El TOF 2 de San Rafael estuvo integrado por los magistrados Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad, este último en calidad de presidente. El cuarto juez fue Raúl Fourcade, de San Luis.
La fiscalía estuvo integrada por Omar Palermo, Dante Vega y Francisco Maldonado. Se constituyeron como querellantes el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) con los abogados Pablo Salinas, Diego Lavado y la abogada Viviana Beigel, y la APDH de San Rafael, mediante Héctor Chávez. Asimismo, Mariano Tripiana, hijo del desaparecido Francisco, se presentó como querellante.
Los defensores particulares Eduardo San Emeterio y Ricardo Curuchet representaron al militar Aníbal Guevara y Rufino Troyano, al policía Ruiz Soppe. En cambio, Juan Labarta y Raúl Egea recurrieron al Ministerio Público de la Defensa, ejercido por Ramiro Dillon.
La apertura de la sesión estuvo a cargo del presidente Jorge Burad y, como es de estilo, los cinco imputados presentes debieron identificarse por pedido del juez. Apenas murmuraron su nombre frente a la concurrencia expectante, que deseaba conocerlos.
El médico Cristóbal Ruiz presentó certificado de salud justificando su ausencia.
En aquella jornada, la lectura del requerimiento de elevación a juicio estuvo a cargo de la secretaria María Marta de la Reta. Al abordar el contexto histórico hubo un punto, al menos, opinable. Para reseñar los hechos que involucraban a las víctimas sorprendió la utilización indiscriminada de los términos terroristas o terrorismo para referirse a las movilizaciones e insurgencia de esa época.
Es de suponer que al tomarlos en forma directa de los decretos y disposiciones emitidas en el gobierno de Isabel Perón y de la dictadura aparecieron impregnando el texto.
