El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza se celebró en San Rafael entre el 1 de julio y el 16 de noviembre de 2010. El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 2 y tuvo como imputados a un militar, Aníbal Guevara, y a los miembros de la Policía de Mendoza Raúl Alberto Ruiz Soppe, Juan Roberto Labarta, José Martín Mussere, al médico Cristóbal Ruiz Pozo y al abogado Raúl Egea Bernal.
Luciano Benjamín Menéndez, principal acusado en este debate, fue apartado para ser juzgado en Córdoba junto al dictador Jorge Videla.
Los cargos contra los mencionados fueron por privación ilegal de la libertad de los militantes peronistas de base Francisco Tripiana, Roberto Ozorio, Pascual Sandobal y José Guillermo Berón, todos secuestrados en días próximos al golpe de estado, entre el 23 en la noche y el 26 de marzo de 1976.
A pesar de que se trataba solo de cuatro casos entre centenares de denuncias, los Organismos de derechos humanos mendocinos celebraron la posibilidad de llegar por primera vez a los estrados de la justicia, después de destrabar las causas que empezaron a moverse a partir de las denuncias contra los camaristas Luis Miret y Otilio Romano y como corolario de 33 años de lucha.
Un día muy especial
El 1 de julio de 2010 se inició el enjuiciamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad en Mendoza, quimera que se ha mantenido ininterrumpidamente y a lo largo de años. El escenario fue una sala de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, emplazada en el centro de San Rafael.
El acontecimiento generó una importante movilización que excedió a las y los lugareños. Allí se congregaron, como habitualmente sucede, los familiares de las víctimas, los Organismos de DD. HH. locales y de Mendoza; organizaciones de la sociedad civil, autoridades provinciales y municipales e incluso figuras políticas del lugar como el entonces senador Ernesto Sanz y el diputado Armando Camerucci.
En las inmediaciones, sobre las veredas, se concentró muchísima gente. Desde muy temprano dos personas sostenían una leyenda del Sindicato de Empleados de Farmacia que apelaba a la memoria de Roberto Ozorio. Sobre las paredes de un viejo colegio se desplegaron varios carteles, entre los que se destacaba por el tamaño el de
H.I.J.O.S. Mendoza al lado los rostros de desaparecidas y desaparecidos de la provincia impresos en un pulcro trabajo de Familiares. También se distinguía el de la Federación Universitaria de Cuyo.
Se escucharon bombos y redoblantes junto a cánticos y consignas que le pusieron entusiasmo y calor a la fría mañana de invierno.
Un discreto vallado sobre la vereda protegía el acceso a la sala que disponía de 70 lugares para presenciar la apertura del juicio. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, conocedora de las escasa plazas disponibles para la particular audiencia, organizó a la concurrencia para que se pudiera ingresar de a tres
o cuatro personas, relevándose cada quince minutos de modo que todos y todas pudieran vivenciar una porción del tan anhelado juicio.
En doble hilera, los y las aspirantes a entrar, con paciencia, esperaban turno entre charla y mate.
El tribunal y las partes
El TOF 2 de San Rafael estuvo integrado por los magistrados Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad, este último en calidad de presidente. El cuarto juez fue Raúl Fourcade, de San Luis.
La fiscalía estuvo integrada por Omar Palermo, Dante Vega y Francisco Maldonado. Se constituyeron como querellantes el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) con los abogados Pablo Salinas, Diego Lavado y la abogada Viviana Beigel, y la APDH de San Rafael, mediante Héctor Chávez. Asimismo, Mariano Tripiana, hijo del desaparecido Francisco, se presentó como querellante.
Los defensores particulares Eduardo San Emeterio y Ricardo Curuchet representaron al militar Aníbal Guevara y Rufino Troyano, al policía Ruiz Soppe. En cambio, Juan Labarta y Raúl Egea recurrieron al Ministerio Público de la Defensa, ejercido por Ramiro Dillon.
La apertura de la sesión estuvo a cargo del presidente Jorge Burad y, como es de estilo, los cinco imputados presentes debieron identificarse por pedido del juez. Apenas murmuraron su nombre frente a la concurrencia expectante, que deseaba conocerlos.
El médico Cristóbal Ruiz presentó certificado de salud justificando su ausencia.
En aquella jornada, la lectura del requerimiento de elevación a juicio estuvo a cargo de la secretaria María Marta de la Reta. Al abordar el contexto histórico hubo un punto, al menos, opinable. Para reseñar los hechos que involucraban a las víctimas sorprendió la utilización indiscriminada de los términos terroristas o terrorismo para referirse a las movilizaciones e insurgencia de esa época.
Es de suponer que al tomarlos en forma directa de los decretos y disposiciones emitidas en el gobierno de Isabel Perón y de la dictadura aparecieron impregnando el texto.
Un clima enrarecido
El juicio se desarrolló en un ambiente de hostigamiento hacia los jueces, los medios de comunicación e integrantes de organismos de DD. HH. Además de los clásicos llamados telefónicos anónimos, pintadas o cartas para intimidar, sucedieron varios hechos alarmantes.
Se registraron amenazas de represalias contra la periodista de LV4 Radio Nacional San Rafael que retransmitía las instancias de las audiencias, así como a quienes cubrían los juicios para los Organismos de San Rafael. Asimismo, Alicia Morales, reconocida ex presa política y esposa del desaparecido Juan José Galamba, fue víctima de dos entraderas en su finca de cuadro Benegas, en una de ellas le robaron el sable de su padre y dejaron un mensaje mafioso con claro contenido ideológico.
En el mismo sentido, el presidente del tribunal, Roberto Burad, fue víctima de un ataque a su domicilio. En las últimas instancias del juicio, próximo a dictar sentencia, desconocidos arrancaron la reja de una ventana de su vivienda en Ciudad mientras su esposa estaba durmiendo. Entraron y salieron sin llevarse nada. El magistrado lo
denunció públicamente en una de las audiencias y solicitó custodia policial para el domicilio.
A partir de estas experiencias, los Organismos de DD. HH. junto a dependencias gubernamentales empezaron a adoptar estrategias para dotar de seguridad a los distintos actores que se encontraban en estado de vulnerabilidad frente a la arremetida de sectores vinculados al terrorismo de estado.
Testimonios por cuatro víctimas
La primera medida adoptada por la fiscalía fue el cambio de la acusación inicial contra cuatro de los seis imputados, que pasó de “privación ilegítima de la libertad” a “homicidio calificado por alevosía, aplicación de tormentos y asociación ilícita” para Guevara, Mussere, Labarta y Ruiz Soppe.
El fiscal argumentó que en 2008, cuando se hizo la elevación a juicio, fue planteada como privación de la libertad porque no contaba con jurisprudencia asentada por este tipo de crímenes, acrecentada en los dos últimos años.
A partir de ese momento, a través de algo más de cien testimonios se fueron desgranando las historias de los cuatro desaparecidos objetos de este juicio, luchadores sociales que compartían la pertenencia a la Juventud Peronista (JP) y habían integrado las huestes de Alberto Martínez Baca, gobernador electo de Mendoza en 1973.
Francisco Tripiana era obrero de la construcción y pintor de obra, tenía 32 años a la hora de su secuestro. Estaba casado y era padre de un niño pequeño cuando fue arrebatado de su domicilio en la noche previa al golpe de Estado, el 23 de marzo de 1976, en presencia de su familia.
Durante el testimonio ofrecido por su esposa, Haydee Pérez reconoció a Aníbal Guevara como jefe del procedimiento que se llevó a Tripiana. Sin dudar señaló que era el mismo teniente que por aquellos días usaba bigotes y no era calvo como en ese momento. La mujer reclamó que los acusados rompieran el pacto de silencio: “digan dónde están los cuerpos”.
El desaparecido estuvo alojado en la Casa Departamental, donde la familia le llevó diariamente ropa y alimento durante seis jornadas.
Compartió cautiverio con otros detenidos que testimoniaron en este debate y convalidaron su presencia en el lugar, así como su traslado en un furgón con un grupo de presos que fue liberado. A él lo retuvieron y el móvil arrancó con destino desconocido.
A Tripiana, el 1 de abril de 1976 le informaron que saldría y fraguaron un acta de libertad que le hicieron firmar. En el libro de novedades de la Departamental consta el registro de su detención y de su falsa libertad.
La familia lo buscó intensamente e hizo presentaciones ante la justicia sin resultado alguno.
Roberto Simón Ozorio, de 25 años, casado y con un niño pequeño, era el encargado de la farmacia propiedad de Alberto Martínez Baca ubicada en Pueblo Diamante, y seguidor del exgobernador. El hombre fue detenido el 26 de marzo de 1976 en la casa de su suegro en un procedimiento encabezado por el mayor Suárez. Fue secuestrado y
alojado en Infantería de la Policía, donde fue visto por última vez, tal como avalaron varios testigos.
En su testimonio, Ofelia Cejas, la viuda de Martínez Baca, dijo haber escuchado que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Asimismo, indicó que conocía a Tripiana y a su esposa, ambos eran peronistas y pertenecían al mismo grupo integrado por Ozorio y el desaparecido Aldo Fagetti.
La víctima también fue registrada en el libro novedades de la Departamental con fecha de ingreso el 25 de marzo, al igual que su libertad. Sin embargo, continúa desparecido.
Pascual Sandobal tenía 29 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Al momento de su detención, el 26 de marzo de 1976, trabajaba como cosechador en la finca Antonio Bittar de Colonia Elena, donde su tío era contratista. Un pariente, Hugo Sandobal, presenció el secuestro y reconoció al oficial a cargo de la detención porque había sido
su jefe durante el servicio militar en Córdoba. Días después, Hugo también desapareció.
Pascual pertenecía a la Juventud Peronista y realizaba tareas sociales en el barrio Usina junto a otros compañeros, entre los que se encontraban los desaparecidos Fagetti, Tripiana y los hermanos Berón. Con anterioridad a su secuestro fueron allanados el domicilio de sus padres y su propia casa.
A través de los testimonios se supo que inicialmente estuvo en Infantería. De acuerdo a una constancia del libro de guardia de la Departamental, fue ingresado a esa dependencia donde su familia le llevaba alimentos hasta que les comunicaron que había salido. También hay un acta de falsa libertad.
José Guillermo Berón pertenecía a la JP y era miembro de una familia de raigambre peronista. Dos de sus hermanos fueron detenidos por tiempo prolongado en el marco de la represión desatada a partir de fines de 1975.
Obrero, de solo 20 años y con su mujer embarazada, fue apresado el 28 de agosto de 1976 en una fiesta de cumpleaños. Inicialmente lo alojaron en la Comisaría 8, luego pasó al Cuerpo de Bomberos, a Infantería y, finalmente, a la Departamental.
Su detención fue blanqueada dado que su familia consiguió visitarlo en el cuartel de Bomberos hasta que el 8 de octubre del mismo año no supieron más de él. Circuló la versión de que Berón fue ultimado en el llamado “cuartito azul”, un móvil destinado al traslado de los presos.
Al igual que en las anteriores desapariciones forzadas, hay registro documental de su paso, por lo menos, por uno de los lugares de detención; en esta ocasión, en el libro de la Comisaría 8.
En el caso de las tres primeras víctimas se advierte la reiteración de la modalidad adoptada por la jurisdicción de San Rafael consistente en otorgar libertades ficticias mediante actas fraguadas para concretar las desapariciones forzadas, tratando de encubrir a los autores.
Por otro lado, a través de las testimoniales quedó determinado que varios lugares que nada tenían que ver con el ámbito castrense oficiaron de Centro Clandestinos de Detención (CCD).
El edificio de la Municipalidad no solo sirvió para que el máximo responsable de la represión en San Rafael, Luis Faustino Suárez, instalara su oficina, sino que dispuso de la radio y del Concejo Deliberante para alojar detenidos y detenidas. El acondicionamiento de la emisora para blindarla de los sonidos fue aprovechado para utilizarla como sala de torturas. El subsuelo de Tribunales, denominado "la Departamental", hizo las veces de CCD.
Contiguo a esta se encontraba el cuartel de Bomberos utilizado con el mismo fin. Desde ya, el cuerpo de Infantería, varias seccionales de la Policía de Mendoza y dependencias del Ejército recibieron detenidos a lo largo de la represión.
La complicidad eclesiástica
El peso de la Iglesia Católica en San Rafael es por demás conocida, también su incidencia en la etapa represiva.
Citado a declarar como testigo, José Álvarez Domínguez, vocero de la Diócesis de San Rafael, sorprendió al responder que todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y agregó que la Iglesia intentaba ayudar en lo que se podía.
Sin embargo, quedó en evidencia cuando aseguró que hubo “autodesaparecidos” que salieron a la luz al
momento de cobrar una indemnización.
El caso más escandaloso emergente de este juicio fue la actuación del excapellán militar Franco Reverberi. Varias declaraciones de ex presas y presos complicaron al sacerdote, quien de testigo pasó a ser imputado.
Roberto Flores y Teresa Olivieri declararon que el cura -en ese momento destinado a Salto de las Rosas, en el distrito de Cañada Seca y ecónomo de la diócesis de ese departamento- presenciaba las sesiones de tortura y visitaba las celdas donde les pedía a las y los detenidos que confesaran para “redimir su alma”.
Reverberi, citado a testimoniar, llegó a expresarse ante los medios de comunicación. Negó que conociera de desapariciones o secuestros. Con todo cinismo aseguró que nunca había visto un preso en lugares especiales de detención y que jamás fue nadie a pedir ayuda por las y los detenidos.
La fiscalía decidió suspender esa audiencia porque advirtió que debía ser imputado. El 24 de septiembre, Maldonado pidió su indagatoria al juez Puigdéngolas pero el magistrado rechazó la solicitud y le delegó a la fiscalía una investigación. Tal como consta en la misma, el 10 de mayo de 2011 Franco Reverberi viajó a Roma.
Tres meses después de su huida, Puigdéngolas ordenó la indagatoria, pero no logró que compareciera ante su presencia; sin embargo, quedó firme su procesamiento como “participe partícipe secundario del delito de tormentos” y se solicitó su extradición.
En 2013, la justicia y la Iglesia italianas decidieron protegerlo y el pedido fue rechazado.
Hasta donde se sabe, Franco Reverberi sigue viviendo impune en un apacible pueblo cerca de Parma.
Los acusados y la sentencia
Por las pruebas documentales existentes y las declaraciones ofrecidas por las víctimas, llegaron a juicio seis imputados, miembros de las FF. AA. y de la Policía de Mendoza. Pero solo cuatro recibieron sentencia.
El coronel Aníbal Alberto Guevara, por entonces un joven teniente, fue reconocido como quien comandaba los grupos operativos integrados por militares y policías.
Además, se lo vio pavoneándose en los centros de concentración de presos donde prosperó la ilicitud.
El comisario Raúl Alberto Ruiz Sope, jefe de la Unidad Regional II, realizaba tareas de inteligencia y ponía a disposición la logística de su dependencia para que se realizaran las operaciones conjuntas. En su declaración, el policía admitió que las víctimas de este juicio no eran personas peligrosas e indicó que en San Rafael no se
registraron ataques ni hechos de violencia por parte de las organizaciones político-militares.
Para sorpresa de la audiencia aclaró que los atentados con bombas sufridos a fines del 75 provenían de la Policía de Santuccione.
Por su parte, a Juan Labarta, oficial del Departamento de Informaciones 2 (D2) de San Rafael -el más conocido de los represores-, se lo señaló como un infiltrado que asistía a cuanta reunión política o sindical se presentaba. Fiel a la misión del D2, trabajaba junto al agente Fierro reuniendo la información esencial que permitió apuntar a las víctimas de este juicio.
En cuanto a Mussere, oficial de Policía, cumplía con su función de enlace entre los militares y su fuerza, pero estaba mimetizado con el Ejército hasta el punto de vestir el uniforme militar de fajina. Asimismo, fue descripto como temible, el más violento del grupo.
El abogado Raúl Egea estuvo involucrado en la confección de las actas de libertad falsas que pretendían encubrir el verdadero destino de las víctimas. Dichas actas llevaban su firma y la del médico Cristóbal Ruiz.
No todos los arriba mencionados recibieron sentencia. El 3 de agosto de 2010, José Martín Mussere murió de un infarto cardíaco en la cárcel y tiempo después Cristóbal Ruiz falleció en su domicilio después de una larga enfermedad terminal que le impidió presentarse ante el tribunal.
Una vez finalizada la etapa de alegatos, en la que la defensa del Ministerio Público y los abogados particulares solicitaron la absolución lisa y llana de todos los procesados, se conoció el fallo condenatorio. Con el cúmulo de pruebas exhibidas en el debate y en coincidencia con el pedido de la fiscalía y las querellas, el tribunal sentenció a prisión perpetua a Aníbal Guevara, Raúl Ruiz Soppe y José Labarta por homicidio triplemente agravado, aplicación de tormentos, asociación ilícita y falsedad ideológica.
El abogado Raúl Egea recibió una pena de ocho años por falsedad ideológica, un monto que quedó como término intermedio entre los seis años solicitados por la fiscalía y los doce años pedidos por las querellas.
El 16 de noviembre de 2010 marcó un hito para la historia de Mendoza porque por primera vez fueron condenados penalmente los responsables de crímenes de lesa humanidad. El clamor de juicio y castigo, sostenido en el tiempo, llegaba en la letra de una sentencia que dejaba en claro lo sucedido durante el terrorismo de Estado, oficiaba de reparación ante tantas vidas arrasadas y empezaba a reescribir la historia.
