02-10-20 | Concluyó el breve testimonio de Alicia Lorenzo sobre Leonor Mércuri. La defensa particular de López convocó al teniente coronel retirado y politólogo Rodolfo Richter como testigo de contexto. El exmilitar defendió la idea del desarrollo de una guerra revolucionaria y reconoció múltiples delitos cometidos por el aparato represivo. La próxima audiencia será el viernes 16 de octubre a las 9:30.
Para la jornada de hoy estuvo convocada también María Llorens, ofrecida por la fiscalía luego de la declaración de su hermana. No obstante, el testimonio de Richter se extendió y el tribunal definió posponer su declaración para el próximo encuentro de debate.
Darle un cierre
Alicia Lorenzo continuó con su declaración, interrumpida hace dos semanas por problemas técnicos. Esta vez fue convocada a la sala del Tribunal Oral Federal. Lorenzo había dicho que se enteró de la desaparición de Leonor por una llamada telefónica de sus compañeras. El diálogo se desarrolló en código porque “tenían miedo”. Explicó que tenían información de las cosas que pasaban desde el golpe de Estado y que Llorens también era consciente del peligro, por eso les recomendó que dejaran de asistir al barrio. Sobre Leonor, agregó que tenían la certeza de que había desaparecido: “Nos veíamos todos los días en la facultad”, luego “no la vimos más”. Antes había desaparecido otro compañero de estudios: “Pepe” Vila.
Cuando la testigo se retiraba, agradeció poder “darle un cierre”. Mencionó el rumor expuesto por sus compañeras en audiencias anteriores sobre el posible destino de los restos de su amiga en El Carrizal y expresó que la desaparición de Leonor las marcó para el resto de sus vidas. “No eran uno ni dos los que desaparecían, eran varios. Que esto nos sirva para aprender”, concluyó.
“El pensamiento marxista atenta contra nuestras vidas”
Rodolfo Richter es politólogo, doctor en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Católica Argentina y militar retirado del Ejército con el grado de teniente coronel. Según sus propias palabras, en 1975 participó del “combate de Pueblo Viejo y la Operación Independencia”, en la provincia de Tucumán. Fue convocado como testigo de contexto a pedido del también exmilitar y abogado defensor, Eduardo San Emeterio.
El letrado lo habría citado para aportar información sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), organización a la que aseguró haber investigado en sus libros Lucha armada: El PRT-ERP y las condiciones revolucionarias y Enemigos. No obstante, su declaración no brindó elementos significativos sobre este punto. En cuanto a nuestra provincia, explicó que la intención del PRT era que cada región tuviera su armado político y militar, por lo tanto “es imposible afirmar que el ERP no tuviera presencia político-militar en Mendoza, aunque no hayan hecho acciones armadas”. La presencia local del ERP ya había sido confirmada por sus propios protagonistas en testimonios anteriores. A pedido de San Emeterio, mencionó a un médico “abatido” en una emboscada, en referencia a Carlos Espeche. Pero aseguró desconocer el Pozo de Vargas, donde fueron hallados sus restos.
La extensa declaración versó luego sobre otros aspectos generales de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, interrogado minuciosamente por el Ministerio Público. El fiscal general Dante Vega solicitó al tribunal que el testigo se refiriera a los hechos del Operativo Independencia según fueron definidos por la justicia argentina, que los reconoció como delitos de lesa humanidad. “Yo combatí a la cabeza de mis hombres en defensa del orden constitucional, eso no es ningún delito. Combatí con el fusil y con las leyes (…) en defensa de la patria”, reaccionó Richter elevando el tono, ante lo cual se le observó su condición de testigo en el juicio en curso.
El concepto de guerra
Richter se refirió al accionar del PRT-ERP como delictivo porque “se levantó contra los poderes constitucionales” y aseguró que las Fuerzas Armadas contaron con las órdenes de aniquilamiento de respaldo legal. Para sostener el concepto de guerra, al igual que el anterior testigo propuesto por la defensa, apeló a un fragmento de la “Causa 13”, donde la Cámara Nacional de Apelaciones afirmaba, según su parecer, que se produjo una “guerra revolucionaria”: “Nosotros estábamos en la legalidad y la guerrilla estaba en la ilegalidad, dentro de la misma guerra”, explicó. No obstante, los miembros de la fiscalía rebatieron esa interpretación parcial del texto citado y recordaron que en el fallo de 1985, la cámara se expresó en el sentido contrario, desmintiendo la existencia de guerra en Tucumán y en el país. No hubo aplicación de ninguna de las convenciones internacionales de la guerra relativas al trato de prisioneros o territorios hostiles, por citar ejemplos.
Arrinconado, el testigo reformuló su definición y habló de “guerra revolucionaria”, distinta a la “clásica” y con su propia metodología. Para Richter el ERP habría tenido control efímero del territorio en la provincia norteña (mencionó que levantó banderas y ejecutó gente). Rodríguez Infante le recordó que el propio Ejército, en su directiva 333, mencionaba que la organización “se aprestaba a crear un frente rural” cuando se desató la represión, es decir, no era un hecho consumado. Como el exmilitar respondió entonces que el control territorial no era un requisito para la modalidad de guerra propuesta, el fiscal solicitó que explicitara sus fuentes nacionales o internacionales que justificaran esta afirmación: “La experiencia histórica de la Argentina”, fue el endeble argumento que encontró el testigo.
El fiscal mencionó las cifras del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, donde se detalla que el 25% de las desapariciones de Tucumán ocurrieron durante el mencionado operativo de 1975. “Eso me dice que hubo actos legales e ilegales. El guerrillero que desaparece y no muere combatiendo, es un acto ilegal”, reconoció el testigo. Precisamente, Rodríguez Infante le preguntó si conocía el destino que tuvieron los cuerpos de dos miembros del ERP nombrados por él como “abatidos” en los enfrentamientos: Toledo y Laser. “Fueron llevados al hospital de Tucumán”, respondió Richter. “Es curioso que no sepa más nada”, continuó el fiscal, y explicó que el testigo había declarado con anterioridad en el juicio sobre el Operativo Independencia, donde le indicaron que los cuerpos no fueron entregados sino que están desaparecidos.
La escuela francesa
Se refirió posteriormente a la Doctrina de Contrainsurgencia francesa como “doctrina de los paracaidistas franceses” y aseguró que en la Guerra de Argelia se emplearon “métodos legales e ilegales” como tortura y desaparición forzada. Al igual que los demás ejércitos, explicó, el argentino estudió este enfrentamiento. Sus enseñanzas indicaban que la mayor parte de la información se obtenía por métodos legales y solo la restante por medios ilegales. Desconoció luego la existencia de reglamentos del Ejército de nuestro país donde se hablara de la tortura como mecanismo para interrogar.
Si bien reconoció que esta práctica representa un delito, cuestionó el carácter general y sistemático que la jurisprudencia nacional le adjudicó en múltiples procesos judiciales. “Pienso que no, por lo que decían los franceses en Argelia, la mayoría de la información se obtiene de forma legal. Deduzco que no puede haber sido sistemática”, quiso justificar. Lo mismo ocurrió con los casos de violación sexual: “Leí que hubo alguna mujer violada”. “Me está diciendo cosas obvias: torturar es un delito, robar es un delito, robrar criaturas es un delito”, respondió el testigo, pero negó la sistematicidad. Rodríguez Infante le recordó que es uno de los requisitos para considerarlos crímenes de lesa humanidad.
También se distanció del documento final de la junta de 1983 que negaba la existencia de los centros clandestinos de detención y afirmaba que las desapariciones se debían a los nombres falsos y viajes al extranjero de las víctimas. “La masa de las desapariciones no fueron por esas acciones”, asumió. “Sabemos qué los han hecho desaparecer”. Nombró a las Fuerzas Armadas y de seguridad, Policías y organización clandestinas como la triple A.
Enemigos ideológicos
El problema de la “guerra revolucionaria” sería, para Richter, lo que llamó “zona gris”: definir quién estaba dentro de la organización subversiva. Si no portaban armas, los “enemigos ideológicos” eran únicamente “motivo de investigación”, no de “acción armada” para las Fuerzas Armadas. La fiscalía trajo entonces a colación un discurso de Videla de 1977 donde consideraba un delito grave “atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano”. Para la máxima autoridad castrense, no era subversivo solamente el que mataba con un arma. “No hace falta que hable Videla para que diga que el pensamiento marxista atenta contra nuestras vidas, porque atenta contra la libertad”, respondió el testigo. “La lucha se puede expresar a través de las ideas, de las armas o una combinación de ambas”, explicó.
Finalmente, se explayó sobre la inteligencia, central para las causas de este juicio. Indicó que “siempre estuvo concentrada en el más alto nivel de la conducción”. “Si capturábamos a un guerrillero, lo entregábamos al comando de la brigada (…) para obtener información”, explicó. Esto mismo se replicaba en todas las fuerzas. Luego respondió que las áreas de inteligencia de los comandos y aquellas autónomas estaban todas relacionadas: “Siempre hay un nivel de dependencia y de coordinación”. Diferenció, a pedido del abogado San Emeterio, la “información” de la “inteligencia”. “Información puede hacer cualquiera, un civil, un soldado. Hacer inteligencia es otra cosa: catalogar, procesar”. Para hacer inteligencia “táctica”, agregó, no era necesario ser oficial de inteligencia.
El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, llevó al testigo al lugar común de su estrategia: adjudicarle los crímenes a “subgrupos” ilegales. “Hay una historia difundida, no negada, de la triple A, que nace aparentemente durante el gobierno de peronista posterior a Cámpora (…) una organización para luchar contra las organizaciones guerrilleras en 1973 o 1974. Puede haber dado lugar a otros desprendimientos de otros grupos”, respondió Richter. “Creíamos que había sido impecable. Lo ilegal no estaba a la luz del día, no estaba en la generalidad de los equipos de combate. No había órdenes genéricas de tortura o desaparición”, se excusó.
La próxima audiencia del noveno juicio será el viernes 16 de octubre a las 9:30.
