Comienza un nuevo debate por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Se juzgará, por primera vez, al Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de poder. Además, hay nuevos procesados por el D2 y la Comisaría Séptima. Son ocho causas que investigarán lo sucedido con un centenar de víctimas, 60 de las cuales están desaparecidas o fueron asesinadas. El juicio analizará la responsabilidad de 20 imputados. Se avecina un largo proceso.
La Comisaría Séptima
Los casos ya tratados de Rubén Bravo, Luis Moretti, Francisco Amaya y Pablo Seydell tienen un nuevo imputado. Los cuatro hombres fueron secuestrados en octubre de 1976 y alojados en la Seccional 7ma.de la Policía, en Godoy Cruz. En esta ocasión se acusa a Ramón Dagoberto Álvarez, quien prestaba servicios como cabo primero al momento de los hechos.
La Comisaría Séptima funcionó como un verdadero centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado en nuestra provincia. Aparece como tal en el informe Nunca Más de la CoNaDeP. Álvarez debe responder por el homicidio de Rubén Bravo y la privación ilegítima de libertad y tormentos sufridos por las cuatro víctimas. Además, se lo ubica como responsable del delito de integrar una asociación ilícita.
El D2
Lo sucedido en el Departamento de Informaciones 2 ha sido relatado numerosas veces. Sus perpetradores han sido condenados en más de una ocasión. Esta vez se intenta demostrar la responsabilidad de Marcelo Rolando Moroy y José Esteban Roccato -por primera vez en juicio- en los hechos padecidos por Víctor Sabattini, Nélida Lucía Allegrini, Liliana Tognetti, Silvia Schvartzman, Graciela del Carmen Leda y Antonio Siro Vignoni. Por ser la primera vez que es sometido al accionar de la justicia, Roccato debe responder, además, por el delito de asociación ilícita.
Los procedimientos contra la Juventud Guevarista resultaron en la muerte y desaparición de Daniel Moyano. Por este homicidio se acusa a los dos imputados mencionados y también a Armando Osvaldo Fernández, quien ya ha sido condenado por el resto de las víctimas.
El Destacamento de Inteligencia 144
Este destacamento cumplió un rol central como parte del plan sistemático de represión desplegado durante las últimas dictaduras. Su papel fue trascendental en la planificación de los operativos “contrasubversivos” -como solían denominarlos- y también respecto de las decisiones y órdenes que tuvieron como resultado la detención, privación de libertad, torturas, desaparición forzada, apropiación de menores y otros aberrantes delitos. Hay, además, pruebas de la intervención personal de integrantes de esa dependencia en la ejecución material de algunos de los operativos y de su injerencia en las torturas de las y los detenidos. Estos interrogatorios hacían las veces de fuente de información para seguir diseñando el plan represivo.
El Destacamento de Inteligencia 144 (DI 144) estaba compuesto por personal militar superior, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil cuya participación era directa y esencial. Todos los oficiales y suboficiales del DI 144 han formado parte de las distintas Unidades de Inteligencia ya sea en Destacamentos de Inteligencia en distintos puntos del país, en el Batallón de Inteligencia 601 y/o en la Escuela de Inteligencia de Campo de Mayo. Los Destacamentos de Inteligencia -y en particular el Destacamento de Inteligencia 144/162- estaban compuestos por personal especialmente capacitado y entrenado en las tareas de inteligencia.
En la Subzona 33 -subdivisión del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba-, el DI 144 operaba junto a la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Es decir, extendía su área de influencia a Mendoza, San Luis y San Juan. Son varias las personas que en su testimonio han ubicado su sede en la calle Emilio Civit y Martínez de Rosas de la Ciudad de Mendoza, domicilio que ocupó hasta el 15 de noviembre de 1980, cuando se mudó a la calle Julio Leónidas Aguirre 259. El 1 de enero de 1982, el Destacamento pasó a depender del Comando del IV Cuerpo del Ejército -con asiento en Santa Rosa, La Pampa- y cambió su número por 162.
Para la época de los hechos que se juzgan, el DI 144 dependía orgánicamente del III Cuerpo del Ejército; técnicamente de la Jefatura II -Inteligencia- del Estado Mayor General del Ejército y operacionalmente del Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Se dividía en distintas secciones y actuaba en apoyo al Comando. Se vinculaba, además, con el Batallón de Inteligencia 601, dependencia exclusiva de inteligencia del Ejército.
En este juicio se relevarán las pruebas que evidencian la participación del Destacamento de Inteligencia 144 en el plan genocida: ordenanzas, decretos, reglamentos, normativas, órdenes verbales, boletines reservados sobre el funcionamiento de inteligencia; algunas declaraciones de integrantes de fuerzas armadas y/o de seguridad, como también testimonios de víctimas del terrorismo de Estado.
Las estructuras de inteligencia existían independientemente de las Jefaturas de Inteligencia de cada comando o brigada y trabajaban coordinadamente con ellas. Esto funcionaba así tanto para el Batallón 601 y sus destacamentos, como para las Regionales de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Regional Oeste, en Mendoza).
Diversos tenientes coroneles se desempeñaron en la jefatura del Destacamento: Hamilton Barrera desde el 13 de diciembre de 1973 hasta el 15 de diciembre de 1976; José Osvaldo Riveiro hasta el 12 de febrero de 1979; Juan Rodolfo Brocca hasta el 1 de diciembre de 1980; Luis Faustino Suárez hasta el 30 de noviembre de 1982 y Félix Ricardo González hasta el 30 de noviembre de 1984.
Los libros no registran quién ocupaba el cargo de segundo jefe del destacamento durante 1976 y casi todo 1977. El mayor Jorge Alberto Cabrera se desempeñó allí desde el 5 de diciembre de 1977 hasta el 12 de febrero de 1979; luego, fue designado Juan José Ramírez hasta el 30 de noviembre de 1981; Miguel Ángel Amigo hasta el 30 de noviembre de 1983; y a partir de esa fecha, Alberto José Jaime.
Las causas contra el 144
Los integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 deberán responder penalmente por ser acusados de distintas causas, algunas ya abordadas en juicios anteriores y otras que se analizarán por primera vez. Los imputados son Oscar Alfredo Simone, Hugo Luis Zalazar, Anacleto Edmundo Calderón, José Antonio Escobar, Juan Carlos Luis.
Por la desaparición de Roberto Blanco está acusado Oscar Alfredo Simone. La víctima tenía 36 años, era funcionario de la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia de Mendoza y militante peronista de la juventud sindical. Fue secuestrado el 1 de abril de 1976. Como reconoció el imputado, trabajaba junto con Blanco para ese entonces, lo que sugiere su participación como agente de inteligencia. Es irrelevante si oficialmente formaba parte de la estructura -como Personal Civil de Inteligencia (PCI)-, lo que se juzga es el aporte que realizó a la misma.
Hugo Luis Zalazar estuvo prófugo y hoy se lo acusa de ser penalmente responsable de los hechos padecidos por el matrimonio de Sara Palacio y Marcelo Verd y del “Operativo Antijesuita” que tuvo lugar entre junio y septiembre de 1976. La pareja integraba las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue secuestrada en 1971 en San Juan, durante la dictadura de Lanusse. Los autos usados para el operativo tenían patente de Mendoza. Todo indica que, además de ser un delito de lesa humanidad, dejó marcada la impronta del circuito característico del terrorismo estatal: persecución ideológica, inteligencia previa, articulación entre fuerzas armadas y de seguridad, grupos de tareas, secuestro, tortura, desaparición forzada.
Los represores, que en el plano discursivo profesaban la fe católica, atacaron con saña a las personas religiosas comprometidas con las más carenciadas. En Mendoza, el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo ancló en las políticas sociales del cura José María “Macuca” Llorens y hubo, como en tantos lugares de América Latina, un progresivo desplazamiento de militantes sociales desde el ámbito del catolicismo renovador a círculos más politizados y, finalmente, a organizaciones armadas. Llorens fue detenido el 24 de marzo de 1976 y una parte de quienes trabajaron junto a él en el barrio San Martín pasaron a formar la lista de personas desaparecidas. Las víctimas del “Operativo Antijesuita” en Mendoza fueron María Leonor Mércuri, María Inés Correa Llano, Carlos Jacowczyk, Zulma Pura Zingaretti, María Cristina Lillo, Mercedes Salvadora Eva Vega, Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado. La amenaza real para el gobierno de facto era la praxis cristiana como militancia social y política.
Además, se imputa a los miembros de inteligencia por privaciones ilegítimas de libertad, homicidios, tormentos y robos en los procedimientos ya investigados en juicios anteriores: mayo de 1976 contra la Juventud Guevarista, en el marco de un ataque generalizado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Aquí, además de las siete víctimas por las que se juzga a miembros del D2 también se suman los casos de Héctor Pablo Granic, Edmundo Samuel Beliveau, Virginia Adela Suárez, Julio Félix Talquenca, Hugo Alfredo Talquenca, Blanca Graciela Santamaría, Mario Luis Santini, María Silvia Campos -hasta aquí todas personas desaparecidas-, Jaime Pedraza, Nicolás Zárate, Eugenio Paris, Raúl Acquaviva, Carlos Alberto Roca y Vivian Acquaviva.
También se analiza el operativo de abril de 1977, que resultó en la muerte o desaparición de 15 militantes peronistas: Pedro Ulderico Ponce, Manuel Alberto Gutiérrez, María Eva Fernández, Juan Manuel Montecino, Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez, Gloria Nélida Fonseca, Julio Pacheco, Elvira Orfila Benítez, Nora Otín -sobreviviente-, Luis César López Muntaner, Gisela Tenembaum, Billy Lee Hunt, Ana María Moral, María Del Carmen Laudani, Jorge Alberto José.
Se retomarán las desapariciones de diciembre de 1977, producto de un ataque contra el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML): Néstor Rubén Carzolio, Nélida Aurora Tissone, Rodolfo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina Castro, Antonia Adriana Campos, José Antonio Alcaraz y la sustracción de su bebé, Martín Alcaraz, de diez meses de edad.
Por último, se juzgará la responsabilidad del DI 144 en el operativo de mayo de 1978, desplegado contra lo que llamaban “subversión residual” para salvaguardar la “seguridad” durante el Mundial de Fútbol. Resultó en el secuestro y desaparición de Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Rosa Dolz, Aldo Enrique Patroni e Isabel Membrive.
La Fuerza Aérea
Llegan a juicio once miembros de la Fuerza Aérea y un policía que prestó servicios en la Comisaría 16 de Las Heras, dependencia que estuvo bajo control operativo de la IV Brigada. El sexto juicio ya había condenado a dos integrantes del aparato de inteligencia: Carlos Santa María y Olimpo Carelli. Este último, por los hechos del Casino de Suboficiales del Ejército. Se investigan ahora los delitos cometidos contra 77 víctimas.
Está comprobado que la Aeronáutica, caracterizada históricamente por su relativo hermetismo, intervino activamente en la represión ilegal durante el terrorismo de Estado. Tuvo a su cargo la subzona 16 en el Oeste de la provincia de Buenos Aires y aportó al esquema represivo conducido por el Ejército desde el Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI), dedicado a la lucha contra la subversión.
Aquí, la “Agrupación Mendoza” de la IV Brigada Aérea controló una de las siete subáreas en las que se dividió el territorio y dispuso sus instalaciones y el campo de tiro Las Lajas como CCD. Sus integrantes ejecutaron allanamientos, detenciones e interrogatorios bajo tortura, a la vez que participaron de operativos conjuntos planificados en el marco de la Comunidad Informativa. Asimismo, las comisarias 17 (Lavalle) y 16 (Las Heras) -subordinadas a las autoridades de la Brigada- intervinieron en procedimientos de sus respectivos Departamentos y albergaron y torturaron a personas detenidas en sus dependencias. La pertenencia a esta fuerza de los sucesivos jefes de Policía de Mendoza (Santuccione, Francisca y Laporta) y el envío de tres agentes de inteligencia como interrogadores a un CCD del Ejército (los fallecidos Carelli, García y Jofré) son otra evidencia más de su compromiso en la “lucha contra la subversión”.
Debido a la prioridad otorgada por la Junta de Comandantes a la inteligencia, en julio de 1976 la Fuerza Aérea creó las Regionales de Inteligencia que dependían directamente de la Jefatura II del Estado Mayor de su arma y que coordinaban, manteniendo su independencia, con las divisiones previas abocadas a esta tarea: se encargaban de la represión local pero también regional y nacional. En Mendoza tuvo asiento la Regional Oeste, que extendió su jurisdicción sobre San Juan y Neuquén. A su vez, la IV Brigada Aérea contaba con una División II de Inteligencia. Por último, personal de la Aeronáutica fue destinado a la Central Única de Inteligencia que funcionó, posiblemente, en la sede de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.
Cuatro de los imputados deberán responder como autores mediatos por este rol: Carlos Santa María (jefe de la División II de Inteligencia y jefe de la Compañía de Policía Militar), Jorge Alberto López (Central Única de Inteligencia y auxiliar en la División II), Emilio Antonio García (jefe de la Regional Oeste de Inteligencia) y Julio Roberto Agüero (jefe de la División Contrainteligencia de la Regional Oeste).
Los restantes acusados integraron alguna de las divisiones del Escuadrón Tropa (dentro del Grupo Base 4), unidad operacional para combate y defensa de la IV Brigada que incluía a la Compañía de Policía Militar, a la Banda de música y a la subunidad COIN (“Contra Insurgencia”): esta última -después llamada Compañía de Defensa-, integrada por cien efectivos, funcionó en palabras de los testigos como una verdadera “fuerza de choque”. Por su pertenencia a dichas unidades, Julio Rolando Escudero (subinstructor de la Subunidad COIN), Eduardo Elio Gaviola (Compañía de Policía Militar), Alberto Raganato (jefe de la Compañía de Policía Militar), Juan Carlos Cuadrado(jefe del Escuadrón Tropa), Néstor Nivaldo Carmona (subinstructor de la Subunidad COIN) y José Santos Chiofalo (director de la Banda de Música e integrante –hasta su detención en 2014- del grupo “Los Trovadores de Cuyo”) intervinieron en los operativos, detenciones, traslados y/o custodia de las víctimas. Por último, el oficial inspector Manuel Martínez está imputado como miembro de la Seccional 16 de la Policía ya mencionada. Todos ellos –excepto el ya condenado Carlos Santa María- fueron imputados, además, por el delito de asociación ilícita.
Entre los hechos analizados se encuentran las detenciones ilegales y tormentos de militantes del Partido Comunista cuyos secuestros se produjeron entre marzo y mayo de 1976 en sus respectivos domicilios de Las Heras. Las víctimas fueron detenidas por personal de las comisarías 16 y/o de la IV Brigada y conducidas a dicha seccional policial y/o al predio de la Fuerza Aérea. Se abordan los casos de: Reynaldo González; Aldo Capurro y Margarita Tapia; Raúl Herrera Frías, Manuel y Nicolás Frías; la familia Alliendes-Sbarbati (Segundo Alliendes, su hijo Ricardo, su hija Silvia y su esposa Eda Sbarbati); Sergio Larroulet, Horacio Larroulet y Raúl Walter Larroulet; Carlos Jacinto Tassin; Ricardo Larrea, Roberto Larrea, Raúl Larrea y Carlos Moyano. También las detenciones de los sindicalistas Juan Miguel Becerra -en el aeropuerto-, Rodolfo Gerardo Arancibia -en su lugar de trabajo, la UNCuyo- y del abogado de la UOM, el justicialista José Blas Made -en las inmediaciones de la legislatura-.
Por su parte, Julio Santiago Quiroga fue detenido en el marco de un operativo conjunto de la Comisaría 17 y la Fuerza Aérea en Lavalle, el 24 de marzo. Fue conducido a la seccional y un día después a una edificación antigua que aventuró a señalar como “El Chalecito” (CCD).
A su vez, se retoman las detenciones de Emilio Luque Bracchi, Mario Venditti, Horacio Ferraris, Mauricio López, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Juan Ramón Fernández (las últimas cinco personas, víctimas de desaparición forzada) en el campo de tiro Las Lajas, dependiente de la Aeronáutica, reconocido en la sentencia del sexto juicio como Centro Clandestino de Detención. Vivian Acquaviva y Virginia Adela Suárez también fueron trasladadas a este CCD: la última continúa desaparecida.
Finalmente, se intentará dilucidar la responsabilidad de la Fuerza Aérea en los delitos cometidos en el marco de megaoperativos conjuntos con otras dependencias del aparato criminal: los ya mencionados procedimientos de mayo y junio de 1976 contra el PRT-ERP -los casos de Jaime Pedraza y Nicolás Zárate por primera vez en juicio-, las detenciones de abril de 1977 -que dejaron 16 personas detenidas o asesinadas- y las once desapariciones forzadas de mayo de 1978.
