06-03-2020 | Daniel Alcoba aportó información sobre la militancia y el secuestro del matrimonio Verd-Palacio. Martín Orozco, testigo que acompañó al tribunal en la inspección ocular del Destacamento de Inteligencia 144, se explayó sobre su detención y paso por esta dependencia cuando era niño. Jorge Enrique Lillo relató la circunstancias del secuestro de su hermana, Cristina “Piri” Lillo.
Continuaron las declaraciones de testigos en las causas que tienen como responsables a miembros del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. Se oyó por videoconferencia el testimonio de un compañero de militancia de Sara Verd y Marcelo Palacio y Martín Orozco relató con detalle cómo fue detenido en 1976, cuando tenía solo nueve años. Comenzaron a abordarse los casos relativos al “Operativo Antijesuita”. En esta ocasión, el secuestro y la desaparición de Cristina Lillo en voz de su hermano.
La infidencia del “coronel”
Daniel Alcoba declaró desde el consulado argentino en Barcelona. Militó desde la década del 60 y fue preso político en dos ocasiones: la primera, en la dictadura de Lanusse. Sin embargo, nunca antes había prestado testimonio en algún juicio en democracia. Escribió un libro de reciente publicación sobre la etapa final del guevarismo que, a pedido de la fiscalía, se incorporará como prueba.
El testigo conoció al matrimonio Verd Palacio en Praga, desde donde viajaron a Cuba para recibir instrucción militar. Iba toda la familia: Marcelo, Sara, Mariana y Patricia. “Desde su militancia en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Marcelo tenía diferencias con el peronismo”, puntualizó Alcoba.
Agregó, además, que en París conoció a “Máximo”, miembro del servicio consular cubano que luego le entregó información a la CIA sobre las personas que viajaron al país de la Revolución. Asegura que esa fue la vía a través de la cual obtuvieron información los servicios de inteligencia argentinos.
Supo del secuestro de la pareja en julio de 1971. Y también de otras personas, como Maestre o Misetich, como represalia por el asalto al camión de armas en Pilar adjudicado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Cuando fue secuestrado en La Plata, en 1975, le anunciaban la inminente llegada de un “coronel”. Al hacerse presente este personaje en los interrogatorios, le dijo enojado “vos sos un boludito, a vos y a tu esposa les llamaban ‘los pirulos’”. Ese seudónimo, sinónimo de ingenuo, era una broma de la que no participó todo el mundo sino únicamente el grupo de entrenamiento en Cuba. Por ese detalle, el testigo entendió que sus perpetradores tenían relación con los hechos o conocían por registros lo ocurrido con el matrimonio en 1971.
Dejó de ver a la familia Verd Palacio un año antes de la desaparición de la pareja.
“Esto no es una guardería”: el Destacamento de Inteligencia 144
Luego de participar de la inspección ocular en el edificio donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, Martín Orozco declaró frente al tribunal sobre los hechos que vivió en esta dependencia militar cuando tenía nueve años.
A principios de abril de 1976, Orozco asistía al turno tarde de la Escuela Edmundo de Amici de la Sexta Sección. Un día, posiblemente el 4 o 6 de este mes, regresó caminando hasta su vivienda ubicada a una cuadra y media de distancia, también sobre Jorge A. Calle. Sin embargo, no pudo llegar a la puerta porque encontró un gran operativo de allanamiento que cubría toda la cuadra: “Había soldados por todos lados, en las acequias, con ametralladoras”. Quiso pasar la barrera pero no lo dejaron con la excusa de que en su domicilio no había nadie: “Yo sabía que no era cierto porque estaba mi abuela”. “Me subieron a un camioncito y me tuvieron sentado”, explicó.
Luego lo trasladaron a una guardia en la calle Boulogne Sur Mer, entre Juan B. Justo y el Hospital Militar. Era una casita pequeña con puertas azules a la que se accedía por una calle ancha. Allí, cuando anochecía, se acercó un señor con zapatos brillantes. Este detalle llamó su atención porque destacaba entre los uniformes de fajina: indicaba un cargo importante, de mando, aventuró. El hombre preguntó qué hacía ahí el niño y ordenó su traslado: “acá no, no hay lugar”. Orozco llegó a escuchar que también consultaba sobre el operativo y le respondían que las pistas habían sido falsas.
Dos soldados trasladaron a Martín hasta el edificio de Emilio Civit en un auto grande. Recordaba la puerta gruesa con mirilla, que reconoció durante la inspección del tribunal. Una vez dentro, lo condujeron a un sótano ubicado hacia la izquierda. No pudo precisar la distancia, pero tiene presente la oscuridad del trayecto: “no vi luces, había algo como humo”. El sótano tenía una “piecita” -la única iluminada- con un radioperador que comunicaba noticias. Había “mucha algarabía”, las personas presentes reían, estaban “eufóricos”. Allí, alguien que dijo ser del “Servicio de Inteligencia de la Armada” discutió con el soldado que lo escoltaba y lo humilló: “esto no es una guardería”. “Estaba sacándose un problema”, reflexionó. Además, vio a dos o tres personas acurrucadas en el suelo, en posición fetal, contra la pared.
Hasta ese momento, declaró, no había sentido miedo, sino angustia: “Me decían que iba a estar todo bien y yo les creía”. Luego de este rechazo lo inundó la incertidumbre sobre su destino. Regresaron al auto y lo llevaron hasta el subsuelo del Comando, nuevamente en Boulogne Sur Mer: “¿Y esto? ¡Al segundo piso, directo!”, oyó que decían cuando lo vieron llegar. Estuvo un rato en el segundo piso hasta que una mujer con un bebé lo acompañó hacia un departamento, cruzando la calle. El testigo recuerda que había un parque y que la mujer le dio un café para el hambre. No sabe si pasó una o dos noches en ese lugar.
Por la mañana, un militar preguntó si sabía llegar a su casa y lo escoltó hasta la parada del trole. Al llegar a la vivienda encontró todo revuelto y habló de lo ocurrido con su abuela, Francisca Angélica Sagaz de Quiroga. Su madre estaba detenida en el D2. Si bien se reincorporó a la escuela, personal militar preguntó por él a las maestras y su familia decidió que se quedara en otro lado. Más tarde supo que su madre, Lucía Angélica Quiroga, había sido detenida en Casa de Gobierno, había pasado por su domicilio durante el allanamiento e ingresado luego al D2. Posiblemente, la causa del operativo fue una denuncia, luego desestimada, que indicaba que a la vivienda entraban “cajas largas”.
“En mi familia se hablaba de detenciones políticas, no era algo nuevo para mí”. El testigo explicó que tanto su abuela como su madre y su tío habían sufrido detenciones previas debido al Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado). “Vine porque necesito que esa noche termine para mí”, concluyó.
“Operativo Antijesuita”: La detención de María Cristina Lillo
Jorge Enrique Lillo fue el primer testigo convocado para reconstruir los secuestros de militantes sociales que acompañaron al cura Llorens en el barrio San Martín, ocurridos entre junio y septiembre de 1976. En este caso, la detención y desaparición de su hermana mayor, María Cristina Lillo.
Jorge tenía veinte años cuando Cristina fue secuestrada del domicilio familiar ubicado en Martínez de Rosas de la Sexta Sección, la noche del 7 de junio -o el 8, dependiendo de la hora que se considere- de 1976.
Minutos antes de las doce, Oscar Rojas llamó por teléfono, supuestamente desde Buenos Aires, y pidió hablar con Cristina: la pareja se había separado recientemente. Poco después golpearon la puerta. Jorge atendió y fue apuntado por un hombre vestido de negro que lo ató contra el sillón y lo tapó con un almohadón. Escuchó los gritos de su hermana y las voces de otras tres personas además de quien lo redujo. También maniataron a su padre y a la esposa de este, Rosa Garro, en una habitación: la mujer describió a uno de los captores como “rubiecito, de cara bonita”.
Cuando pudieron liberarse llamaron a la policía desde la casa de un vecino: faltaban el teléfono, documentos y dinero de su hermana. Media hora más tarde llegó personal de la Seccional 6, que era la más cercana, y revisó la vivienda. No declararon en delegación. Luego sobrevino una “crisis de incertidumbre”: su padre no hizo ningún trámite más y él concurrió a Caballería para retirar la denuncia efectuada esa noche, que se resistieron a entregar. Noé Lillo, uno de sus tíos que fue comisario, le dijo a su padre que habían visto a la joven detenida y rapada, con ropa de fajina, en un cerco del VIII Batallón o el Liceo Militar.
El Ministerio Público exhibió un documento que Lillo no recordaba: era su declaración ante el juez Guzzo en septiembre del 76, donde refería los mismos detalles del episodio que brindó hoy en la audiencia. Reconoció su firma y la de su padre.
“A 41 años de su muerte, ella sigue siendo la mitad de mí”
El testigo recordó a su hermana con cariño. Relató que tenía 24 años, estaba a punto de recibirse de médica en la UNCuyo y había sido excelente alumna. Además, ayudaba en barrios carenciados como el Infanta, pegado al San Martín. No supo decir si colaboraba con Llorens.
En la facultad, militó en el Peronismo de Base. Más tarde, cuando fue novia de Oscar Rojas, se sumó al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Cristina vivió un tiempo con él y en alguna ocasión cuidaron a Ernesto Espeche, hijo de Mercedes Vega -también desaparecida en el marco de este operativo-. Jorge supuso que Rojas, que eventualmente se mudó a Buenos Aires, era buscado. Supo más tarde que la llamada del 7 de junio había sido para convencer a su hermana de mudarse también a esa ciudad, según le refirió Rojas al propio Espeche. El testigo no tuvo ningún contacto con Rojas después del secuestro.
También explicó que Cristina “la veía venir”: “Me vienen siguiendo desde hace un rato”, le dijo una vez que viajaban en trole, y decidieron bajar. En ese momento Jorge lo tomó como “persecuta”.
A pedido de la fiscal Santoni, Lillo mencionó algunos nombres de compañeros de estudio de su hermana: Bordón –hoy médico en Israel-, Guillermo Boreman y Jorge Barandica. Estos últimos estudiaban mucho en su casa.
Delirio argumental de la defensa
Durante la jornada, los abogados defensores Leonardo Pérez Videla –oficial- y Ariel Civit -particular- intentaron desplegar estrategias poco respetuosas hacia los testigos, usuales entre las defensas de los juicios de lesa humanidad.
Durante el testimonio de Alcoba, las preguntas de Pérez Videla -representante del imputado Hugo Luis Zalazar- buscaron quitar responsabilidad al Destacamento de Inteligencia y trasladarla a la delación de víctimas del terrorismo de Estado. Lo mismo sucedió con Lillo, quien se negó a confirmar las acusaciones que sugirió Civit respecto del secuestro de su hermana.
A su vez, Civit fue muy incisivo con Alcoba respecto del origen de la información que relataba. El fiscal Rodríguez Infante intervino para aclarar que el juicio es oral y público y, por lo tanto, la información es de libre circulación: estas crónicas son un ejemplo. El presidente del tribunal, Héctor Cortés, no hizo lugar a las objeciones del defensor.
Pérez Videla llegó incluso a plantear la posibilidad de falso testimonio por omisiones en distintas declaraciones. Tanto Daniel Rodríguez Infante como Fernando Peñaloza argumentaron ampliamente que el objetivo perseguido por el defensor era invalidar testimonios que evidentemente tienen peso para las causas.
Peñaloza fue categórico: reprochar información omitida, exigir rigor absoluto en la memoria de los y las testigos es abrir una puerta peligrosa y grave cuando está claro que los hechos causan impacto en las víctimas. Además, sostuvo, se trata de un argumento obsoleto para el sistema inquisitorio, aún más para el acusatorio: la centralidad de la prueba testimonial es la declaración en juicio, donde las partes pueden preguntar con libertad, no aquellas de instancias anteriores como la instrucción.
Por unanimidad, el tribunal decidió diferir su respuesta hasta la sentencia, así como también exigir que las partes se abstengan de pedir compulsas de este tipo hasta los alegatos.
La próxima audiencia será el viernes 20 de marzo a las 9:30.
