31-05-2019| La lectura del requerimiento de elevación a juicio continuó con las detenciones ejecutadas en el marco de megaoperativos conjuntos de las fuerzas represivas. La secretaria del tribunal finalizó la reconstrucción de los hechos del ataque contra el PRT-ERP entre mayo y junio de 1976 y comenzó con las detenciones de militantes peronistas en abril de 1977. En ambos procedimientos, cuyas víctimas se encuentran mayormente desaparecidas, intervino activamente la Fuerza Aérea. La próxima audiencia será el viernes 14 de junio a las 9.30.
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El debate comenzó una hora después de lo previsto con la identificación de Guillermo Campanille, miembro de inteligencia de la Aeronáutica recientemente capturado que asistió por primera vez al juicio en calidad de imputado. Asimismo, el tribunal informó que debido a un tratamiento médico aún no se ha podido identificar a Julio Rolando Escudero.
Dos hechos faltantes
Antes de continuar con los procedimientos contra el PRT-ERP, Natalia Suárez leyó dos casos que involucran a las comisarías subordinadas a la IV Brigada Aérea y que habían quedado sin abordar: las detenciones de Carlos Jacinto Tassín y Julio Santiago Quiroga.
Tassín tenía 30 años y era tesorero del Partido Comunista cuando fue secuestrado en su casa de Las Heras, el 25 de marzo de 1976. Intervinieron unos 30 o 40 efectivos de la Fuerza Aérea. En el camino fue víctima de un simulacro de fusilamiento. Estuvo 13 días en la Comisaría 16 y fue trasladado al Liceo Militar General Espejo (LMGE) hasta su liberación, a fines de abril. Quiroga había militado en la Juventud Peronista, era docente y fue detenido en su vivienda de Lavalle, el 24 de marzo del 76, en un operativo conjunto entre la Comisaría 17 y la Fuerza Aérea. Fue conducido a esa seccional policial y, un día después, probablemente al Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “el chalecito”, cerca de El Resguardo, al que describió como una escuela de los años cincuenta. Tres días más tarde ingresó al LMGE y luego a la cárcel provincial, desde donde lo liberaron el 31 de mayo.
Los últimos casos del ataque contra el PRT-ERP
Vivian Acquaviva fue detenida dos veces. La primera, el 13 de mayo de 1976, fue interrogada un día entero hasta que su hermano Raúl –cuyo caso se oyó la audiencia anterior- regresó a su domicilio y fue capturado. Aseguró que luego de ser liberada personal del D2 la vigiló intensamente por tres meses, incluso dentro de la escuela.
El 20 de octubre del mismo año fue interceptada por un Peugeot rojo –el mismo en el que detuvieron a Paris- y obligada a ingresar. Allí se encontró con Virginia Suárez y ambas fueron trasladadas –el viaje duró 45 minutos- hasta un rancho con piso de tierra que reconoció por fotos como el CCD Las Lajas, donde recibieron fuertes golpes y quemaduras de cigarrillo. Vivian perdió el conocimiento y cuando despertó escuchó que había sido abusada sexualmente, hecho que corroboró en el hospital tras de ser liberada horas más tarde en una calle céntrica.
Carlos Roca logró escapar por el techo durante el operativo que pretendía secuestrarlo en su domicilio, el 13 de mayo del 76. Un tío militar le aconsejó entregarse y lo acompañó al D2 al día siguiente. Cuando su pariente se retiró, Carlos fue encapuchado y conducido a una celda. Recibió condena del Consejo de Guerra Especial y Estable y en julio fue trasladado a la penitenciaria provincial y luego a la Unidad Penitenciaria 9 (U9) de La Plata.
Héctor Pablo Granic y Edmundo Beliveau –ambos desaparecidos-fueron secuestrados del domicilio familiar de Granic, en Godoy Cruz, el 14 de mayo por la noche. Beliveau tenía antecedentes desde 1974, cuando había sido detenido por pintar carteles. Su vivienda estaba siendo vigilada, razón por la cual avisó a su tía que no regresaría y se refugió en la casa de su compañero Granic, donde lo conocían con seudónimo. Luego de la violenta irrupción, la hermana de Granic realizó la denuncia en la Comisaría Séptima. También se presentaron tres habeas corpus a su favor.
A los hermanos Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca también los secuestraron el 14 de mayo por la madrugada frente a su familia, en Maipú. Una vecina vio cómo personas de civil con borceguíes los introducían con las cabezas cubiertas en un Ford Falcon. El padre declaró que se llevaron fotos de sus dos hijos, quienes continúan desaparecidos.
Blanca Graciela Santamaría fue detenida un día más tarde, el 15 de mayo, en su vivienda del bario UNIMEV, y continúa desaparecida. Cerca de 24 personas armadas y de civil –algunas con pelucas y bigotes falsos- redujeron al padre, encerraron al resto de la familia y sacaron a Graciela descalza y en camisón. El gran despliegue del operativo alertó a algunos vecinos que trataron de intervenir, entre ellos Héctor Toledo, quien fue amenazado y encerrado por efectivos militares de fajina. Declaró que sabían todo sobre él en una muestra de la gran inteligencia previa desplegada sobre la víctima y su entorno. La familia de la joven realizó la denuncia en la Comisaría 25 pero no se conserva ninguna constancia. De este operativo logró escapar Osvaldo Zuin, compañero de Graciela, que se refugiaba en su vivienda.
Ese mismo día fue secuestrada María Silvia Campos en su domicilio de San José. Un grupo de quince personas sin identificación que calzaba borceguíes –uno con pasamontaña- redujo a sus padres y sacó a Silvia encapuchada de la casa, en presencia de su amiga Frida Cappato. La familia hizo la denuncia en la Comisaría 25 e interpuso un habeas corpus en junio que resultó rechazado. También se presentaban, diariamente, ante el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña porque habían escuchado que era el Ejército el que realizaba las detenciones. Permanece desaparecida.
Mario Luis Santini –también desaparecido- fue detenido el 16 de mayo por la noche en su domicilio de Las Heras. Hasta el día del Golpe había trabajado en la Municipalidad de ese Departamento, posteriormente intervenida por la Fuerza Aérea. Su madre presenció el operativo en el que se llevaron al joven descalzo e hizo la denuncia en la Comisaría 16, en la VIII Brigada, en el D2 y en el Ministerio del Interior. También presentó cuatro habeas corpus en dos años. Visitó la base de la IV Brigada Aérea junto a otras madres porque escucharon que esta fuerza había sido la responsable pero no obtuvieron respuestas.
Antonio Siro Vignoni, esposo de Silvia Schvartzman –también víctima del operativo-, fue secuestrado el 17 de mayo en su domicilio y llevado al D2. Dado que trabajaba en una unidad fiscal, reconoció a los agentes que lo detuvieron, entre ellos a Pablo Gutiérrez Araya y Alfredo Castro. Después de recibir condena del Consejo de Guerra, transitó por distintos complejos carcelarios: Boulogne Sur Mer, la U9 de La Plata, Caseros y Rawson. Recuperó su libertad el 3 de diciembre de 1983.
A Nicolás Zárate lo detuvieron el 20 de mayo en su vivienda de Ciudad y permaneció en el D2 hasta el 7 de julio. El Consejo de Guerra lo condenó a 21 años de prisión. Después de la cárcel provincial fue llevado a la U9 de La Plata desde donde salió en libertad en abril de 1984.
Por último, no se conoce la fecha exacta de detención del ciudadano chileno Jaime Pedraza. Una declaración indagatoria ante el Consejo de Guerra fechada el 19 de mayo indicaría que ya había sido secuestrado a esa altura. Al igual que Zárate, fue condenado por el Consejo de Guerra y trasladado a la penitenciaría el 7 de julio. En septiembre integró el grupo de presos conducidos a la U9 de La Plata.
Abril del 77: nuevo ataque a la militancia peronista
La segunda gran causa que se comenzó a leer en la jornada fue la de abril de 1977, un operativo conjunto ejecutado entre fuerzas armadas y de seguridad, todas coordinadas desde la Comunidad Informativa. Los procedimientos tuvieron lugar entre el 4 y el 10 de abril de ese año y su objetivo fue atacar a militantes peronistas que, hasta ese momento, habían logrado salvarse. Por eso decían que era un operativo contra “subversivos residuales”. Tal despliegue tuvo como resultado la desaparición de 12 personas y el asesinato de otras cuatro.
En este operativo se puede ver la profunda labor de inteligencia realizada para dar con las víctimas. Producto de las persecuciones, algunas de las víctimas vinieron a Mendoza escapando de La Plata, de San Juan, de Mar del Plata. Varias, incluso algunas de las que vivían en la Provincia, habían pasado a la clandestinidad para evitar que los y las encontraran. Solo un seguimiento sistemático podía dar con ellas. Los legajos de estas personas confirman la investigación de la que eran objeto por parte de los ejecutores del plan criminal estatal.
La Fuerza Aérea -además de participar en el plan general elaborado por la inteligencia- intervino en la ejecución de algunos de estos procedimientos, particularmente los desplegados en el Departamento de Las Heras, su ámbito de competencia territorial. La Comisaría 16, de esa localidad, actuó como un brazo operativo de dicha fuerza.
Estos casos han sido abordados en juicios anteriores y los alegatos se pueden consultar haciendo click aquí.
Pedro Ulderico Ponce fue secuestrado el 4 de abril del 77. La directora de la Biblioteca San Martín -lugar donde la víctima trabajaba- aseguró que personal de la Policía Federal lo obligó a subirse a un auto. La esposa -Martha Freite- relató que Pedro era vigilado desde hacía tiempo. Dos meses antes del secuestro, Ponce había llegado tarde a su casa porque había un auto de policía estacionado en la puerta. Además, un hombre que parecía tener una discapacidad mental y jugaba en la esquina de una plaza cercana al domicilio, no volvió a ser visto después del secuestro. Una vecina comentó que era un policía vestido de civil.
Días previos al secuestro de Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández se desplegaron tareas de inteligencia en la zona de su domicilio. Hubo varios hombres disfrazados con mamelucos o con ropas de vagabundo que simulaban estar trabajando o pasando por ahí. En una habitación de la casa del matrimonio vivía, temporalmente, Juan Manuel Montecino. Fueron secuestrados el 9 de abril de 1977. Fernández, en la vía pública. Gutiérrez y Montecino, en la ratonera que armaron en la vivienda. Además, la calle tenía limitada la circulación por la cantidad de efectivos que estaban en la zona.
El operativo fue de tal magnitud que unos 20 vecinos confirmaron los hechos. Sánchez Camargo, jefe del D2, aseguró en una indagatoria que participaron efectivos de su dependencia, del Ejército y de la Comisaría 16. El libro de novedades de esa seccional confirma que cuatro policías de esa dependencia prestaron servicio por la zona de los hechos ese mismo día.
Montecino era buscado desde que había logrado escapar del procedimiento realizado en su vivienda en el que se llevaron a Bonoso Pérez, en noviembre de 1976. Su esposa, Hilda Núñez, regresó a General Alvear y allí fue secuestrada y juzgada por un Consejo de Guerra que le endilgaba el encubrimiento de ambos.
En el caso de la familia Pérez, las tareas de inteligencia se desataron con vigilancias previas, visitas de supuestos trabajadores de servicio, fotografías en eventos sociales. El 6 de abril fueron secuestrados Emiliano Pérez y Jorge Pérez de la casa del primero. Destrozaron la vivienda y se los llevaron. Ese día, la Fuerza Aérea desplegó un operativo en la casa del matrimonio de Mafalda Pereyra y Albino Pérez, quien era hermano de Emiliano y padre de Jorge. Ese día intervinieron vehículos oficiales de la IV Brigada y personal uniformado que permitieron identificar a los responsables. La coordinación de ambos operativos fue revelada por integrantes de esa familia y también por vecinos. Los habeas corpus fueron rechazados en todos los casos y continúan desaparecidos.
No figura en el libro de novedades de la Comisaría 16 la denuncia que Isabel Güinchul, esposa de Emiliano, hizo ante oficiales de esa dependencia. Registró el suceso en la seccional de El Algarrobal y, a su vuelta, la casa estaba ocupada por personal de la Fuerza Aérea. Reconoció entre esos hombres a quien comandó el operativo. Uno de los automóviles que intervino fue un Valiant, el mismo modelo que, según el exconscripto Flores Tejada, usaban Carelli y Jofré, de la IV Brigada.
En el momento del operativo, Gloria Fonseca -esposa de Jorge Pérez- estaba en Córdoba. El 9 de abril llegó a Mendoza y la secuestraron desde la terminal de ómnibus. Una amiga la fue a buscar en esa ocasión pero no se supo más de ella.
Julio Pacheco y Nora Otín vinieron desde La Plata y ella estaba embarazada. Elvira Orfila Benítez había llegado de San Juan y vivía junto con su hija, Victoria, en la casa del matrimonio en Las Heras. Un vecino vio cuando aprehendieron a Benítez, dejaron a su hija a un matrimonio vecino y además destrozaron y desvalijaron el departamento. El 7 de abril, Pacheco salió camino al trabajo pero nunca llegó. Cuando Otín volvió del médico, la casa estaba ocupada por civiles armados. La llevaron, presumiblemente, al D2, la interrogaron y la soltaron con la advertencia de que no volviera más a su casa. Le dijeron que no volvería a ver a sus amigos. Las averiguaciones de Otín le hicieron saber que los responsables eran integrantes de la Fuerza Aérea. De hecho, este procedimiento se produjo en Las Heras, un día después del operativo contra la familia Pérez.
El último caso que se leyó en la jornada fue el de Luis César López Muntaner. La persecución a la familia de este hombre se origina en La Plata, incluso uno de sus hermanos fue víctima en la conocida Noche de los Lápices. Miguel, otro hermano de Luis, contó que las viviendas de Luis en la capital bonaerense habían sido allanadas. Su esposa, Marta Lastrucci, estaba embarazada y después del secuestro de López se fue a Gral. Alvear con Nora Otín. Las dos dieron a luz el 13 de abril del ´77. Luis nunca apareció, pero se sospecha que es uno de los cuatro cuerpos enviados a la morgue judicial el 10 de abril de ese año junto con los de Ana María Moral, María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José.
La próxima audiencia será el 14 de junio a las 9.30.
