27-09-2022 | La fiscalía repasó los hechos de diciembre de 1977 contra militantes del PCML. A continuación inició el alegato por el operativo de mayo de 1978, desatado antes del inicio del Mundial de Fútbol que se iba a jugar en Argentina. La próxima audiencia será el jueves 6 de octubre a las 13:30.
Daniel Rodríguez Infante concluyó los alegatos del Ministerio Público Fiscal por los secuestros de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) con la reconstrucción de las detenciones de Alberto Jamilis, Rodolfo Vera, Adriana Campos, José Alcaraz, Martín Alcaraz Campos y el matrimonio compuesto por Walter Domínguez y Gladys Castro. En la audiencia anterior ya había desarrollado los hechos relativos a la familia Carzolio-Tissone, ocurridos el 5 de diciembre de 1977. La segunda parte de la audiencia se refirió al operativo de 1978.
6 de diciembre de 1977: Alberto Gustavo Jamilis, Rodolfo Vera, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz y Martín Alcaraz Campos
Alberto Gustavo Jamilis, apodado “el Gordo”, nació en Berisso en 1948. Se graduó de sociólogo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). A mediados de 1975, cuando trabajaba en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, conoció a María Inés Barbetti. En esta ciudad comenzó su militancia en el PCML. Según su compañera Susana de Miguel, “era una biblioteca andante”, refirió el fiscal.
La reconstrucción del caso, explicó el fiscal, fue posible a partir de los testimonios de Paulina y Mabel Jamilis —hermanas de Alberto—, María Inés Barbetti —esposa de la víctima— y Nicolás Jamilis —hijo de la pareja— en el tercer juicio de nuestra provincia. También declaró el vecino que presenció el secuestro, Hugo Dionisio Scaramella.
En 1976, luego de que Jamilis fuera cesanteado de sus trabajos en la UNLP y el Ministerio, la pareja decidió trasladarse. Ya habían sufrido allanamientos en las viviendas familiares. María Inés permaneció unos meses en Buenos Aires. Jamilis llegó directamente a Mendoza y se puso en contacto con los militantes del PCML que se habían instalado aquí previamente. Comenzó entonces a trabajar en la mimbrería de Dorrego que también servía de local político. Cuando se reencontró con su esposa, en abril de 1977, vivieron primero allí. Luego alquilaron un departamento en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz.
María Inés no tenía militancia política. Jamilis se manejaba en ese entonces con un documento falso debido a la persecución. En noviembre de 1977 nació en nuestra provincia su hijo Nicolás. Por precaución, solo lo anotaron con el apellido materno. El fiscal se refirió al informe del Grupo de Tareas 3 (GT3) sobre el cual se explayó la audiencia anterior. En este documento, indicó, se incluyeron fichas “muy prolijas” y detalladas de las 53 personas del PCML que hacia 1978 —fecha de elaboración del texto— seguían prófugas. En la ficha correspondiente a Cristina Torti, se mencionaba a Alberto Jamilis —“NG” (nombre de guerra) “Gordo Manifestación”— como su concubino. En efecto, Jamilis y Torti habían sido pareja. Esto es solo un ejemplo de la profunda inteligencia desplegada sobre las víctimas del operativo.
La madrugada del 6 de diciembre de 1977 Jamilis fue detenido en su vivienda, luego de que personas armadas y de civil maniataran a María Inés. Nicolás tenía pocas semanas de vida. La mujer relató que le exigían a su esposo que entregara las llaves de la mimbrería. También refirió que Jamilis suplicó por ella y finalmente la dejaron atada a la cama. “Bueno, piba, hacé de tu hijo un buen ciudadano”, le dijeron los secuestradores. Fuera de la casa, en la esquina, dos hombres de civil custodiaban la zona. Los captores subieron a Jamilis a un auto tipo Sedán y se marcharon. Esto declaró Hugo Dionisio Scaramella, vecino que presenció los hechos.
La denuncia la realizó el yerno del dueño del departamento donde vivían Jamilis y Barbetti ante la Comisaría Séptima. María Inés y su bebé se refugiaron esa misma noche en lo de una amiga y luego regresaron a Buenos Aires. En la casa quedaron las pertenencias del matrimonio, principalmente ropa.
Posiblemente luego de secuestrar a Jamilis en Godoy Cruz, el mismo grupo responsable se trasladó a Guaymallén y detuvo a Rodolfo Osvaldo Vera en la mimbrería. Los hechos fueron referidos por su madre, Agustina Corvalán, su padre Dionisio Vera y su esposa Mirta Hernández.
Rodolfo Vera había participado de la fundación del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura junto a Walter Domínguez. Ambos eran militantes del PCML. Antes de su secuestro, Vera ya había sufrido hechos de persecución: a fines de 1976 presenció la primera detención de un integrante del grupo.
El 22 de diciembre él y Jorge Becerra, compañero de la organización, se trasladaban en la camioneta de Vera: cuando este se detuvo para hacer unas compras, Becerra y el vehículo fueron secuestrados. A raíz de las investigaciones que realizó la familia, la camioneta fue ubicada en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Por este robo agravado está imputado en el presente juicio Hugo Luis Zalazar del Destacamento 144. La familia pudo recuperarla diez años más tarde, en completo estado de deterioro. Becerra fue liberado recién en 1980. En el marco de su prontuario, se emitieron órdenes de captura contra Vera, su esposa Mirta y Susana de Miguel. Por esta razón, Vera se cambió su aspecto —abandonó la barba— y el matrimonio se refugió en una finca de Rivadavia. Allí Mirta transcurrió gran parte de su embarazo. En julio de 1977 nació su hija Cecilia.
El mismo día del secuestro de Becerra, personal policial de civil se presentó en la vivienda de Agustina Corvalán y Dionisio Vera en Rodeo de la Cruz con la excusa de un supuesto accidente. Dionisio, padre de Rodolfo, fue conducido al D2. Allí fue retenido por unas horas durante las cuales lo interrogaron por la dirección de su hijo. Dos días más tarde realizaron un operativo ilegal en el domicilio de Rodolfo: la pareja no estaba presente, pero revolvieron y “rapiñaron” la vivienda. También se presentaron en el domicilio de la familia de Mirta.
En septiembre de 1977, creyendo que la represión había disminuido, Rodolfo y Mirta regresaron a Mendoza. Ella se refugió con su pequeña hija en la casa del matrimonio Domínguez-Castro y él se instaló en la mimbrería. El 5 de diciembre por la noche se reunieron los hermanos Rodolfo y Carlos Vera. Este último se retiró a medianoche y quedaron de verse por la mañana. Cuando Carlos regresó el 6 por la mañana encontró la mimbrería revuelta. La fiscalía presume que el hombre fue secuestrado esa misma noche, casi de forma paralela a Jamilis, y que los captores tenían la llave del establecimiento, dado que no hubo denuncias de vecinos y vecinas.
Carlos y Mirta se trasladaron inmediatamente a Rivadavia. La pequeña Cecilia Vera Hernández quedó al cuidado de la familia paterna. Más tarde, los hermanos Carlos y Raúl Vera, junto a Mabel D’Amico, Osiris Domínguez y Mirta Hernández se instalaron en San Clemente del Tuyú, donde había otras personas de la organización a cargo de un médico conocido como “Tato”. Cuando la casa no fue segura, el grupo se dividió en dos. Mirta se refugió en Mar del Plata, en el barrio El Grosellar. Allí estaban también Silvia Roncoroni y su pequeña hija; Cristina Greco, embarazada y con una bebé de ocho meses; María Elena Farrando y Cristina D’Amico. Las cuatro mujeres fueron secuestradas el 26 de febrero de 1978 y permanecen desaparecidas. Las hijas de Silvia y Cristina Greco fueron entregadas a sus familias, al igual que María Isabel, la niña que Greco dio a luz en la ESMA y que constituye uno de los pocos casos de restitución temprana de este centro clandestino.
Mirta logró evitar el operativo y continuó escapando de la persecución junto a sus cuñados Carlos y Raúl y la esposa de este último, Mabel D’Amico. Se instalaron primero en Bariloche y luego en Neuquén. En octubre de 1979 Hernández regresó a Mendoza y se presentó ante el D2, momento en que quedó detenida. Este caso fue abordado en el sexto juicio de Mendoza.
La familia compuesta por Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz y su hijo Martín Alcaraz Campos también fue secuestrada el 6 de diciembre por la madrugada. Además de prueba documental —prontuarios, libros de novedades, habeas corpus, legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)—, los hechos fueron reconstruidos a partir de los testimonios de Antonia Catania de Campos —madre de Adriana—, Pedro Campos —padre de Adriana—, José Alcaraz —padre de José Antonio—y Martín Alcaraz. Este último declaró en el segundo y el tercer juicio de Mendoza, no solo por los sucesos de 1977, sino también por la desaparición de su tía Silvia Campos un año antes.
Adriana Campos tenía 20 años al momento de su secuestro. Había nacido en 1956 en Guaymallén y cursado sus estudios primarios en la escuela Cano y los secundarios en la Escuela de Comercio Martín Zapata. Ingresó luego a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo pero debió abandonar por motivos económicos. Trabajaba en una farmacia como empleada de contaduría. A los 18 años se casó con José Antonio Alcaraz. En 1976 fue secuestrada y desaparecida su única hermana, Silvia Campos, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo y estudiante de Medicina. Adriana, por su parte, integraba el PCML junto a su esposo.
José Antonio Alcaraz nació en 1955 y tenía 22 años cuando se produjo su desaparición. Estudió en la escuela Mariano Moreno y llegó hasta tercer año en el secundario Albert Schweitzer. Trabajaba en el negocio de impresiones y quiniela de su padre en el Carril Godoy Cruz. De acuerdo a Martín, su hijo, Adriana y José también trabajaban e imprimían material de la organización en otro establecimiento ubicado en calle Coronel Díaz. A los 20 años José realizó el servicio militar y en 1975 se casó con Adriana. Martín nació a principios de 1977.
El fiscal destacó que la pareja era muy consciente del peligro que corrían, dado que en la vivienda donde residían, según el acta del allanamiento posterior a los secuestros, se encontró un pozo que servía de escondite al interior de un placar. En 2010 la justicia recuperó los negativos de fotos tomadas durante este procedimiento. Además, existe constancia de que sus prontuarios fueron pedidos y devueltos por el D2 (Informaciones) al D5 (Archivo) menos cerca de las desapariciones. “Esto demuestra que el aparato represivo ya tenía estos prontuarios. Que los pedían antes de los procedimientos para constatar datos personales, verificar domicilio o rastrear la información. Hacían los procedimientos y después los devolvían”, argumentó Rodríguez Infante.
La madrugada del 6 de diciembre la familia Alcaraz-Campos fue violentamente secuestrada en su domicilio de Gualberto Godoy, Godoy Cruz. Martín tenía diez meses. Vecinos y vecinas vieron cómo personal policial se llevaba electrodomésticos y muebles cargados en un camión. La puerta estaba destrozada y la casa desmantelada cuando la familia de Adriana se hizo presente la mañana siguiente. Miembros de la Comisaría Séptima concurrieron ese mismo día por la tarde. En ese sumario se tomó declaración a Pedro Campos y José Alcaraz, quienes denunciaron la desaparición de su hija y su hijo, respectivamente, así como del pequeño Martín. También aportó su relato Mauricio Luque, vecino y testigo de los hechos —más tarde lo corroboró ante la justicia—. El libro de novedades de la Séptima registra el procedimiento.
Veinticuatro horas más tarde, pasada la medianoche, dos hombres bajaron de un Ford Falcon y dejaron al bebé dentro de una caja grande y abierta en la puerta de la familia materna en calle Pedernera de Guaymallén, de acuerdo al testimonio de Mario Gómez, novio de la hermana de José Antonio Alcaraz. El niño estaba envuelto en una frazada. La caja contenía además algunas de sus prendas. En esa misma vivienda habían detenido un año antes a Silvia.
Ocho días después de los secuestros, el padre de Adriana fue citado al Palacio Policial, donde le aseguraron que el matrimonio estaba bajo control de las fuerzas de seguridad. La familia Alcaraz oyó rumores de que Antonio y Adriana estuvieron en el D2.
9 de diciembre: Walter Domínguez y Gladys Castro
El último caso del “Operativo Escoba” que investigó el presente juicio fue el secuestro del matrimonio Domínguez-Castro, hecho abordado previamente en el tercer juicio y luego en el proceso que tuvo por objeto la apropiación de Claudia Domínguez Castro, hija de la pareja nacida durante el cautiverio de su madre.
Walter Domínguez nació en 1955. Tenía 22 años al momento de su desaparición y era el hijo menor del matrimonio conformado por Osiris Domínguez y María Assof. Al igual que su hermano Osiris, Walter militaba en el PCML. Estudiaba Arquitectura en la Universidad de Mendoza con Rodolfo Vera, junto a quien armó el Centro de Estudiantes. En 1976 abandonó la facultad por la escalada represiva. Realizó el servicio militar obligatorio entre 1976 y principios de 1978. Trabajaba en una empresa de colectivos y era delegado gremial.
Gladys Castro,nacida en 1953,tenía 24 años cuando fue detenida. También integrante del PCML, había egresado del Colegio Universitario Central —siempre estuvo en el cuadro de honor, mencionó el fiscal— y estudió dos años Bellas Artes. Trabajó en la Farmacia Del Águila y luego en una panadería. Ella y Walter se casaron en noviembre de 1976 y vivieron primero en Maipú y posteriormente en Godoy Cruz. Gladys cursaba un embarazo de seis meses al momento de su secuestro. Hoy sabemos que el aparato represivo la mantuvo con vida hasta el nacimiento de Claudia, niña que fue apropiada mediante la intervención de Héctor Segundo Carabajal, integrante del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército.
Como en el resto de los casos de este operativo, el fiscal explicó que la pareja temía por su seguridad y que había experimentado situaciones que dan cuenta de la inteligencia de la que era objeto. Susana de Miguel declaró que en mayo de 1977 se refugió un tiempo en la casa de Gladys y Walter, pero dejó el lugar porque un vecino denunció que en ese domicilio vivía una chica escondida con su bebé y la Policía se había hecho presente. Allí se alojó también Mirta Hernández con la pequeña Cecilia antes y después del secuestro de Rodolfo Vera.
El 9 de diciembre de 1977 por la madrugada, personal armado y de civil destrozó la puerta de entrada de la vivienda de Villa Marini donde residía el matrimonio. Una vecina, Clara Ponce de Marín, declaró ante el Juzgado de Instrucción Militar y luego ante la justicia federal que introdujeron a la pareja en un auto mientras se oían los gritos de Walter pidiendo ayuda. Cuando Ponce salió a la calle, un hombre de uniforme verde oliva le ordenó que regresara a su casa. El dueño del inmueble violentado, Antonio Henríquez, se presentó en el lugar alertado por un vecino y constató que la puerta estaba destruida y sus habitantes ausentes. El padre de Walter ofreció arreglarla y retiró las pertenencias que quedaban.
Esa misma noche, la casa de la familia Domínguez fue allanada: Osiris Domínguez, padre de Walter, fue interrogado sobre sus hijos, especialmente respecto del mayor. A esa altura Walter ya había sido secuestrado. Las fuerzas intervinientes, con pasamontañas, armas y barbas postizas, buscaban a Osiris —hijo—, quien no se encontraba en la casa porque trabajaba de noche en Pescarmona. En el libro de novedades de la Comisaría 31 de Guaymallén existe constancia de la denuncia realizada por Domínguez.
En cuanto a Osiris hijo, cuando salió del trabajo el 9 por la mañana se dirigió a la casa de Walter y vio la puerta forzada. Entonces se refugió tres meses en una finca —su familia creyó que también había sido secuestrado— hasta que Carlos Vera, compañero y hermano de Rodolfo, lo contactó y se lo llevó a Buenos Aires. Finalmente se exilió en el extranjero. Como anticipó el fiscal, solo Osiris Domínguez y Susana de Miguel evitaron las detenciones que sufrieron las demás personas del PCML.
“Boicotear el boicot”: el operativo de mayo de 1978
En mayo de 1978, cuando la dictadura ya había ejecutado la mayor parte de su plan represivo, se produjeron una serie de procedimientos que, en Mendoza, dejaron un saldo de al menos once personas desaparecidas. Estos hechos han sido juzgados en debates anteriores: la mayoría en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad; otro —Membrive—, en el cuarto, y Patroni integra por primera vez un proceso como víctima directa, aunque también se conoce lo relativo a su caso.
Este procedimiento, como tantos otros, fue ejecutado por más de una fuerza y en este juicio se investiga como operativo conjunto, es decir, están imputados integrantes de más de una dependencia. Por la Fuerza Aérea, se investiga a Juan Carlos Alberto Santa María, Eduardo Elio Gaviola, Emilio Antonio García, Juan Carlos Cuadrado, Julio Roberto Agüero y Guillermo Campanille. Jorge Alberto López fue apartado por razones de salud. Por el Destacamento de Inteligencia 144, deben responder Hugo Luis Zalazar, Anacleto Edmundo Calderón y Juan Carlos Luis. José Antonio Escobar, quien le da nombre al expediente, falleció.
La mecánica de este operativo es igual a la de otros: gran cantidad de personas secuestradas en pocos días, entre el 17 y el 28 de mayo del 78. Son once víctimas, todas desaparecidas, y a nueve se las llevaron por la noche. Los procedimientos fueron ejecutados por grupos numerosos de hombres fuertemente armados, algunos de civil; con vehículos de las fuerzas y particulares; a veces mimetizados o disfrazados, otras veces no.
La cronología fue la siguiente: el 17 de mayo, secuestraron a Raúl Oscar Gómez, Aldo Patroni y Margarita Dolz; el 22 de mayo, a Mario y Gustavo Camín; el 24, a Daniel Romero; el 25, a Víctor Hugo Herrera e Isabel Membrive, y el 28, a Ramón Sosa, Juan José Galamba y Juan Carlos Romero.
Al “Operativo Mayo de 1978” se lo nombró en juicios anteriores como “Operativo Galamba”, por la hipótesis de que la selección de ese grupo tuvo que ver con la solidaridad con Juan José Galamba, quien desde el 76 había logrado escapar de las distintas tentativas llevadas a cabo por las fuerzas represivas. Efectivamente, las primeras denuncias por estos hechos, del año 1986, tomaban como hilo conductor que las víctimas de esos días se habían relacionado, y solidarizado, con Juan José. Y es así, salvo Membrive y Patroni, quienes solo tenían vínculo con Daniel Romero. Rodríguez Infante aseguró: “Es la solidaridad en favor de una persona intensamente buscada uno de los elementos que pueden explicar por qué se persigue a estas víctimas”.
Sin perjuicio de que esto sea cierto, las pruebas del tercer juicio aportaron nuevas hipótesis, sostuvo. Y es que, en el operativo de mayo de 1978 tuvo gran incidencia la inminente celebración de la Copa Mundial de Fútbol, que comenzó el 1 de junio de aquel año. El aparato represivo, explicó el fiscal, tenía definida la necesidad de intensificar la represión con la finalidad de “enviar un mensaje en las vísperas del mundial”. Necesitaban demostrar que el evento tendría lugar en un “país modelo” y, para eso, había que ahogar de antemano toda posibilidad de arruinar el espectáculo que ponía a la Argentina en los ojos de todo el planeta. Había que “boicotear el boicot”.
Para individualizar a las víctimas, se valieron de la información que la inteligencia ya tenía recabada y sistematizada. Escogieron blancos con un criterio claro: habían tenido militancia política en el pasado y aún no habían sido alcanzados por el accionar represivo. Cada una de las personas víctimas compartieron, entre 1972 y 1974, un ideario vinculado al socialismo político, social o cultural. Gran parte de este grupo migró al peronismo de izquierda. Sin embargo, en la época de los hechos que se juzgan, ya nadie tenía ese tipo de actividad.
Para el 78, explicó la fiscalía, “las organizaciones políticas estaban prácticamente desarticuladas; las comisiones obreras estaban arrasadas; la militancia política estaba presa o desaparecida; las organizaciones estudiantiles estaban destruidas, devastadas; los periodistas, abogados, artistas, trabajadores sociales, científicos —y cualquier persona vinculada a la cultura y que pudiera ser considerada opositora al régimen por parte del accionar represivo estatal— estaban presos o estaban eliminados”.
El itinerario de Juan José Galamba
La red solidaria con Juan José Galamba fue detectada por el aparato represivo y utilizada en los procedimientos de mayo del 78. En pocos días, desaparecieron personas que, de una u otra manera, lo ayudaron por ser un perseguido político. La mayor parte de ese itinerario fue relatado en un escrito que organismos de derechos humanos de Mendoza presentaron en el 86 ante la Cámara Federal de Apelaciones.
El 12 de junio del 76 se inició una persecución activa contra Juan José Galamba. Un grupo de hombres irrumpió en su domicilio y secuestró a su esposa, Alicia Morales, su hija de un año y medio y su hijo de dos meses. También se llevaron a Alicia Sánchez Sarmiento y a sus niñas. Galamba logró escapar. El primer refugio del que se tiene conocimiento es la casa de Margarita Dolz y Carlos Castorino, quien relató que un tal “Toño” les pidió que lo resguardaran.
El segundo destino fue la vivienda de Raúl Oscar Gómez y Liliana Millet. Ella dijo que Margarita le había pedido ayuda porque la perseguían el Ejército y la policía. Su esposo no estaba, pero cuando regresó aseguró que tener a este compañero era muy peligroso y lo consultó “con el partido”. Lo llevaron a la Alameda y se fue con un hombre apodado “Nacho”, pero no se supo quién era. El siguiente rastro de Galamba es a fines del 76, cuando se refugió en Jáchal, San Juan, en la cantera de Gustavo Camín, probablemente a pedido de su hijo, Mario.
Entre finales de ese año y principios del 77 volvió a Mendoza, quizás a pie, pero no hay certezas de si estuvo primero en la casa de Daniel Romero o de Gisela Tenenbaum, a pesar de que lo alojaron en las dos. Luego paró en el domicilio de Daniel Romero: su esposa, Dulce Quintana, lo confirmó; y su hijo, José Ricardo, aseguró que aquel verano se escondió allí “un hombre de pelo claro”. La policía arribó a la vivienda el mismo día que llegó, el matrimonio tuvo una discusión y el hombre se fue.
Posteriormente se resguardó en la casa del matrimonio Markstein-Tenenbaum y, también, en la casa de calle Italia, de Godoy Cruz, con Gisela Tenenbaum y Ana María Moral. En marzo del 77 tuvo una cita con Sonia de Monte en la esquina de Joaquín V. González y Carola Lorenzini. Le entregó un cuaderno con anotaciones y cartas que su hija, Natalia Galamba, exhibió en un juicio oral. Acordaron otra cita quince días después a la que Galamba nunca llegó, probablemente porque huyó después del procedimiento en el que desapareció Gisela y ejecutaron a Ana. Meses más tarde se encontró con Helga Markstein “en un bosque” camino a San Martín, le contó lo sucedido y volvió a alojarse en su casa.
Se sabe que después lo ubicaron en el horno de ladrillos que Juan Carlos Romero, hermano de Daniel, tenía en Las Heras. Allí hicieron un asado por el Día del Trabajador, el 1 de mayo del 78, junto con Sebastián Molina, su hijo Carlos Gabriel y Ramón Sosa, apodado “Felipe”. Dijeron que el horno había dejado de ser un lugar seguro y el siguiente y último destino de Galamba fue la casa de la familia Molina, con la condición de que no tuviera contacto con Sosa. Durante todo ese tiempo, Juan José se dedicó a la construcción con Sebastián.
La próxima audiencia será el jueves 6 de octubre a las 13:30
