08-11-2019 | Se leyeron las declaraciones indagatorias de algunos imputados. Sus palabras serán incorporadas al juicio en curso a pesar de que no hayan querido declarar en esta instancia. Además, el tribunal está ultimando detalles para comenzar con los testimonios. La próxima audiencia será el 22 de noviembre a las 9:30.
Para la etapa que viene, el tribunal debe encargarse de contactar a las personas que van a prestar testimonio. La primera causa con la que se avanzará será la desaparición de Marcelo Verd y Sara Palacio, matrimonio secuestrado en 1971 en San Juan. Daniel Rodríguez Infante, en representación del Ministerio Público Fiscal, tenía en sus manos un listado con nombres de testigos para ofrecer. Muchos de ellos ya han fallecido. La fiscalía solicitó, además, que ciertas personas del listado fueran abordadas por el Equipo de acompañamiento a testigos víctima para constatar si están en condiciones de testimoniar. De todas maneras, se incorporarán las declaraciones anteriores de quienes, por fallecimiento o para evitar la revictimización, no asistan en esta ocasión.
Las palabras de los procesados
Los imputados continúan respondiendo su interés por ampliar o no sus indagatorias. Hasta ahora, todos se han abstenido y la audiencia se focalizó en leer declaraciones tomadas con anterioridad.
Julio Roberto Agüero nació en Córdoba, en 1955 se incorporó a la escuela de cadetes y fue suboficial de la Fuerza Aérea hasta 1985. Negó cualquier responsabilidad de los hechos que se le atribuyen. En 1976 ingresó a la División de Inteligencia en su provincia natal y en 1977 fue designado a la Regional Oeste, con asiento en Mendoza. Según sus palabras, sus tareas estaban relacionadas con el “conflicto con Chile”, trabajó en temas aeroportuarios y nunca participó de ningún allanamiento ni detención. También negó conocer la existencia de centros clandestinos de detención en la IV Brigada y en Campo Las Lajas. Aseguró que su superior, Padorno, “cometió el error” de designarlo como jefe de la División Contrainteligencia ya que como suboficial no podía asumir esa tarea. Luego cumplió funciones como encargado de dicha división.
Néstor Nivaldo Carmona dijo: “Jamás participé de los hechos”. Afirmó, además, no tener conocimiento de lo sucedido y dedicarse a la instrucción con el grado de suboficial en la Fuerza Aérea. En esa tarea, se habría dedicado a acompañar a los soldados en sus actividades diarias: comidas, entrenamiento, limpieza. Aseguró que sus guardias empezaron recién en 1997, cuando ya no existía el servicio militar obligatorio. Negó conocer la lucha antisubversiva a pesar de haber sido ordenado en comisión con destino a Tucumán. Cuando le preguntaron por la subunidad COIN ‒en la cual era instructor‒ dijo que nunca lo vio escrito pero significaba “contrainsurgencia”. El COIN era la fuerza de choque y, en cierto sentido, el imputado lo confirmó al decir que ante cualquier conflicto, COIN salía en primer lugar.
José Santos Chiófalo tuvo tres oportunidades para declarar y solo habló en la última indagatoria. Ingresó a la IV Brigada en el 76 y fue designado a distintos puestos, guardia entre ellos. Remarcó que su función como integrante de la banda de música de la Fuerza Aérea era ensayar para la Copa Mundial de Fútbol que se desarrollaría en Argentina en 1978. Algunos de los músicos pasaban a depender, luego, de la guardia permanente. Relató que cuando trabajó en el Ministerio de Trabajo, su tarea era evaluar a gente de la banda pero nunca tuvo contacto con las personas a las que calificaba. Como director del órgano musical de la Fuerza, su desempeño siempre estuvo focalizado en esta actividad, aseguró.
Armando Fernández, una de las autoridades de inteligencia del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía, declaró en abril de 2014. En esa ocasión, aseguró no recordar los hechos ni los nombres por cuyos delitos fue imputado. El múltiple condenado debe responder en este juicio por la desaparición de Daniel Moyano.
Eduardo Elio Gaviola está imputado como miembro de alto rango en la Compañía de Policía Militar y como auxiliar de la División II de Inteligencia de la IV Brigada Aérea. Dijo ser “totalmente ajeno a los hechos imputados” y reclamó que no existía “vínculo material como coautor mediato de una asociación ilícita”. En relación con su tarea, aseguró que había egresado recientemente como un simple alférez y que la Compañía de Policía Militar realizaba únicamente guardias en la brigada. Se refirió al Centro Clandestino de Detención Las Lajas como un “campo campo”, “sin custodios”, “abierto”. Negó que existiera la subunidad COIN, pero sí la Compañía de Defensa (nombre que adoptó posteriormente este grupo de choque).
Oscar Alfredo Simone, personal civil de inteligencia (PCI) del Destacamento 144 e imputado por la desaparición de Roberto Blanco, declaró en 2014 y en 2015. Su defensa se apoyó en la formalidad de la fecha de ingreso como PCI: en su legajo figura que prestó servicios desde octubre de 1983. La fiscalía explicó en su pedido de imputación que se trató de un blanqueo corriente entre las Fuerzas Armadas por la transición democrática, pero que realmente habían operado con mucha anterioridad. Simone declaró que en 1970 entró por concurso a la Administración Pública y que fue cesanteado por la dictadura en 1977.
Confirmó que compartía lugar de trabajo y de militancia con la víctima, pero que no eran amigos. También reconoció que dictaba cursos de educación física entre colegas, en la casa de una compañera. Norma Cadelago había señalado a Simone como entregador de su novio y el imputado se lo atribuyó a la información que difundió la prensa. Explicó que su militancia en el peronismo fue “superficial” y que Juan Basilio Sgroi, dirigente del Peronismo Auténtico y trabajador de la misma Dirección de Transporte, era su jefe y amigo. Por último, reclamó que el Ministerio Público no investigó la denuncia de Salpietro contra Blanco, por la que habría sido detenido.
Alberto Raganato presentó un extenso escrito y lo corroboró en 2015 en su ampliación declaratoria. Ingresó a la IV Brigada Aérea en 1972. Fue jefe del Escuadrón Tropa y de la Compañía de Policía Militar, pero se defendió con una larga explicación sobre su formación específica en comunicaciones y sobre su trabajo en el aeropuerto. Según el imputado, habría sido designado en estas divisiones operacionales de la IV Brigada Aérea porque otras personas fueron trasladadas y él seguía en rango, y que su tarea se remitía a trabajo administrativo y de instrucción de soldados. Respondió que personal de la Comisaría 16 lo había señalado entre los miembros de la Aeronáutica que vistió la seccional porque existió un conflicto de jurisdicción en relación a la custodia del aeropuerto.
La lectura de las declaraciones indagatorias de los imputados continuarán el viernes 22 de noviembre a las 9:30.
