18-08-2023 | En la segunda audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, se debatieron dos planteos realizados por la acusación con relación a la ausencia de los imputados en la sala —ninguno de ellos presente— y a una serie de hechos vinculados con actitudes de intimidación y perturbación por parte de los acusados. La próxima audiencia no tiene fecha confirmada.
La segunda audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad, pactada para el día de la fecha a las 9:30, comenzó con demora. Con 27 de los 28 imputados conectados por videollamada, el tribunal inició a las 11:07 un debate que duraría poco más de treinta minutos. El único imputado ausente fue Ricardo Benjamín Miranda por problemas de salud. El juez Alberto Carelli alegó que la demora en el comienzo de la audiencia fue consecuencia de los controles que la DLP —Dirección de Promoción del Liberado— debía realizar en los domicilios de los imputados con prisión domiciliaria, cumpliendo con el pedido que la fiscalía había realizado en la audiencia anterior.
Una vez aclarados estos puntos, el tribunal cedió la palabra a la acusación. Primero, el fiscal Dante Vega introdujo los dos planteos que tratarían en la jornada: uno en relación con la inmediatez y otro relacionado con hechos de intimidación y perturbación sobre los que la fiscalía tuvo conocimiento una vez concluida la primera audiencia. Con respecto al planteo de la inmediatez, el fiscal comunicó la preocupación de la acusación por la ausencia de los imputados en la sala. Adujo que, si bien su ausencia se debe a problemas ajenos al tribunal —problemas que se acarrean desde la etapa de instrucción—, es importante que los imputados estén presentes para que sepan las alternativas del juicio y pidió la suspensión de la audiencia hasta que esto ocurriera.
Luego, tomó la palabra el fiscal Daniel Rodríguez Infante, quien profundizó en el tema de las prisiones domiciliarias de la mayor parte de los imputados. Planteó el fiscal que el arresto domiciliario no fue indicado por razones humanitarias, sino porque el juez de instrucción —Walter Bento, actualmente suspendido— entendió la prisión domiciliaria como una medida cautelar suficiente para neutralizar el riesgo procesal. Comentó que la fiscalía cuestionó esta decisión y que la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó luego la necesidad de la prisión preventiva para neutralizar el riesgo procesal. Sin embargo, la acusación consideró prudente que esa prisión preventiva no se realizara en un establecimiento penitenciario por desconocer el estado de salud de cada uno de los imputados. De esta forma, debido a las irregularidades en la etapa de instrucción que derivaron en el desconocimiento del estado de salud de los imputados, la fiscalía pidió al tribunal que disponga que el Cuerpo Médico Forense concluya el análisis clínico de cada uno de los acusados cuyo arresto domiciliario fue otorgado para que se pueda evaluar quiénes padecen una situación clínica que justifique su arresto domiciliario y quiénes deben transitar la medida cautelar en un establecimiento penitenciario. Alegó Rodríguez Infante que este planteo sobre el riesgo procesal no se basa solo en la expectativa de pena que enfrentan los acusados, sino también en que son personas que estuvieron insertas en una estructura de poder estatal, lo que eleva directamente el riesgo procesal.
Posteriormente, el fiscal presentó el segundo planteo relacionado a algunos hechos de intimidación y perturbación sobre los que la fiscalía tuvo conocimiento una vez terminada la audiencia inicial, que se vinculan a casos de provocación y también a la organización de las audiencias. En uno de los casos, tres de los acusados que se encontraban en las afueras de Tribunales propusieron “a viva voz” ir a tomar un café —incumpliendo así con la prisión preventiva— y se rieron socarronamente ante el reclamo de dos integrantes del Colectivo Juicios Mendoza; en otros, dos de los acusados se dirigieron con tono burlón a personas que se encontraban tomando fotografías en la audiencia. La fiscalía consideró que en estos hechos se advierte la necesidad de revisar las dinámicas de ingreso y egreso de los acusados para evitar que circulen libremente incumpliendo su prisión preventiva y para evitar su contacto con el público que asiste a presenciar las audiencias que, en algunos casos, son víctimas y/o testigos del juicio. Además, pidió que se realizara un llamado de atención a José Esteban Roccato, Armando Osvaldo Fernández y Gerónimo Antonio Mateo por su participación en los hechos. El fiscal Rodríguez Infante finalizó su participación resaltando que es importante la necesidad de dejar en claro a los imputados las normas que los rigen desde el inicio de este juicio. A los pedidos de la fiscalía adhirieron las querellas: la abogada del Movimiento Ecuméncio por los Derechos Humanos (MEDH) Viviana Beigel añadió que estos hechos denotan la falta de seriedad con la cual han tomado este juicio los acusados y resaltó que se debe tener en cuenta que en este juicio se están juzgando los más graves crímenes que se han cometido contra la humanidad en nuestro país.
Luego, se le concedió la palabra a la defensa oficial, que declaró estar de acuerdo con el planteo de la inmediatez e hizo notar que hay problemas de salud, de edad y de logística que deben tenerse en cuenta. Manifestó no tener problemas con la petición de exámenes médico-forenses y ofreció los legajos médicos de cada uno de sus 27 imputados. Por su parte, el abogado Fernando Lúquez, defensor particular de Eduardo Germán Cía, planteó que el requisito de inmediatez se cumple y que, en caso de que el tribunal no lo considerara así, es necesario valorar primero quién está en condiciones de estar presente, “sobre todo en cuestiones de salud mental”.
Finalmente, el juez Alberto Carelli cerró la audiencia comunicando que, a raíz del pedido de que se realicen audiencias continuadas y de la necesidad de revisar las posibilidades para que esto suceda, el tribunal no dejaría fijada la fecha de la próxima audiencia. Aclaró que posiblemente se estipulen para el 29 o 30 de septiembre y que en ellas se oirán los alegatos de apertura.
