09-09-2022 | El fiscal concluyó con los casos relativos al operativo de abril del 77 contra militantes peronistas y analizó en profundidad los asesinatos de María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José. Luego introdujo el Operativo Escoba, desatado en diciembre de ese año, contra militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). La próxima audiencia será el martes 13 de septiembre a las 9:00.
Durante la audiencia anterior, Daniel Rodríguez Infante presentó el operativo de abril de 1977 y en esta jornada terminó de desarrollar los casos restantes. Entre ellos, las ejecuciones en la vía pública del matrimonio marplatense integrado por María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José nunca habían sido analizadas como víctimas de un juicio. Hacia el final, avanzó con una descripción del Operativo Escoba, contra militantes del PCML.
8 de abril: Billy Lee Hunt
Lee Hunt fue secuestrado el mismo día de los procedimientos que concluyeron con las desapariciones de Muntaner, Tenenbaum y Moral. Todas estas personas tenían en común la militancia en Montoneros y, de acuerdo al fiscal, las detenciones habrían ocurrido cuando se dirigían a una cita política en Las Heras.
Billy nació en Estados Unidos en 1949 y se trasladó a Argentina cuando era un niño, junto a su madre y su hermana Evie. Aquí nació su hermana Nancy Raganato, producto del segundo matrimonio de su madre con el hermano de Alberto Raganato, uno de los imputados de este juicio.
El joven había integrado una banda de rock y estudiaba periodismo en la Escuela Superior de Comunicación Colectiva, donde había sido electo presidente del centro de estudiantes. Militaba en Montoneros y tenía 29 años al momento de su desaparición. De acuerdo al testimonio de una de sus hermanas, se había sensibilizado mucho al presenciar el velorio de un niño en un cajón de verduras en un barrio carenciado.
Sobre él pesaban dos órdenes de captura. Una de diciembre de 1976, emitida por la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y otra de febrero de 1977. Ambas están incluidas en el prontuario policial que labró el Departamento de Informaciones de la Policía (D2).
Unos meses antes del secuestro, en dos ocasiones personas de civil se habían presentado en el domicilio familiar preguntando por él. Esta situación de persecución era conocida por la víctima, razón por la cual estaba en la clandestinidad. Dormía esporádicamente en el departamento de los hermanos Enrique y Rafael Bonino, ubicado en la calle Arístides Villanueva de la Quinta Sección. Su novia de ese momento, Teresita Batiz, declaró que se reunió con Billy por última vez el 2 de abril de 1977 en el departamento mencionado. Hablaron de la inseguridad que corría, pero el joven descartó la posibilidad de irse: “no había hecho nada”.
La última persona en verlo fue su amiga y exnovia María Blanca Cremaschi. El 8 de abril de 1977 se juntaron en su casa de Godoy Cruz. Billy le dijo que iba a una reunión en Las Heras y regresaba, pero nunca volvió a saber de él. Cremaschi se puso en contacto con la familia del joven, que inició la búsqueda.
En este caso también se comprobó la inteligencia posterior. Poco después de la desaparición allanaron y vaciaron el departamento de los Bonino, hecho que fue denunciado en la Comisaría 5. También se presentaron en el barrio de la familia y preguntaron por Billy.
A lo largo de los años, su madre y sus hermanas recibieron información contradictoria sobre el paradero de la víctima. Cuando consultaron a Alberto Raganato, tío de Nancy e integrante de la Fuerza Aérea, el hombre negó todo conocimiento sobre el hecho y sugirió que había sido un problema «entre grupos subversivos». Aprovechó la ocasión para indagar sobre las amistades de Billy. La familia cortó todo vínculo con él luego de estos episodios.
9 de abril: Gloria Nelly Fonseca, María Eva Fernández, Manuel Gutiérrez y Juan Manuel Montecino
El secuestro de Gloria Fonseca está ligado a los procedimientos realizados el 6 de abril en Las Heras, donde fueron detenidos su esposo, Jorge Albino Pérez, y el tío del joven, Emiliano Pérez. Gloria se hallaba de viaje cuando el aparato represivo desplegó los operativos mencionados. No obstante, tres días más tarde fue interceptada cuando regresaba de Córdoba, su ciudad natal. Al igual que Jorge, Gloria militaba en Montoneros.
De acuerdo al testimonio de Mafalda Pereyra —madre de Jorge— ante el Juzgado de Instrucción Militar (JIM), una amiga de la familia, Gabriela Neira, fue a recibirla a la terminal para ponerla en conocimiento de las detenciones. Neira presenció el secuestro de Gloria apenas descendió del ómnibus. Cuando se acercó para impedirlo, los captores —de civil— le dijeron que la mujer estaba implicada en un caso de drogas. Luego de interrogar a la testigo y de pedirle un teléfono para ubicarla, la dejaron ir. Más tarde, constataron telefónicamente que estuviera dónde había indicado.
Los secuestros de María Eva Fernández, Manuel Gutiérrez y Juan Manuel Montecino ocurrieron ese mismo día en la vivienda que alquilaba el matrimonio Fernández-Gutiérrez en calle Moreno de Las Heras. La pareja, que tenía una hija de cinco años llamada Gabriela, militaba en Montoneros. Con la familia se refugiaba Juan Manuel Montecino, compañero de la organización y oriundo de Alvear al igual que Gutiérrez.
Días antes del operativo, personas que fingían ser “linyeras” habían estado rondando la cuadra, de acuerdo a los numerosos testimonios de vecinos y vecinas ante el JIM. El 9 de abril por la mañana, Manuel Gutiérrez salió de la vivienda rumbo al trabajo. Poco después, a las 9:00, María Eva Fernández dejó a su hija al cuidado del vecino, Pedro Castillo, para hacer unos trámites. Nunca regresó. Posiblemente fue detenida en la vía pública.
Más tarde, dos personas de civil descendieron de un Peugeot 404 y se presentaron en el domicilio de Castillo. Se identificaron como policías y amenazaron con armas a la pequeña Gabriela hasta que entregó la llave de la vivienda. Su madre le había dicho que no se la diera a nadie. En paralelo, otros tres sujetos preguntaban por el matrimonio en el negocio cercano. Cerraron luego la cuadra e impidieron la circulación.
La casa de la familia se constituyó como una “ratonera” para detener a Gutiérrez y Montecino. Cuando el primero regresó del trabajo, fue detenido apenas entró en la vivienda. Aparecieron entonces más autos que se retiraron luego de que Gutiérrez fuera introducido en uno de ellos. Gabriela vio todo el episodio mientras jugaba con Alejandra, su vecina, dado que la casa de la familia Castillo quedaba enfrente de la suya. Según los testimonios, el operativo continuó toda la tarde: constantemente entraban y salían personas.
Juan Manuel Montecino fue aprehendido esa misma noche cuando volvía en bicicleta. Antes de entrar silbó y le contestaron el llamado. En la casa lo interrogaron y golpearon, dado que los vecinos y las vecinas escucharon los gritos. Lo condujeron luego fuera de la vivienda con la cara envuelta. La víctima forcejeó, logró zafarse y corrió unos metros antes de recibir disparos. El fiscal aclaró que no existen certezas acerca del momento de muerte de Montecino. Su cuerpo fue cargado en un baúl y retirado.
Posteriormente, llegó al lugar una camioneta azul de la Comisaría 16, según consta en el libro de novedades. Los pasajeros conversaron con los hombres que habían ejecutado el procedimiento y tomaron nota. Tal como relató una tía de Gabriela que fue a buscarla, dos días más tarde la vivienda seguía ocupada por personas armadas que no la dejaron ingresar. Cuando finalmente quedó liberada, constataron que se habían llevado hasta la ropa de la niña.
Juan Manuel Montecino era muy buscado. En noviembre de 1976 Bonoso Pérez, compañero y amigo, había sido secuestrado del domicilio que Montecino tenía junto a su esposa Hilda Núñez también en Las Heras. Luego del hecho, la mujer se ocultó con sus hijos en la casa de una prima en Alvear y Montecino pasó a la clandestinidad. En diciembre de ese año Hilda fue detenida en el sur provincial, conducida al D2 y más tarde a la penitenciaría. Posteriormente fue sometida a un Consejo de Guerra y condenada por su parentesco con Montecino y encubrimiento. Como es regular en estos casos, el expediente indicaba que su esposo estaba prófugo —pesaba sobre él una orden de captura emitida por la VIII Brigada—, aunque a esa altura ya se encontraba desaparecido.
10 de abril: las ejecuciones extrajudiciales de María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José
El último de los procedimientos que analizó Rodríguez Infante del operativo de abril de 1977 fue el de María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José. En este caso, explicó el fiscal, el aparato represivo intentó encubrir las ejecuciones, como con Ana María Moral y Luis César López Muntaner. Las pruebas para la causa son múltiples: un escrito del MEDH, declaraciones de familiares, vecinas y vecinos de la zona, un conscripto que participó en un tramo como chofer, legajos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además, la evidencia del suceso está documentada en el expediente ante el Juzgado de Instrucción Militar del 8 de julio de 1977, gemelo del otro por la causa de Moral.
María del Carmen Laudani estudiaba Antropología y se había recibido de perito mercantil; Jorge Alberto José trabajaba en una compañía de teléfonos. Se habían casado en Mar del Plata, de donde provenían, y por la persecución decidieron mudarse a Mendoza. Aquí también vivían en la clandestinidad. Desde el 75 tenían órdenes de captura de la Justicia Federal de su localidad. José Luis Laudani, el padre, aludió también a motivos laborales que suscitaron el traslado de la pareja. Se instalaron en Las Heras y vivían junto a un niño pequeño apodado “Tito” que había quedado huérfano, pero no hay más información sobre el pequeño. Al parecer, su casa era muy pequeña y, por eso, el hermano de María del Carmen, Jorge, cuando vino de visita se alojó en San José con algunas amistades.
Murieron en un operativo desatado durante la tarde-noche del 10 de abril de 1977 en la intersección de las calles Alberdi y Uruguay de San José. A pesar de que las fuerzas de seguridad intentaron instalar la versión de que la pareja se disponía a atacar la planta transformadora de la Costanera, se sabe que, de acuerdo a los expedientes, se dirigían a una cita conocida por los servicios de inteligencia. Tampoco era un “control poblacional”, según figura en el Informe de Actividad Preplaneada, como en el caso de Moral.
El procedimiento fue en la vía pública. El lugar fue rodeado por las fuerzas, incluso algunos grupos se trepaban por los techos. Había hombres de civil, con pelo largo y barba, disfrazados como hippies y armados; camiones del Ejército, efectivos militares, policías uniformados; vehículos de la policía provincial y, según un testimonio, uno de la Federal. Se produjo un tiroteo —los testimonios son ambiguos en cuanto a si las víctimas dispararon o no— y acribillaron a la mujer y al hombre. Ella había intentado resguardarse detrás de un auto estacionado en la calle y él, en el porche de una casa. El fiscal aclaró: “Tiroteo no significa necesariamente un enfrentamiento”. A diferencia de la prueba contundente en el caso de Ana María Moral —un testigo la vio sacar la pistola luego de recibir disparos de las fuerzas— no hay certezas sobre los movimientos de Laudani y José. Las circunstancias concretas son irrelevantes para probar la responsabilidad penal de los acusados, sostuvo Rodríguez Infante, y solo se reconstruyen para aproximarse, 45 años después, a la verdad.
A fines de ese mes realizaron las necropsias. “Gladys Silvia Aparicio” (Laudani) tenía tres impactos de bala y murió por un shock hemorrágico. Son variados los testimonios que aluden al cuerpo de la mujer en el piso rodeado de sangre y la hipótesis de que murió por tomar una pastilla de cianuro no tiene asidero. “Gregorio Juan Strechaluk” (José) había recibido cuatro disparos y la causa de su muerte fue “destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego”. En el expediente que elabora el JIM de ese entonces, aparecen esos mismos nombres junto con otro cadáver NN masculino, es decir que a los proyectiles de la pareja se suman los de Luis César López Muntaner, cuya ejecución se quiso tapar.
Los testimonios del hecho son múltiples porque ocurrió en una zona barrial, llena de casas. Algunos hablan de enfrentamiento; otros, de tiroteo. La prueba de guantelete dio negativa y, en rigor, la mayoría de las personas escuchó muchos disparos, pero vio el suceso parcialmente. Por ejemplo, Marcos Vitale, un vecino gendarme, dijo ante el JIM de la democracia que lo hicieron entrar a su casa y al salir vio los cuerpos tendidos en el piso. Su hija, María, había ido al kiosco de la esquina con su prima Estela Alcaraz. Tenían 12 y 13 años y, con los disparos, el comerciante las metió en el baño del negocio. Salieron cuando golpeó un hombre uniformado y con arma larga y vieron a la mujer rodeada de sangre. La niña Vitale agregó que otro primo mojó allí un trapo o papel para mostrarle a su padre.
Son dos las personas que vieron a las víctimas responder activamente. Brígida Mirta Araya de Brajim, propietaria de casa desde cuyo porche estaba intentando refugiarse José, aseguró que vio por la mirilla cuando él disparó. Otro vecino, Ángel Donato Guarnieri, vio a la mujer arrojar granadas que, según interpretó, eran para generar una cortina de humo y poder escapar porque no se las dirigía a nadie en particular. También observó la presencia de 20 o 30 hombres de civil con armas largas y cortas que estuvieron en el lugar hasta que llegó un vehículo del Ejército, cargaron el cuerpo de Laudani en el baúl y se marcharon hacia el norte. Aunque mencionó el episodio de la pastilla de cianuro, vio desplomarse lentamente a Laudiani y supuso que había sido herida.
El vehículo detrás del que ella se había intentado proteger era propiedad de Guarnieri y recibió alrededor de 50 tiros. El hombre fue al comando a reclamar y habló con Maradona, quien le ofreció arreglar el auto en un taller de las fuerzas. A pesar de la reparación de chapería y pintura que realizaron, tenía tantos balazos internos que tuvo que venderlo.
Rodríguez Infante insistió: “Como dijimos en el caso de Ana María Moral (…) sea o no efectiva la prueba del guantelete, hayan o no hayan disparado las víctimas (…) en cualquiera de estas hipótesis estamos ante una ejecución sumaria. (…) Estamos ante un procedimiento ilegal, sin intervención judicial alguna, llevado a cabo por un grupo de tareas con base en un plan (…) dirigido a dar con el paradero de dos militantes a los que claramente se procuraba secuestrar, ejecutar y desaparecer, y que finalmente se los acribilla. Entonces, cualquier oposición o resistencia a un operativo de estas características no es más que una legítima resistencia a una acción ilícita”.
La única diferencia entre los casos de Moral, Laudani y José con el resto de los procedimientos de abril de 1977 es que tomaron estado público, situación que no permitía a las Fuerzas Armadas y de seguridad concretar las desapariciones. Por esa razón se labraron los sumarios fraudulentos que buscaron “blanquear a medias” los asesinatos. El fiscal advirtió que se detendría en tres aspectos de este sumario del JIM de 1977, iniciado en la época de los hechos y gemelo al de Ana María Moral: la información falsa, el detalle de las fuerzas y áreas que intervinieron y la constancia de planificación previa que tuvo el operativo.
La prueba documental de la intervención del Destacamento de Inteligencia 144 (DI 144)
La intervención del Ejército y el rol protagónico del DI 144 queda en evidencia en dicho expediente, ya que contiene una copia del Informe de Actividad Preplaneada del 10 de abril de 1977, firmado por Carlos Alberto Majul y controlado y suscripto por Ramón Ángel Puebla, de carácter secreto. En él se indica falsamente “control de población” y se enumera el personal interviniente: un oficial, dos suboficiales y 24 soldados. El resultado obtenido fue la “muerte de dos individuos, un hombre y una mujer”. También señala que Majul fue citado por el DI 144 a concurrir con el SOM, Sección de Operaciones Móviles, unidad de la que era jefe, a las calles Alberdi y Urquiza de Guaymallén. Al llegar recibió la orden de trasladar dos cadáveres al Hospital Militar y dio la novedad al teniente Gómez Saa, del G2 de Inteligencia del Ejército. Tiempo después, a raíz de la falsa investigación de la justicia militar, Puebla confirmó que participó personal de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 e integrantes del DI 144.
Esto se vio corroborado por el testimonio de Antonio Santiago Tello en el presente juicio, conscripto de la VIII Brigada. Tello se desempeñaba como chófer al momento de los hechos y debió asistir en semana santa de 1977 a Alberdi y Uruguay de San José junto al jefe de día, teniente coronel Suárez. Llegaron al lugar en medio de un “gran alboroto”. El operativo ya había ocurrido y, luego de un tiroteo, “habían sacado a unos subversivos”. Tello recordó que se les acercó mucha gente que no tenía apariencia de policías, con pelo largo y mamelucos, y también la presencia de soldados del Ejército.
Más adelante, en el mismo expediente, figura una comunicación remitida por Mario Irusta de la División 3 (Operaciones) al Tercer Cuerpo de Ejército por el enfrentamiento, titulada “Mensaje militar conjunto”, del 11 de abril. Allí se explica que el operativo había tenido por objeto “interceptar una cita” a la concurrirían las víctimas. Es un teletipo similar al de la iglesia de Fátima analizado por el fiscal en la audiencia anterior, lo cual derrumba cualquier intento por cubrir las razones reales del procedimiento. El documento habla de un procedimiento en “el conurbano” de Guaymallén donde efectivos de la VIII Brigada de Infantería de Montaña habían efectuado “un cerco para evitar la fuga de los DS [delincuentes subversivos] que asistían a una cita de control”: “Petisa” o “Alba” y “Gori”, integrantes de Montoneros. La información sobre la fecha y hora de la cita de control había sido relevada “de acuerdo a investigaciones del Destacamento de Inteligencia 144”. Cuando “un agente civil de la nombrada unidad de inteligencia marcaba la cita, los DS abrieron el fuego y lanzaron granadas tratando de ocultarse en la oscuridad. Posteriormente intervino personal militar y policial abatiendo a los DS después de un prolijo rastrillaje”, continúa textualmente la comunicación. Otro dato presumiblemente falso sostiene que un agente civil de inteligencia del DI 144 —sin identificar— resultó herido. No obstante, ningún testimonio lo menciona.
Otra prueba de la inteligencia previa tiene que ver con el relato del testigo Marco Vitale ante el JIM de la democracia: a su declaración le falta la última carilla. Cuando fue citado nuevamente por la justicia federal, le preguntaron cómo seguía su testimonio. Entonces refirió que antes de pedirle que ingresara en su vivienda, dos sujetos se descolgaron del techo y le dijeron “usted no participe, camarada”. “Ellos sabían que yo era agente de Gendarmería”, declaró Vitale.
La recuperación de los cuerpos
Los cadáveres de Laudani y José, junto a los de Moral y Muntaner, fueron remitidos a la Morgue, según constancias presentes en los expedientes de ambos JIM. El 11 de abril, un día después del operativo, la VIII Brigada solicitó a la Policía de Mendoza que identificara los cuerpos, pero las huellas no arrojaron resultados. El 28 de abril se ordenó al Cuerpo Médico Forense la realización de las necropsias y, ese mismo día, sin esperar la respuesta de estos informes ni de otras policías provinciales, el auditor de la VIII Brigada, Kletzer, dispuso la inhumación en una fosa común como “NN” junto a sus identidades falsas: Aparicio y Strechaluk. Todas estas diligencias buscaban evitar que los restos fueran recuperados. Dado que el operativo fue profundamente planeado, es evidente que el aparato represivo conocía la identidad de las víctimas, sostuvo el fiscal.
Las familias de la pareja, luego de no tener noticias, se presentaron voluntariamente para identificar los cuerpos del operativo del 10 de abril, como consta en el JIM de la dictadura. Las autoridades debieron mostrarles las identificaciones falsas —Aparicio y Strechaluk—, que evidentemente correspondían a María del Carmen Laudani y Jorge Alberto José. El juez militar solicitó entonces información al D1 144 y Riveiro, jefe de esta dependencia, respondió el 6 de septiembre de 1977 que su unidad no había procedido a la identificación porque no era su competencia.
Rodríguez Infante citó la declaración de Humberto Orozco en el cuarto juicio. El hombre trabajaba en el Cuerpo Médico Forense como encargado de inhumaciones y relató que en abril de 1977 recibieron cuatro cuerpos de “guerrilleros” sobre los que hubo mucho hermetismo. Por ejemplo, les ordenaron no hacer las publicaciones habituales en caso de los NN para dar con sus seres queridos.
El resultado del JIM de 1982 concluyó del mismo modo que el de Ana María Moral: “No surgen responsabilidades militares ni disciplinarias” para los efectivos que participaron. La causa finalmente se archivó porque la acción penal se encontraba extinta debido a la muerte de “los imputados”, en referencia a las víctimas. El fiscal destacó la irregularidad de todo el proceso: “Los sumarios fueron iniciados para investigar si las fuerzas habían cometido algún delito porque habían resultado abatidas cuatro personas. (…) No había imputados. A quienes se dirigía la falsa investigación era a los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad”, insistió.
El Operativo Escoba
En diciembre de 1977 tuvieron lugar una serie de procedimientos a nivel nacional contra militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), llamados por las fuerzas “Operativo Escoba”. En Mendoza, ocurrieron entre el 5 y el 9 de diciembre, y dejaron el saldo de ocho personas desaparecidas, además del secuestro por 24 horas de un bebé de diez meses. Estos casos ya han sido tratados en debates anteriores, pero en esta ocasión la acusación busca demostrar la responsabilidad de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 144.
La cronología de los hechos demuestra la sistematicidad del plan represivo. El 5 de diciembre de 1977 a la tarde-noche secuestraron al matrimonio de Néstor Carzolio y Nélida Tissone. La madrugada del 6, a Rodolfo Vera y Gustavo Jamilis, por un lado, y a Adriana Campos y Antonio Alcaraz, por otro. Además, se llevaron a su hijo de diez meses, Martín Antonio Alcaraz Campos, y lo depositaron al día siguiente en el domicilio de su abuela y su abuelo. Luego, el 9 de diciembre, se llevaron a Walter Domínguez y Gladys Castro, embarazada de seis meses. La apropiación de su hija, Gladys, fue analizada en un juicio previo y, por su nacimiento, se supo que a la mujer la mantuvieron con vida hasta dar a luz en marzo del 78.
El caso de Jorge del Carmen Fonseca no será analizado en este proceso judicial pero sí en el próximo, contra la estructura del D2. Se investigó en el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza, que para el hecho tenía a Paulino Enrique Furió como único acusado. El tribunal lo absolvió, la Casación lo condenó y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo volvió a dar por inocente. En todo este proceso, la resolución del caso estaba pendiente y no pudo entrar en el juzgamiento que se hizo del Operativo Escoba en el tercer juicio.
El nombre del operativo, precisó el fiscal, hace una clara referencia a la deshumanización que las fuerzas armadas imponían de las víctimas del terrorismo de Estado. Parece aludir a la necesidad de “limpiar” nuestro país de aquellas personas a quienes consideran “basura”, puntualizó. Las víctimas de estos procedimientos no solo pertenecían a la misma agrupación política sino que, además, tenían vínculos laborales o estudiantiles: Carzolio era el dueño de la mimbrería en la que trabajaban Jamilis y Vera. Este último estudiaba Arquitectura con Domínguez. Además, la esposa de Vera era Hernández, quien vivió refugiada un tiempo en la casa de Domínguez y Castro.
Daniel Rodríguez Infante citó una publicación de Adrián Celentano para reconstruir algunas nociones centrales: “Maoísmo y lucha armada: el Partido Comunista Marxista Leninista”. Producto de los distintos posicionamientos dentro del Partido Comunista Argentino —el frente chino y el frente ruso—, e influenciado por la Revolución Cubana, a fines de la década del 60, se desprendió el PCML, cercano al maoísmo. No eran de masas, pero su esquema político estaba bien definido: tenían el objetivo de conformarse como un gran partido, aunque en 1975 tenían 400 integrantes, entre militantes y adherentes.
Si bien su estructura era partidaria, tuvieron su brazo armado: Frente o Ejército Popular de Liberación (FPL o EPL). Entre sus estrategias, figuraban la infiltración en organismos policiales o militares para obtener información: según el testimonio de Jorge Becerra, Walter Domínguez, por ejemplo, tenía esta misión acá en el Liceo Militar. También ejecutaron otras acciones como secuestros para obtener financiamiento o para intercambiar por un dirigente político propio, como fue el caso del Gral. Juan Pita. De todas formas, el militar se liberó y no lograron su cometido.
Su énfasis militante estaba abocado a los frentes sindical y estudiantil. Carzolio, por ejemplo, trabajaba en el frigorífico Swift en La Plata y era delegado gremial. Lo mismo sucedió con Alcaraz, farmacéutico, y Domínguez, chofer; quienes además de ser gremialistas fundaron, juntos, el centro de estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Mendoza.
Adrián Celentano también asegura que el PCML tenía una organización celular y sus documentos daban cuenta de eso. Respondían a un comité y sus zonas de influencia estaban principalmente en La Plata, Berisso, Ensenada, Córdoba, Chaco, etc. Como otros, el PCML fue declarado ilegal y se prohibió su funcionamiento. Mendoza, en realidad, no era un lugar de funcionamiento prevalente, sino de refugio para quienes escapaban de la represión. De hecho, la mayoría de las víctimas locales del Operativo Escoba provenían de otras provincias. No se sabe si aquí el partido mantuvo su organización celular, pero sí que, luego del golpe de Estado, sus integrantes se veían en reuniones sociales. Mirtha Irma Hernández aseguró que todo el grupo pasó a la clandestinidad luego del secuestro de Jorge Becerra, en diciembre del 76.
Antes del 24 de marzo de 1976, el PCML estaba integrado por Walter Domínguez y su hermano, Osiris; Gladys Castro, María Cristina D’Amico; los hermanos Rodolfo, Oscar y Carlos Vera; José Antonio Alcaraz y Adriana Campos. En el frente estudiantil estaban Julio del Monte, Verónica Roatta, Alfredo Irusta, Osiris Domínguez, Mabel D’Amico, Elsa del Carmen Becerra, María Elena Farrando y la pareja platense que huía desde el 75, Nélida Tissone y Néstor Carzolio. Después del golpe se sumaron, en búsqueda de refugio, Jorge del Carmen Fonseca, Jorge Becerra, Susana de Miguel, Alberto Jamilis y María Inés Barbetti. Todas estas personas fueron detenidas en algún momento y, afortunadamente, algunas sobrevivieron.
La próxima audiencia será el martes 13 de septiembre a las 9:00.
