10-09-2021 | Armando Fernández amplió su declaración indagatoria para ofrecer un extenso y titubeante relato sobre la apropiación de Miriam, según el cual una persona misteriosa le habría dejado una bebé a su cuidado para tenderle una trampa. El Ministerio Público Fiscal comenzó sus alegatos con una sólida reconstrucción de la intervención del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) en la persecución de María del Carmen Moyano y su entorno familiar y militante. La próxima audiencia será el 24 de septiembre a las 9:30.
La jornada tuvo dos momentos procesales. En primer lugar, Armando Fernández, principal imputado de la causa y exagente de inteligencia del D2, decidió ampliar su declaración indagatoria luego de la etapa testimonial para argumentar que las autoridades del D2 le “hicieron una cama” cuando mandaron a su domicilio a la recién nacida. A continuación, Daniel Rodríguez Infante dio inicio a los alegatos de la fiscalía con una detallada exposición sobre la persecución que sufrió María del Carmen Moyano por parte del D2. Algunos de los hechos mencionados por el fiscal fueron investigados a partir de las declaraciones oídas durante el debate oral.
“Una cama muy bien preparada”: la justificación de Armando Fernández
Fernández comenzó su declaración repasando los años que lleva casado con Iris Luffi —también acusada en esta causa—, las fechas de nacimiento de sus hijos e hijas y la cantidad de nietos y nietas de la pareja. “En cuanto al tema principal que quiero explicar, Miriam (…), rechazo totalmente el tema de mi apoderamiento. Yo no fui a hurtadillas, ni la saqué, ni la robé. Como dice la historia que ellos tienen, nace en Buenos Aires. Yo vivo en Mendoza”. El imputado insistió con un hecho repetido en el juicio por parte de la familia: el matrimonio ya tenía tres hijos varones, por lo que “no necesitaba una nena”. Fernández destacó también la juventud de su esposa, quien se casó con solo dieciséis años y “prácticamente no tuvo adolescencia”.
Parte del relato sobre la aparición de la niña fue referido por la propia Miriam en su última declaración. En esta oportunidad, Fernández incluyó gran cantidad de detalles con los cuales buscó dotar de verosimilitud un relato interrumpido por titubeos y cambios de nombres. Según el exagente del D2, cerca del 9 de julio de 1977 un hombre se presentó en su domicilio enviado por Eduardo Smaha. Este último, compañero de Fernández en el D2, ofició de testigo junto a Garay para la inscripción adulterada de Miriam pero falleció antes del juicio en curso. El hombre misterioso, que era “mayorista de calzado”, tenía un problema que solo podía solucionar la Policía y había concurrido a Smaha porque lo conocía de la Facultad de Ciencias Políticas. Su empleada cama adentro —a quien por momentos Fernández llamó “Celia Azcurra” y en otros tramos del relato “Carmen”— era soltera, acababa de dar a luz y durante la cesárea un aneurisma la había dejado inconsciente. La mujer era de Misiones, “de por aquellos lados”, y se había peleado con el novio que estaba ahora en El Bolsón.
En el Hospital Emilio Civit le dijeron al hombre que tenía que llevarse a la bebé porque no había guardería, pero unos días más tarde le salió un negocio, debía abandonar la provincia y no sabía con quién dejar a la niña —el hombre no tenía amigos porque viajaba mucho—. Entonces habló con Smaha, pero la esposa del policía trabajaba y no podía hacerse cargo, de modo tal que Smaha lo mandó con Fernández, cuya esposa era ama de casa “total” y tenía niños chicos. El vendedor de zapatos le aseguró a Fernández que había hablado con la madre de Celia/Carmen y estaba por viajar a Mendoza para ver a su hija y retirar a la nieta. Una chica llamada Leticia, amiga de la joven internada, bajó con la bebé: “Nos dejan dos jueguitos de ropa, cuatro o cinco tipo de pañales, una caja de leche S26, una mamaderita, doscientos cincuenta pesos y se va (…) Al otro día no vino nadie, al otro día tampoco”, continuó el imputado.
“La conclusión que sacamos con otro colega, en la jerga delictual, es que nos hicieron una cama”, sostuvo. Smaha no recordaba al hombre que lo había contactado, pero este sí sabía todo sobre Smaha. Entonces Fernández comenzó a sospechar y se presentó en el Hospital Emilio Civit, donde no había nadie con el nombre Celia Azcurra. Se asesoró luego con el “doctor Serrano” de la Jefatura, quien le aconsejó que no llevara a la bebé a la Casa Cuna porque harían un informe dirigido al Juzgado de Menores. “Usted tiene una orejana en su casa”, habría dicho Serrano, y comparó el caso de Miriam con el ganado sin marca. “Si encuentran a un animal sin marca y señales, usted cuatrereó”.
Fernández reprodujo la hipótesis que sostendría el juzgado según Serrano: “Este tenía una novia, le hizo un hijo. Trajo a la hija. La mujer le dijo que no quería saber nada y ahora la quiere devolver. Y para colmo —van a decir— no la encontramos, entonces eliminó a la madre”. Y concluyó: “A usted lo van a investigar por delito (…) lo quieren joder, Fernández (…) lo van a mandar a la cárcel”.
El principal imputado planteó luego una supuesta conspiración orquestada por Pedro Dante Sánchez Camargo, jefe del D2 entre 1975 y finales de 1977. El “viejo hijo de su madre” había escrito un “anónimo” dirigido a todos los inspectores comisarios acusándolos de dedicarse más “a las novias clandestinas que a la función policial, que estaba tan comprometida con el asunto de la subversión”, explicó Fernández. Por esa razón, lo que sucedió con la niña habría sido una “cama muy bien preparada” de la autoridad policial en su contra. El vendedor de zapatos, según Fernández, “tiene que haber sido alguien que trabajaba con él [Sánchez Camargo] porque el viejo no tenía amigos. El ‘Negro’ Rodríguez, Lanza, esos eran los que trabajaban con él”. Más adelante en su declaración, Fernández agregó que todo el personal del D2 obtuvo el pase menos él y Sánchez Camargo quedó en Inteligencia de la Aeronáutica porque Padorno, jefe de inteligencia de esta fuerza, valoraba lo que había hecho en su trabajo.
“Yo hice algo legal, puse dos testigos”
Luego de estos episodios, Serrano le planteó dos posibilidades en relación a la bebé: “O se consigue un doctor que le dé un certificado de nacido vivo o haga como en el campo”. Fernández optó por esta última y buscó dos testigos que confirmaran la existencia de un parto en el domicilio: el ya nombrado Smaha y Abelardo Garay, también policía del D2 que vivía “casa de por medio” con Fernández. “A Garay le miento, le digo que tengo una nena (…) pero en el Fleming no nos dieron certificado”. Así anotó a Miriam como su hija biológica.
“Y si la vienen a buscar, que se la lleven”, es lo que le habría dicho a su esposa Iris Luffi. “La nena seguía amantándose. Pasó el tiempo, ya era parte de la familia. Y bueno (…) la bautizamos en el Challao”, agregó Fernandez. Miriam creció sin conocer la verdad. “A los quince años le íbamos a decir”, aseguró el imputado, pero Miriam se les adelantó. Aunque sabía que no era hija biológica, no tuvo interés por averiguar más.
Fernández se refirió a la denuncia de Mariana Herrera Rubia en este mismo debate: “Pone en tela de juicio la paternidad mía porque una concuñada de mi hermano le dijo que yo tenía hijos que no eran míos”. Según el acusado, la verdad sobre Miriam no la supo nadie de su familia porque no se veían seguido. Además, su casa quedaba lejos y había que tomar dos colectivos para llegar.
Por último, propuso una extraña analogía: “Si un camión por una ruta nacional va cargado de mercadería y es parado, pasa por ciertos controles y no lleva papeles, lo llevan a una comisaría cercana, le secuestran el cargamento y es una infracción a la ley de aduana”. En relación al robo de la identidad de una niña en el marco del terrorismo de Estado, agregó: “Yo hice algo legal, puse dos testigos. Lo mío es una adopción improcedente”.
Una reconstrucción de la verdad, de la memoria colectiva y de la identidad de Miriam
La fiscalía inició sus alegatos de acusación por la apropiación de la hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete con la presencia del fiscal general Dante Vega. El responsable de la exposición fue Daniel Rodríguez Infante, quien introdujo con la mención de Miriam y su hijo y una referencia a la empatía por la situación que atraviesan. “El dolor tiene que ver con la dimensión del daño que provoca este delito”, aseguró el fiscal. Y agregó: “Simplemente esperamos que Miriam y su hijo Maxi puedan clarificar dónde radica la responsabilidad (…) La responsabilidad de este dolor la tienen los perpetradores de este delito”.
Destacó que la justicia siempre ha sido el motor de la lucha de los organismos de derechos humanos. Los juicios por delitos de lesa humanidad son una muestra clara de que no se busca venganza. Y que las palabras de Fernández son “una expresión más de la mentira” a la que es sometida Miriam.
Rodríguez Infante compartió, en principio, una reconstrucción parcial de los perfiles de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, con lo que se sabe de sus historias y por testimonios de este juicio. María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 y era la más pequeña de su familia, por eso le decían “Pichona”. Su hermana Adriana la caracterizó como “un ser de luz”. Su familia vivía en la calle Paraná al 45 de Godoy Cruz.
Desde chicas les enseñaron a ser solidarias. Por eso María del Carmen participó en la Acción Católica y en la Cruz Roja. Cuando ingresó a estudiar bioquímica formó parte de la organización JP17 y conoció a su gran amiga Beatriz García y a Juan Basilio Sgroi, quien las convocó para trabajar en la Dirección de Tránsito y Transporte. Las tres personas tenían militancia social en el barrio San Martín, junto al cura “Macuca” Llorens. Allí instalaron un dispensario para repartir medicamentos a las personas en situación de vulnerabilidad.
Con Betty también relizaban acciones solidarias en un jardincito del Campo Pappa. Allí servían el desayuno a niños y niñas, lavaban sus manos, jugaban y les brindaban atención y cuidado durante toda la mañana para que sus padres y madres pudieran salir a trabajar. “Recuerdo como si fuera hoy a Pichona sentándolos en su falda”, había dicho García en su testimonio. Ella era una “gran persona, confiable, generosa”; “guardo el mejor y mayor recuerdo de mi vida compartida con ella”.
María del Carmen Moyano compartía militancia con gran cantidad de personas, todas perseguidas por el accionar represivo estatal. Para huir de la persecución en Mendoza se refugió en San Juan, donde conoció a su pareja y papá de su hija. A los 22 años se quedó embarazada y desde los 23 está desaparecida.
Carlos Poblete nació el 2 de noviembre de 1944. Tenía diez hermanos y hermanas que se cuidaban entre sí —mayores a menores— porque su padre y su madre habían fallecido. Estudiaba ingeniería en San Juan y participaba del centro de estudiantes de la facultad. Trabajaba en el departamento de minería pero, además, dedicaba su tiempo a combatir el analfabetismo en barrios vulnerables. Su familia sentía un “profundo orgullo” por él.
Cuando nació la hija de Ana Montenegro y Daniel Olivencia vivían con Carlos y Pichona. Él era muy cariñoso con la niña, la apodó “Peteta” porque su padre era una persona muy inteligente, similar al personaje “Petete”. Hasta hoy, a Victoria a veces la llaman por ese sobrenombre. Carlos Poblete fue secuestrado cuando tenía 32 años.
Los hechos de Carlos y María del Carmen no se investigaron en Mendoza. Por eso para la reconstrucción de los casos la fiscalía recurrió a fuentes judiciales de otras jurisdicciones, como las causas de La Perla (Córdoba) y la ESMA (Buenos Aires). Además, cuentan con testimonios de familiares, amistades y personas con quienes compartieron cautiverio.
El accionar represivo de D2
Para dimensionar la complejidad de la apropiación que se investiga en este juicio, Daniel Rodríguez Infante apuntó a la necesidad de entender el accionar represivo del D2 en particular y del genocidio en general:
“La apropiación no puede ser analizada en forma estanca, por fuera del plan de exterminio y de los delitos contra sus progenitores”, enfatizó.
La investigación pretende determinar cómo llegó Miriam a una familia que no es la suya biológica y para eso necesita referirse a la persecución y secuestro de su padre y su madre. Esto ayuda a contextualizar y también, “permite explicar cómo una niña nacida en la ESMA terminó en Mendoza en manos de los principales protagonistas del accionar represivo en Mendoza”, puntualizó el fiscal.
Según manifestó, este juicio oral y público permitió hacer hallazgos que van a tener impacto directo sobre la responsabilidad de las personas acusadas, pero sobre todo en “la reconstrucción de la verdad, de la memoria colectiva y de la identidad de Miriam”, cuya sustitución dio origen a este debate. Entre estos hallazgos, Daniel Rodríguez Infante destacó “el rol protagónico” del D2 en la persecución a María del Carmen Moyano y a todo su entorno.
La búsqueda de la fiscalía estuvo motorizada por un hecho que mencionó Beatriz García. En su relato, refirió un allanamiento en la casa de Pichona que se hizo la noche del 4 al 5 de abril de 1975. A raíz de este detalle, el Ministerio Público Fiscal buscó y encontró un expediente contra Francisco Moyano —padre de “Pichona”— y Liliana Riveros —amiga de ella, actualmente desaparecida—, por infracción a la ley 20 840, una normativa que servía de herramienta para lo que llamaban “lucha antisubversiva”.
En la sentencia —del Tribunal Oral Federal Nº 6 de Capital— por la causa conocida como “Plan Sistemático”, figura el testimonio de Adriana Moyano, hermana de María del Carmen, donde menciona ese allanamiento: sin indicar motivos, buscaban a su hermana y habían detenido a su padre hasta que la joven apareciera. Por su oficio de telegrafista en la policía, Francisco había logrado hacerle llegar el mensaje a su hija de que no apareciera y ella pasó a vivir en la clandestinidad. Sabiendo “las barbaridades” que podían pasarle en el D2, él nunca dio información sobre el paradero de Pichona.
La persecución a “Pichona” Moyano —explicó el fiscal Rodríguez Infante— se originó en el D2, dependencia a la que pertenecían Smaha, Fernández y, con posterioridad, Garay: “Los tres participantes en esta maniobra delictiva” de apropiación. Los dos primeros han sido analizados en profundidad en juicios anteriores y se sabe que eran “de máxima relevancia dentro del área de inteligencia de la policía de Mendoza”. Tenían el rol de enlace con las oficinas de inteligencia de las otras fuerzas.
En abril de 1975, “el D2 detuvo al padre de ‘Pichona’, a su amiga Liliana y además tuvo un rol protagónico en la persecución de su entorno. Fue el D2 quien se apropió de Miriam y algunos de sus integrantes están respondiendo por estos hechos”, expresó el fiscal.
El expediente contra Francisco Moyano
En la causa contra Francisco Moyano por infracción a la ley 20840, figuran distintas actas y datos que relevó Daniel Rodríguez Infante para demostrar la participación del D2 en los secuestros, desapariciones y asesinatos de personas del entorno de María del Carmen Moyano.
Lo primero que señaló del archivo fue una orden de allanamiento librada por el juez federal Oscar Ignacio Agüero para “secuestrar armas y material subversivo” en el domicilio familiar de Paraná 45 de Godoy Cruz. Esa orden fue encomendada a la Comisaría 7 por el entonces jefe del D2, inspector mayor Moisés Caballero.
Lo segundo que la fiscalía destacó de aquel expediente fue el acta de procedimiento del allanamiento: realizado por personal de la comisaría séptima, “con el apoyo y colaboración del personal de informaciones policiales”. Además de detener a Francisco y a Liliana Riveros, en el acta dejaron constancia del secuestro de armas de fuego y “elementos de propaganda subversiva”. Se mencionó también un vehículo estacionado en la puerta que, como dice al final del expediente, era de Carlos Pardini.
Es en esta acta donde aparece por primera vez el nombre de María del Carmen Moyano. Menciona que se va a dejar una consigna policial para proceder al secuestro del automóvil y a la detención de Moyano, señalada como una “persona de dudosos antecedentes” vinculada con “células subversivas”. Esa noche, “Pichona” no estaba porque, como contó Betty García en su testimonio, habían ido juntas al cine. Fue la última vez que se vieron “en condiciones regulares”.
A continuación, en el expediente figura un informe de la Comisaría 7 con una supuesta “declaración espontánea” —seguramente bajo tortura— de Francisco Moyano, en la cual se anunciaba al margen de todo y atribuía completa responsabilidad a su hija. Después de cinco días de continuar sin éxito las investigaciones para dar con María del Carmen Moyano —incluso fue rastreada en su lugar de trabajo, la Dirección de Tránsito y Transporte—, se dispuso su captura.
Para concluir el análisis del expediente contra Francisco Moyano, el fiscal remarcó que el hallazgo más importante era que toda la investigación había sido iniciada por información proveniente del D2. El Departamento de Informaciones no solo había participado del procedimiento sino que allí se había originado el dato de que en la casa de María del Carmen había armas y “material subversivo”.
Otras causas que relacionan al D2 con la persecución de «Pichona» Moyano
La causa “Pardini” consistió en la persecución de militantes de la Juventud Peronista y Montoneros. Aunque fue analizada con anterioridad, la fiscalía desconocía el vínculo existente entre ella y el objeto de este juicio. Rodríguez Infante explicó que el hecho que dio inicio a la mencionada causa fue mencionado por Beatriz García durante su declaración: el 4 de abril, en conmemoración del Mendozazo, el grupo de “Pichona” Moyano había realizado un “acto relámpago” en la rotonda del avión de Costanera —la colocación de bombas panfletarias—. Su amiga había logrado escapar pero estaba preocupada por el resto de las personas involucradas. Precisamente, el expediente habla de una operación conjunta entre varias comisarías y el cuerpo de Motorizada en la zona donde se detuvo a Ana María Bakovic, Diana Iris Chialva, María Inés Hortensia Espínola y Gilberto Amado Sosa. Salvo este último, que fue conducido a la calle Mitre, todas las mujeres terminaron en el D2, dependencia que realizó otra serie de detenciones en torno al hecho aunque los sospechosos —tres hombres que presenciaron el operativo— fueron finalmente liberados. Los interrogatorios se realizaron con presencia del jefe de esta unidad.
El nombre de María del Carmen aparece en la causa luego de que la Policía secuestrara un automóvil “abandonado” en la calle Chenaut que habría sido utilizado para actos delictivos. Era de Nilda Rosa Zárate, militante de San Martín ligada al matrimonio Lerouc-Saroff. La inspección del vehículo condujo a varios procedimientos, ya que la Seccional Cuarta habría encontrado en él una lista de nombres, entre ellos el de “Pichona” Moyano. Curiosamente, también se indicaba su domicilio y el lugar de escondite de documentación y municiones en la vivienda. Posteriormente, Pardini fue apresado directamente por agentes del D2 y su auto apareció en la puerta de la casa de la familia Moyano: el secuestro del vehículo figura en el expediente contra Francisco Moyano que reconstruyó antes el fiscal.
El derrotero de Liliana Riveros también se entrelaza con el D2. Su caso se encuentra actualmente en instrucción porque fue incluido en la causa “Papagayos”, centro clandestino de detención que dependía del D2. Allí fue vista por última vez en diciembre de 1976 —un año después del operativo en la casa de “Pichona”— al igual que Marta Saroff, detenida dentro de la causa “Pardini”. Marta y su esposo Alfredo Lerouc huyeron a San Juan y militaron con María del Carmen y Carlos en esta provincia. También Daniel Olivencia, Marie Anne Erize —que vivió con la pareja—, Juan Carlos Cámpora, Ana María Moral y Luis Roque Moyano. Todas estas personas fueron ejecutadas o se encuentran desaparecidas. Una sentencia del Tribunal Oral de dicha provincia concluyó que el matrimonio Moyano-Poblete era buscado en esa jurisdicción por el alto cargo de Carlos dentro de Montoneros.
Por último, también del entorno de Pichona, otra víctima que sufrió persecución fue Juan Basilio Sgroi, presidente del Centro de Estudiantes de Farmacia y compañero de Pichona y Beatriz García. Por él habían ingresado las dos amigas a la Dirección de Tránsito y Transporte durante el gobierno de Martinez Baca. El caso de Sgroi, dirigente del Partido Auténtico, fue muy analizado en juicio, especialmente como ejemplo de la responsabilidad judicial en el marco de la Megacausa. En él intervino directamente el D2: Sgroi fue detenido en enero de 1976 y torturado en Papagayos, donde lo obligaron a cavar su propia fosa. Luego pasó por el D2 y el Comando antes de ingresar a la penitenciaría.
El fiscal Rodríguez Infante solicitó al tribunal postergar para la próxima audiencia la conclusión y el análisis de todo lo detallado durante la jornada. La próxima audiencia es el 24 de septiembre a las 9:30.
Mirá la audiencia completa:
