16-12-2022 | El defensor oficial Leonardo Pérez Videla alegó por Oscar Simone, a quien se le imputó la desaparición de Roberto Blanco en 1976. Denunció que la vinculación con el delito se produjo por una campaña de criminalización mediática en su contra. Las próximas audiencias serán el jueves 22 y el jueves 29 de diciembre a las 13:00.
El representante del Ministerio Público de la Defensa continuó con el análisis de la acusación, en este caso, respecto a la desaparición de Roberto Blanco. El delito se le adjudicó a Oscar Simone, personal civil de inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 144 (D144) del Ejército y compañero de trabajo de Blanco en la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia. Por el hecho ya fue condenado Armando Fernández del Departamento de Informaciones 2 de la Policía (D2) en el marco del tercer juicio de Mendoza. Blanco fue detenido en dos ocasiones por el D2. De la última, en marzo de 1976, no regresó.
Si bien la pertenencia de Simone al D144 aparece formalmente en su legajo desde 1983, la fiscalía advirtió que fue usual el “blanqueo” del personal civil una vez concluida la dictadura. Para la acusación, el imputado venía prestando servicios con anterioridad a este reconocimiento dentro de la fuerza. Pérez Videla reclamó que no existe prueba de su participación en el plan sistemático. Por el contrario, de acuerdo al defensor se habría armado una causa mediática en su contra.
Comparó el caso de Simone con la obra teatral de Bertolt Brecht sobre la vida de Galileo Galilei —se refirió insistentemente al escritor marxista como “el anarquista”— para argumentar que esta causa “se estructuró sobre ejes y rotaciones”, al igual que la acusación de la Iglesia al astrónomo italiano: “Todo empieza con los informes del Programa de Verdad y Justicia, las cuestiones genéricas que nunca después tuvieron acervo probatorio, toda la cuestión de criminalización mediática (…) ¿Cuál era la rotación, cuál era lo que faltaba? Dar asidero a algunas testimoniales”, resumió.
Pérez Videla sostuvo que la exesposa de Blanco, Norma Francisca González, dio otra versión a la que finalmente se impuso —sobre todo a partir del testimonio de Nora Cadelago, entonces pareja de la víctima—, pero fue “silenciada” desde el tercer juicio. La hipótesis del abogado se orientó a instalar la idea de conflicto económico entre Blanco y Felipe Dante Salpietro, antiguo dueño del Derby, y a relativizar el rol de la inteligencia en la desaparición: explicó que la Policía tenía toda la información que necesitaba sobre Blanco. Remarcó, además, que este y sus socios, Héctor Salcedo y Roberto Eduardo Jalitt, militaban en el sindicalismo peronista de derecha y tenían llegada a las máximas autoridades del Ejército y la Policía como Santuccione. Para responsabilizar a Simone en este juicio la fiscalía habría recurrido a los motivos ideológicos de la persecución de Blanco, sostuvo.
Aseguró que el caso no tiene lógica porque luego de la primera detención de Blanco y sus amigos, denunciados “falsamente” por Salpietro como militantes de izquierda y aprehendidos en enero de 1976, el D2 les hizo un prontuario pero les devolvió sus armas —iban armados— y les dio la libertad. De acuerdo a Salcedo, antes de la desaparición de Roberto, a fines de marzo el D2 lo citó nuevamente para que informara de las actividades de Juan Basilio Sgroi en la Dirección de Tránsito y Transporte. Salcedo lo llevó y lo vio entrar, pero nunca salió del Palacio Policial—. Por esta razón, insistió el defensor, no había necesidad de realizar el espionaje que se le adjudica a Simone. Eso sería indispensable, continuó, si entre ambas detenciones la víctima hubiera pasado a la clandestinidad, cosa que no sucedió. Blanco era conocido por su actividad gremial, sumó.
El legajo del acusado da cuenta de que tenía “condiciones naturales para el desempeño de la función”. Pérez Videla aclaró que esta afirmación debe entenderse como aptitudes para la tarea legal de inteligencia. Respecto a la recomendación de Héctor Luis —hermano de Juan Carlos Luis, también imputado en este juicio— para ingresar como PCI, el abogado reclamó que el tiempo transcurrido imposibilita citar a declarar a testigos clave como él.
Simone declaró que en 1977 la dictadura lo dejó cesante en la Dirección de Tránsito por su pertenencia al peronismo, donde había entrado por concurso a comienzos de esa década. Trabajó entonces en el sector privado. Explicó que su padre había sido PCI y en el 83 decidió ingresar al Destacamento. Allí realizó tareas de contrainteligencia pero “en otro momento” del país. Pidió la reincorporación a la administración pública, que se concretó en 1988. El acusado llegó a ser director gerente de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza.
La “criminalización mediática”
A Simone le habría ocurrido lo que a Carlos Rico: una construcción mediática que fue escalando hasta su imputación. Según Pérez Videla, fueron incluso los mismos medios, Página 12 y la revista Veintitrés. Esta última publicó una lista con PCI dentro de la cual se mencionaba a Simone. El abogado explicó que la causa comenzó con una denuncia de Víctor Hugo Dafal, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales y Autoconvocados (SITEA), por incumplimiento al Estatuto del Empleado Público provincial debido a que Simone actuó como PCI desde el 76 al 83: “Sin pruebas”, sostuvo el defensor. Luego, en una entrevista de 2011 Ricardo Puga lo señaló como “un civil que denunciaba a estudiantes, profesionales o militantes y los calificaba como terroristas subversivos”. Si bien se cerró el sumario administrativo en su contra, “lo mandan a Giol a trabajar”, “le dicen ‘escondete’”, refirió el abogado. La causa siguió su curso en la justicia federal. Las denuncias de los organismos de Derechos Humanos habrían sostenido esa tesis. Lo que primó fue el “criterio de sospecha” sin pruebas objetivas, reclamó.
Por último, sobre los testimonios de militantes sindicales y extrabajadores y trabajadoras de Transporte respecto al espionaje de Simone, el abogado resaltó que la presencia de su defendido en reuniones gremiales ocurrió en democracia. Solicitó para él la absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda. También requirió su excarcelación, dado que ha transcurrido los últimos 12 años en prisión preventiva.
Las próximas audiencias serán el jueves 22 y el jueves 29 de diciembre a las 13:00.
