05-08-2022 | El fiscal Daniel Rodríguez Infante inició el planteo de la acusación. En una primera instancia desarrolló el contexto general de la época que se investiga y de los juicios de lesa humanidad de la actualidad. A continuación, abordó el secuestro del matrimonio de Sara Palacio y Marcelo Verd y la desaparición de Roberto Blanco. La próxima audiencia será el 12 de agosto a las 9:00.
Los alegatos del noveno juicio iniciaron con la intervención del fiscal Daniel Rodríguez Infante. Después de reconocer el trabajo de toda la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones a Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, se refirió a los debates por crímenes de lesa humanidad de nuestro país. Luego se abocó a las causas que se investigan. La audiencia se desarrolló en la biblioteca de los Tribunales Federales de Mendoza. Una veintena de personas asistieron y otras tantas la siguieron de manera virtual, mediante la transmisión en vivo.
Repasó algunas cuestiones referidas a este juicio. Se sostuvieron 77 audiencias, que lograron continuar a pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19; llegaron 17 imputados a esta instancia, ya que algunos fallecieron y otros fueron apartados por razones de salud; se analizan operativos conjuntos entre las fuerzas, y se investiga lo sucedido con más de cien víctimas, sesenta de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas.
Ponderó, además, todos los juicios de lesa humanidad: “Es la más alta contribución que el sistema de administración de justicia ha hecho por la historia democrática de nuestro país”, “pese al modo en que han intentado presentarlos” algunos acusados y algunas defensas en otros debates. En la actualidad, se han dictado 278 sentencias en estos debates y hay más de mil condenados. A pesar del pacto de silencio que reina entre los responsables, “estos juicios, paso a paso, han ido construyendo una verdad histórica además de la verdad procesal”, aseveró el fiscal.
Además de determinar la responsabilidad penal, cada sentencia de un juicio por delitos de lesa humanidad, según palabras de Daniel Rodríguez Infante, demuestra “la absoluta vigencia que tienen: porque es presente y no pasado el dolor que expresan las víctimas cuando prestan testimonio (…); porque es presente y no pasado la búsqueda de las personas desaparecidas pese al silencio de los acusados que siguen sin decir cuál fue el destino (…); porque es presente y no pasado la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados y apropiadas en el marco de la última dictadura militar, y también porque es presente y no pasado el valor reparatorio que tienen estos juicios”.
En este debate, explicó el fiscal, se juzga a los máximos responsables del plan represivo: del Departamento de Informaciones de la Policía (D2), del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército (DI 144), de la Fuerza Aérea. Estas personas cumplieron funciones en las áreas más importantes y saben, afirmó, dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas, dónde está cada niña y cada niño apropiado: “Podrían romper el pacto de silencio”. Desmintió lo que afirman los acusados en sus indagatorias: no es cierto que se dedicaban a recortar noticias de los diarios o al conflicto con Chile. Alguien tiene que haberse ocupado de lo que llamaban “lucha contrasubversiva”.
Con el alegato, la fiscalía pretende demostrar en qué momento y cómo ocurrieron los hechos, una reconstrucción de lo sucedido sobre la base de toda la prueba testimonial y documental disponible. Además, tienen como fin evidenciar que fueron las estructuras juzgadas —y no “grupos marginales o secretos”— las que intervinieron en los operativos contra quienes eran blanco de persecución.
El contexto
En su exposición, Daniel Rodríguez Infante se refirió a “las dictaduras” en plural por distintas razones. En primer lugar, porque una de las causas, la desaparición de Sara Palacio y Marcelo Verd, ocurrió en 1971, durante la dictadura de Lanusse. Y, en segundo lugar, porque busca probar que el accionar represivo se instaló en las Fuerzas Armadas mucho antes de 1976, como evidencia el caso mencionado y otros relacionados. En estos procedimientos, manifestó, se encuentran “todos los elementos del plan sistemático” de represión estatal: ejecuciones, persecuciones extrajudiciales, desapariciones.
La autodenominada “Revolución Argentina” —dictadura del 66 al 73— emitió reglamentos y directivas que enfatizaron el rol de las Fuerzas Armadas en la represión. Además, incorporaron otras normativas no estrictamente “contrasubversivas” que, reformuladas o reinterpretadas, sirvieron a este fin, como las referidas al tratamiento de “prisioneros de guerra”.
Después de esa dictadura, explicó el fiscal, sí cobraron más protagonismo las fuerzas de seguridad y salieron a la calle distintas bandas parapoliciales —en nuestra provincia, el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y el Comando Moralizador Pío XII—, integradas por personal de la policía y del D2. También se sancionaron leyes como la 20840 que criminalizarían al “enemigo interno”, objeto de persecución de las fuerzas represivas. Los comandos parapoliciales se disolvieron entre el 74 y el 75 y el Ejército asumió la conducción del proceso represivo. En esa misma época, los conocidos “decretos de aniquilamiento” habilitaron la persecución, las desapariciones y las ejecuciones sumarias.
Ya en febrero de 1976, “las Fuerzas Armadas tenían resuelto el golpe”, explicó Rodríguez Infante. En el documento secreto “Plan del Ejército contribuyente al Plan de Seguridad Nacional” se construyó todo el accionar ilegal. Allí se sostenía que “todas las tareas de planeamiento y previsiones a adoptar emergentes del presente plan, se encubrirán bajo las previsiones y actividades de la lucha contra la subversión”. La destitución del gobierno constitucional se planificaba para el día “D” y la hora “H”.
Lo sucedido, profundizó la fiscalía, no fue una “guerra”, como algunos testigos presentados por el abogado San Emeterio —cuyo defendido fue apartado de la causa— intentaron esbozar. Es una noción descartada ya en 1985 por la “Causa 13”, del Juicio a las Juntas. Este tipo de conceptos son “una suerte de excusas justificatorias que no pueden tener ningún tipo de cabida”. La lucha contra la subversión, aseguró el fiscal, no fue una guerra sino una herramienta de disciplinamiento social. Ante el convulsionado contexto de los 60 y los 70, el Estado siempre tuvo las herramientas para actuar de manera legal, pero eligió el secuestro, la tortura, la desaparición. De esta forma, refutó también las tesis que plantean una relación causal entre las acciones de las organizaciones político-militares y la represión estatal posterior o la idea de “exceso”, desestimada desde que la CONADEP presentó los resultados de su investigación: en Argentina se ejecutó un verdadero plan de exterminio y persecución política, argumentó.
Los casos del noveno juicio: las desapariciones de Sara Palacio y Marcelo Verd
Los secuestros de Sara y Marcelo, ocurridos el 2 de julio de 1971 en San Juan, tienen un único imputado: Hugo Luis Zalazar, integrante del Destacamento de Inteligencia del Ejército, unidad que intervino directamente en el operativo de la provincia vecina. Los restantes acusados se encuentran fallecidos.
El fiscal comenzó el repaso por este caso presentando a las víctimas. Las fuentes para reconstruir sus vidas fueron principalmente los testimonios de las familias y la investigación de la historiadora Cristina Hevilla, además de fragmentos del libro La voluntad, de Anguita y Caparrós, documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y expedientes penales. Si bien existió una causa judicial por la desaparición de la pareja originada a partir de la denuncia que hicieron las familias, esta viró luego a una investigación en su contra por supuestos delitos cometidos. El documento, titulado “Fiscal contra Verd”, no pudo ser encontrado. No obstante, explicó Rodríguez Infante, algunos de sus elementos están incorporados en causas posteriores vinculadas a estos secuestros, fundamentalmente la causa “Maestre”. También existen algunas constancias en el sumario policial que labró el D2 de San Juan y en un expediente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Semblanza de la pareja
Sara Palacio era mendocina. En Córdoba, donde estudió obstetricia, conoció a Marcelo Verd, de San Juan, quien se graduó de odontólogo. La pareja militó en la Federación Universitaria de Córdoba y se acercó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Argentina (MIRA). Luego al Ejército Guerrillero del Pueblo. Tras el casamiento tuvieron dos hijas, Mariana y Patricia. Vivieron en Córdoba y también en Tucumán. Posteriormente viajaron a Francia y a Praga, desde donde volaron a Cuba. Allí recibieron entrenamiento militar.
A su regreso se instalaron en La Plata y se incorporaron al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que había constituido Guevara al momento de llegar a Bolivia. Verd tenía a su cargo la columna 4, conocida como “el grupo de Córdoba”. No obstante, con la muerte del “Che” en 1967 el ELN se disolvió y Sara y Marcelo se incorporaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), grupo conformado por militantes provenientes de la izquierda tradicional y la Juventud Peronista. Las FAR se orientaron a la guerrilla urbana contra la “Revolución Argentina” y realizaron acciones armadas, entre ellas, el operativo MINIMAX y el copamiento de Garín, que duró 50 minutos, donde la organización se presentó públicamente. A principios de 1971 se produjo el asalto al camión de Pilar, episodio en que murió el teniente Asúa. Los secuestros del matrimonio Verd-Palacio y demás integrantes de las FAR han sido entendidos como una consecuencia de ese operativo, dado que el propio Lanusse asistió al velorio de Asúa.
Ese mismo año la pareja se alejó de las FAR y se instaló con sus hijas en San Juan. De acuerdo a la información recabada, tenían diferencias con la línea de la organización —por la perspectiva de lucha nacional y por su cercanía con el peronismo—. El fiscal no pudo asegurar que hubieran cortado todos los vínculos. También mencionó que algunos testimonios sugieren que en San Juan Sara y Marcelo buscaban blanquearse.
La inteligencia previa
Rodríguez Infante explicó que las Fuerzas Armadas y de seguridad habían investigado con detalle la actividad de la pareja y de las FAR —conocían incluso las discusiones de la conducción nacional sobre el peronismo, de acuerdo a un informe de Gendarmería—. En el archivo de la DIPPBA hay una ficha personal de Sara donde se la reconoce como una de las primeras militantes que recibió instrucción en Cuba. Se consigna, además, el nombre del hotel donde el grupo que integraba se alojó en Francia y los seudónimos de la pareja: Elena y Armando. Estos y otros datos se repiten en distintos legajos personales de las FAR.
Luego de los secuestros, la prensa local accedió a parte de esta información que circulaba entre las fuerzas represivas. El fiscal mencionó una nota de 1971 publicada por la revista Así, donde el periodista Jorge Marrone refería que Marcelo estaba “fichado” desde los sesenta, que era instructor y enlace de grupos “subversivos” y que el Ejército, que seguía sus pasos, “lo dejó hacer”. Interpol habría investigado su actividad en Europa y Cuba.
Otra prueba irrefutable de la vigilancia desplegada sobre la pareja es el acercamiento del entonces jefe del Destacamento de Inteligencia —en ese momento, Destacamento de Inteligencia Militar 8—, teniente coronel Carlos Néstor Bulacio, al padre de Sara. Angélica Palacio declaró que su padre había conocido a “un tipo del servicio de inteligencia” en un café. Entraron en confianza y el militar fue a almorzar a la casa de la familia: se lo presentó a su hija como “subteniente Bulacio”.
Un operativo con múltiples testigos
La modalidad de los secuestros de Sara y Marcelo fue similar a la que se tornaría sistemática pocos años más tarde, sostuvo el fiscal. El 2 de julio por la mañana un grupo de hombres armados —más de siete— ingresó violentamente en el domicilio de la familia sobre calle Arenales al 977. A Sara y las dos niñas las encerraron en el baño mientras revolvían la casa y detenían a Marcelo. El relato principal, recogido por Angélica Palacio luego del hecho y aportado a la justicia, proviene de Mariana, que tenía seis años. La noche anterior habían cenado con el “Chango” Touris y la “Pelada”, pareja amiga de la familia.
Los captores subieron a las mujeres en un vehículo y Marcelo en otro. Mariana recuerda que las apuntaron con armas durante el viaje y que el auto se detuvo en la casa de su tía Eugenia Verd y su esposo, José Mini. Sara —conducida y apuntada por dos de los hombres— y las niñas subieron las escaleras. Ante la empleada de su cuñada, Sara se despidió de ellas: “Se las encargo un ratito”, le habría dicho. Nunca volvieron a verse. José Mini observó la escena desde el dormitorio y creyó que los secuestradores, que parecían tranquilos, eran estudiantes universitarios.
Dado que Sara y Marcelo no recogieron a las niñas, esa tarde Mini se puso en contacto con Gustavo Verd y ambos se dirigieron al domicilio. Allí constataron el auto abierto y vacío, la casa revuelta y pintadas con las siglas “FAL”, hechas con pintura de trabajo de Marcelo. Por la noche viajaron a San Juan Joaquín y Silvia Palacio. Les llamó la atención que en el control del límite provincial no hubiera personal. El 3 de julio regresaron a Mendoza junto a Touris, Patricia y Mariana.
En lo que se pudo recuperar de la causa Verd hay numerosos testimonios de vecinos y vecinas ya que los secuestradores estuvieron rondando la zona de forma sospechosa. María Trinidad Pérez, dueña de un almacén, declaró que el día del operativo un hombre le pidió el baño. Ese mismo día otro comerciante, Antonio Román, observó un Valiant IV blanco, muy lustrado, conducido por hombres de traje con transmisores. Uno de ellos también solicitó permiso para usar el baño. El auto se estacionó en la casa de la familia Verd-Palacio, donde había otros vehículos. Román refirió que al lado del baúl abierto de uno de los autos un hombre leía expedientes tratando de disimular con un periódico. Después del operativo el testigo vio un Valiant con patente de Mendoza. Américo Peralta, que esperaba el micro en la cuadra, identificó también una patente de Mendoza en un Fiat o Peugeot que circulaba despacio y en contramano el día de las detenciones. Por último, Edmundo Pascual Guerci, dueño de una farmacia, vio primero a Marcelo Verd sentado solo en su Gordini en sentido contrario a la dirección de la calle. Había también un Valiant y un Renault sin pasajeros frente a la casa. A las 10:30, cuando Guerci volvió a mirar, estaba únicamente el Gordini vacío.
Las notas periodísticas de fechas cercanas refieren esa tranquilidad con la que se movieron los captores, situación que, para el fiscal, manifiesta la completa impunidad de su accionar. Algunos medios discutieron las hipótesis del autosecuestro o de conflictos entre organizaciones políticas —inducidas por las pintadas de la casa— precisamente porque el auto de la familia quedó en la puerta, porque no hubo comunicado de ninguna agrupación adjudicándose el hecho y por los movimientos previos que buscaban constatar la dirección exacta de la familia, entre otros.
La causa perdida y los casos vinculados
La causa Verd se inició inmediatamente después de los secuestros por la denuncia de Aburnio Verd, padre de Marcelo. El juez era Mario Gerarduzzi y el secretario Juan Carlos Yanello —actualmente imputado por delitos de lesa humanidad—. El sumario policial estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones. Además de identikits de los secuestradores confeccionados a partir de los testimonios de Román y Peralta, el expediente contenía un reconocimiento fotográfico realizado por Mariana Verd ante el juez.
El 29 de octubre de 1971, junto una tía y el abogado Alfredo Guevara, la niña identificó a Florentino Julio Castro como uno de los captores que la retuvo en el baño de su casa. Las fotos las había solicitado la Brigada de Investigaciones al control policial de San Carlos. Castro, actualmente fallecido, fue Personal Civil de Inteligencia y agente secreto —cuadro C2— hasta su jubilación en 1972. Integraba lo que luego se llamó Destacamento de Inteligencia 144, del que también era parte Zalazar. El testigo Américo Peralta, por su parte, reconoció entre las fotografías a Raúl César Castillo: el hombre había aparecido tiempo después de los secuestros en su lugar de trabajo, aduciendo ser misionero.
La fiscalía explicó que esta información pudo ser recuperada dado que parte de las actuaciones del caso Verd se incorporaron prontamente a la causa Maestre. El 13 de julio de 1971, pocos días después del operativo en San Juan, las fuerzas represivas interceptaron en Buenos Aires a Juan Pablo Maestre y su esposa Mirta Misetich, también militantes de las FAR. Maestre fue asesinado en la vía pública —su cuerpo apareció más tarde— y Misetich continúa desaparecida. El caso fue llevado a la justicia por los abogados Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, quienes, vislumbrando la conexión entre los operativos, solicitaron las actas de los reconocimientos y otras pruebas de la causa Verd a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, donde había llegado el expediente a comienzos de 1972.
De este cruce surgió otro descubrimiento importante: César Castillo, el presunto misionero, fue identificado también por testigos del caso Maestre y Misetich como partícipe del operativo. Si bien los abogados Duahlde y Ortega Peña pidieron más información sobre él, además de su citación, la causa progresivamente se diluyó y estancó.
A estos hechos —cuyo nexo fue ampliamente advertido por la prensa— se sumaron, en 1971, otros dos intentos de secuestros de miembros de las FAR que evidencian la cadena de persecución contra sus integrantes: los de Roberto Quieto —7 de julio— y Jorge Vargas Álvarez —27 de octubre—. Ambos se vieron frustrados por la presencia de testigos y terminaron en detenciones “blanqueadas” por las fuerzas de seguridad —años más tarde, no obstante, fueron detenidos-desaparecidos—. La causa Vargas, destacó Rodríguez Infante, es muy relevante para este juicio.
El 27 de octubre por la noche el abogado sanjuanino sufrió un intento de secuestro en la vía pública que terminó en detención legal debido a su resistencia. Vargas fue blanqueado e ingresó al penal de Devoto. La causa menciona que en el lugar quedó un portadocumentos de uno de los captores con dos cédulas de identidad y un carnet de conducir. Tenían la misma fotografía pero dos nombres distintos: Carlos Villafañe y Adalberto Campos. Los policías que llegaron al lugar —alertados por los testigos— advirtieron que un hombre sustrajo el portadocumentos. Cuando lo interceptaron se presentó como policía del D2 y explicó que debía llevar los documentos al jefe de esta dependencia, coronel Guerin. El hombre fue citado a prestar declaración en la investigación judicial: José Coto Merchán —hoy fallecido— dijo ser suboficial del Ejército adscripto al D2, representando en esa provincia al Destacamento de Inteligencia dependiente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza. Se desempeñaba en la Central de Inteligencia.
El fiscal sostuvo que la intervención del Destacamento también quedó en evidencia con la participación del propio Carlos Bulacio. Eva Guevara —hija del abogado del caso Verd— publicó en la revista Veintitrés una nota sobre el caso donde citaba la entrevista que la radio Colón de San Juan le realizó al teniente Bulacio. El militar, que había aparecido sospechosamente esa misma noche en la provincia vecina, no pudo responder cómo se había enterado del hecho con tanta celeridad.
Rodríguez Infante recordó que Bulacio había trabado vínculo con el padre de Sara. Luego de las desapariciones, Angélica Palacio se entrevistó con el militar por recomendación del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza cuando buscaba a su hermana. La mujer se presentó en el edificio del Destacamento de Inteligencia —calle Emilio Civit— con el apellido de su esposo. Bulacio se puso muy nervioso cuando preguntó por Sara y terminó enumerando datos detallados de la actividad política de la familia Palacio. La responsabilidad del jefe del Destacamento también fue denunciada en época cercana a los secuestros. Una nota de Rafael Morán publicada por Claves en junio de 1973 sostenía que una fuente de los organismos de seguridad había vinculado a Bulacio en el secuestro de Verd-Palacio y afirmaba que existía una cinta de una hora treinta con una confesión sobre el caso y esta participación.
Inteligencia posterior y derrotero de la investigación
Luego de los secuestros, como anticipó el fiscal, se produjo rápidamente el cambio de dirección de la causa Verd-Palacio: la pareja pasó de ser víctima a estar acusada. En el sumario del D2 de San Juan aparecen paralelamente como “damnificados” y “acusados”.
Esto fue posible, entre otras cosas, por el acta de allanamiento que realizó esta dependencia el 2 de julio por la tarde, luego de los secuestros: en ella se dejaba constancia del hallazgo de herramientas para la fabricación de explosivos, patentes de vehículos, planos para salir de la provincia, armas y municiones. A raíz de este procedimiento, el jefe de la Policía de San Juan envió un memorando al gobernador con los resultados del allanamiento y con antecedentes de Sara y Marcelo. También aclaraba que la Comunidad Informativa ya había sido informada. El juez Gerarduzzi, ante la prensa, indicó que en el allanamiento realizado en la vivienda del matrimonio Verd-Palacio se constataron elementos que acreditaban infracciones a la ley penal.
Los perpetradores continuaron desplegando persecución contra las familias. María Angélica Palacio relató que toda la familia estuvo bajo vigilancia los días siguientes a los secuestros: autos negros y grandes, como los que usaba la gobernación, explicó, se frenaban frente a su vivienda. Finalmente personal de la Comisaría Séptima entró violentamente en la casa preguntando “dónde están los guerrilleros”. Se retiraron pero dejaron una consigna que fue levantada recién cuando el abogado de la familia llamó a la seccional para exigirlo.
Otra estrategia consistió en instalar en los medios hipótesis falsas que confundieran a la población respecto a lo que había sucedido. Por ejemplo, la Policía actuó con velocidad para ubicar al responsable de unos llamados extorsivos denunciados por Aburnio Verd. El hombre, identificado como Enrique Campillay, pedía dinero a cambio de información sobre Marcelo. De acuerdo a la policía local, tenía antecedentes por delitos comunes y en su vivienda encontraron armas y libros de ideología comunista. Campillay declaró desconocer el paradero de la pareja y argumentó que su móvil fue meramente económico. El episodio tuvo gran centralidad en la causa y en la prensa.
Además, el D2 realizó un seguimiento detallado de las emisiones radiales sobre el caso, fundamentalmente de radio Colón. Algunas abonaban las hipótesis del autosecuestro o conflictos entre organizaciones políticas que las autoridades quisieron instalar. En todas se destacaba la actividad política de Marcelo Verd. Otras planteaban la posibilidad de nexos entre su secuestro y la detención de Martínez Peleta, acusado de “subversión” en Córdoba. Las notas relevadas por el D2 incluían también entrevistas a Touris y a la abogada Angélica Escayola, esposa de Alfredo Guevara, representante legal de las familias de Sara y Marcelo. Escayola fue consultada por LV10 de Mendoza cuando se levantó el secreto de sumario de la causa. Luego de leer la información disponible, la abogada había realizado una presentación denunciando ante la Cámara Federal de Apelaciones el “abandono” de la investigación sobre el secuestro de la pareja, además de irregularidades y desviaciones. El fiscal explicó que si bien Radio Colón difundió versiones contradictorias sobre el caso, con el paso del tiempo y la sucesión de hechos de persecución relacionados con Marcelo y Sara, sus periodistas llegaron a plantearle al jefe de Policía la posibilidad de que hubiera actuado algún cuerpo especial o parapolicial.
Las gestiones de la familia
Además de las denuncias policiales y la visita de Angélica Palacio al Destacamento, la prensa da cuenta de la presentación de habeas corpus —de los que no quedan constancias— a favor de la pareja, con respuesta negativa. Las hermanas de Sara enviaron telegramas a Lanusse y pidieron la mediación del gobierno chileno por la nacionalidad de su madre. La Casa de Gobierno respondió con un telegrama firmado por el ministro de Gobierno donde se indicaba que el presidente de facto había “repartido instrucciones precisas para identificar su búsqueda”.
Represión previa al golpe de Estado del 76
El fiscal concluyó la reconstrucción del caso con una síntesis de los eventos expuestos en su alegato, todos cercanos en el tiempo y vinculados entre sí: los secuestros, el 2 de julio de 1971, de Sara y Marcelo en San Juan; el intento de secuestro de Roberto Quieto el 7 de ese mes en Buenos Aires; el operativo del 13 de julio contra Pablo Maestre y Mirta Misetich en esa misma provincia; la detención, un mes después, de Martínez Peleta en Córdoba; y la tentativa de secuestro Jorge Vargas Álvarez en San Juan, el 27 de octubre de ese año. Rodríguez Infante recordó que entre 1966 y 1973 se produjeron más de 21 desapariciones forzadas, entre las cuales se incluyen las del matrimonio Verd-Palacio.
Roberto Blanco: dos secuestros y una desaparición
La causa que investiga el segundo secuestro y la desaparición de Roberto Blanco tiene como acusado, en este debate, a Oscar Alfredo Simone. El imputado se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia y, al igual que la víctima, trabajó en la Dirección de Tránsito y Transporte. Es un hecho ya analizado en juicios anteriores: el tercero, que tuvo sentencia en marzo del 2013, y el cuarto, conocido como “juicio a los jueces”, que resultó en la condena a prisión perpetua de cuatro exmagistrados en julio del 2017.
Blanco, de 36 años al momento de su desaparición, se había separado de Norma Francisca González, con quien tenía cuatro hijos. Ingresó a la Dirección en 1973. Para la época de los hechos estaba en pareja con Nora Cadelago, de la misma oficina. Militaba en el partido peronista, particularmente en el ámbito sindical mediante la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Junto con dos compañeros, Roberto Eduardo Jalitt y Héctor Tomás Salcedo, adquirieron el fondo de comercio del Hotel Derby, que había sido propiedad de Felipe Dante Salpietro, con quien mantenían cierta vinculación hasta que terminaran de pagarle.
Roberto Blanco sufrió dos detenciones por parte de las fuerzas represivas. De la primera sobrevivió. El 18 de enero de 1976, Blanco, Jalitt y Salcedo fueron secuestrados del hotel y llevados al D2 sin orden judicial. Los vinculaban con el atentado del 3 de enero contra la Seccional Primera. Por esta causa, el 8 de ese mes ya habían hecho un sumario de prevención en el D2 contra Juan Basilio Sgroi y otras personas, por infracción a la ley 20840. El día que se llevaron a los tres del hotel, labraron otro sumario al que le agregaron la muerte de un oficial, el cabo Cuello. Al parecer, Blanco había sido ligado al hecho en una declaración de Salpietro, pero figura un día después, el 19. El 8 de febrero se realizó un tercer sumario, contra este hombre, por falso testimonio.
Sobre ese secuestro declararon los tres: Blanco dijo que se los llevó personal de investigaciones y uno de los vehículos era conducido por un hombre que se presentó como teniente del Ejército. Jalitt relató que tres sujetos lo amenazaron con armas de fuego. Salcedo contó que ingresaron hombres de civil con metralletas y le ordenaron tirarse al suelo. Los trasladaron al D2 y las torturas que sufrieron allí fueron descriptas ante la policía y también ante compañeras y compañeros de trabajo que, incluso, vieron las marcas en el cuerpo. Ricardo Puga, alojado en la misma dependencia por esos días, aseguró que allí se encontraban, además de la víctima de esta causa, Sgroi y la familia Fioretti. Debido a su delicado estado de salud producto de las torturas, a Roberto Blanco le dieron una licencia de 90 días desde el 23 de enero.
Ya en libertad, vendieron el fondo de comercio y se fueron a Buenos Aires. Allá, el padre de Nora era jefe de la policía ferroviaria y, sabiendo del plan represivo que se preparaba, les recomendó volverse a Mendoza. Roberto arribó a la casa de su pareja. Ya después del golpe, cuando se enteró de que lo buscaban, se comunicó con el comodoro Ruiz, interventor de la Universidad Nacional de Cuyo, por recomendación de su concuñado que era médico de la Fuerza Aérea en Córdoba. El 30 de marzo se entrevistó con Ruiz y, acompañado por otro efectivo policial, el inspector Fernández, se dirigió al D2. Le sacaron una foto, le tomaron impresiones de sus huellas dactilares y lo dejaron ir.
El 31 de marzo lo contactaron —no se puede precisar si telefónica o presencialmente— para que se presentara nuevamente en esa oficina del Palacio Policial. Como aún no podía manejar y tampoco caminaba bien por la tortura, Salcedo lo llevó al D2 la mañana del 1 de abril de 1976 y lo esperó en el auto. Alrededor de las 12:30, Blanco no había salido y su amigo se contactó con Nora Cadelago, para ver si había llegado a su casa. Ante la negativa, Salcedo entró a la dependencia policial para consultar: le dijeron que Fernández ya se había retirado y que su amigo “nunca había entrado”. Puga, que ya estaba alojado en la penitenciaría pero había sido trasladado al D2 ocasionalmente, lo escuchó: “Estos hijos de puta me traen de nuevo acá”. Al día siguiente, Salcedo presentó ante el Ejército una denuncia de desaparición.
La próxima audiencia es el viernes 12 de agosto a las 9:00.
