10-11-2023 | Declararon Silvia Ontivero y Roberto Marmolejo. La primera estuvo 18 días secuestrada en el D2 el mes previo al golpe y el segundo fue llevado a esa dependencia en tres ocasiones, todas previas a la dictadura. La próxima audiencia es el 24 de noviembre a las 9:30.
En la octava audiencia del décimo tercer juicio por delitos de lesa humanidad hubo dos testigos clave para demostrar el funcionamiento del aparato represivo ilegal del D2 antes del 24 de marzo del 76. Se trata de Silvia Ontivero, militante sindical de la JTP, y Roberto Marmolejo, militante estudiantil en la Universidad Tecnológica Nacional, quienes ya han declarado en numerosas oportunidades. La fiscalía guio el interrogatorio y en su representación actuó el fiscal general Dante Vega.
“¿No te habrás caído?”
Silvia Ontivero tenía 29 años, trabajaba en la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía provincial y tenía un hijo de 4 años, Alejo Hunau. Hasta ese momento “tenía una vida normal”, aseguró. Era delegada gremial en ATE y recuerda que la pelea activa del momento era la defensa del escalafón y el ingreso de personas idóneas: se oponían a que los cargos fueran un botín de guerra del partido gobernante de turno. Pertenecía a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), que era el resultado de una propuesta de Montoneros de mantener la militancia en distintos ámbitos, en este caso, el sindical.
El 5 de febrero de 1976 buscó a su niño por la guardería al salir del trabajo y llegó a almorzar a su casa, ubicada cerca del Círculo Médico. Allí estaba también su entonces pareja, Fernando Rule. Intempestivamente entraron siete u ocho personas armadas, con pelucas y barbas postizas, gritando y tirando todo a su paso. Recuerda llorar y pedir por su niño. Revisaron todo en busca de armas, pero no encontraron ni siquiera un panfleto. Ella gritaba “no hay armas, no hay armas”, pero, vehementemente, destrozaron la vivienda, revolvieron absolutamente todo. Le vendaron los ojos con una campera liviana de su hijo, que no paraba de llorar, y la llevaron con él en un Fiat color claro, 1600 supone. En el procedimiento también secuestraron a Rule.
Ya en el estacionamiento del D2 le sacaron al niño de sus brazos y ella dio el número de teléfono de su papá. “Soy una de las afortunadas porque el niño no fue robado”, reflexionó a raíz de los cientos de bebés apropiadas y apropiados por el aparato represivo estatal. Pero en ese lugar los captores descargaron su violencia también con el pequeño: lo interrogaron para que dijera algo sobre “los tíos”, es decir, sobre las personas del entorno de su mamá. Fue un evento tan traumático que a Alejo le quedó una tartamudez que fue trabajada y eliminada con atención psicológica y mucho trabajo. Cuando el padre de Alejo lo fue a buscar, le dijeron que el niño estaba allí porque su madre estaba detenida, pero él nunca le dio ningún dato a la familia de Silvia sobre su paradero. Comulgaba con este tipo de ideas y accionar de las fuerzas armadas, afirmó la testigo.
La depositaron en una celda de dimensiones mínimas y los 18 días que estuvo alojada en el D2 tuvo las manos atadas en la espalda. Solo se las soltaban cuando le daban algo de comer. Permaneció incomunicada y, para su familia, desaparecida, a pesar de las gestiones de su padre, un hombre del Partido Demócrata. Ese procedimiento aún en democracia, repasó Ontivero, fue parte de un operativo mayor contra militantes de la JTP que fue descubriendo que estaban en cautiverio en las otras celdas del D2. “Operativo Rabanal” es el nombre con el que se conoció en juicios anteriores esta sucesión de secuestros.
Si bien entró vendada, siempre supieron que estaban ahí porque Fernando Rule había trabajado en parte del diseño del edificio y lo conocía a la perfección. Además, por una claraboya se veía la luz del día y se escuchaban pasos, gente y mucho movimiento. Era el lugar donde las personas se iban a hacer la cédula de identidad y, por lo tanto, a la tarde y los fines de semana había más silencio. Salvo por las fiestas que los policías hacían de noche, remarcó Silvia señalando a los imputados. Llevaban mujeres, ponían música, comían. En esas ocasiones también aprovechaban para perpetrar violaciones en las celdas. Se burlaban y competían para superarse en niveles de agresividad, violencia y sometimiento.
Antes de que todo esto pasara se hablaba del golpe de Estado, recordó la testigo, pero no se imaginaron la magnitud de la represión: “Pensamos que podíamos caer presos. Que podían torturarnos, violarnos, tenerme siete años presa no era imaginable”.
En el D2, las celdas eran el lugar de las violaciones. Vendadas, débiles y tiradas en el suelo, ellas intentaban resistirse, pero los violadores arremetían contra todas, una y otra vez. Solo una vez vio a uno de ellos, con una cicatriz muy notable en la cara, pero no pudo identificarlo después. “Es tremendo ser violada, pero escuchar los gritos o las quejas de otra persona violada es muy fuerte”, aseguró. También reconoció que, con el tiempo, algunos compañeros contaron que también habían sido abusados, como es el caso de David Blanco: “¿Su pecado mortal? Era actor, pertenecía al sindicato de actores y quería mejorar las cosas”. Falleció pocos días después de declarar en un juicio.
Para las sesiones de tortura trasladaban a las personas detenidas con los ojos vendados y las hacían dar vueltas por el edificio para despistarlas. A Silvia la llevaron tres veces: “Ahí conocí la picana, fue brutal”. Le introdujeron una cuchara en la vagina y, producto de la electricidad, no solo perdió un embarazo en curso sino que también quedó imposibilitada de volver a gestar. Hasta el legrado fue especialmente violento. Allí también tenían un balde con agua y le metían la cabeza para intentar ahogarla. Entre los torturadores había un señor al que le decían “el porteño” y un médico que en el momento de las peores atrocidades avisaba si seguir o parar.
Se burlaban, querían hacerles creer que eran escoria humana, afirmó Silvia. Y también daban lecciones de moral. Como mujer, le decían que no tenían que militar, que el sindicato no era un lugar para ella, que por eso se había separado, que su lugar era la casa. Las violaciones y las torturas, ironizó la testigo, eran “para convertirte en una mujer modelo y que una no piense más en la estupidez de querer cambiar el país”.
Del grupo de la JTP alojado en las celdas recordó particularmente a una mujer que había sido operada recientemente en el Policlínico de Cuyo y la violaban sistemáticamente, a pesar de que ella les rogaba que pararan. “Soy virgen”, intentaba explicarles, pero estaban ensañados. Era Olga Vicenta Zárate. También recordó a Miguel Ángel Gil, delegado de la CONEA que murió aplastado en una pirámide humana que les obligaron a hacer en una de las celdas grandes del fondo. Mientras, humillaban al grupo diciendo que era un carro vendimial y las mujeres, arriba, eran obligadas a saludar como reinas. “Era una montaña de personas, de cuerpos mugrientos, muertos de hambre, destruidos”, lamentó Silvia. Unas dieciséis personas, cientos de kilos. Después, Miguel Ángel agonizaba y llamaba a su mamá: “Traeme sopa, tengo frío”. El grupo gritaba pidiendo un médico, pero, finalmente, se llevaron solo el cuerpo.
Un día, así como estaban, les sacaron unas fotos en el D2 que salieron en el diario y eso, de alguna manera, fue su salvación. Porque así la Policía reconoció las detenciones y les sirvió para que legalizaran la situación. A los dos o tres días llevaron al grupo ante un juez que les tomó declaración en un destacamento policial. Después supieron que el magistrado era Carrizo, hoy condenado a prisión perpetua. A Silvia le pusieron un vestido de las mujeres que iban a las fiestas nocturnas. No podía caminar, tenía los genitales muy lastimados, tuvieron que ayudarla a subirse al camión celular que hizo el traslado. Apenas vio al juez se le ocurrió decirle “mire cómo estoy, doctor, estoy destruida” y él respondió “¿no te habrás caído?”. Silvia ha contado esto tantas veces que esa frase hoy es título de investigaciones sobre la violencia sexual durante el terrorismo de Estado.
En la penitenciaría era otra vida, afirmó la testigo. Tenían las celdas limpias, podían comer, ducharse, hablar. Había un médico y unas enfermeras que les fueron curando las heridas. Después la trasladaron a Devoto con las demás presas políticas. Silvia estuvo detenida sin causa aproximadamente seis años y ocho meses, aunque en ese momento regía la llamada ley antisubversiva 20840. Un día le dijeron que tenía que firmar para conseguir la legalidad, pero, en ese contexto, ella solo se animó a hacer un garabato. Su papá, hombre del PD, creía en ella: “Yo siempre supe quién era mi hija, no era capaz de matar a nadie. Pero no sabía quiénes eran mis correligionarios, nunca me imaginé que fueran el sustento civil de todo lo que se hizo”, recordó la testigo que dijo su padre.
Ya en libertad volvió a ver la casa que alquilaba, pero vivían otras personas. Sus pertenencias habían sido robadas por las fuerzas y a uno de ellos le pusieron “el mueblero”, porque vaciaba las viviendas de las personas secuestradas y las vendía en una compraventa. Tampoco tenía ya el plan de vivienda que estaba pagando en el IPV para tener una casa en un barrio. También, con gente en su situación, armaron la Coordinadora de Cesantes para recuperar sus trabajos. Ella agradece que la sumaron al Programa Alimentario Nacional (el conocido PAN) de Alfonsín.
Silvia Ontivero pudo contar todo lo que vivió en 1984, cuando hicieron el recorrido con la Conadep y el diputado León ordenó la apertura de la celda grande del fondo. A los pies de Ontivero y Marmolejo cayó un libro que él abrió y le dio a su compañera en las manos: “Es tuyo”. Tenía una dedicatoria del hermano y era el libro que estaba en la mesa de luz al momento en que la secuestraron. Ese episodio que han relatado una y otra vez fue la demostración de que habían estado allí y de que el D2 había estado implicado en esas detenciones ilegales. Años más tarde ella también recuperó la tenencia de su hijo.
Tres detenciones en el D2
Roberto Marmolejo también declaró en reiteradas ocasiones, primero ante la CONADEP, cuando realizó un croquis del D2, y luego ante la justicia federal. El testigo sufrió tres detenciones en este Centro Clandestino de Detención (CCD).
Marmolejo estudiaba Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y participaba de la militancia estudiantil. Entre agosto y septiembre de 1974 se produjo su primer secuestro luego de concluir una reunión entre distintas agrupaciones universitarias en un bar de la calle Pedro Molina. Él y otro de los presentes, Héctor Jesús Uri, fueron detenidos por personal de civil que dijo pertenecer a la Policía de Mendoza. Era de noche, cerca de las 21:00. Los trasladaron al D2 y los alojaron en una de las celdas grandes. Le sacaron fotos y los liberaron al día siguiente, a media mañana. No les hicieron preguntas. “Si salimos varios [quince personas en la reunión], claramente estábamos identificados él y yo”.
La segunda detención fue en octubre de 1975 por la noche. Con un grupo de compañeros habían pegado carteles por Godoy Cruz y esperaban el colectivo en la calle Perito Moreno al 1900. Marmolejo y un estudiante de Medicina de apellido Tripiana —al que no volvió a ver, pero no era Francisco— fueron conducidos por una camioneta policial a la Comisaría Séptima. Allí Tripiana fue golpeado. Unas horas más tarde los trasladaron al D2. Fueron liberados un tiempo después previa toma de fotografías.
El último episodio ocurrió el 17 de marzo de 1976 por la noche. Según supo más adelante, personal del Ejército “molestó” a sus vecinos hasta que uno, que era militar retirado, dijo dónde vivía. Luego de rodear la casa, ingresaron y detuvieron a Marmolejo frente a su hermana y su padre y lo subieron a un camión. En el camino al D2 detuvieron también a Marta Rosa Agüero, madre de un compañero de la secundaria, y a otra persona en Dorrego. Ingresó al Palacio Policial sin vendas y permaneció así por un día. Recién lo vendaron cuando lo retiraron de la celda para el primer interrogatorio. No obstante, concluyó que el personal que hacía guardias cambiaba cada 24 horas y si encontraban a alguien sin vendas no se las colocaban, de forma tal que se arriesgó y se las quitó parte de su cautiverio. En consecuencia, pudo reconocer a un policía muy rubio de unos 30 años. También identificó a uno de los torturadores que conducía las sesiones: Celustiano Lucero.
En el D2 estuvo once días y fue torturado en distintos lugares. La primera vez en la sala de acumuladores; luego en otra sala a la cual accedió por ascensor. Mencionó que había escaleras porque los policías hicieron que se golpeara la cabeza. En paralelo, en ese lugar estaban torturando a Héctor Rosendo Chávez. Los gritos de otros compañeros eran peores que la propia tortura, aseguró.
Respecto a las preguntas, sostuvo que eran “estúpidas”: comenzaban interrogando por armas y más adelante lo acusaban de marcar paredes para pintar. Le preguntaron también por Mario Susso y por Juan Carlos Carrizo, compañeros de la UTN. El testigo mencionó que a esa altura ya habían secuestrado y asesinado a Susso y Susana Bermejillo, esposa de Carrizo.
El fiscal consultó por otras personas cautivas en el D2 junto al testigo. Marmolejo recordó a Borisiuk, Chávez y al homónimo de Daniel Moyano, joven detenido por equivocación porque vivía cerca del Moyano militante de la Juventud Guevarista —detenido en mayo y desaparecido en este CCD—. La familia de Marmolejo no sabía dónde se encontraba. Su padre, que conocía las dos detenciones previas del joven, le llevó ropa y cosas al D2, pero negaban que estuviera ahí.
Por último, el testigo explicó que fue director de Protección de Derechos Humanos durante los últimos nueve meses del gobierno de Francisco Pérez. En ese rol debía revisar los expedientes de personas que aseguraban haber sido detenidas para su confirmación. Eran aproximadamente 160 expedientes y en la mayoría de los casos no había pruebas, pese a haber sucedido. En algunos departamentos como Santa Rosa y La Paz hubo gente muy humilde, obreros rurales y de bodegas, trasladados al D2 en el 78 o el 79 y dejados en libertad en la zona de la Casa de Gobierno. También recordó el caso de Roberto Roitman, detenido en 1982 y conducido al D2 luego de una manifestación contra Inglaterra en el contexto de la guerra de Malvinas. Para Marmolejo, estos hechos demuestran que esta dependencia funcionó como CCD durante un periodo muy extenso.
La próxima audiencia será el 24 de noviembre a las 9:30.
