4-2-2022 | Declaró Ramón Torres Molina, abogado y expresidente del Archivo Nacional de la Memoria. Durante su gestión el organismo realizó una investigación que concluyó en la desclasificación de los documentos y legajos del personal militar y civil de inteligencia que operó en los años del terrorismo de Estado. La próxima audiencia será el 18 de febrero a las 9:30.
El noveno juicio retomó sus audiencias testimoniales con la exposición del expresidente del Archivo Nacional de la Memoria. La lista del personal civil de inteligencia descubierta y ampliada por Torres y su equipo incluye a varios integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, entre ellos al imputado Oscar Simone, acusado por la desaparición de Roberto Blanco. También se menciona a Segundo Héctor Carabajal, condenado por la apropiación de Claudia Domínguez Castro en 2019.
La desclasificación de los documentos
Ramón Torres Molina es abogado y estuvo ocho años al frente del Archivo Nacional de la Memoria. En 2009, la Unidad Especial de Investigación sobre el terrorismo de Estado de este organismo realizó una investigación en el ámbito del Ejército. Trabajaron con documentación y archivos secretos de las Fuerzas Armadas, con el Archivo Histórico del Ejército y con legajos del personal que, indirectamente, informaban sobre la represión: por ejemplo, reclamos por rechazos en los ascensos. También se entrevistaron y asesoraron con personal militar como el coronel retirado Horacio Ballester, fundador del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).
En el marco de esa tarea, el equipo encontró una copia simple de una lista con Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército que se presentó originalmente ante el Juzgado Federal N.°4, presidido por el juez Ariel Lijo. Posteriormente, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Torres solicitó su desclasificación ante el Ministerio de Defensa porque aún regía la máxima confidencialidad. Mediante un decreto del Poder Ejecutivo, toda la documentación del personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas que prestó servicios entre 1975 y 1983 fue finalmente desclasificada.
El acceso a estas fuentes permitió que el Archivo sumara considerablemente información del personal de inteligencia de las tres fuerzas con nombres y números de documentos. Una vez incorporada al Archivo Nacional de la Memoria, estuvo a disposición de distintas reparticiones estatales y publicada en la página web del organismo.
En 2010, la Revista 23 dio difusión a una lista similar a la copia simple descubierta. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que tramitaba en ese momento las causas correspondientes al Destacamento de Inteligencia 144, citó a Torres ante la justicia federal para corroborar el contenido de la publicación. En esa ocasión, el testigo explicó que coincidía con los datos que manejaba el Archivo, pero contenía un número menor de personas: a ellas se sumaban otras 400 o 500 según el trabajo de investigación realizado. El total asciende a 4867 miembros que prestaron servicios como PCI.
A pedido del fiscal Daniel Rodríguez Infante, Torres refirió que el Archivo Nacional de la Memoria profundizó en la constatación de ciertos legajos cuando la Secretaría de Derechos Humanos así lo solicitaba. Una investigación muy exhaustiva se realizó sobre el Destacamento de Inteligencia de La Plata. “Los legajos del PCI son de difícil lectura, aparecen muy borrados cuando son fotocopias”, indicó. Por ello, en algunos casos el Archivo los contrastó con los legajos originales.
Respecto al rol del PCI, Torres detalló que sus funciones estaban reglamentadas. Las tres categorías existentes para inteligencia se distinguían con letras. “A” correspondía a personal superior de las Fuerzas Armadas —coronel o cargos más altos— y profesionales universitarios (“A1”), quienes tenían tareas generales y habían hecho un “análisis global” sobre la subversión, tal como describía la directiva 401 del Estado Mayor General del Ejército previa al golpe. “B” correspondía a personal de maestranza o automotores. La “C” fue “la parte ejecutiva” de la inteligencia en el ámbito del Ejército, aquí se ubicaban los agentes secretos. Los legajos frecuentemente señalaban las tareas que realizaba cada persona. No obstante, aclaró el testigo, no eran límites taxativos.
Reclutamiento y características
El personal civil de inteligencia, continuó Torres, era reclutado por contactos. Jefes u otros miembros de inteligencia —militares o civiles— avalaban estos ingresos, tal como consta en los legajos. La confianza era un elemento central. Algunos soldados que realizaron su servicio militar en áreas de inteligencia quedaron luego como PCI dentro de las fuerzas.
La investigación realizada por el Archivo no identificó diferencias sustanciales entre las tareas que desarrollaba el personal militar y el civil dentro del área de inteligencia, ya que los civiles también participaban de los grupos de tareas conducidos por militares, por ejemplo. Mencionó, además, que en la Armada se dieron casos de militares retirados de la fuerza que siguieron operando como personal civil de inteligencia.
En cuanto a los espacios de inserción del PCI, Torres explicó que a partir de la publicación de las listas con los nombres estas personas comenzaron a ser identificadas en los ámbitos donde habían estado infiltrados —laborales, universitarios, periodísticos, etc.—. En la documentación se los menciona con iniciales de cobertura, coincidentes con las de sus nombres y apellidos reales. Los legajos, además, encubrían en muchos casos las tareas o los lugares donde el PCI prestó efectivamente servicio. A pedido del defensor oficial, el testigo refirió que una fuente importante para desenmascarar a estos integrantes y sus actividades ilegales fueron los reclamos administrativos de los propios agentes frente a las autoridades.
Luego de la declaración, el tribunal informó que la próxima jornada será el 18 de febrero. Queda por definir si se realizará una inspección ocular en el edificio donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 144 o continuarán las testimoniales.
