13-08-2021 | Declararon Ana María Martí, Jorge Castro Rubel y Alicia Lo Giúdice. La primera fue presa política y compartió cautiverio en la ESMA con “Pichona” Moyano. El segundo es el nieto recuperado 116, cuyo parto sucedió pocos días después que el de Miriam; las madres transitaron sus embarazos juntas en cautiverio. La tercera es psicóloga, especializada en identidad, e histórica profesional de Abuelas de Plaza de Mayo. La próxima audiencia será el 27 de agosto a las 11:30.
Los testimonios de la jornada aportaron datos sobre las condiciones del cautiverio de “Pichona” Moyano y el nacimiento de su hija en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los relatos, enérgicos y conmovedores, aportaron a la comprensión del hecho, al funcionamiento de la represión y al análisis del caso. La declaración de Lo Giúdice describió algunas regularidades del impacto de la apropiación en la subjetividad de las víctimas desde la experiencia clínica concreta de los nietos y las nietas restituidas.
La historia de Pichona Moyano y su hija contada desde hace cuarenta años
Ana María Martí fue secuestrada el 18 de marzo de 1977 y trasladada a la ESMA, donde estuvo 21 meses en cautiverio. “Teníamos en mente que si salíamos vivos de ahí íbamos a testimoniar sobre lo que nos había ocurrido”, manifestó. Obtuvo la libertad el 19 de diciembre de 1978 y ha declarado en múltiples juicios orales como la “Causa ESMA” o “Plan sistemático”. Por tratarse del primer proceso local que involucra hechos sucedidos en la ESMA, la fiscalía le pidió que incluyera una descripción del lugar.
El sótano del Casino de Oficiales era el primer lugar al que llevaban a las personas secuestradas. Martí fue torturada allí apenas llegó. En ese nivel también preparaban los vuelos de la muerte y había una enfermería. Luego la subieron al tercer piso, un lugar conocido como “Capucha, un recinto bastante grande con forma de L”. En una mesa ubicada a la izquierda de la puerta de entrada había guardias a quienes llamaban “los verdes”: eran adolescentes de 16 o 17 años que estaban ahí para aprender oficios. Desde allí se podía subir por una escalera pequeña a “Capuchita”, donde estaba el tanque de agua y ponían a la gente que había sido secuestrada por el Servicio de Inteligencia Naval.
En Capucha había celdas y “cuchas”. “Parecían un ataúd”, aseguró Martí. Tenían grilletes en los pies, capuchas en la cabeza, no podían mirar a los costados, no les permitían hablar. “Vivíamos el infierno total…”. A pesar de eso “siempre fuimos consiguiendo la manera de entender lo que pasaba ahí y logramos comunicación”.
En ese piso había baños, dos piezas para embarazadas —una daba al río; la otra, a la Av. Libertador—, dos pañoles (el chico y el grande) que servían como depósito de lo robado. Hacia fines del 77 o principios del 78 pusieron en funcionamiento “la pecera”. Martí la conoció porque la eligieron “con un grupo que hacía trabajo esclavo”: ella era bilingüe y le hicieron traducir de la prensa francesa todo lo concerniente a la Argentina y particularmente al Mundial de Fútbol.
Ana María Martí se enteró de la existencia de mujeres embarazadas detenidas en Capucha cuando llevaba más de un mes en ese lugar. Un día, además del “sándwich naval” (un pequeño pedazo de pan con una tajada de carne) les dieron una mandarina. Cuando los guardias terminaron de repartir, le empezaron a caer a su “cajón” una mandarina atrás de otra. Una mujer le dijo “para las embarazadas” y había que seguir pasándolas. A dos metros, empezó a escuchar “gracias, gracias”. “Estábamos todos muy hambrientos porque no comíamos prácticamente nada. Pero todos dieron sus mandarinas para las embarazadas”, recordó Martí.
Empezó a conocer nombres de otras mujeres cuando el baño dejó de ser un balde de metal que traía el guardia. Alrededor de principios de mayo del 77, “explotaba capucha de gente” y empezaron a trasladarlas hasta un baño grande, en grupos de cinco o seis mujeres o varones. Allí estaban con grilletes, pero sin capucha. Había dos o tres duchas, un inodoro al fondo y un piletón con varios grifos donde lavaban su ropa interior, la estrujaban y se la volvían a poner mojada.
Las acompañaban dos guardias que en general les daban la espalda. “Ese lugar era un espacio de libertad increíble… El hecho de poder vernos, poder hablar…”, repasó Ana María. La primera vez no les permitieron conversar: “Lo que hicimos fue abrazarnos y llorar mucho. Fue muy impresionante poder mirarnos a la cara”. Después pudieron decirse sus nombres, de dónde venían, en qué organizaciones habían militado, cómo fueron sus circunstancias de secuestro.
En ese escenario pudo identificar a las mujeres embarazadas Mirta Alonso de Hueravilo, Ana Rubel de Castro y “Pichona” Moyano. De ella recuerda que hablaba mucho de Mendoza y San Juan. Supo que había estado secuestrada en Córdoba junto con su compañero, Carlos Poblete. Ya exiliada en Suiza, Ana María Martí conoció —con Sara Solarz de Osatinsky— a dos sobrevivientes de La Perla: Graciela Geuna y Teresa Meschiatti, quien recordaba a Pichona de aquel centro clandestino.
En Capucha, a las mujeres embarazadas les trajeron camas metálicas “porque ya no se podían levantar del suelo”. Martí recordó que Pichona era bastante alta y más joven que ella, que en ese momento tenía 30 años. Por el embarazo avanzado, su cara y sus tobillos estaban hinchados. Tenía el cabello castaño oscuro y los ojos tristes. “Vivíamos en un terror total, pero ella lo llevaba bastante bien. Daba la impresión de que estaba calma, de que enfrentaba la situación”. Pichona tuvo una hermosa relación con Ana Rubel, “una amistad muy linda. Se apoyaban mucho. Yo a veces las sentía reír en Capucha”. Ana estaba muy mal, había sido ferozmente torturada en la ESMA y temía que su bebé naciera con algún problema de salud. Pero “Pichona tuvo una influencia muy grande sobre Ana porque lograba calmarla”. Otra embarazada en ese recinto era María Hilda Pérez de Donda.
Más o menos a principios de junio abrieron “la pieza de las embarazadas”, que también llamaban “la pequeña ‘Sardá’”, como la nombró el director de la ESMA, Rubén Chamorro, quien iba asiduamente a visitarlas. Era una habitación pequeña que daba al río, pero tenía las ventanas tapiadas, no tenía luz artificial ni orificio de ventilación. Durante un tiempo siguieron con grilletes pero les sacaron las capuchas, las alimentaron mejor y les dieron ciertos cuidados. La testigo conoció ese recinto.
“Yo creo que ahí empezó el verdadero plan de la ESMA de convertirse en una maternidad clandestina”, reflexionó Ana María Martí. Arribaron muchas chicas secuestradas por distintas fuerzas en otros lugares del país, “con el objetivo de hacerlas parir”. De hecho, la testigo aseguró haber conocido a 16 mujeres embarazadas que dieron a luz ahí: “Me acuerdo de todas”, afirmó.
La primera vez, fue con Sara Solarz, con quien compartió cautiverio alrededor de un año y medio. Sara estuvo en el parto de Pichona —y en todos los demás— y le contó a Ana María muchos detalles: “Cuando volvió estaba destrozada, lloraba”. Pichona estaba en la pieza de las embarazadas y al empezar con trabajo de parto la bajaron a la enfermería del sótano, conocido como “el infierno. Ella parió en el infierno, su hija nació en el infierno”, expuso la testigo. Y explicó que la enfermería estaba al lado de la sala de torturas, a no más de un metro y medio, que funcionaba todo el día. De allí salía la patota a secuestrar; allí llegaban las personas secuestradas, “a los golpes y a las rastras”, siempre con grilletes. Durante el parto, Pichona pidió que se los sacaran a Sara porque hacían un ruido que le resultaba insoportable pero no le hicieron caso. “Era el peor lugar del mundo donde tener un hijo”, lamentó Martí.
Pichona fue atendida por Magnacco, acompañado por otro médico cordobés, Martínez Pizarro. También había un enfermero. “Al verse sola entre los represores”, Pichona se asustó, empezó a gritar y pidió que estuviera Sara. Ella “tenía un carácter dulce”, más de 40 años y había atravesado dos partos. “Todas esas condiciones se reunieron para que las chicas embarazadas la tomaran un poco como su mamá”, aseguró Ana María Martí.
María del Carmen Moyano fue devuelta a la pieza de las embarazadas y estuvo con su hija alrededor de una semana. En esos días Ana Rubel dio a luz a su hijo y la dejaron con el bebé en la misma habitación. Uno o dos días después se las llevaron a ellas. De allí desaparecieron, pero quedaron el niño y la niña con María Hilda Pérez de Donda un tiempo más.
Sara preguntó por ellas a “Pedro Bolita” —un suboficial encargado del traslado de personas detenidas y particularmente de embarazadas—, quien respondió que habían sido derivadas al Tercer Cuerpo de Ejército. Pero “de Pichona no supimos nunca más nada”, afirmó Martí. La testigo añadió: “‘Los pedros en la ESMA eran suboficiales. Los llamaban así porque tenían llaves de todos los lugares. Y eran los que trasladaban a los detenidos de un lugar a otro. A él le decían ‘Pedro Bolita’ porque era jujeño, tenía rasgos bolivianos o del norte de Argentina. Fue identificado y se llama Carlos Galián”.
En todos los casos de partos en la ESMA que recordó la testigo, primero se llevaron a las madres y después a sus bebés: “Ellos consideraron a las embarazadas como un envase (…) Una vez que obtenían el bebé, el envase era desechado”. La testigo relató que era común que cuando traían personas detenidas por otras fuerzas, o en otros lugares, fueran devueltas a quienes las habían secuestrado. “Era como que cada fuerza era la propietaria” de las personas que detenía. Puso como ejemplo los casos de Liliana Pereyra y Patricia Mancuso, de Mar del Plata.
A las embarazadas, el prefecto Héctor Febres les hacía escribir una carta donde contaban cómo nacía su hija o hijo, si tenía algún problema o condición. “De eso soy testigo directo”, confirmó Martí. Febres les decía cómo tenían que escribir la carta, qué poner y qué no, a quién se la tenían que entregar: “Por favor, pongan bien el nombre y el apellido de la persona, la dirección exacta, no se vayan a equivocar, a ver si llegamos con un bebé a una familia que no tiene nada que ver”, contó Ana María.
La testigo no vio a Pichona escribir esa carta, pero no tiene dudas, “es imposible que no la haya escrito”. Y añadió: “Yo me enteré hace unos años de que la hijita de Pichona fue apropiada por una familia de Mendoza. Que el apropiador pertenece a las fuerzas represivas de la dictadura”. Con toda esta información, “no sabíamos dónde entregarla” era una excusa: “No es verdad, tenían todos los datos”, puntualizó.
Ante la pregunta de Viviana Beigel, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana María Martí relató que entre las tareas principales de Febres estaban las embarazadas. Conseguía leche, pañales, vestimentas. Con el tiempo, empezaron a observar que traía objetos lujosos, ropa muy cara o moisés con puntillas. Ahí empezaron a pensar que “los chicos no eran entregados a la familia. No le encontrábamos ninguna lógica a comprar objetos tan caros y de lujo”. Dedujeron que “eran comprados por las familias designadas a apropiárselos”, concluyó.
Ana María Martí y Sara Solarz de Osatinsky fueron liberadas en Europa. El primer tiempo estuvieron en Valencia, en la casa de familiares de Ana María. Muy pocos meses después, empezaron a reunirse con otras personas en situación similar, con quienes confeccionaron el “testimonio de París”. También hicieron denuncias ante el juez Baltasar Garzón, otras en Italia, en las embajadas sueca y suiza, en Amnistía Internacional, en la Cruz Roja, entre otras. Siempre mencionaron a las mujeres embarazadas, es decir que hace más de 40 años se conoce internacionalmente el caso de María del Carmen “Pichona” Moyano y su hija.
Dos partos casi simultáneos en la ESMA: la historia de Jorge Castro Rubel
El segundo en declarar fue Jorge Castro Rubel, nieto recuperado número 116. La historia sobre sus orígenes está estrechamente ligada a la de Miriam Lourdes. “Nací en la ESMA, a mediados de 1977. Recién en 2014 conocí dónde había nacido y quiénes fueron mis padres biológicos”, explicó. Hasta ese momento no había tenido grandes dudas sobre sus orígenes. En agosto de 2014, en el marco de la repercusión por la restitución del nieto de Estela de Carlotto, una tía de su grupo familiar lo citó para contarle que no era hijo biológico de quienes lo criaron. Hablar con este matrimonio no le aportó información suficiente, por tanto, decidió acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo.
En septiembre u octubre de 2014 se contactó con Abuelas y llevó una copia de su partida de nacimiento. Luego dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Yo tenía plena conciencia de que no quería vivir con esa incertidumbre (…) Tenía necesidad de saber. Y también por responsabilidad colectiva —agregó—. Tenía conocimiento de lo que había sido la dictadura y la apropiación de niños por mi formación profesional”. Jorge es sociólogo e investigador.
El 4 de diciembre de 2014 recibió un llamado de Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El testigo se presentó en las oficinas del organismo, donde le confirmaron que era hijo de Hugo Castro y Ana Rubel, “dos jóvenes militantes políticos desaparecidos por la dictadura”. Relató que, además de preguntar por la familia que lo había buscado, conoció ese día a la mujer que había asistido a su madre en el parto. Se trataba de Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos. “Fue un encuentro sumamente emocionante para ambas partes. Me había visto nacer en la enfermería, en el sótano de la ESMA (…) Fue una de las primeras caras que vi al nacer”.
Luego se reunió con una tía y un tío. “Me encuentro con dos familias muy ávidas por contarme mi historia (…) con compañeros y compañeras de mis padres”. Así supo que su madre era oriunda de Chaco pero a los veinte años se había trasladado a Buenos Aires, donde desarrolló actividad política. También reconstruyó cómo se sucedieron las detenciones: primero la de su padre, en la casa de la familia Castro —provincia de Buenos Aires—, y dos días más tarde la de su madre, en el departamento de la pareja en Capital Federal. Ana estaba embarazada de dos meses cuando llegó a la ESMA y Jorge nació a mediados de 1977: “Estuvo más de seis meses engrillada, encapuchada, en condiciones infrahumanas”, refirió.
El fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al testigo que explicara cuál era el vínculo entre su caso y el de Miriam. Jorge indicó que durante el parto de su madre fue acompañado por Alicia Milia y Sara Osatinsky, quienes relataron que pocos días antes de su nacimiento había ocurrido el de la hija de “Pichona”. Las dos madres, Ana y Pichona, construyeron durante su cautiverio una relación de amistad muy fuerte, tanto que pidieron ser trasladadas de forma conjunta con la expectativa de reencontrarse con el niño y la niña una vez cumplido el “supuesto proceso de recuperación” que proponía la conducción de la ESMA para las detenidas. “Hablaban entre ellas sobre sus hijos (…) [se preguntaban] si íbamos a casarnos de grandes”, refirió Jorge a partir de los testimonios de Sara y Alicia. Además del interés que —aseguró— toda nieta y todo nieto recuperado tiene en encontrar a las más de trescientas personas que faltan, con la hija de Pichona existía este lazo.
La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, indagó sobre las condiciones del espacio donde Ana Rubel dio a luz y que Jorge pudo reconstruir a partir de las declaraciones de las sobrevivientes: “Llegar a este mundo en esas condiciones tan indignas (…) genera, por lo menos en mí, una tristeza y un enojo muy grandes”, declaró el testigo. A fines de 2014, una vez recuperada su identidad, pidió conocer el lugar. Aunque se estaban haciendo trabajos para inaugurar el sitio de memoria, le permitieron recorrerlo con su pareja y Alicia Milia. La mujer le indicó el lugar del sector “capucha” donde estuvo Ana y el sótano donde ocurrió el parto. Al lado de la enfermería se ubicaba la sala de tortura. Cuando llegó a la ESMA, la madre de Jorge fue “salvajemente torturada” a pesar de su embarazo y tenía mucha preocupación por el bebé. “Apenas nací quería asegurarse de que tuviera los dos ojos, los cinco dedos de la mano”, relató. En relación al tiempo que pudo permanecer junto a ella, los testimonios son más débiles: “No se sabe si estuve dos días con mi mamá”.
El parto de Pichona se dio en las mismas condiciones adversas. “Posteriormente quedamos en el cuartito de las embarazadas y de allí fuimos retirados por un tal ‘Pedro Bolita’ (…) con destinos distintos”, explicó. “Algunos dicen que nací prematuro (…) Parece que estaba con problemas respiratorios y, por tal razón, fui llevado al Hospital Pedro de Elizalde. Ahí comienza mi recorrido hacia la apropiación”. A dicho establecimiento lo llevaron Linares y Roberto Gonzáles de la Policía Federal, integrantes del grupo de tareas de la ESMA —el último no ha podido ser extraditado desde Brasil—. Cuando se produjo la identificación de Miriam, Jorge se alegró. “Nos conocimos en la sede de Abuelas y estuvimos juntos cuando ella recorrió la ESMA (…), el Casino de Oficiales, donde nacimos ambos”.
“Con la certeza de haber hecho lo correcto”
Para el nieto 116, encontrarse con la verdad fue “un antes y un después” que lo llevó a replantearse aspectos de su historia personal: “Muchas cuestiones me acompañarán toda la vida (…) Creo que es un proceso de largo plazo”, expresó. De algunas decisiones asegura sentirse contento y orgulloso. Asumir el apellido Castro Rubel fue “hacerlos aparecer a ellos cuando, justamente, se intentó ocultar ese vínculo y su existencia”. Aunque vivir 37 años con otro apellido no fue sencillo, tiene “la certeza de haber hecho lo correcto”. Por eso él y sus hijos portan los dos: “Pedí la modificación del apellido de mis hijos, que ya habían nacido, con su verdadera filiación (…) Creo que fue una excepción, pedí transferir ambos apellidos (…) Estoy sumamente contento”. Además, agregó, es lo que indica la ley.
El defensor particular de Iris Luffi, Mariano Tello, se mostró interesado por la situación del matrimonio apropiador del testigo. Jorge refirió que la pareja fue procesada, pero el hombre falleció. La mujer se encuentra actualmente procesada.
El delito de apropiación como “consumación de otro modo de exterminio”
Alicia Lo Giúdice es psicóloga y docente de la UBA. A pedido de la querella fue convocada para explicar algunos impactos del delito de apropiación en las víctimas. La testigo indicó que en 1985 comenzó a tratar a la primera nieta restituida por vía judicial y en 1990 quedó a cargo del área psicoterapéutica de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta que en 2003 se creó el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de esta asociación. Viviana Beigel solicitó que desarrollara ante las partes las diferencias entre apropiación y adopción.
Lo Giúdice caracterizó los hechos como catástrofe social y enmarcó las apropiaciones dentro del delito de genocidio—que afecta a toda la comunidad— acuñado por Raphael Lemkin: el secuestro y la apropiación de niños se ubica dentro de esta figura de aniquilamiento de grupos sociales. La dictadura argentina practicó la desaparición forzada y el secuestro y la apropiación de niños y niñas —por personas vinculadas a las fuerzas militares—, lo que, a su entender, implica el despojo de sus familias, sus historias, sus cuerpos y sus nombres.
Estas niñas y niños vivieron “en un estado de excepción sin saberlo”. Es decir, “en condición de secuestrados y desaparecidos” y dentro de una lógica concentracionaria, conviviendo con los perpetradores, ignorando el asesinato de sus padres y sus madres y con una inscripción falsificada. Para la psicóloga, es la consumación de “otro modo de exterminio”, a diferencia del asesinato del nazismo, ya que “se los extermina de un sistema de filiación”.
Por otro lado, la testigo habló de “identidad colonizada”. Como la constitución de la subjetividad se produce a través del lenguaje, estos niños y niñas tuvieron que tomar el discurso de quienes los criaron, sin posibilidad de rechazarlo. De ese discurso depende la personalidad de cada individuo. En consecuencia, existe una identificación con la familia apropiadora.
Lo Giúdice se refirió a la adopción en tanto figura legal —diferenciándola de las mal llamadas adopciones que en rigor son producto del tráfico de bebés— como aquella cesión de un niño o niña a otra familia por imposibilidades para su crianza. Es decir, hay una renuncia a la función materna y paterna, mientras que en la apropiación no hay renuncia, sino impedimento impuesto a esa pareja progenitora y sus familias, que sí quisieron hacerse cargo de esas funciones. La apropiación comparte con la compra-venta de personas la privación de la historia para ese niño o esa niña, aunque en el primer caso interviene activamente el aparato del Estado.
La testigo se refirió a las consecuencias psíquicas de la inscripción falsa de las víctimas: “El nombre es el primer significante que ata el sujeto a la vida. Nombrar es lo primero que hacen una madre y un padre cuando reciben un bebé. Además de esta “función psíquica”, el nombre tiene una inscripción en lo legal, porque lo retoma la sociedad y permite incluirse en el sistema de parentesco, dentro del cual cada persona ocupa un lugar.
Explicó que la mentira sobre el origen y la filiación falsificada pueden producir estragos en la personalidad, e incluso una disociación, especialmente cuando el medio en el que se cría la persona sostiene la mentira. La psicóloga señaló que el peligro de mantener el apellido de la apropiación con el paso de los años es “hacer desaparecer a los padres nuevamente”, daño que impacta en las generaciones posteriores porque permanece desaparecida una genealogía. “Lo no tramitado psíquicamente (…) tiene consecuencias en la generación siguiente (…) aunque en el momento los síntomas puedan estar acallados”, afirmó.
Otra situación recurrente para la profesional es la culpa. Las personas que recuperan su identidad a menudo sienten responsabilidad por los delitos de otras y culpa por los efectos de la judicialización en la familia apropiadora. Por eso la testigo resaltó la necesidad de que la justicia determine esas responsabilidades y resitúe funciones y lugares de parentesco. La psicóloga puso en duda el “supuesto amor” que argumentan apropiadores y apropiadoras por el cual no habría delito y señaló que se dan situaciones de extorsión, sobre todo cuando las víctimas deciden emprender la búsqueda.
La declaración concluyó con una reflexión sobre los impactos de la restitución en las víctimas y en las familias: “El encuentro con la verdad histórica trae dolor por lo no vivido, por todos esos años, pero también alegría por la posibilidad de recuperar algo (…) una apertura, apostar a los vínculos”.
Incorporación de prueba
Al finalizar las testimoniales, la abogada querellante Viviana Beigel solicitó realizar un reconocimiento ocular en la ex ESMA para determinar las condiciones en las que se produjo el parto de María del Carmen. El defensor oficial se opuso al pedido por considerarlo redundante, fuera de tiempo y dilatorio del proceso. El tribunal debatió y acordó la incorporación de un recorrido audiovisual preexistente. La próxima audiencia será el viernes 27 de agosto a las 11.30, ocasión en la que declararán Miriam Lourdes y su hijo, Maximiliano Galas.
