31-03-2023 | Durante la jornada se oyó únicamente Martín Ríos, abogado defensor de José Santos Chiófalo, exdirector de la banda de música de la IV Brigada Aérea. Cerró de esta forma el alegato que había comenzado semanas atrás Matías Aramayo, también abogado particular de Chiófalo. Ríos acusó a los tribunales de no fallar a conciencia, se refirió al Ministerio Público Fiscal como “aparato de poder” y a su defendido como “preso político”. La próxima audiencia será el viernes 14 de abril a las 9:30.
Ríos comenzó aclarando que era la primera vez que actuaba en un juicio por delitos de lesa humanidad y reclamó que el proceso se hubiera extendido tantos años. La exposición del propio abogado estaba prevista para la audiencia pasada, ocasión en la que se excusó porque tenía un “ataque de hipo”. El desordenado alegato se centró en descalificar el trabajo que realizó la justicia federal en todo el país.
La “aberración” de los procesos de memoria, verdad y justicia
El defensor del exintegrante de los Trovadores de Cuyo opinó, citando a Daniel Pastor del Instituto Americano para la Democracia y el Museo de la Diáspora Cubana, que estos juicios habían nacido “viciados” desde que Néstor Kirchner se propuso, en 2003, avanzar con ellos “a como dé lugar, sin importar cuánta ley violara para poder realizarlos”. Hasta ese momento, continuó, los conceptos de “delito de lesa humanidad” e “imprescriptibilidad” no estaban en el “vocabulario jurídico de nuestro país”. Según el ya mencionado Daniel Pastor, serían “un injerto para aplicar el derecho penal del enemigo a los imputados, negándoles toda clase de derechos y garantías”. Mencionó entonces que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que habían sido avaladas por la Corte Suprema de Justicia.
La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en tanto, consistiría para Ríos en “una aberración” porque atenta contra uno de los principios fundamentales de la ley penal que es la irretroactividad. “¿Cuál era el objetivo, según ellos? Era buscar la memoria, la verdad y la justicia. Memoria, en este proceso hemos estado escuchando a un montón de testigos de contexto que no tienen nada que ver con el objeto procesal o con los hechos que se investigaban, sino que se hablaba del contexto general. Hay gente que lo pudo recordar por la memoria. Yo lo he vivido esto, en esa época, entonces conozco cómo fue todo, por lo menos de lo que yo pudiera conocer. No soy historiador ni nada de eso, pero en realidad yo viví en esa época. y también, quiero decir que yo no estoy a favor de quienes estuvieron gobernando durante la dictadura militar, yo fui militante del partido radical, luché contra esa dictadura en el año 81 y 82”, argumentó.
En cuanto a la verdad que pretenden los juicios, sostuvo que es “imposible llegar a la verdad” por el tiempo transcurrido. Tampoco se lograría la justicia porque son procesos injustos, “inventados”. De acuerdo a Ríos, desde el 2003 empezó una “cacería de brujas” estilo “macartismo estadounidense”. Se refirió a los imputados como “presos políticos” porque estarían detenidos por decisión del poder político. Los tribunales habrían sido “presionados” por el Poder Ejecutivo, acusó. “No se ve desde afuera que haya sido tan libre el actuar de la justicia en estos casos”. Arremetió también contra el Ministerio Público Fiscal: “Se armó acá un aparato de poder, es un aparato inmenso”.
El rol de José Santos Chiófalo
El imputado debe responder por la detención ilegal de numerosas personas en un hangar de la IV Brigada Aérea mientras fue director de la banda de música de esta dependencia. La banda integraba el Escuadrón Tropa, dentro del Grupo Base 4 –la fuerza de choque de la Aeronáutica para la lucha “contrasubversiva”–, y se encargaba, entre otras cosas, de la custodia de las víctimas allí alojadas.
Ríos cuestionó la “capacidad operativa” de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas como la banda de música: “Yo fui al Liceo Militar y realmente la banda de música no es tratada como par”. Por el contrario, sus integrantes serían considerados “casi civiles”.
Agregó que no hay pruebas de que la banda de música hubiera realizado las custodias mencionadas en la base aérea: “Acá, de todos los que declararon hubo dos personas, no me acuerdo cuáles eran, Larroulet y otra persona más… Larroulet dijo que eran de la banda de música y el otro dijo que lo había reconocido a Vázquez, de la banda, y a Oliver”. Además, argumentó que Chiófalo no estuvo en el momento en que sucedieron los hechos porque desde marzo de 1976 debió custodiar el viejo aeroparque de Mendoza.
El 5 de abril Chiófalo ya habría sido destinado al Ministerio de Trabajo con un rol de mayordomía y permaneció allí hasta 1977. Cabe recordar que la repartición estatal respondió de forma negativa cuando el tribunal quiso corroborar este dato. Según el defensor, dicho cargo no se desarrolló en paralelo a sus funciones en la banda de la IV Brigada. La designación de un jefe para esta unidad lo acreditaría. No obstante, la fiscalía señaló que el acusado continuó evaluando a sus subordinados, entre ellos al oficial Oliver, entre octubre de 1975 y septiembre de 1976. Para quitarle peso a esa firma, Ríos explicó que en ocasiones previas el acusado había evaluado a personal pese a encontrarse fuera de la provincia.
Ríos concluyó el alegato solicitando para Chiófalo la absolución lisa y llana o por el beneficio de la duda. El tribunal informó que en dos semanas continuarán los abogados particulares Pedro Despouy —defensor de Agüero de la Fuerza Aérea— y Carlos Benavídez –defensor de Carlos Santa María, también de la Aeronáutica–.
La próxima audiencia será el viernes 14 de abril a las 9:30.
