le contaran a su padre para que no se preocupara. Efectivamente, la detuvieron policías de civil, armados, y se la llevaron a cara descubierta en un Peugeot 504 color naranja.
Entraron al Palacio Policial por el playón de atrás y la retuvieron más o menos hasta las diez de la noche en un lugar donde veía pasar gente, traían personas detenidas, les tomaban datos, les sacaban sus pertenencias. Luego la hicieron subir unas escaleras y entraron a un lugar con un cartel de “área restringida” y, al atravesar la puerta, tenía un pasillo que formaba una “T”. La dejaron en una celda pequeña, de hormigón, y recordó que, a pesar de no ser alta, ella no entraba acostada.
Al día siguiente abrieron las celdas y pudo ver que compartía cautiverio con Rafael Fornés —profesor de la Facultad de Antropología perseguido por enseñar educación sexual en la escuela química de Las Heras—, la abogada María Teresa Carrer —decana de esa facultad, tirada en el piso a pesar de tener un embarazo avanzado— y otras personas de la comisión interna del Banco de Previsión Social. Comparó esa circunstancia de detención con lo que se ve en la película La noche de los lápices. Por las noches hablaban de una celda a otra y cantaban canciones para darse ánimo.
Estuvo cuatro días en el D2. Durante su cautiverio, hombres “con cara de policías y aspecto de policías” la sacaron de la celda para interrogarla en una habitación sin nada a la que llegaban luego de bajar una escalera corta. Le preguntaron si había participado de las tomas en la facultad y de la quema de una bandera argentina. También le preguntaron por la radio Liberación, por el secretario académico —Hugo Sáenz—, por gente de partidos políticos y para saber a qué otras personas conocía. “Yo tenía mis ideas”, dijo, y contó que ella no militaba en organizaciones pero había participado de la reforma del plan de estudios y enseñaba sobre Paulo Freire y la educación popular.
Si bien en un principio aseguró que durante esos interrogatorios solo había sufrido violencia psicológica —”trabajaban con el miedo y el terror”—, el fiscal pidió leer parte del testimonio que prestó más de una década atrás, cuando contó que la zamarreaban y la golpeaban con un palo por la espalda. Julia Fernández asintió angustiada. “Hay muchas cosas que… las borré todas, dadas las circunstancias”, había dicho al iniciar su testimonio.
Si bien ella no había querido que le contaran a su padre de la detención, el hombre se enteró y contactó a Mario Irusta, segundo en la cadena de mando del interventor Támer Yapur y hermano del esposo de su tía. Supo que el coronel Echazu —interventor en Salud y Educación— había tenido que ver con su detención, que la habían denunciado como “agente real o potencial de perturbación” por haber participado de la secretaría académica con Sáenz y Carrer. Esa era la normalidad del contexto represivo: Fornés era perseguido por enseñar educación sexual y a otra profesora la habían echado por ser madre soltera.
Julia Fernández fue liberada del D2 luego de cuatro días, probablemente gracias a la intervención de su tío Bernardo Fernández Peláez, hermano de su padre y alto grado en el Ejército Argentino. Su mamá y su papá la estaban esperando a la salida y, durante un tiempo, volvió todos los meses a firmar a una oficina del Ejército en la calle 9 de Julio de Ciudad. Una persona de confianza que trabajaba en Tribunales Federales le dijo que en las oficinas había una ficha con su nombre, aunque nunca supo formalmente el motivo de su detención.
No todo volvió a la normalidad. La Escuela Normal todavía estaba bajo jurisdicción nacional y, por eso, era corriente que las esposas de los militares trabajaran allí, lo que hacía del establecimiento un lugar muy hostil para ella. El director la trataba bien, pero mucha gente la evitaba y la rechazaba. “Yo no podía hacer nada, estaba paralizada”, aseguró. Al poco tiempo supo de la llegada de una comisión que iba a tomar declaraciones juradas de todo el personal y el director le sugirió irse para no tener problemas. En septiembre fue cesanteada de la Facultad de Antropología Escolar, que luego cerraron definitivamente, y ante ese panorama se volcó a trabajar en el sector privado.
Los vínculos entre el D2 y la detención de trabajadores bancarios
Pedro Julio Torres era trabajador del Banco de Previsión Social y miembro de la Comisión Gremial Interna. En septiembre de 1975 –“a un mes y veinte días de casado”– fue detenido en la vía pública por policías uniformados, entre las nueve y las diez de la mañana, y trasladado a la Comisaría Tercera. Tenía un documento falso. Estuvo todo ese día en un calabozo. Por la noche lo retiraron y lo condujeron a una oficina donde, además de un comisario –así se presentó–, había dos hombres que hacían custodias en el Banco de Previsión Social y pertenecían al D2: “Yo los conocía del banco”. “La vigilancia del banco era ejercida por personal de la Policía (…) Todos sabíamos en el banco que eran del D2. Aparte de la policía uniformada que iba, o la Policía Federal, estos policías estaban de civil”, explicó el testigo.
Luego de negarse a declarar ante el comisario, los dos policías pidieron permiso para hablar con Torres en el calabozo: “¿Qué cagada te mandaste, Pedrito? (…) Anda tu padre desesperado buscándote por todos lados”, le dijeron. Su padre, también llamado Pedro Torres, había sido el mayordomo del banco. Al día siguiente lo llevaron a Tribunales Federales pero se abstuvo nuevamente de declarar. Ingresó finalmente a la penitenciaría provincial. En este lugar se reencontró más adelante con otros trabajadores bancarios e integrantes de la comisión gremial interna como Heriberto Lozano, Luis Ocaña y Felipe Cervine. En septiembre de 1976 Torres pasó a la Unidad 9 de La Plata y ese mismo mes, pero de 1980, recuperó la libertad luego de cumplir la pena que le fue impuesta. No recuperó su trabajo en el banco y se dedicó al diseño gráfico.
Si bien Torres ya declaró con anterioridad en el marco del cuarto juicio por la actuación de los exmagistrados, nunca practicó reconocimiento fotográfico del personal del D2. En consecuencia, la fiscalía solicitó al tribunal que se le exhiban las fotos de la época ante la posibilidad de identificar al comisario y los custodios del banco que vio en la Seccional Tercera.
La próxima audiencia será el 8 de marzo en el ex-D2, donde el tribunal y las partes harán una nueva inspección ocular.
