28-10-2021 | La querella de Abuelas de Plaza de Mayo, representada por el abogado Emanuel Lovelli y la abogada Viviana Beigel, concluyó su alegato. Solicitaron 15 años de prisión para Fernández, 13 para Garay y 10 para Luffi. La próxima audiencia es el jueves 11 de noviembre a las 11:30 y se espera que las defensas comiencen su argumentación.
El abogado Emanuel Lovelli retomó su alegato iniciado en la audiencia anterior, en la que quedó expuesta la materialidad de los hechos delictivos y también la calificación legal. Al ser considerados crímenes de lesa humanidad no prescriben y eso permite el juzgamiento actual. La sentencia de la causa conocida como “Plan sistemático”, dictada en 2012 por el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce la sistematicidad de los delitos que aquí se juzgan.
El mismo fallo también detalla que los agentes que cometieron el delito actuaron en connivencia del plan represivo. No se exige un conocimiento detallado de todas las cuestiones relacionadas con el aparato organizado de poder, sino que basta con la simple representación de las cuestiones centrales de su actuación. Es decir, actuaron basándose en la impunidad que la dictadura les brindaría. Esto sucede incluso en el caso de la imputada: la sentencia de “Plan sistemático” condenó por apropiación también a Inés Susana Colombo, una mujer que no era integrante de las Fuerzas Armadas ni de seguridad, sino que era cónyuge de Víctor Alejandro Gallo. El hombre, excapitán del Ejército, sustrajo a un bebé hijo de personas desaparecidas
“Los delitos que sufrió Miriam comienzan con su propio nacimiento en la ESMA, alrededor del 10 de junio de 1977”, explicó Lovelli. Primero se produce el desapoderamiento de la niña por parte de su mamá y de toda la familia, legítima tenedora de su guarda. Luego se la traslada a Mendoza y se la inscribe como hija de Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi, con la validación del acta de nacimiento que dan las firmas de Santiago Garay y Eduardo Smaha. Además, consignaron su fecha de nacimiento casi un mes después de la real.
Esta acción delictiva cesó por una acción externa a la voluntad de los agentes, que fue el resultado del estudio de ADN de Miriam. Las personas imputadas “durante cuarenta años renovaron la conducta dolosamente”, aseguró el abogado representante de Abuelas. Luffi y Fernández detentaron todos los roles que se les asignan a padres y madres: provisión de vestimenta, de alimentos, escolarización, etc. Su dedicación a Miriam no matiza en nada la conducta delictiva, “sino que la refrenda”: proyectaron sobre ella roles que usurparon y ella creció ensombrecida por una identidad que no era la propia. Quizás, con el tiempo, la acción delictiva se cometió por omisión de revelarle la verdad.
Pero la otra cara de la moneda de los crímenes sostenidos por los agentes es la búsqueda de su familia biológica. En su testimonio, Adriana Moyano relató cómo su padre recorrió todas las Casa Cuna en búsqueda de su nieta: por la información de las exdetenidas, buscaban a alguien que sabían que había nacido. Y si ella hubiera sido dejada en un lugar así, Francisco Moyano la hubiera encontrado.
En este punto, Emanuel Lovelli se detuvo y repasó algunas preguntas que se hacen, en general dirigidas a desacreditar a los organismos: por qué hubo sobrevivientes, por qué en el caso de Tortajada devolvieron a un bebé apropiado, por qué son 30 000. “La respuesta a eso la tienen los Fernández, los Garay, los Videla que pergeñaron el plan y nos deben explicaciones a la sociedad entera”, manifestó.
¿Por qué decidieron quedarse con Miriam?
En su declaración, Beatriz García aseguró que a ella y a muchas más personas del entorno de María del Carmen Moyano les inquietaba que su hija terminara en manos de un policía del D2. “El apropiador conocía a Pichona, su casa y su familia”, había dicho. Ana Montenegro, en consonancia, habló de esta apropiación en términos de perversión, del ejercicio burdo del poder al tratar a la niña como botín de guerra. ¿Por qué se quedaron con Miriam?
Esa pregunta, que se complementa con otras (por ejemplo, ¿por qué, si llegó a Mendoza, no la devolvieron a su familia?), tiene una respuesta clara para el abogado Lovelli: Miriam era una niña preciada porque era hija de una militante política que las fuerzas represivas —y el D2 en particular— acechaban desde el 75. El móvil no era satisfacer deseos de maternidad o paternidad sino que era una “motivación genocida”: buscaban interrumpir una cadena generacional, la línea ideológica de una generación mediante el traslado de Miriam —y tantos y tantas otras— a otro grupo que, en este caso, es el grupo genocida.
Como dijo la licenciada Lo Giúdice, “viven en un sistema de excepción sin saberlo”, se los y las extermina de un sistema de crianza, se los exilia de sí. Esta respuesta a la inquietante pregunta de por qué se apropiaron de Miriam demuestra “la elevada predisposición a cometer el hecho”, según palabras de Lovelli. Se refiere concretamente a la predisposición en fin de cumplir la acción desplegada por el aparato genocida.
Fernández era la cabeza de la inteligencia del D2 y eso es insoslayable. Para borrar cualquier intento de las personas acusadas de quitarse responsabilidad, el abogado interpeló a las partes con una analogía: “¿Qué pasaría por su cabeza si supieran que Etchecolatz se hubiera apropiado de una niña? ¿Qué hubiéramos pensado todos los aquí presentes? ¿Que no sabía, que no conocía su origen?”.
Lovelli repasó otros casos en los que bebés de las embarazadas que parieron en la ESMA terminaron en manos de la fuerza que las había llevado allí. Tal es el caso de Evelyn Bauer Pegoraro, apropiada, retenida y ocultada por el exmarino que había acechado a su madre, Luis Vázquez Policarpo, y su esposa, Ana María Ferra. Otro hecho del estilo es el de Juan Cabandié Alfonsín, apropiado por el policía Luis Antonio Falco, perteneciente a la Federal, que comandaba el centro clandestino de detención (CCD) a donde llevaron a su madre. Y un caso similar es el de Ezequiel Rochistein Tauro: su mamá fue vista en el CCD “Mansión Seré”, comandado por la Fuerza Aérea. A esa fuerza pertenecía el apropiador de su hijo, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien fue detenido el 9 de octubre de 2021, hace pocos días, tras permanecer veinte años prófugo.
Un camino totalmente diferente fue el que recorrió Jorge Castro Rubel, nacido casi en el mismo momento que Miriam. Luego de la sustracción de los brazos de su madre, Ana, lo dejaron en el Hospital Elizalde y fue apropiado por médico que trabajaba ahí. “Si con Miriam hubieran hecho lo mismo, quizás se hubiera acrecentado la posibilidad de encontrarla”, aseguró el abogado.
Luego, en su alegato, Lovelli se refirió a la inspección ocular que propusieron las partes acusadoras pero el tribunal rechazó. El descarte de la posibilidad de viajar a Buenos Aires fue por dimensionar el viaje desde Mendoza. Ese fue el recorrido que tuvo que hacer Miriam, “nada fue por error ni por azar, el destino estaba pensado”. Es decir, la negativa de viajar reafirma el planteo: “Si a nosotros, con las comodidades que tenemos, nos resultaba incordioso viajar a Buenos Aires, imaginen el estado de Miriam con menos de un mes de vida siendo trasladada de la ESMA a Mendoza”. La analogía del abogado se propuso “graficar lo espantoso que fue el viaje, vaya uno a saber acompañada por qué oficial para caer a las manos de Fernández”.
Con este repaso, Emanuel Lovelli aseguró que “Miriam estaba destinada a ser apropiada por el matrimonio Fernández-Luffi”. Sus hechos se adscribieron a la lógica represiva, más allá de si fue o no Fernández a buscarla a la ESMA. “La lógica genocida era que Miriam fuera con la familia Fernández. Pichona era a quien tenían en la mira y no les importó la situación de riesgo de Miriam”.
Las declaraciones indagatorias
Sobre las palabras de Armando Osvaldo Fernández al finalizar la etapa testimonial, Emanuel Lovelli se propuso hacer un análisis. “Fue una versión muy ofensiva” a las partes, al tribunal, pero sobre todo a Miriam, aseguró. Trató de “mentirle hasta el último momento”. Según esta versión, “tendríamos que suponer que aquel corredor de zapatillas había traído a Miriam desde la ESMA, que engañó a un agente de inteligencia”. Despectivamente se refirió a Miriam como un animal “sin marca ni seña”. Y también como producto de una trampa, de una “cama” que le habían hecho.
Otra reflexión mereció el silencio de Iris Luffi quien, ante “esas mentiras de su esposo no tuvo nada que decir”. De esa manera prestó consentimiento a esa historia y, además, se escudó en Miriam: “No hemos hecho nada malo”, dijo Miriam siendo la víctima. Sin embargo, nunca le dieron una explicación verdadera sobre su origen y su identidad. Decidieron continuar reteniéndola y ocultándola hasta que un hecho externo, 40 años después, puso fin a la incertidumbre.
“Tenían todo el aparato de inteligencia para poder averiguar de dónde había salido ‘ese animalito sin marcas ni señales’”. De hecho, una de las testigos aseguró que las mujeres secuestradas embarazadas durante la dictadura en Mendoza fueron solo seis: “Era indagar entre seis personas”, reafirmó Lovelli. Había herramientas para saber el origen de Miriam pero el matrimonio eligió la “ceguera voluntaria”. Es decir, miraron para otro lado durante tantos años con “la publicación del Nunca Más, la película La historia oficial, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el caminar de Abuelas, los aportes argentinos a la Convención de los Derechos del Niño, las grandes manifestaciones a veinte años del Golpe…”. Miraron para otro lado porque “la representación de la procedencia de Miriam estaba hecha”.
Si bien no se pudo saber con claridad en qué momento preciso Miriam se enteró de que no era hija biológica de Fernández y Luffi, lo cierto es que no es responsabilidad de la víctima preguntarse por su identidad. Sin embargo, según declaró, planteó cierta incertidumbre en la adolescencia que nunca conmovió al matrimonio imputado. Luego se puso en marcha la denuncia y ella evitaba hacerse la pericia hasta que un día dijo: “No puedo seguir actuando como una delincuente que no soy. Estamos acorralados, hagámosle frente a lo que viene y vamos para adelante”. A raíz de esas palabras, Lovelli analizó que Miriam se sentía ocultada, justamente “la acción típica de la que ella era víctima”.
Un análisis de los testimonios
El abogado representante de la querella por Abuelas de Plaza de Mayo a continuación analizó los testimonios relacionados con las fuentes que originaron la denuncia por la identidad de Miriam. Respecto de Mariana Herrera Rubia, retomó la conocida frase de “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos” y detalló: “Una pariente política lejana de Armando Osvaldo Fernández conocía esta situación”, al menos quince años antes de que se la encontrara. El tiempo suficiente para que su abuelo —Francisco Moyano— la conociera, ya que falleció en 2010.
Por su parte, Cintia Troncoso —pareja del hermano del cuñado de Miriam— se representó la idea de que alguna hija del matrimonio Fernández-Luffi fuera hija de personas desaparecidas. El origen de esa información fue Iris Luffi, según entendió Troncoso. Fue quien le dijo a su hija Stella que Miriam no era hija biológica del matrimonio, que la llevó el padre una noche y probablemente su papá y su mamá habían desaparecido.
El expolicía estaba preso por su participación en el aparato represivo. En paralelo, a la tía de la testigo —una mujer del barrio que tenía un negocio y le alquilaba la vivienda a la familia Fernández— le pidieron que, si preguntaban por él, dijeran que no lo conocía. Quizás tenían en cuenta la posibilidad de que la investigación apuntara al caso de Miriam. Además, Cintia Troncoso aseguró que cuando supieron que la habían citado a declarar, le hicieron llegar amenazas y comentarios para que se abstuviera de presentarse.
Por su parte, los hermanos Rodrigo y Fernando Sánchez —este último expareja de Stella Fernández— mencionaron, mediante un testimonio orquestado, que supieron “por las noticias, hace ocho o nueve años” que Fernández estaba preso “por el tema de la Miriam”. Sin embargo, en aquel momento, el exintegrante del D2 estaba siendo investigado por su participación en el aparato represivo y recién fue procesado por la apropiación en 2018. En las noticias, la restitución de la identidad de Miriam se conoció en diciembre de 2017 y se relacionó con la aparición de la hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, nunca en referencia a los apropiadores.
A los testimonios, Lovelli sumó los datos de dos personas que no declararon: Sofía Sande y Blanca Haydeé Bustos. La primera dijo, mediante un correo electrónico, que “aunque era doloroso para Miriam, era preferible supiera la verdad”. La segunda, en 1977 recibió la visita del matrimonio Fernández-Luffi con la bebé y al preguntar por ella, Iris dijo “es mía”. Como a la mujer le resultó extraño porque la pareja había tenido otro bebé hacía poco tiempo, le contó esta situación a Beatriz García, amiga de Pichona, a quien conocía de la escuela en la que trabajaba.
Pedido de penas
Viviana Beigel realizó el pedido de penas para las tres personas imputadas. Sobre Armando Osvaldo Fernández, remarcó su participación activa en la llamada lucha antisubversiva y su desempeño como parte del aparato represivo, como también en la concreción de los operativos. Para el hombre formado en inteligencia contrasubversiva, solicitó la pena de 15 años de prisión.
Santiago Abelardo Garay también tuvo participación en el accionar represivo del aparato estatal pero, al no haber “usurpado el rol de padre”, la querella solicitó 13 años de prisión. Sobre Iris Yolanda Luffi pesa el agravante de su participación en el pacto de silencio genocida, del cual se valió para sostener la retención y el ocultamiento durante cuatro décadas y eso prueba su dolo directo. Conoció el origen de Miriam “desde el primer momento”, aseguró Beigel, pero tiene el atenuante de que no perteneció a las fuerzas y se resguardó en la conducta de su marido e, incluso, quizás no lo interpeló por sumisión. Para ella, solicitaron 10 años de prisión.
En los tres casos se pidió que, de ser posible, el cumplimiento de la condena se realizara en cárcel común. Además, la querella planteó la necesidad de declarar a María del Carmen Moyano como víctima de violencia de género y a la familia biológica, de delitos de lesa humanidad ya que la apropiación es un delito pluriofensivo.
La abogada agradeció a la agrupación HIJOS, a la Comisión Hermanos, a Abuelas de Plaza de Mayo y a la fiscalía. Interpeló a personas imputadas y a otras relacionadas a romper el pacto genocida: “Digan dónde están las nietas y nietos que nos faltan”. Antes de concluir, se dirigió indirectamente a la víctima principal de este juicio. Apuntó a que el camino de justicia la empoderara: que “esos pocos días en que Miriam estuvo en brazos de su madre resurjan y vuelvan a la memoria de Miriam para que pueda abrazar su historia, su identidad y reencontrarse con su verdad”.
La próxima audiencia será el jueves 11 de noviembre a las 11:30.
