19-06-2020 | La parte acusadora planteó la necesidad de darle celeridad al juicio con, al menos, una audiencia semanal. La defensa pública acordó pero los abogados particulares se opusieron a la propuesta. Continuó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Navarro, incorporado en marzo, luego de haber estado prófugo.
Los pedidos de la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) para que la transmisión sea pública están dando resultados. Esta audiencia, la tercera en cuarentena, fue la primera en transmitirse por un sistema de videoconferencias del Poder Judicial de la Nación alojado en la plataforma Jitsi. Así, abogados de la defensa, querellantes, imputados y periodistas pudieron participar de la jornada que sirvió para probar el sistema y evaluar la posibilidad de ampliar a más público la observación del juicio.
El representante de la querella Pablo Salinas intervino en el inicio para solicitarle al tribunal el aumento de la cantidad de audiencias que, hasta el momento, son quincenales. Cabe la posibilidad, aseguró el abogado, porque “hay un buen funcionamiento del sistema de videoconferencias”. La fiscalía apoyó la propuesta y el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, también.
Sin embargo, se opuso inicialmente el defensor particular Carlos Benavídez y a él adhirieron los abogados Juan Yoma, Andrés Ramos, Ariel Civit y Pedro Despouy. Argumentaron la imposibilidad de conciliar la presencia semanal en las audiencias por la “complejidad de las causas” que se tratan ya que trabajan en soledad y no en equipo como la fiscalía o la defensoría.
Ante esta respuesta, el fiscal Daniel Rodríguez Infante reaccionó: “Nos llama profundamente la atención que las defensas particulares se opongan a un juicio rápido. Pretenden obstaculizar el debate”. Argumentó que, por un lado, los defensores se oponen a la celeridad del juicio pero, por otro, denuncian la lentitud del proceso.
El presidente del tribunal, Alberto Carelli, aseguró que se expedirían al respecto. Reconoció mejoras en el funcionamiento de los sistemas técnicos: “Estamos a las puertas de una mejor condición tecnológica”.
La justicia lenta favorece la impunidad
El noveno juicio se caracteriza por la lentitud en su desarrollo con una audiencia semana por medio. Este ritmo no tiene precedente en el historial de los debates en nuestra provincia y en el país; lo habitual es que sucedan, por lo menos, cada siete días.
Es preocupante la desaceleración de los procesos desde primer juicio en la Ciudad de Mendoza al presente. En aquella oportunidad, el TOF 1 dispuso de dos sesiones por semana y continuó durante la feria judicial del mes de enero. En los siguientes se impuso la convocatoria de una a dos veces por semana. Pero en el actual escenario la situación ha empeorado: ha transcurrido más de un año del inicio del noveno juicio y estamos en la primera etapa de testimonios.
La parsimonia observada en este caso también fue advertida por los Organismos de Derechos Humanos y mereció un pedido de audiencia al tribunal, al inicio del juicio, que tuvo como finalidad solicitarle mayor frecuencia en las audiencias. En aquella ocasión los magistrados argumentaron que el presidente TOF 1 también integraba el tribunal de San Juan y debía trasladarse, de modo que resultaba imposible cambiar la modalidad. En la actualidad los debates se realizan en forma virtual sin necesidad de moverse por lo que el pedido resulta más que razonable.
Cabe recordar que una justicia lenta favorece la impunidad. Más aún cuando se trata de crímenes cometidos hace cuarenta años, cuyos ejecutores se empeñan en evitar las condenas a través de los ardides de sus defensores mientras las víctimas y sus familias esperan y desesperan en el intento de la reparación que no llega. Hay varias causas pendientes haciendo fila para alcanzar debate mientras los años pasan.
La situación de Santa María
Juan Carlos Alberto Santa María fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y es investigado en el juicio en curso. Su abogado, Benavídez, le notificó al tribunal que a pesar de haberse aprobado hace dos meses la prisión domiciliaria del imputado por la emergencia sanitaria, sigue cumpliendo condena en la cárcel.
Al parecer, se debe a que no han conseguido la pulsera electrónica que se usa en estos casos. El defensor solicitó una forma alternativa de control hasta que el dispositivo pueda ser colocado, “una consigna o rondín”, debido a que el beneficio ha sido aprobado. El secretario del tribunal, Esteban Faoro, notificó que está pautada para hoy la realización de un informe socioambiental que concrete la posibilidad de la prisión domiciliaria.
El abogado Pablo Salinas se opuso nuevamente a las prisiones domiciliarias de imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. Remarcó que la forma en que se ha otorgado este beneficio no respeta la ley de víctimas: “Las personas sobrevivientes tienen derecho a ser oídas”, sostuvo contundentemente. Recordó lo sucedido con Segundo Carabajal a quien lo tuvieron que llevar nuevamente a la cárcel luego de descubrir que estaba en un festejo que incumplía con las reglas de la cuarentena. El video que probaba la situación fue aportado por Claudia Domínguez Castro, víctima en el proceso donde se condenó a Carabajal.
Rodríguez Infante acordó con Salinas en este punto y citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que destaca la inconveniencia de que a responsables de crímenes contra la humanidad se les conceda la prisión domiciliaria.
Avanzó la acusación contra Navarro
La jornada continuó con la lectura del pedido de elevación a juicio de Navarro Moyano. Hoy concluyó la reconstrucción de los hechos del mega procedimiento conjunto de las Fuerzas Armadas y de seguridad contra militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1976. Se analizaron las detenciones de Eugenio París, Raúl Acquaviva, Carlos Roca, Vivian Acquaviva, Héctor Pablo Granic, Edmundo Beliveau, Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca, Blanca Graciela Santamaría, María Silvia Campos, Mario Luis Santini, Antonio Siro Vignoni, Nicolás Zárate y Jaime Pedraza Todos los casos se relataron en crónicas anteriores a las que remitimos.
También se repasó el contexto del “Operativo antijesuita”, mediante el cual ocho personas (María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jakowczyk, María Cristina Lillo, Zulma Pura Zingaretti, Mercedes Salvadora Vega, Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado) fueron secuestradas y desaparecidas entre junio y septiembre del mismo año. Todas las víctimas estaban vinculadas entre sí por la militancia social en el barrio San Martín, donde el sacerdote tercermundista “Macuca” Llorens había impulsado la construcción de vivienda social.
A modo de introducción, la fiscalía investigó las tendencias reformistas dentro del catolicismo y el impacto de la emergencia del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en la región, información que puede consultarse en audiencias previas.
La próxima audiencia no tiene fecha confirmada.
