29-12-2022 | En la última audiencia del año, Leonardo Pérez Videla se refirió al operativo de mayo de 1976. Negó toda certeza sobre la intervención del Destacamento de Inteligencia 144 y la Aeronáutica y minimizó el rol de los policías del Departamento de Informaciones (D2) también imputados. La próxima audiencia será luego de la feria judicial, el 3 de febrero del 2023.
Los acusados por los que alegó integran tres fuerzas. Por el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército (D144), Hugo Luis Zalazar y Vicente Omar Navarro Moyano. Por la Fuerza Aérea, Eduardo Gaviola, Alberto Raganato y Néstor Nivaldo Carmona. Además, deben responder los policías Armando Fernández, Marcelo Moroy y José Esteban Roccato del Departamento de Informaciones 2 (D2).
La acusación planteó la existencia de una labor coordinada de distintas fuerzas de la provincia entre el 10 y el 16 de mayo de 1976 contra militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Según el defensor, no se acreditó despliegue temporal y espacial, una labor mancomunada y estratégica de las tres fuerzas ni el planeamiento previo al momento de iniciar esta causa. En los sucesivos abordajes en juicio, agregó, no se produjo prueba novedosa. Como en todas las audiencias, apuntó a grupos de tareas que “pueden haber estado integrados por miembros de las fuerzas”, por ejemplo, debido a la modalidad mayormente nocturna y con personal de civil de los secuestros.
El abogado argumentó que para la fiscalía, la cabeza de la planificación del operativo fue inicialmente el D2, pero en el actual juicio viró al D144. También reclamó que el paso del tiempo hace imposible dirimir la responsabilidad, ya que las víctimas y sus familias mencionaron —entre ellas, la sobreviviente Vivian Acquaviva— la existencia de una lista de integrantes del PRT-ERP a manos de la Policía Federal, pero no se citó a ningún funcionario de esta fuerza.

Respecto a los sumarios de las personas detenidas labrados por el D2 —muchos sin aclarar las firmas, un rasgo de la ilegalidad del operativo—, descargó la responsabilidad en el fallecido jefe de la unidad, Pedro Dante Sánchez Camargo. No obstante, para Pérez Videla no “hay la más mínima prueba” de la participación de Moroy, Roccato y Fernández. En los documentos de los Consejos de Guerra a los que fueron sometidas las víctimas, las firmas corresponden al jefe de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Jorge Alberto Maradona, y los defensores y jueces militares. Todo conduce al Comando, destacó en su alegato.
Detalles sobre los casos
Repasó a continuación, de forma breve, cada uno de los casos incluidos en el operativo. Dado que muchas de las personas fueron detenidas en sus propios domicilios o en sus lugares de trabajo —como Eugenio París—, para el abogado no habría necesidad de inteligencia sobre las víctimas. Por la desaparición de Daniel Moyano están imputados los tres policías del D2, Moroy, Roccato y Fernández. Si bien la última vez que se lo vio al joven fue en esta dependencia, Pérez Videla insistió en que sus defendidos no tenían dominio del hecho por sus roles supuestamente menores. Tampoco habría pruebas sobre la intervención del D144 en este y los demás delitos.
En cuanto a Vivian Acquaviva, cuya detención involucra directamente a la Fuerza Aérea porque reconoció que estuvo cautiva en Las Lajas, el defensor puso en dudas cualquier certeza sobre el destino de la víctima. También retomó parte de su declaración testimonial en juicios previos: Acquaviva refirió que después de la detención de su hermano Raúl tres policías del D2 la siguieron constantemente hasta el momento de su propio secuestro, unos meses más tarde. A estos hombres los había identificado en una de las visitas al D2, cuando la familia buscaba a Raúl. Eso demostraría para el abogado que el D144 o la Aeronáutica no tuvieron participación.
Por los casos de Héctor Pablo Granic y Edmundo Samuel Beliveau, ambos desaparecidos, Leonardo Pérez Videla pidió que el tribunal analice “los datos históricos” de las víctimas, militantes de la Juventud Guevarista y secuestradas en su domicilio de calle Cervantes de Godoy Cruz. “Si el tribunal analiza estas subcausas va a poder observar con nitidez cuál era el modo de vida, la forma, los lugares que frecuentaban, lo que hacían —eran estudiantes—, lo que rodeaba la vida de estas dos víctimas, para realmente poder determinar o no si se le puede imputar algo a los integrantes del 144 que yo defiendo, al personal de la Fuerza Aérea, y a Roccato, Moroy y Fernández”, dijo.
Sostuvo que Granic y Beliveau, en realidad, habían sido identificados por el aparato de inteligencia de las Fuerzas Armadas porque tenían antecedentes penales desde el 74, según el requerimiento. Habían sido detenidos en la Comisaría 29 por pintar carteles en Maipú. Lo que vincula el destino de estas personas, argumentó el abogado, es que todo quedó documentado en los prontuarios que el D5 elaboraba y el D2 solicitaba, algo que entiende como “el funcionamiento regular de una institución”. Para él no se desprende de ese hecho la ilegalidad de los secuestros y desapariciones.
Las familias de Julio Félix Talquenca y Hugo Alfredo Talquenca, repasó Pérez Videla, abrazaban ideas socialistas y es una estructura que se ha transmitido por generaciones. “Sanos valores a través de un socialismo bien entendido”, dijo. En sus secuestros aparece la participación de un Falcon y de otros vehículos y “mezclas de personas que no pueden identificarse” vestidas de civil. Concluyó que “todo confluye en la existencia de un aparato paralelo e ilegal” que se podría haber develado hace 18 años pero no hoy. Afirmó que no era necesario el aporte de inteligencia porque se los llevaron de su domicilio y que la imputación es una locura y una entelequia.
Blanca Graciela Santamaría fue secuestrada alrededor de las 2 de la mañana en Villanueva. En el megaoperativo de 20 o 24 personas, manifestó, “no hay nadie que se vincule a la Policía, a la Fuerza Aérea ni a Inteligencia”. En la causa figura la participación de varios vehículos, es decir, “mucho material colectado en base a la nada” en relación a un grupo de tareas manejado por el comando. Afirmó que la coordinación entre las fuerzas para perpetrar el operativo es una entelequia. Luego vinculó su caso con el de su hermana, María Florencia Santamaría: “Hasta puede haber sido un acto de tremenda, espantosa y horrorosa venganza de un subgrupo parapolicial y paralelo”.
María Silvia Campos, repasó, fue secuestrada de su casa en San José y nada puede vincular el hecho con sus defendidos. Solo rescata la existencia de un Ford Falcon. Sobre Mario Luis Santini dijo que, entre los indicios, hay familiares que indican que días previos al secuestro, alguien de la Fuerza Aérea les había dicho que su hijo había estado detenido allí. Hubo búsquedas, denuncias e identikits que antes podrían haber servido para investigar, pero hoy ya le parece tarde.
Antonio Siro Vignoni identificó a tres agentes del D2 que participaron de su secuestro por haber trabajado en el Poder Judicial, donde ellos se desempeñaron. Afirmó, una vez más, que “solo se imputa a los vivos”. Nicolás Zárate fue detenido en su domicilio por efectivos del D2 e identificó torturadores, pero para el defensor están muertos y nombró apodos como “El porteño” o “Mechón blanco”. Sobre Jaime Pedraza dijo que le hicieron un consejo de guerra, como al resto, y tuvo un “tratamiento institucional”. Pero no se conoce quiénes dominaban el hecho para acusar.
Un repaso por indagatorias
Para finalizar el alegato por el operativo de mayo de 1976, el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, resumió las declaraciones indagatorias de los imputados. Sobre Raganato, destacó una “cuestión emocional” y una “necesidad de justicia que dirima y determine responsables”. Sus valores, aseguró, se alejan de la ilegalidad. También refirió a la estructura orgánica de la Fuerza Aérea y cuestionó que un mando medio pueda tener algún rasgo de ilegalidad. “El se siente rindiendo cuentas ante la sociedad, ante sus amigos, ante su familia, ante sus hijos, ante sus nietos, ante sus conocidos, él incluso ante dios”.
El abogado manifestó que la indagatoria de Gaviola fue muy clara. Se desempeño como alférez del Escuadrón de Tropa y del Grupo Base 4 y en la imputación, reflexionó, se implicó a la Aeronáutica normativamente pero no realmente. Asimismo, intentó explicar que está “en las antípodas de esa acusación”. Él se puso al servicio de la Subunidad COIN o de Defensa, pero “la mera existencia de estos nombres no se relaciona con las funciones concretas” del procesado.
Roccato, por su parte, expresó sus sentimientos y analizó su vida y su religiosidad: “Considera que la vida de él es una misión y dios lo ha puesto ahí”. Moroy habló del “armado de una acusación” que no puede probarse. Sobre las acusaciones y condenas por abuso sexual dijo “yo soy padre de mujeres, jamás le pondría la mano a una persona”. El defensor victimizó al imputado por su edad y su condición de salud.
Sin embargo, el repaso por la indagatoria de Fernández fue el que más destacó. “Fernández lamentablemente fue totalmente demonizado”, dijo Pérez Videla sobre el hombre que tiene dos condenas a prisión perpetua, una a veinte años de prisión y otra, a quince por la apropiación de Miriam, a quien anotó como hija biológica. “Además tuvo el problema de la causa de Miriam, de su hija”, agregó el abogado, y sostuvo que todo se vincula, como en otros casos, al derecho penal de autor y no al de acto. Es decir, cree que se lo juzga por quién es y no por lo que hizo. “No hay ni un elemento” objetivo que diga que él era un enlace en la mesa de inteligencia.
Por todo, pidió la absolución lisa y llana de cada imputado por esta causa. Además, hizo un pedido de inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de la pena de prisión perpetua.
La próxima audiencia será después de la feria judicial, el 3 de febrero del 2023.