29-05-2026 | La fiscalía alegó por tres casos que investigan los crímenes del D2 contra ocho jóvenes militantes secuestrados entre septiembre y noviembre de 1975. Uno de ellos, Luis Moriña, es la primera víctima de desaparición forzada en Mendoza. La próxima audiencia será el jueves 4 de junio a las 9:00.
La audiencia 66 fue convocada esta misma semana y a pesar de que la cita era a las 9:00, empezó minutos antes de las once de la mañana. Sin imputados en la sala, el Ministerio Público Fiscal continuó sus alegatos por tres casos que investigan lo sucedido con ocho víctimas secuestradas entre septiembre y noviembre de 1975 Uno de estos ocho jóvenes varones fue la primera víctima de desaparición forzada en Mendoza: Luis Rodolfo Moriña.
Caso 10: una sola persona investigada, cuatro detenidas
Las víctimas de este caso son Vicente Antolín, Daniel Tagarelli, Daniel Sendra y Víctor Tagarelli. Solo el primero de ellos tiene causa por averiguación de antecedentes. El resto, nada. Sin embargo, el expediente de Antolín inicia sin motivo ni pedido, con una orden de allanamiento de su domicilio dictada por el juez Miret. En sede judicial, el jefe del D2 dijo de manera imprecisa que fue solicitado a raíz de distintas averiguaciones de la policía.
Vicente Antolín tenía 22 años, militaba en Montoneros y era delegado gremial del Banco Mendoza. Declaró en este juicio y en instancias anteriores. El 29 de septiembre de 1975, alrededor de doce policías vestidos de civil arribaron al domicilio familiar en Villanueva, Guaymallén y requisaron la casa. Se llevaron libros, papeles y una máquina de escribir y lo trasladaron al D2. En un reconocimiento fotográfico más reciente para reconocer a quienes arribaron a su casa, Vicente identificó a personal del D2, como López y Roccato.
Además, fue el D2 la dependencia que redactó cuatro carillas del acta de procedimiento de aquel allanamiento con todos los objetos secuestrados. Entre otras cosas, enumera planchas de plástico, de goma, sellos aclaratorios, cédulas de identificación de automotores, talonarios de la Dirección General Impositiva, documentación del Partido Peronista Auténtico y de Montoneros. Aunque ningún elemento fue remitido al juzgado, en el expediente hay permanentes referencias del fiscal Romano y del juez al material secuestrado. “¿Dónde está el material, cuál es la base de la imputación?”, cuestionó la fiscalía.
Vicente Antolín contó que las sesiones de tortura empezaron apenas llegó al D2. Entre golpes y descargas eléctricas con la picana, le preguntaban por su actividad sindical y por Montoneros. En total, lo sometieron a tres sesiones de torturas intensas con dos o tres personas que no pudo identificar porque estaba encapuchado. Mientras estaba cautivo en el D2, estaba desaparecido para la familia. El padre presentó un habeas corpus con información para dar con su paradero, pero se lo rechazaron con costas, es decir, le hicieron pagar gastos.
En una ocasión, Antolín le escribió una nota al tribunal para que le dijeran por qué estaba preso y para pedir que lo citaran porque quería denunciar apremios. Lo citaron dos meses después y cuando lo vieron, dejaron todo sin efecto porque no podían constatar ninguna marca o lesión.
Mientras tanto, el expediente policial fue elevado a la Justicia Federal y el juez Miret declaró la competencia. En ese contexto, llamaron al padre de Antolín a declarar el 20 de julio de 1976 y lo sometieron a un interrogatorio por su hijo: si sabía dónde militaba, si tenía mucha memoria, si detectó cambios en su personalidad, si supo por qué palideció cuando irrumpieron en el domicilio. Condenaron al joven a siete años de prisión.
Estuvo hasta fines de octubre detenido en el D2, después pasó por la Penitenciaría de Mendoza, la Unidad 9 de La Plata y la cárcel de Caseros. Obtuvo su libertad en septiembre de 1980.
Mario Daniel Tagarelli
Tenía 25 años y era delegado de centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza. Integraba la organización TUPAC (Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combativa), el brazo universitario de Vanguardia Comunista. Fue detenido el 22 de noviembre de 1975 cuando personas vestidas de civil irrumpieron en su domicilio ubicado en la calle República del Líbano del barrio Bombal. Él y su hermano, Víctor, quisieron esconderse en el dormitorio, pero los sacaron a los golpes.
En su declaración en este juicio, Daniel contó que lo subieron a una camioneta verde y lo trasladaron a la Comisaría 1, en la calle Mitre, donde los tiraron al suelo, los golpearon e insultaron. De ahí lo trasladaron al D2, lo encerraron en una de sus celdas y luego lo llevaron a una pequeña habitación donde cuatro o cinco personas que no pudo identificar lo sometieron a sesiones de tortura con picana eléctrica.
Días después lo alojaron en la Compañía de Comunicaciones, donde estuvieron unos días con su hermano y también estaba su novia de entonces, Silvia Minto, quien también declaró en el juicio. A Daniel le impactó encontrarse con esas dos personas en un contexto de debilidad física, tortura y golpiza. Recuerda que se encontró con Luis Moriña, actualmente desaparecido, quien en medio de su malestar le decía “Ratón”, su apodo, y le daba aliento para aguantar. La segunda vez que lo escuchó estaba peor, “muy ido”, y no lo volvió a ver.
Para el fiscal Dante Vega, este procedimiento conjunto entre el D2 y el Ejército es prueba de cómo el circuito concentracionario iba tomando forma luego de los decretos de aniquilamiento que concedían al Ejército la responsabilidad de la lucha contra la subversión.
Después de la Compañía de Comunicaciones, a Daniel Tagarelli lo alojaron en la Penitenciaría de Mendoza. Allí, un guardia lo llevó a una pieza donde le dieron golpes de puño, puntapiés y hasta le aplicaron picana eléctrica. Un médico dijo que Tagarelli quedó en mal estado: la costilla izquierda quebrada, los testículos quemados y moretones en todo el cuerpo. Pero el médico del penal, doctor Casetti, le dio una aspirina y se fue de la celda. El joven lo conocía porque era amigo de su padre y le pidió que lo llevara a la enfermería, pero el médico respondió: “No, pibe. Vos estás bien acá”.
Décadas más tarde, en 2001, Daniel pudo identificar a ese guardia que lo llevó a la tortura. El hombre apareció en la televisión durante un motín vendimial que salió en el noticiero. Se trata de Oscar Bianchi, ya condenado en un juicio por delitos de lesa humanidad.
Meses después lo llevaron a la Unidad 9 de La Plata. Aunque nunca hubo causa ni delito, mientras estaba en el penal bonaerense, lo llamaron a prestar declaración indagatoria y en esa instancia le informaron que tenía una causa por infracción a la ley 20840. En 1977 recuperó su libertad.
Daniel Camilo Sendra
Tenía 20 años y estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Vivía con su mamá y con su hermano en San José, Guaymallén. El sábado 22 de noviembre de 1975 a las cuatro de la mañana, abordó su domicilio un grupo de personas que dijeron ser de la policía y del Ejército. En su declaración, Sendra contó que entraron a los golpes, dos personas redujeron a la gente y el resto se encargó de robar todas las cosas de valor que encontraron.
Lo llevaron a una dependencia de Bomberos con ingreso por la calle Rodríguez, de Ciudad, donde se encontró con otras personas detenidas en una especie de galpón. Le dieron golpes de puño en la espalda a la altura de los riñones y lo obligaron a estar parado dos días. Recuerda haber visto al Chino Moriña y cree que se murió aquí porque se escuchaban los gritos mientras lo picaneaban y de repente, silencio. En un camión militar, lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones, donde había camas con muchas personas detenidas y golpeadas como él. En esa dependencia lo sometieron a torturas salvajes: lo colgaron, lo desnudaron por mucho tiempo y lo sometieron a simulacros de fusilamiento.
Alojado en la penitenciaría, un guardiacárceles los juntó a varios y les dijo que estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero hasta ese momento no sabían nada. Un día de diciembre, le dijeron que se pusiera “presentable”, lo subieron a una camioneta doble cabina, lo tiraron en el piso de atrás y apoyaron sobre su cuerpo los pies con borceguíes de tres hombres que no dejaban que se moviera. Como tenía los ojos descubiertos, sabía que lo llevaron al D2. Le tomaron fotografías y huellas digitales, pero como le pusieron luces fuertes de frente, no pudo reconocer a nadie. Cuando Sendra volvió a la cárcel, tenía quemado el costado del cuerpo por el escape de la camioneta y las lesiones quedaron acreditadas en el prontuario penitenciario con la firma de un enfermero.
Mientras estaba detenido, su madre solicitó audiencia con el general Santiago, pero todo derivó en que lo llamaran a él para interrogarlo. Gómez Saá le preguntó por su militancia y también quién podía acreditar que él fuera realmente estudiante de Medicina. Ante la respuesta del joven, trasladaron a monseñor Rey al comando para confirmar la respuesta. A Sendra lo llevaron de nuevo a la cárcel y el 20 de marzo de 1976 salió en libertad.
Víctor Tagarelli
Tenía 23 años y estudiaba Medicina en la UNCuyo. Militaba en la TUPAC y vivía con su hermano, Daniel, en el barrio Bombal. El 22 de noviembre de 1975 fueron secuestrados desde la vivienda, aunque los separaron en el traslado. Lo llevaron a la Comisaría 1 y a la Comisaría 7, donde fue golpeado sistemáticamente durante días, y al D2, donde lo torturaron en un sótano. También estuvo en un lugar donde había mucha gente, lo ataron a una silla y lo torturaron con picana en la planta de los pies, en los testículos y en la espalda. Mencionó el mismo galpón donde estuvieron detenidos y recordó de allí a Luis Moriña, un compañero de la facultad que gritaba cosas incoherentes.
En una oportunidad les dijeron que pasaron a control del Ejército, los llevaron a la Compañía de Comunicaciones y los colocaron en camas. Recordó allí nuevamente al Chino Moriña gritando por su madre. El 30 de noviembre lo trasladaron a la penitenciaría provincial, según figura su prontuario, y recuperó su libertad el 20 de marzo del 76 porque levantan el decreto del PEN.
Caso 11: Carlos Eduardo Cangemi
La fiscal Analía Quintar alegó por este caso. El hombre falleció y no pudo declarar en este juicio, pero sí en la etapa de instrucción en 2009 y en el cuarto juicio. Carlos Cangemi nació en San Juan y tenía 26 años al momento de los hechos. Era actor y trabajaba en un negocio de artículos para turistas en la Ciudad de Mendoza. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y vivía en el barrio Espejo, de Las Heras.
El 11 de noviembre de 1975 alrededor de las 22:00, Cangemi fue detenido por el Cuerpo Motorizado de Vigilancia cuando volvía a su casa. Inmediatamente lo pusieron a disposición del D2 y lo trasladaron a esa dependencia policial, donde elaboraron un sumario por infracción a la ley 20840. El acta de procedimiento del expediente confeccionado por el D2 está firmada por Celustiano Lucero y Armando Fernández. Dice que el personal de Motorizada lo detuvo por estar repartiendo volantes del PRT-ERP. En sus declaraciones, Cangemi confirmó que fue abordado por dos policías uniformados, que fue esposado y sin explicaciones lo llevaron al D2.
Según las constancias, le solicitaron una autorización para allanar su domicilio, pero el hombre dijo que nunca permitió algo así. De todas maneras, como de costumbre, lo hicieron. Fernández y un grupo de agentes del D2 firmaron esa acta de requisa y luego fueron citados por la Justicia Federal para ratificar este procedimiento —“ilegal, por cierto”, dijo Quintar—.
En su declaración, Carlos Cangemi contó que apenas llegó al D2 le dieron un golpe en el estómago que le hizo perder el conocimiento y lo llevaron a una sesión de tortura de más de una hora. Lo obligaron a desnudarse, lo ataron a una cama, le taparon la boca con una almohada y mientras lo torturaban con picana eléctrica le hacían preguntas sobre su militancia. “Fue una experiencia atroz. Es como sentir tenazas que te aprietan y retuercen la piel, sobre todo en partes delicadas como tetillas y genitales. Lo peor fueron los dientes y las encías. Yo logré resistir, pero sentía que el alma se me estaba yendo”, declaró. Y dijo que había compañeros que decidieron quitarse la vida antes que volver a sufrir eso.
En el D2 estaba alojado en una celda muy pequeña en la que entraba una sola persona detenida. Cuando llegó, en otros calabozos había más personas cautivas, seis varones y dos mujeres. Tenía una puerta de hierro y una luz muy tenue que siempre estaba prendida. Permaneció vendado y atado, sin ir al baño, sin comer ni beber nada.
Le tomaron declaración indagatoria dos días después, el 13 de noviembre, pero el sumario fue cancelado con firma del jefe del D2, Sánchez Camargo, y Fernández, quienes elevaron la causa a la Justicia Federal. Estuvo secuestrado seis días en el D2, hasta el 17 de noviembre de 1975, fecha en que lo llevaron a declarar a la sede judicial y lo remitieron a la Penitenciaría de Mendoza. En el acta figura que se abstuvo de declarar, pero en juicio Cangemi contó que él quiso declarar sobre los malos tratos y las torturas y el juez se negó a dejarlo asentado.
A mediados de 1976 lo volvieron a llevar al juzgado y allí sí dejaron constancia de los malos tratos. Además, autorizaron una revisación médica porque tenía una enfermedad de base, pero no hay constancia de que la hayan hecho. El 27 de septiembre fue trasladado a la U9 de La Plata, con la violencia y la brutalidad característica de esos traslados en Hércules.
Lo condenaron el 11 de agosto de 1977 a cinco años de prisión por los papeles que supuestamente encontró el D2 en su casa durante el allanamiento.
Dos años después, el 24 de junio del 79, lo volvieron a traer a la cárcel de Mendoza y la madre hizo una presentación denunciando que la salud de su hijo estaba comprometida porque le habían quitado la medicación de su enfermedad. Le respondieron veinte días más tarde diciendo que no podían revisarlo porque ya había sido llevado nuevamente a La Plata. Poco tiempo después, el 28 de julio, obtuvo la libertad condicional desde el penal bonaerense.
Los siguientes dos casos no son procedimientos extensos con gran cantidad de víctimas pero la fiscalía los considera muy significativos. Corresponden a noviembre de 1975 y sucedieron luego del dictado de los “decretos de aniquilamiento”. Entre ellos está incluida la primera desaparición forzada de la provincia.
Caso 12: Atilio Luis Arra
Atilio Luis Arra fue detenido el 22 de noviembre de 1975. Era empleado de la Casa de Gobierno y militante de la Juventud Peronista. El secuestro se produjo en su domicilio de Ciudad. Por la madrugada, 12 personas irrumpieron en la vivienda familiar donde también estaban su madre y su hijo pequeño y robaron documentación, ahorros en dólares y otros objetos. La víctima había sufrido allanamientos previos y el secuestro de un automóvil.
En la causa titulada “Fiscal contra Sarrode” –por infracción a la ley 20840–, expediente en el que fueron incluidas varias víctimas detenidas en esta época, consta la declaración de Arra frente al juez federal. En esa oportunidad dio detalles del operativo: narró que fue trasladado al D2 encapuchado y atado en el piso de un auto. Al llegar recibió golpes y a través de la venda pudo reconocer que estaba en el Palacio Policial. Allí fue torturado en reiteradas ocasiones. Mencionó que había más personas detenidas y que lo llevaron a otro piso a través de una escalera.
En un tercer lugar que posiblemente fuera otra dependencia policial volvió a ser torturado y rompieron su nariz. Permaneció dos o tres días cautivo, sin alimentos ni bebidas. Luego le informaron que lo iban a conducir a una dependencia militar a la que describió como “una cuadra”. También le aplicaron picana más de una vez. Por último, lo trasladaron en un camión junto a otras dos o tres personas por un camino sinuoso, viaje que se extendió tres horas. Supuso que había estado unos días en Campo Los Andes.
La familia lo buscó de forma inmediata al secuestro. Su hermano Carlos hizo una denuncia en la Comisaría 6 que dio inicio a un sumario contra “autores desconocidos”. Integrantes de la policía se presentaron en el domicilio y constataron la violencia del allanamiento. Curiosamente, señaló el fiscal Vega, el sumario fue elevado a la Justicia Federal y no a la ordinaria, pese a que se desconocía la fuerza interviniente. El juez dictó el sobreseimiento provisorio por falta de pruebas en marzo de 1976.
Atilio seguía desaparecido. Carlos presentó un habeas corpus el 24 de noviembre, dos días después de la detención, y dirigió las consultas a la Policía Federal porque la provincial aseguraba no tenerlo cautivo. Luego de recibir una respuesta negativa de la Federal, el juez Miret rechazó el recurso. Ocho meses más tarde, su familia continuaba sin noticias. La madre de Atilio replanteó el habeas corpus por su hijo el 3 de agosto de 1976 y pidió que la consulta se elevara a todas las fuerzas y dependencias: el Comando de la VIII Brigada, la penitenciaría, las policías. Finalmente, las autoridades del Ejército contestaron que la víctima estaba detenida a disposición del PEN –decreto dictado dos días después del arresto– en dependencias militares. “El cariz que van tomando los acontecimientos a esta altura”, reflexionó Dante Vega, “ya no dos o tres días desaparecido, sino ocho meses”.
El 18 de diciembre de 1975 ingresó a la penitenciaría provincial con arresto a disposición del PEN y un año más tarde, el 17 de diciembre de 1976, fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. En agosto de 1977 fue retirado del penal platense y trasladado a una comisaría de la zona junto a Ángel Robledo, Alberto Ochoa y Raúl Rizzi. Les dijeron que iban a tomarles declaración indagatoria a pedido de la Policía de Mendoza y les hicieron firmar lo que supuestamente era su abstención. Arra firmó sin ver cuál era el contenido porque estaba vendado.
En 1982 obtuvo el derecho a opción para salir a Suecia desde la cárcel de Caseros. Recién en octubre de 1983 el PEN derogó el decreto de arresto que pesaba sobre él. Atilio Luis Arra falleció en 2003.
Caso 13: la desaparición de Luis Rodolfo Moriña y el secuestro de Daniel Pina Satur
En el expediente judicial “Fiscal contra Guidone” existen muchas referencias a Luis Moriña. Extrañamente, esta causa fue labrada por la Compañía de Comunicaciones de Montaña del Ejército y no por la autoridad policial. Allí, varias personas lo mencionan como supuesto “reclutador de subversivos”. Otro detalle relevante es que Moriña es presentado como prófugo, cuando sabemos que está desaparecido desde su detención.
Luis Moriña, el Chino, tenía 24 años, estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y militaba en la TUPAC. Fue detenido el 22 de noviembre a las 2 de la mañana en su domicilio ubicado en calle Santiago del Estero de Ciudad. En el operativo intervinieron personas encapuchadas y armadas, que además robaron objetos de valor.
Las demás víctimas de esta serie de secuestros, todas militantes de TUPAC, declararon haber compartido cautiverio con Moriña en alguno de los destinos del itinerario al que fueron sometidas: los hermanos Daniel y Víctor Tagarelli, Daniel Sendra y Daniel Pina aseguran haberlo escuchado y hasta tuvieron intercambios con él.
Daniel Pina, compañero de carrera y de organización, declaró en este juicio, el 14 de junio de 2024. Allí relató que fue secuestrado el mismo día que Moriña y arrojado al piso de un vehículo. Unos minutos más tarde oyó que metían al Chino en el baúl del auto. El joven transitó por distintos lugares de detención donde fue sometido a torturas. En algún destino que no pudo identificar, compartió cautiverio con Koltes y Moriña. Fue entonces cuando escuchó los gritos de Moriña durante una sesión de tortura. Tras cortarse de forma abrupta, se oyeron corridas y voces que pedían por un médico. Pina y Koltes fueron trasladados a una zona montañosa, pero Moriña ya no estaba junto a ellos.
De forma similar declaró Oscar Koltes, quien recordó que en diciembre de 1975 ingresaron donde estaban detenidos y retiraron a Moriña. Unos minutos más tarde escucharon los gritos del joven y, tras un silencio, pedidos de intervención de un médico. Media hora más tarde fueron trasladados de forma violenta y no volvieron a tener noticias de Moriña.
Daniel Tagarelli relató que se encontró con Moriña en el D2, donde fue de los más torturados. Cuando los trasladaron a la Compañía de Comunicaciones su compañero estaba “en un estado deplorable, deliraba por deshidratación”. Silvia Minto, pareja de Daniel, escuchó que Moriña dio el presente en la Compañía. Por su parte, Víctor Tagarelli aseguró que el Chino estuvo en el galpón y luego en la cuadra militar. El fiscal aclaró que “el galpón” debe haber sido Infantería.
Una causa armada para ocultar la desaparición
Dante Vega se refirió al expediente judicial caratulado “Fiscal contra Guidone”, que incluyó de forma arbitraria a personas sin vinculación y con militancias en tradiciones ideológicas muy disímiles: Oscar Guidone, Daniel Pina, Reynaldo Puebla y Néstor Sinturión. La autoridad militar tomó a estas personas y armó una causa para presentar al desaparecido Moriña como un “reclutador de la subversión”. Las primeras actuaciones datan del 27 de septiembre de 1976. Allí constan las declaraciones de Guidone y Pina, quienes habrían reconocido frente a la VIII Brigada de Infantería de Montaña que Moriña los había reclutado para la TUPAC. Puebla, por su parte, habría militado tanto en la Juventud Trabajadora Peronista como en Vanguardia Comunista y la TUPAC. “Los militares habían logrado algo insólito”, comentó el fiscal, e ironizó que solo faltaba el Ejército Revolucionario del Pueblo en este rejunte de organizaciones. Según el expediente, eran todos parte de una misma célula política, incluido el “prófugo” Luis Moriña. Años más tarde, la justicia federal sobreseyó a todos los imputados.
Para el Ministerio Público Fiscal, se encuentra acreditado que Luis Moriña, primer desaparecido de Mendoza, estuvo detenido en el D2. Fue secuestrado por efectivos de esta dependencia y murió en un lugar no determinado: Infantería, la Compañía de Comunicaciones, Campo Los Andes o una “escuela”. Todos los testimonios coinciden en señalar que la muerte se produjo durante una sesión de tortura. Permanece desaparecido.
La próxima audiencia será el jueves 4 de junio a las 9:30.
