Acusado – Cargo al momento de los crímenes – Fuerza / Condena
Egea Bernal, Raúl – Abogado – Policía de Mendoza / 8 años
Guevara, Aníbal Alberto – Teniente primero, integrante de Sección de Inteligencia 144, Departamento de Inteligencia 144 – Ejército Argentino / Perpetua
Labarta, Juan Roberto – Cabo, Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Delegación San Rafael – Policía de Mendoza / Perpetua
Ruiz Soppe, Raúl Alberto – Jefe de la Unidad Regional II – Policía de Mendoza / Perpetua
Mussere Quintero, José Marín – Oficial – Policía de Mendoza (fellecido)
La complicidad eclesiástica
El peso de la Iglesia Católica en San Rafael es por demás conocida, también su incidencia en la etapa represiva. Citado a declarar como testigo, José Álvarez Domínguez, vocero de la Diócesis de San Rafael, sorprendió al responder que todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y agregó que la Iglesia intentaba ayudar en lo que se podía. Sin embargo, quedó en evidencia cuando aseguró que hubo “autodesaparecidos” que salieron a la luz al momento de cobrar una indemnización.
El caso más escandaloso emergente de este juicio fue la actuación del excapellán militar Franco Reverberi. Varias declaraciones de expresas y presos complicaron al sacerdote, quien de testigo pasó a ser imputado. Roberto Flores y Teresa Olivieri declararon que el cura -en ese momento destinado a Salto de las Rosas, en el distrito de Cañada Seca y ecónomo de la diócesis de ese departamento- presenciaba las sesiones de tortura y visitaba las celdas donde les pedía a las y los detenidos que confesaran para “redimir su alma”.
Reverberi, citado a testimoniar, llegó a expresarse ante los medios de comunicación. Negó que conociera de desapariciones o secuestros. Con todo cinismo aseguró que nunca había visto un preso en lugares especiales de detención y que jamás fue nadie a pedir ayuda por las y los detenidos.
La fiscalía decidió suspender esa audiencia porque advirtió que debía ser imputado. El 24 de septiembre, Maldonado pidió su indagatoria al juez Puigdéngolas pero el magistrado rechazó la solicitud y le delegó a la fiscalía una investigación. Tal como consta en la misma, el 10 de mayo de 2011 Franco Reverberi viajó a Roma.
Tres meses después de su huida, Puigdéngolas ordenó la indagatoria, pero no logró que compareciera ante su presencia; sin embargo, quedó firme su procesamiento como “participe partícipe secundario del delito de tormentos” y se solicitó su extradición.
En 2013, la justicia y la Iglesia italianas decidieron protegerlo y el pedido fue rechazado. Hasta donde se sabe, Franco Reverberi sigue viviendo impune en un apacible pueblo cerca de Parma.
Los acusados
Por las pruebas documentales existentes y las declaraciones ofrecidas por las víctimas, llegaron a juicio seis imputados, miembros de las FF. AA. y de la Policía de Mendoza. Pero solo cuatro recibieron sentencia.
El coronel Aníbal Alberto Guevara, por entonces un joven teniente, fue reconocido como quien comandaba los grupos operativos integrados por militares y policías. Además, se lo vio pavoneándose en los centros de concentración de presos donde prosperó la ilicitud.
El comisario Raúl Alberto Ruiz Sope, jefe de la Unidad Regional II, realizaba tareas de inteligencia y ponía a disposición la logística de su dependencia para que se realizaran las operaciones conjuntas. En su declaración, el policía admitió que las víctimas de este juicio no eran personas peligrosas e indicó que en San Rafael no se registraron ataques ni hechos de violencia por parte de las organizaciones político-militares. Para sorpresa de la audiencia aclaró que los atentados con bombas sufridos a fines del 75 provenían de la Policía de Santuccione.
Por su parte, a Juan Labarta, oficial del Departamento de Informaciones 2 (D2) de San Rafael -el más conocido de los represores-, se lo señaló como un infiltrado que asistía a cuanta reunión política o sindical se presentaba. Fiel a la misión del D2, trabajaba junto al agente Fierro reuniendo la información esencial que permitió apuntar a las víctimas de este juicio.
En cuanto a Mussere, oficial de Policía, cumplía con su función de enlace entre los militares y su fuerza, pero estaba mimetizado con el Ejército hasta el punto de vestir el uniforme militar de fajina. Asimismo, fue descripto como temible, el más violento del grupo.
El abogado Raúl Egea estuvo involucrado en la confección de las actas de libertad falsas que pretendían encubrir el verdadero destino de las víctimas. Dichas actas llevaban su firma y la del médico Cristóbal Ruiz.
No todos los arriba mencionados recibieron sentencia. El 3 de agosto de 2010, José Martín Mussere murió de un infarto cardíaco en la cárcel y tiempo después Cristóbal Ruiz falleció en su domicilio después de una larga enfermedad terminal que le impidió presentarse ante el tribunal.
Cambio en las acusaciones originales
La primera medida adoptada por la fiscalía fue el cambio de la acusación inicial contra cuatro de los seis imputados, que pasó de “privación ilegítima de la libertad” a “homicidio calificado por alevosía, aplicación de tormentos y asociación ilícita” para Guevara, Mussere, Labarta y Ruiz Soppe.
El fiscal argumentó que en 2008, cuando se hizo la elevación a juicio, fue planteada como privación de la libertad porque no contaba con jurisprudencia asentada por este tipo de crímenes, acrecentada en los dos últimos años.
