17-11-2022 | El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, comenzó su alegato en representación de trece imputados en este juicio que pertenecieron a la Fuerza Aérea, al Destacamento 144 y a la Policía de Mendoza. Basó su defensa en la existencia de un contexto de violencia generalizado en el que surgieron subgrupos paralelos a las instituciones que ejecutaron la represión.
Fue el turno de alegar de Leonardo Pérez Videla, del Ministerio Público de la Defensa. Tiene a su cargo la representación de trece imputados: Alberto Raganato, Juan Carlos Cuadrado, Guillermo Campanille, Eduardo Elio Gaviola y Néstor Nivaldo Carmona, de la Fuerza Aérea; Anacleto Edmundo Calderón, Vicente Omar Navarro, Hugo Luis Zalazar y Oscar Alfredo Simone, del Destacamento de Inteligencia 144; y Ramón Dagoberto Álvarez, Marcelo Rolando Moroy, José Esteban Roccato y Armando Osvaldo Fernández, de la Policía de Mendoza.
Para comenzar su alegato, propuso “contextualizar los hechos dentro de los hechos”, que, aseguró, intervinieron de forma cotidiana en la vida de la población argentina en la década del 70. Afirmó que en la acusación de la fiscalía no hay prueba objetiva y, por lo tanto, no está debidamente tratado lo que se les critica a los imputados, todo bajo la hipótesis de que se los vincula institucionalmente con estructuras represivas, pero no en su individualidad. El defensor oficial, entonces, apuntó a la idea de que en aquel entonces había “matices”: “Voy a tratar de demostrar que no todo es blanco ni negro y que sí hay grises”.
A aquella época la definió como una “maldita década histórica” signada por la violencia, pero no específicamente de la dictadura ni el plan represivo, sino generalizada: “La década del 70 fue la creación más tenebrosa que pudieron construir entre todos los argentinos”. Aquel proceso de “incertidumbre, violencia y odio”, dedujo, “hizo aparecer un subsistema” de “ilegalidad paralela mezclada con lo institucional”. Es decir, apuntó —como en juicios anteriores— a que la responsabilidad de lo sucedido dependió de “subgrupos o subestructuras” marginales, paralelos, que estaban integrados por algunas personas de las fuerzas, y a que no eran las fuerzas armadas y de seguridad las que desde su estructura ejecutaron el plan criminal.
“El criterio de acusación es generalizador”, reclamó. Y manifestó que “hay relación de las víctimas con el horror, pero no hay prueba objetiva”. Por “el caos y el terror” que, aseguró, también vivieron los imputados, actualmente es imposible “establecer relaciones causales concretas, precisas” entre lo que pasó y la responsabilidad de los acusados en este debate. Para ejemplificar este punto repasó testimonios presentados por la acusación y por la defensa, particularmente los propuestos por San Emeterio.
“Tenemos que tener una visión basada en el real contenido de la historia de nuestra república donde ha habido una penetración ideológica genérica que comienza con el castrocomunismo”, avanzó Pérez Videla. Para describir aquella época, repasó con detalle acciones armadas de organizaciones como Montoneros, el ERP o las FAP y aseguró que “hubo un sector que decidió establecer el caos, el terror y el odio político”. Nombró víctimas de aquellos despliegues, muertos castrenses y militares, y estableció un hito fundante de aquel momento: el asesinato de Aramburu. Como ejemplo citó testimonios que hablaban de la preparación militar de personas como Marcelo Verd y Sara Palacio en Cuba. Nunca mencionó la represión estatal ni el Plan Conintes, aunque sí hizo referencia a los decretos de aniquilamiento y a la ley 20840, pero siempre superficialmente.
El abogado remarcó que el problema de este juicio es “no poder mirar la historia de otra forma”, limitado por el transcurso del tiempo. Para evitar el planteo de imprescriptibilidad y gravedad de los delitos de lesa humanidad reclamó que sus defendidos están sometidos a un “estado de excepción”. Planteó que en su juzgamiento se tornan tolerables conductas jurídicas que en otros casos serían inaceptables: “Prescripción, vencimiento de plazo razonable, insubsistencia de la acción penal, orfandad probatoria”.
Pérez Videla sugirió que para seguir un criterio de justicia no habría que condenar a los imputados, porque no hay criterios de responsabilidad suficientes. De lo contrario, el tribunal debería pedir “perdón a la sociedad, perdón a las víctimas porque estoy condenando a una persona en la que existe la altísima posibilidad de que sea inocente, absolutamente inocente; y existe una mínima, minúscula, de que sea culpable”. Para honrar la garantía de la duda, dijo, el Estado debería pedir disculpas a las víctimas y ponerles fin a estos juicios.
El defensor oficial reconoció investigaciones y causas como la 13/85, el conocido Juicio a las Juntas. Pero descartó la posibilidad de analogar lo que pasó en Buenos Aires con lo que pasó en Mendoza. A nivel local, aventuró, las acusaciones se relacionan más con el derecho penal de autor —las características del imputado, lo que el sujeto es— que con el derecho penal de acto —la responsabilidad del imputado, lo que el sujeto hace—.
Aseguró que los “subgrupos y las subestructuras” tuvieron la complicidad del Estado Argentino, pero como fueron paralelos solo se les puede atribuir responsabilidad a los altos mandos, que están fallecidos. Los intermedios, que hoy están siendo investigados, son —para Pérez Videla— inocentes. La imputación, sostuvo el defensor, es narrativa y abusa de la situación de contexto. Es decir, reconoció la existencia de “una maquinaria institucional, funcional, orgánica, pero después de 50 años no se puede conocer”. Apuntó a la parte acusadora de un “desmanejo o manejo estratégico” de la asociación ilícita.
El defensor Leonardo Pérez Videla dijo que la prueba presentada es poca e insuficiente para rebatir el principio de inocencia: “Solo lo que vieron los testigos en los operativos, dos informes de inteligencia, legajos, felicitaciones, cargos”, dijo sobre todo lo analizado por la fiscalía desde agosto. Antes de concluir, les restó importancia a los debates de lesa humanidad: “Ya a nadie le importan estos juicios, ni los medios de comunicación cubren estos juicios. Solo vienen algunos medios y cubren las intervenciones de la doctora Beigel o el doctor Rodríguez Infante […] A nadie le interesan”.
La próxima audiencia será el viernes 18 de noviembre a las 9:00.
