29-03-2019 | Comenzó el noveno debate por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. Esta vez se analizará la responsabilidad penal de 20 imputados, 17 de los cuales llegan por primera vez a juicio. Pertenecieron, en su mayoría, a la Fuerza Aérea y al Destacamento de Inteligencia 144.
Arrancó un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70 contra un centenar de víctimas. La audiencia hoy se focalizó en introducir a las partes que intervendrán en el proceso y en identificar a los procesados: doce de ellos estuvieron presentes en la sala, siete por videoconferencia desde otras oficinas judiciales del país y solo uno no pudo registrarse en esta jornada.
Las partes
Se conoció la integración del tribunal: está presidido por Alberto Carelli e integrado por Alejandro Waldo Piña y Héctor Cortés. El lugar de cuarto juez lo ocupa, nuevamente, Raúl Fourcade, de San Luis. En representación de la fiscalía estuvieron presentes Dante Vega -fiscal general y titular de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza- y Daniel Rodríguez Infante -fiscal ad hoc-. Las querellas están representadas por Fernando Peñaloza, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Luz Faingold, del gobierno de la provincia de Mendoza; y Viviana Beigel, Carlos Varela, Carlos Blanco, Pablo Salinas y Diego Lavado por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
La mayoría de los imputados será representada por la defensa oficial, en nombre de Leonardo Pérez Videla. Estos son: Zalazar, Moroy, Carmona, Escobar, Fernández, Simone, Calderón, Raganato, Cuadrado, Gaviola, Escudero, Roccato y Álvarez. Como en el juicio anterior, el abogado Carlos Benavídez ejercerá la defensa de Santa María y Andrés Ramos de García. Los dos defensores se sustituirán en caso de ausencia; el conocido abogado de represores, Eduardo San Emeterio,y Ariel Civit, representarán a López; Civit también actuará en nombre de Luis; los cordobeses Pedro Despouy y Eduardo Omar Capdevila defenderán a Agüero; Juan Yoma y Marcelo Puerta ejercerán la defensa de Martínez; y Matías Aramayo, defensor del recientemente condenado Héctor Carabajal, representará a Chiófalo.
Quién es quién
Se identificaron los imputados; primero los ocho que seguían el debate por videoconferencia. El abogado San Emeterio pidió que comenzaran por su defendido, Jorge Alberto López, por encontrarse con problemas de salud. Suelto de palabras y detenido en Ezeiza, el imputado dijo ser “comodoro retirado, veterano de Malvinas […] aviador militar”. Juan Carlos Cuadrado es brigadier retirado y habló desde la Cámara Federal de Casación Penal; se encuentra en prisión domiciliaria. Juan Carlos Luis fue suboficial mayor del Ejército y se identificó desde el juzgado federal de San Rafael, departamento donde cumple prisión domiciliaria. En la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se encontraban dos procesados detenidos en sus domicilios en aquella provincia: Julio Roberto Agüero, quien se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de suboficial principal y Alberto Raganato, comodoro retirado. Anacleto Edmundo Calderón está detenido en su domicilio de San Luis y fur suboficial mayor del Ejército. Juan Carlos Alberto Santa María cumple su condena y se presentó desde la Unidad 31 de Buenos Aires: es comodoro retirado. Eduardo Elio Gaviola, con el mismo rango en la Fuerza Aérea, tiene prisión domiciliaria en San Juan, desde donde se presentó.
La mayor parte de los imputados estuvo presente en la sala de audiencias. Siete de ellos cumplen prisión domiciliaria. Manuel Martínez se retiró como comisario mayor de la Policía de Mendoza, un cargo que actualmente no existe. Marcelo Rolando Moroy es suboficial mayor retirado de la misma fuerza. Néstor Nivaldo Carmona revistió el cargo de suboficial ayudante en la Aeronáutica. José Santos Chiófalo, conocido por integrar Los trovadores de Cuyo, se retiró con el grado de capitán de la Fuerza Aérea. El múltiples veces condenado Armando Osvaldo Fernández fue comisario general de la policía provincial. Emilio Antonio García se retiró con el cargo de suboficial mayor de la Fuerza Aérea. Ramón Dagoberto Álvarez se retiró como suboficial mayor de la policía.
José Antonio Escobar prestaba servicio en el Ejército, retirado como suboficial mayor. Oscar Alfredo Simone se presentó como PCI -Personal Civil de Inteligencia- retirado del Ejército. Ambos están detenidos en San Felipe. Hugo Luis Zalazar fue suboficial mayor del Ejército y su detención es domiciliaria. El último en identificarse fue José Esteban Roccato, quien dijo ser licenciado pastor evangélico y cabo de cuerpo de apoyo retirado de la policía de Mendoza. Este procesado no está detenido. Quedará pendiente la identificación de Julio Rolando Escudero.
Se inicia la lectura del requerimiento: la Fuerza Aérea
Luego de un cuarto intermedio, la secretaria del tribunal, Natalia Suárez, comenzó la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio con las causas que involucran a la Fuerza Aérea. Los once imputados, miembros de inteligencia y de las divisiones operacionales, deberán responder por los delitos cometidos contra 77 víctimas.
En el pedido de juicio, el Ministerio Público Fiscal desarrolló una minuciosa exposición sobre el rol que le cupo a esta arma en el plan de represión estatal desatado antes y durante la dictadura militar. Como se explicó en el proceso anterior, el conocimiento sobre los crímenes de la Aeronáutica fue tardío en relación a las demás fuerzas. Sin embargo, un informe elaborado por el “Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas” -dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación- en 2014 indica que la Fuerza Aérea controló la subzona 16 en Buenos Aires (Morón, Moreno y Merlo) y que aportó a la lucha contra la subversión en el resto del país desde el Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI) y sus respectivas agrupaciones territoriales. El resto de las tareas funcionales de la fuerza las realizaba el Comando de Operaciones Aéreas (COA).
Sus directivas internas son claras respecto de las tareas del CAMI: “Satisfará con prioridad los requerimientos operacionales que formule la Fuerza Ejército para la lucha contra la subversión” y “proporcionará el apoyo de inteligencia que le sea requerido por la Fuerza Ejército, para posibilitar la conducción centralizada del esfuerzo de inteligencia para la lucha contra la subversión” (Directiva “Orientación”, de 1975).
En Mendoza, de los hechos y de las declaraciones de altos mandos del Ejército en los 80 –Maradona, Dopazo- se desprende que la IV Brigada Aérea tuvo a su cargo una de las siete subáreas en las que se dividió el mapa provincial, posiblemente en las zonas aledañas a su base, en el Departamento de Las Heras. A su vez, está acreditado que condujo sus propios Centros Clandestinos de Detención (CCD) y que intervino en otros dependientes del Ejército.
Los legajos de sus integrantes confirman que la Aeronáutica también participó de la Comunidad Informativa, elemento clave en la recopilación de información, inteligencia y toma de decisiones respecto de los procedimientos, secuestros y desaparición de personas donde se reunían todas las fuerzas del aparato criminal.
Debido a problemas técnicos con los imputados que asisten mediante videoconferencia, el tribunal dio por concluida la primera audiencia e informó que las siguientes se desarrollarán cada quince días: los días 11 y 25 de abril y 3, 17 y 31 de mayo a las 9.30 hs.
