El 1 de julio de 2010 se inició el enjuiciamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad en Mendoza, quimera que se ha mantenido ininterrumpidamente y a lo largo de años. El escenario fue una sala de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, emplazada en el centro de San Rafael.
El acontecimiento generó una importante movilización que excedió a las y los lugareños. Allí se congregaron, como habitualmente sucede, los familiares de las víctimas, los Organismos de DD. HH. locales y de Mendoza; organizaciones de la sociedad civil, autoridades provinciales y municipales e incluso figuras políticas del lugar como el entonces senador Ernesto Sanz y el diputado Armando Camerucci.
En las inmediaciones, sobre las veredas, se concentró muchísima gente. Desde muy temprano dos personas sostenían una leyenda del Sindicato de Empleados de Farmacia que apelaba a la memoria de Roberto Ozorio. Sobre las paredes de un viejo colegio se desplegaron varios carteles, entre los que se destacaba por el tamaño el de
H.I.J.O.S. Mendoza al lado los rostros de desaparecidas y desaparecidos de la provincia impresos en un pulcro trabajo de Familiares. También se distinguía el de la Federación Universitaria de Cuyo.
Se escucharon bombos y redoblantes junto a cánticos y consignas que le pusieron entusiasmo y calor a la fría mañana de invierno.
Un discreto vallado sobre la vereda protegía el acceso a la sala que disponía de 70 lugares para presenciar la apertura del juicio. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, conocedora de las escasa plazas disponibles para la particular audiencia, organizó a la concurrencia para que se pudiera ingresar de a tres
o cuatro personas, relevándose cada quince minutos de modo que todos y todas pudieran vivenciar una porción del tan anhelado juicio.
En doble hilera, los y las aspirantes a entrar, con paciencia, esperaban turno entre charla y mate.
