22-12-2022 | El defensor oficial Leonardo Pérez Videla alegó por el Operativo Antijesuita en representación de los imputados Hugo Luis Zalazar y Vicente Omar Navarro, exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 144 (D144). El abogado comenzó por generalidades y luego se abocó a repasar cada caso. La próxima audiencia, última del año, será el 29 de diciembre a las 13:00.
El Operativo Antijesuita consistió en una serie de procedimientos que se desarrollaron entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1976. Resultaron desaparecidas ocho personas vinculadas con el cura “Macuca” Llorens, abocado a la militancia social y comprometido con el barrio San Martín. El origen de esta acción se ubica en la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín, de donde surgieron figuras como los sacerdotes Camilo Torres y Carlos Mugica, y los conocidos Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT).
Después de este punto de partida, aseguró el defensor, “nunca más íbamos a poder probar de forma objetiva” los hechos. Manifestó que el espionaje del Destacamento 144 no está descripto y pidió que el tribunal analice la nulidad de la acusación, porque no hay acción delictiva que se una con cada hecho.
Leonardo Pérez Videla criticó la incorporación del delito de asociación ilícita con la presunción de que sobre esa base se solventa el resto: “Todos esos delitos que se construyen a partir del relato tienen sentido en el paraguas de la asociación ilícita”. La acusación, interpreta, redimensiona el concepto para hacerlo aplicable a otros “asociados imaginarios dependiendo la época”. Un elemento ausente, repasó, es el acuerdo previo necesario, y otro, el dolo.
En sus palabras, Zalazar y Navarro se relacionaban con personas que le declararon la guerra a grupos revolucionarios, pero “el ordenamiento procesal exige que se describa una conducta” concreta. Faltaría, en su criterio, analizar cuándo se desplegaron actividades de inteligencia, ante qué casos, cómo fue la transmisión de órdenes y la conducta precisa de los imputados. Las pruebas que aporta la fiscalía, para el defensor son criterios de sospecha que no pueden pasar a ser criterios de certeza. Hay descripciones generales pero en la búsqueda de prueba objetiva hay vacíos legales, dijo.
En definitiva, el abogado no discute que los hechos hayan acontecido, “sino la forma en la que se han enrostrado los delitos” a los imputados. No le queda claro de qué forma fueron incluidos en el plan, su rol, los medios, las órdenes: “No hay un indicio serio, grave y concordante”. Plantea la necesidad de hablar en términos de elementos dirimentes y no de duda razonable. Nuevamente atribuyó la responsabilidad a sectores marginales: “Por los grupos de tareas hoy están pagando los platos rotos todos”. Básicamente distinguió la dinámica del Batallón 601 —donde “es abrumadora la prueba” en contra— del Destacamento de Inteligencia 144, donde no encuentra “una estructura similar”.
Argumentos generales, caso por caso
En el análisis de la particularidad de los hechos, remarcó un patrón común: el trabajo de todas las víctimas junto a Llorens en el barrio San Martín. La mayoría militaba en el PRT-ERP, aunque también había quienes provenían de Montoneros. Sin embargo, afirmó que en general no vivían en la clandestinidad y, por lo tanto, no se requerían tareas de inteligencia porque la información sobre estas personas era accesible.
Mercedes Salvadora Eva Vega de Espeche fue secuestrada el 8 de junio por personas encapuchadas y vestidas de civil que ingresaron a su domicilio. Hicieron denuncias en la comisaría y hubo declaraciones en 2004 que vincularon a los responsables con el Ejército, pero para el defensor, se tendría que haber hecho algo en ese momento y hoy ya es tarde.
El mismo día secuestraron a María Cristina “Piri” Lillo. Se la llevaron de su casa de calle Martínez de Rozas. También hubo denuncias en la Comisaría 6 y actuaciones sumariales que hubieran posibilitado investigar.
Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado eran una pareja de Montoneros que vino a Mendoza, pero Pérez Videla aseguró que, en realidad, no se ocultaban. Habló de que vivían en una “posible o retórica clandestinidad” y de que no era necesario el aporte del “espionaje” para dar con su paradero. Sus hijas iban a la escuela, en el procedimiento estaba involucrado incluso el intendente y gente del gobierno “que se dejó a una de las nenas”.
Zulma Pura Zingaretti, secuestrada el 22 de agosto del 76, llevaba diez años desarrollando labor social. “Para mí es un grupo ilegal, las patotas, un grupo de tareas” porque “no hay necesidad lógica de espionaje”, dijo. Sobre María Leonor Mércuri, repasó, pasa algo similar. Iba a la facultad, tenía domicilio particular públicamente conocido, un trabajo formal identificable. No se necesitaba, afirmó el defensor, “el aporte esencial de un organismo de inteligencia”, que “estaba concebido para otras cuestiones”. E intentó, a pesar de sus negaciones, mostrarse empático con las víctimas: “El daño es tremendo porque no lo podemos reconstruir”.
Por último, el mismo criterio aplicó a las desapariciones de María Inés Correa Llano y Carlos Jakowczyk, a quienes secuestraron el 16 de septiembre de 1976 de su domicilio en La Puntilla. Ella era enfermera; él, técnico electricista. “No hay nada que marque la necesidad del aporte de Zalazar y Navarro (…) No lo veo”. Frecuentaban lugares públicos y notorios.
Pérez Videla aseguró que la prueba recabada es general y con ella “podemos sostener la entelequia”. Es decir, en términos generales, Llorens y su gente sufría persecución de la inteligencia militar pero desde mucho antes del golpe de Estado y “es imposible trabar responsabilidad” de Navarro y Zalazar porque “no se puede probar el dominio real del hecho”.
Las declaraciones de los imputados
Se detuvo luego en las ampliaciones declaratorias de sus defendidos. Por escrito, Zalazar explicó cómo funcionaban las subunidades del Ejército y asoció la tarea de inteligencia a la “protección del Estado de un ataque exterior (…), no la cuestión de la subversión”. El exintegrante del D144 negó haber cometido delitos e insistió con su trabajo de logística. En el texto al que hizo referencia constantemente el abogado, Zalazar habría explicado los objetivos de las numerosas salidas que constan en su legajo.
En cuanto a Navarro, Pérez Videla hizo hincapié en los valores que el hombre aseguró defender: “Quiso que lo vieran como hombre, desde su niñez (…), desde su formación católica”. Luego se refirió a una “cuestión más sustantiva”, ya que Navarro postuló que las fronteras entre izquierda y derecha no eran tan claras, idea que el defensor repite en todas las audiencias. Por su cercanía con el justicialismo habría tenido problemas desde temprano en el Ejército. También minimizó la extensa formación en inteligencia con la anécdota del “carnet”. Se detuvo, asimismo, en el supuesto rechazo de Navarro al golpe militar por el cual fue progresivamente segregado. “Casi se encuentra en un laberinto sin salida”, agregó, porque regía un estricto código de justicia militar del cual no habría sido posible alejarse.
La “cuestión de la subversión” fue “metida con fórceps” en la estructura del Destacamento y de la fuerza en general: “Los grupos de tareas y estos grupos secretos se bastaban tanto a sí mismos que no necesitaban de la generación, aporte y preconstitución de un grupo que estaba por el Estado creado para otra cosa”. Como en los casos anteriores, solicitó para los acusados la absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda e insistió en la nulidad del pedido de prisión perpetua por la edad de ambos.
La próxima audiencia será el 29 de diciembre a las 13:00.
