30-10-2020 | Declararon dos testigos por las causas de mayo de 1976: Horacio Beliveau, hermano del desaparecido Edmundo Beliveau, y el exdirector de la Escuela Superior de Comunicación Colectiva, Daniel Prieto Castillo. También fue convocado Humberto Emilio Zingaretti, hermano de Zulma Pura Zingaretti, cuya desaparición se enmarca en el Operativo Antijesuita. La próxima audiencia será el viernes 13 de noviembre a las 9:30.
“Pido justicia por mi hermano”
Horacio Beliveau tenía diez años cuando Edmundo, de veinte, fue secuestrado, en mayo de 1976. Eran hermanos por parte del padre. El día de los hechos, Edmundo había ido a visitar a Héctor Granic, compañero de la escuela ENET de Maipú: todavía cursaban la secundaria. En la casa de Granic, ubicada en Cervantes de Godoy Cruz, ambos fueron secuestrados.
Supo a través del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos que durante el operativo entraron por asalto, revolvieron toda la casa y se llevaron a Héctor y Edmundo, además de algunos bienes. La familia se enteró al día siguiente por un joven que avisó que las fuerzas de seguridad lo habían secuestrado.
Tiempo después conocieron que Edmundo, debido al “gobierno no democrático”, se hacía llamar Pedro Quinteros por seguridad y “supervivencia”. El testigo creyó recordar que su hermano mayor participaba del “Movimiento de Trabajadores” -posiblemente Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-. Reconoció los nombres de los hermanos Talquenca y de Carlos Roca como amigos del joven.
Luego de la desaparición, su padre hizo averiguaciones en la Comisaría Séptima y en Comando del Ejército. “Yo estoy acá en lugar de mi padre, que falleció hace veinte años”. Y concluyó: “Pido justicia por mi hermano, para saber si lo mataron, dónde está… algo”.
Desaparición absoluta
Humberto Emilio Zingaretti declaró sobre la desaparición de su hermana, Zulma Pura Zingaretti, de veintisiete años, el 22 de agosto de 1976. Zulma fue secuestrada de la casa en la que vivía con su madre por gente encapuchada. En cuanto pudo liberarse, la mujer hizo la denuncia en la Comisaría Séptima, que fue recibida por Pablo Guario Conill. Nunca tuvieron novedades.
Al día siguiente, Humberto y su madre comenzaron la búsqueda. Acudieron al pastor metodista Padura que hizo de puente con el obispo auxiliar de la Iglesia Católica, monseñor Rey. El obispo aseguró desconocer lo que pasaba, pero recomendó que se presentaran en nombre suyo ante el teniente coronel Blas Gómez Saa del Comando de la VIII Brigada de Montaña.
Durante un año, su madre se presentó todos los jueves en el Comando. Gómez Saa la atendía bien pero no daba información. Sí le decía que había un “campo de reentrenamiento”. La mujer mantuvo la ilusión de que Zulma pudiera estar allí por mucho tiempo. En un determinado momento, el militar dejó de recibirla.
También trató de entrevistarse con alguien de inteligencia de la Fuerza Aérea en un edificio ubicado en Emilio Civit y Granaderos de Ciudad, pero no la dejaron ingresar. El lugar no tenía ningún escudo que lo identificara pero se sabía que era una sede de inteligencia.
“Mi mamá se juntó en su casa con la Liga Argentina de Derechos Humanos”, con otras víctimas, explicó. De esas reuniones emergían los habeas corpus que presentaron por Zulma, cinco en total. Mandaron además cartas al Ministerio del Interior y realizaron denuncias en la CONADEP, en los organismos de Derechos Humanos nacionales y en las Naciones Unidas: “No hemos tenido noticias de mi hermana, ni oficiales ni extraoficiales”, concluyó.
La familia supone que Zulma tuvo una relación afectiva circunstancial con alguien y por eso fue secuestrada. Su hermano descarta que hubiera participado orgánicamente de algún espacio porque, de ser así, se hubiera escondido o fugado. “No hay compañero que haya dado información sobre ella, es una desaparecida absoluta”, sostuvo.
Al momento del secuestro, Zulma estaba cursando sus estudios secundarios en una escuela nocturna y asistía a terapia con un psicoanalista de apellido Saborido. El testigo opinó que las relaciones afectivas eran intensas para ella y relató que fue a Tucumán en pleno Operativo Independencia “a buscar a este supuesto novio”, según le dijo su madre. Ir en ese momento a un lugar peligroso tras una persona que podía estar siendo buscada por los servicios de inteligencia era una prueba de su inexperiencia política, argumentó el hombre. No saben cómo lo conoció.
También “frecuentó al padre Llorens”. En un momento llevó a la casa a una familia chilena refugiada luego del golpe de Estado de ese país. Estas personas estuvieron conviviendo con Zulma y su madre más de un mes en 1973 o 1974. En la Iglesia metodista, explicó el testigo, había una delegación de la ONU que ubicaba a quienes necesitaran refugio.
Luego del secuestro, regularmente se presentaron encuestadores en la casa del testigo. Preguntaban por Zulma, pero respondían con evasivas cuando consultaban cómo la conocían. Estas visitas dejaron de ocurrir hacia 1978, en tiempos del mundial de fútbol.
Por último, a Zingaretti le preguntaron si conocía alguna otra víctima de la dictadura y mencionó a un sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Olimpo”, que era amigo de la infancia de él y su hermana, de apellido Manzur.
“Un proyecto pedagógico”
La última persona en declarar fue Daniel Prieto Castillo, quien ya había prestado testimonio en la etapa de instrucción y también en un juicio anterior, por el asesinato de Amadeo Sánchez Andía. El hombre fue periodista, docente y director de la Escuela de Comunicación Colectiva. Las preguntas hacia él estuvieron dirigidas a dilucidar el contexto, como también la situación política y militante de estudiantes en ese entonces.
Prieto relató que la Escuela había abierto sus puertas en 1963 y funcionaba en horario vespertino y nocturno, en el edificio de una escuela primaria. Él asumió la dirección en 1973, después del triunfo de Cámpora en la presidencia. Contó que, en ese momento, la participación política era muy álgida, había distintas agrupaciones y todas pegaban carteles con consignas y buscaban contribuir con el gremio estudiantil.
Para esa época, luchaban específicamente por el “cambio de planes de estudios, con un contexto que correspondía a la época”, relató Daniel, y también por la incorporación de la Escuela a la Universidad Nacional de Cuyo. Buscaban transformar la Escuela de Periodismo en una institución al servicio de la sociedad. “La propuesta de la Escuela fue un proyecto pedagógico (…) más centrado en los aprendizajes que en el traspaso de la información”, especificó.
En 1974 participaron de una gran movilización por el aumento de presupuesto de los terciarios provinciales. “Todos esos movimientos tenían su complejidad”, aseguró, relacionada con concepciones centradas en la necesidad de un cambio social. En aquella marcha, insinuó, había personas que sacaban fotos en el marco de tareas de inteligencia.
La Escuela tenía poco personal: un directivo, dos personas que cumplían funciones de secretaría ejecutiva y administrativa, una bibliotecaria y la última encargada de la limpieza. Concurrían entre 200 y 300 estudiantes y había 30 docentes, a cargo de las 30 materias que se dictaban.
Con la puja por el cambio del plan de estudio, no se expulsó a nadie. Lo que sí hizo Prieto como director fue hablar con cada profesor y profesora para solicitarles la adaptación de los contenidos a dinámicas sociales más actuales. Sin embargo, desde la cúpula militar había “desconfianza hacia modelos pedagógicos innovadores y eso se pagó muy duro”.
Cuando se intervino el gobierno de Martínez Baca -en el 74-, a Daniel Prieto le pidieron la renuncia y él se negó públicamente. Más tarde, en abril de 1975, decidió apartarse del cargo y continuar únicamente como docente, luego del aviso de que “si Prieto no renunciaba, no se podía garantizar la seguridad en términos de violencia”.
El asesinato de Amadeo Sánchez Andía, en junio de ese año, marcó la llegada irreversible del clima violento. Sumado a esto, en diciembre secuestraron al periodista del Diario Los Andes y colega del testigo, Jorge Bonardell. “Era un contexto tenso”, Prieto intentaba no dormir en su casa todos los días, por miedo a la persecución. Estos hechos hicieron que Daniel tomara la decisión de abandonar el país junto con su familia y se exilió en México. Estando allá supo que una patota había irrumpido en su casa de Mendoza.
Con el golpe de Estado, la Escuela fue desmantelada y transferida a la Universidad Maza que luego la disolvió y abrió otra carrera. En su testimonio, Prieto Castillo recordó a siete estudiantes víctimas de desaparición forzada –“Kelly” Moretti, Billy Lee Hunt, Aldo Casadidío, Raúl Walter Reta, Daniel Moyano, Edesio Villegas y Virginia Adela Suárez- y a quienes sufrieron secuestros y detenciones y hoy son sobrevivientes. No logró detallar nada particular de cada persona, pero reconoció perfectamente sus nombres. A pesar de que conocía que tenían militancia política externa, no pudo decir con precisión la pertenencia a alguna organización.
“Mi pedido es que se haga justicia con estos jóvenes”, concluyó Daniel Prieto Castillo.
La próxima audiencia será el viernes 13 de noviembre a las 9:30.30
