17-03-2023 | El abogado Juan Yoma alegó en defensa por Manuel Martínez, ex oficial inspector de la Comisaría 16. Retomó la vieja idea de “una lucha entre dos sectores”, cuestionó la veracidad de los dichos del testigo Raúl Herrera y pidió la absolución del imputado. Aún no hay fecha confirmada para la próxima audiencia.
Debido a razones de salud, Martín Ríos no estuvo en condiciones de concluir el alegato por la defensa de José Santos Chiófalo que había iniciado Matías Aramayo en la audiencia pasada. Por eso tomó la palabra el abogado particular de Manuel Martínez Molina, Juan Yoma. Martínez fue oficial inspector de la Comisaría 16 de Las Heras, subordinada en esos años a la IV Brigada Aérea, lugar que alojó a numerosas personas detenidas ilegalmente y sometidas a tortura.
Yoma comenzó su alegato argumentando que ejercer la defensa de Martínez Molina era difícil, en primer lugar, porque los hechos sucedieron cuando él todavía no nacía y, en segundo lugar, porque en su formación académica aprendió principios de derecho penal que en estos casos exhiben excepciones “totalmente arbitrarias”. También se adelantó a pedir perdón por si hería “susceptibilidades”.
A continuación distinguió “la persecución étnica” del genocidio nazi de lo que sucedió en Argentina. En nuestro país, explicó, “había lucha entre dos sectores bastante diferenciados: uno proveniente del Estado y otro de parte de ciertas personas que consideraban que existía una revolución y tenían como rehén al pueblo argentino”. Además, marcó que los Juicios de Núremberg se realizaron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y en nuestro caso pasaron 47 años.
El abogado particular reclamó que la víctima, Raúl Herrera —hermano de Manuel y Nicolás Frías, también detenidos ilegalmente—, declaró en 2009 y él no pudo escucharlo, verlo ni interrogarlo. Reconoció que entendía que por la acordada 1/12 no lo citaban para no revictimizar pero dio vuelta los tantos y aseguró que se estaba victimizando al imputado por los años que lleva detenido en prisión preventiva que cumple en su domicilio. Incluso dice que hay equivocaciones procesales y que sigue sin entender muchas de las cosas por las que se acusa a Martínez, referencias a otros expedientes y otros juicios.
En una reflexión a título personal, Yoma afirmó que “existen en estos juicios heridas abiertas” y que “en el país hay una grieta y debemos replantearnos muchas cosas”. Puso como casos ejemplares a Sudáfrica y Chile, que solo condenó a los altos mandos. Y propuso, por un lado, “que nos tomemos un momento como sociedad para ver a dónde nos llevan estos juicios” y, por otro, realizar un plebiscito o someter los procesos de lesa humanidad a un jurado popular “para ver qué opina la gente”.
El abogado de Martínez adhirió a los planteos de la defensa oficial y remarcó: “A Manuel Martínez se le está endilgando este delito por el solo hecho de ser policía”. Es decir, se lo juzga por lo que es (derecho penal de autor) y no por lo que hizo (derecho penal de acto). Reclamó que estos procesos penales están plagados de arbitrariedades y faltos de pruebas. De hecho afirmó que el Ministerio Público Fiscal pidió 9 años de prisión para justificar los 8 y medio que lleva en preventiva “solo por haber prestado servicio en la Comisaría 16 y que alguien lo sindicara en las golpizas”. Aseguró que no existe material probatorio en contra de su defendido.
Para intentar demostrar la inocencia de Martínez, cuestionó que Raúl Herrera Frías hubiera podido identificar al imputado por haber estado encapuchado. Luego mostró fotografías del expolicía para demostrar que la descripción fisonómica de la víctima no coincide con el señalado como responsable y por eso, explicó, no lo identificó en el reconocimiento fotográfico que hizo hace poco más de una década. “Si alguien lo torturó no fue Manuel Martínez, porque refiere a una persona completamente diferente a la descripción”, puntualizó Yoma. Y puso en duda completamente los dichos de Herrera: “No quiero ser irrespetuoso pero también me cuesta creer que haya sido quemado con cigarrillos”.
El defensor cuestionó la correspondencia de lo relatado por la víctima con otros testimonios como los de Aldo Capurro, Carlos Tassín y Margarita Tapia, todas personas relacionadas con el Partido Comunista que estuvieron al mismo tiempo en la seccional. Y para solventar su idea también puso en duda ciertos dichos en estos relatos.
Reclamó que la fiscalía no dijo el rol del imputado en el aparato represivo del Estado, sus funciones o la gente que tenía a cargo. Y relató que en las comisarías por las que pasó —30, 16 y 33— siempre tuvo el cargo de oficial inspector: “Se dedicaba a instrucción de sumarios (…) Tenía una función administrativa”. “Desde la fiscalía se vulgarizó el testimonio de Manuel Martínez” diciendo que tenía entradas a la Comisaría 16, pero contó que en ese momento había cuatro personas en la fuerza con el mismo nombre.
Para concluir, remarcó: “No se ha podido comprobar que Herrera haya sido maltratado por Manuel Martínez”. Y agregó: “Entiendo que no hubo detenciones clandestinas en las comisarías” y tampoco considera probado que el imputado haya integrado de alguna manera el aparato represivo estatal. Pidió, entonces, la absolución lisa y llana o bien por el beneficio de la duda.
Aún no hay fecha confirmada para la próxima audiencia.
